Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic constata el déficit de vivienda social y pide más coordinación entre administraciones y mayor esfuerzo para dar respuesta

11/05/2018

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Organiza una jornada con la participación de representantes del ámbito local, la Diputación de Barcelona, la Agencia Catalana de la Vivienda y el Tercer Sector

El parque de vivienda social en Cataluña no llega al 2% del total construido

La entrada en el mercado inmobiliario de fondos de inversión extranjeros que han adquirido grandes stocks de viviendas demuestra el contexto especulativo alimentado por las entidades financieras y las decisiones del Gobierno del Estado

Además de la adopción de políticas de vivienda a corto plazo, paliativas de las situaciones de emergencia residencial actuales, es necesario prever unas políticas de vivienda más estructurales y a largo plazo

Considera imprescindible la aprobación del Plan territorial sectorial de vivienda

Es preciso que el Estado español incremente el presupuesto destinado a las políticas sociales de vivienda y reconsidere alargar el plazo de los contratos de alquiler

Video rueda de prensa

El síndic, Rafael Ribó, ha pedido a las administraciones catalanas competentes en temas de vivienda la suma de esfuerzos para gestionar de forma coordinada la demanda creciente de viviendas sociales ante la falta de un parque público suficiente (en Cataluña no llega al 2%) y la actuación poco comprometida del Gobierno del Estado y de las entidades financieras con los colectivos más vulnerables.

Lo ha hecho con motivo de una jornada sobre las dificultades de acceso a la vivienda social, que ha tenido lugar este viernes 11 de mayo en la sede del Síndic en la que también han intervenido reconocidos expertos: Carme Trilla, presidenta de la Fundación Hábitat 3, Jaume Fornt, director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña,  Susanna Roig, directora del ámbito de intervención social de Cruz Roja y David Mongil, jefe de la Oficina de Vivienda de la Diputación de Barcelona.

Además de reclamar dotaciones presupuestarias suficientes, el Síndic ha expuesto que el derecho a la vivienda es un derecho básico de carácter supramunicipal, cosa que implica que todas las administraciones competentes en materia de vivienda deban trabajar de forma conjunta y coordinada, concertando políticas públicas en materia de vivienda y favoreciendo la intervención y la colaboración con el Tercer Sector.

Como se evidencia en el reciente informe El derecho a la vivienda: cuestiones urgentes la falta de un parque de viviendas sociales suficiente tiene como consecuencia directa que las principales vías de acceso a una vivienda social (Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial y mesas de emergencias) no den respuesta a las necesidades actuales.

Además, la necesidad de atender con carácter prioritario las situaciones de emergencia residencial ha dado lugar a que determinados colectivos no obtengan la atención que también merecen por parte de los poderes públicos a la hora de garantizar su derecho a la vivienda (el derecho a la emancipación de los jóvenes, el derecho al realojamiento de los afectados urbanísticos...).

En esta línea, se ha abordado la necesidad de prever unas políticas de vivienda más estructurales y a largo plazo que permitan dar respuesta a las necesidades de vivienda futuras. Para alcanzarlo, resulta imprescindible la aprobación del Plan territorial sectorial de vivienda.

Durante la jornada se ha denunciado la actuación de las entidades financieras que, a menudo, ponen obstáculos que dificultan el alcance de acuerdos. Especialmente relevante es el caso de la  SAREB, que actualmente es una de las inmobiliarias con más propiedades de suelo de España (al menos 54.000 viviendas)  y que dispone del principal número de sus activos inmobiliarios en Cataluña. El Síndic ha defendido, desde el año 2012, que el Gobierno del Estado debería emprender las medidas legislativas necesarias para garantizar que la SAREB ceda, al menos, un 30% de sus viviendas con destino a alquiler social 

La ya de por sí difícil interlocución con las entidades financieras se ha agravado desde la entrada en el mercado inmobiliario de fondos de inversión extranjeros que han adquirido grandes stocks de viviendas que habían sido titularidad de las entidades financieras.

Frente a este escenario especulativo, el Gobierno del Estado no sólo no ha contribuido suficientemente a encontrar una solución sino que, además, ha adoptado una serie de decisiones que, de forma directa o indirecta, han perjudicado la tarea de las administraciones públicas.

–    Las modificaciones introducidasen cuanto a la duración de los contratos de arrendamiento, que ha pasado a ser de cinco a tres años de duración obligatoria para el arrendador.

–    La impugnación frente al Tribunal Constitucional de diversas leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña que pretendían, entre otros fines, dotar a las administraciones públicas de las herramientas suficientes para afrontar las situaciones de emergencia residencial derivadas de la pérdida de la vivienda habitual.

–    La insatisfacción a qué ha dado lugar la aprobación del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal vivienda 2018-2021, en tanto que este no sólo no recopila muchas de las reinvindicaciones efectuadas desde el mundo local, sino que, además, consolida la tendencia a la baja de la inversión estatal en materia de vivienda de los últimos años.

El Síndic ha considerado que es preciso que el Estado español incremente el presupuesto destinado a las políticas sociales de vivienda y reconsidere algunas medidas adoptadas. Entre estas, recomienda que se alarguen los plazos de duración obligatoria de los contratos de alquiler.

 

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El Síndic ofrece a los agentes referentes del sector cultural soluciones a las reclamaciones retroactivas del IVA

09/05/2018

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Los representantes de las siguientes instituciones o iniciativas culturales han participado en la reunión: Teatre Lliure, MNAC, Proa Audiovisual (Productores Audiovisuales Federados), Bito Produccions (Temporada Alta), MACBA y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA).

Recomienda que se clarifiquen los efectos temporales de la modificación de la Ley del IVA aprobado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el sentido de determinar que esta modificación tiene efectos retroactivos

El Síndic de Greuges de Cataluña se ha reunido este miércoles, 9 de mayo, con los representantes de las empresas y entidades de referencia del ámbito cultual catalán. La reunión se ha llevado a cabo en el marco de la investigación abierta para determinar si existe una posible irregularidad o interpretación legal sesgada en el procedimiento utilizado por el Gobierno estatal para reclamar  la devolución del IVA correspondiente a las subvenciones relacionadas con el mundo de la cultura.

Preocupado por la interpretación que se está haciendo de la Ley en los diferentes aspectos del montaje de un producto cultural, como puede ser la representación escénica, el Síndic inició de oficio una investigación. Desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las personas de acceso a la cultura, y dentro del marco de sus competencias, el síndic ha considerado oportuno iniciar un diálogo con diversos agentes culturales para analizar a fondo la problemática y buscar posibles soluciones, que puedan responder a las necesidades del sector.

Los representantes de las siguientes instituciones o iniciativas culturales han participado en la reunión: Teatre Lliure, MNAC, Proa Audiovisual (Productores Audiovisuales Federados), BitoProduccions (Temporada Alta), MACBA y CoNCA.

El  Síndic ha expuesto a todos los asistentes el enfoque que ha llevado a cabo y les ha presentado una propuesta de recomendación que facilitaría el entendimiento entre ambas partes. En concreto, quiere sugerir al ejecutivo español que emprenda las actuaciones oportunas a fin de clarificar los efectos temporales de la modificación de la Ley del IVA aprobado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el sentido de determinar que esta modificación tiene efectos retroactivos, ya sea mediante ley o resolución de la Dirección General de Tributos.

En concreto, la modificación mencionada consistió en excluir de forma expresa del concepto de subvención vinculada al precio determinadas trasferencias o aportaciones dinerarias que realizan las administraciones públicas para financiar ciertas actividades; por un lado, en cuanto a la gestión de servicios públicos o fomento de la cultura y, por otra, en cuanto a otras actividades de interés general cuando los destinatarios no sean identificables y no exista contraprestación.

De acuerdo con la disposición final decimosexta de la Ley 9/2017, se establece que esta modificación entra en vigor al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. Por tanto, el artículo 78.Dos.3r ha quedado modificado a partir del 10 de noviembre de 2017.

La modificación aprobada por la Ley 9/2017 no está motivada ni por una modificación en la Directiva ni por un cambio interpretativo derivado de la jurisprudencia comunitaria, sino que, como expone el preámbulo de la misma norma, esta modificación tiene una finalidad aclaratoria.

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha notificado, en los últimos meses, diversas propuestas de liquidación de expedientes relativos a períodos no prescritos, y ha iniciado también nuevas actuaciones de comprobación con referencia a estos períodos en cuanto a las subvenciones percibidas.

Dicho esto, la aclaración del concepto de subvención vinculada al precio realizada por la disposición final décima de la Ley 9/2017 no tiene origen en una modificación normativa, ni en un cambio jurisprudencial, sino que pretende recoger los criterios jurisprudenciales fijados por el Tribunal Europeo. Por tanto, partiendo del efecto directo de las directivas comunitarias de armonización fiscal, el concepto de subvención vinculada al precio se debe aplicar mediante la interpretación correcta y con aplicación de la Ley, con independencia del período impositivo a qué se haga referencia, y es necesario que la Administración tributaria y/o el legislador actúe ante la situación de conflictividad generada.

El Síndic ha emitido recientemente una resolución en este mismo sentido y relacionada con el cobro retroactivo del IVA de las subvenciones dirigidas a investigación.

 

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El Síndic insta a las autoridades estatales y catalanas a que aborden todas las problemáticas educativas dentro del marco de la Comunidad Educativa, y mantengan la normalidad y buena convivencia en el ámbito escolar

07/05/2018

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El síndic considera que sería un error continuar queriendo solucionar los conflictos por la vía penal

La escuela debe ser un espacio de pluralidad que acoja el alumnado en su diversidad, que potencie los valores de igualdad, derechos humanos e interés superior del niño

Los centros educativos como tales han de evitar mostrar símbolos o signos identificativos de las diferentes opciones partidistas, del signo que sean

El clima que se genera redunda en el malestar de algunos docentes, que se sienten coartados en su libertad de expresarse libremente en el aula y ejercer la libertad de cátedra

Se está desnaturalizando el delito de incitación al odio y se fundamenta en investigaciones y relatos parciales

VIDEO DE LA RUEDA DE PRENSA

DOCUMENTO ÍNTEGRO CON LAS VALORACIONES DEL SÍNDIC

El síndic reclama a todos los poderes públicos implicados, tanto al Gobierno del Estado, a partir de sus competencias ordinarias y las ejercidas actualmente en Cataluña consecuencia de la aplicación del artículo 155, como las de la  Generalitat de Cataluña, que actúen con responsabilidad y permitan ejercer la actividad educativa con normalidad y en un clima de buena convivencia. Ello implica evitar las interferencias y las instrumentalizaciones de carácter partidista y mediático, y que preserven el derecho a la educación de todo el alumnado. Rafael Ribó quiere dejar claro que en Cataluña no existe un problema de convivencia en los centros relacionados con la situación política del país.

El Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado este lunes, 7 de mayo de 2018, las conclusiones y recomendaciones extraídas de la investigación llevada a cabo en relación con las acusaciones de delito de odio a un grupo de docentes del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, y también por las de adoctrinamiento en diversos centros educativos de Cataluña. En total, las quejas recibidas por el Síndic o los requerimientos del Ministerio de Educación al Departamento de Enseñanza remiten a 87 incidencias, no siempre verificables, con referencias específicas a 53 centros diferentes.

En este sentido, el Síndic ha querido constatar que la escuela debe ser un espacio de pluralidad que acoja al alumnado en su diversidad, que potencie los valores de igualdad, derechos humanos e interés superior del niño.

Con referencia a los hechos del Instituto El Palau, de Sant Andreu de la Barca, el Síndic recuerda la necesidad que las administraciones, incluido el Cuerpo de la Guardia Civil, aborden la resolución de los problemas de manera integral, y que también dialoguen con la dirección del centro o el consejo escolar, para contribuir a ayudar, entre todos los actores que intervienen, a reconducir la situación generada.

En caso de que se haya producido o se produzca alguna actuación inadecuada de docentes o alumnos, el Síndic reclama la resolución de estos posibles conflictos de acuerdo con los procedimientos establecidos por los mismos centros docentes, especialmente la mediación, y si procede con la posterior intervención de la Administración educativa y el Síndic de Greuges de Cataluña, como sucede de manera habitual y normalizada, y no a través de la vía penal y judicial.

La complejidad de la situación política y social no debe impedir el tratamiento de la situación política en las aulas, pero se debe ser especialmente cuidadoso para preservar y proteger el bienestar de estos niños, siempre desde el respeto y desde la comprensión y empatía por la tensión emocional que el tratamiento de esta situación puede generar, y siempre con voluntad de generar espacios de reflexión y diálogo que contribuyan, si es posible, a reducirla.

Por otra parte, los centros educativos como tales tienen que evitar mostrar símbolos o signos identificativos con las diferentes opciones políticas, del signo que sean. La escuela, como servicio dirigido a todo el alumnado, no debería mantener un posicionamiento político como institución.

En este punto, la escuela tiene que mantener la neutralidad ideológica y, por tanto, ofrecer la posibilidad de asistencia a clase normalizada (fuera de los supuestos de huelga) por los alumnos que deciden asistir a clase y evitar comunicaciones a las familias con valoraciones de la situación política, así como cualquier indicación que en sentido directo o indirecto se posicione o pretenda influir (en el sentido que sea) en el ejercicio de las decisiones colectivas relativas a la asistencia a clase por parte del alumnado.

La judicialización de la actuación del profesorado por el tratamiento que han dado a los acontecimientos políticos de los últimos meses en el aula es un gran error, y puede afectar a la garantía del derecho a la educación de los niños, puesto que el clima que se genera redunda en el malestar de toda la comunidad y, en especial, de algunos docentes, que se sienten coartados en su libertad de expresarse libremente en el aula y ejercer su libertad de cátedra.

Por otra parte, la difusión de datos de los docentes o directores de centro a través de los medios de comunicación tampoco contribuye a garantizar el buen desarrollo de su tarea docente, al mismo tiempo que, además, atenta contra su derecho a la intimidad y a la propia imagen, que tiene la consideración de derecho fundamental.

El día 2 de octubre los profesionales del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca decidieron hacer una parada de 15 minutos. La dirección informa que aquel día el profesorado acordó hacer una parada fuera del centro, sin participación del alumnado. En algunas aulas, además, la situación vivida durante la jornada del 1 de octubre generó debate y comentarios, bien a iniciativa de los docentes, bien a iniciativa del alumnado. El mismo día 2 de octubre, tres familias de alumnado hijo de guardia civil se presentaron en la escuela y hablaron con un miembro del equipo directivo para manifestar su desacuerdo con algunos comentarios. Estas familias no presentaron ninguna queja por escrito, a pesar de que se les informó del procedimiento. Ninguna otra familia se ha quejado formalmente en el centro sobre situaciones que fueran objeto de su desacuerdo.

La denuncia de la Fiscalía Provincial de Barcelona contra nueve docentes del instituto les acusa de un delito de “lesión a la dignidad de las personas por motivo de discriminación por nacionalidad del art. 510.2 a) del Código Penal”, es decir, lo que se conoce como delitos de incitación al odio. Esta acusación se enmarca en la deriva de desnaturalización de los delitos de odio que se está produciendo últimamente en el Reino de España, cuando se considera víctimas colectivas que no están en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las autoridades públicas o las fuerzas de seguridad. Cabe recordar que el Tribunal Europeo acaba de condenar España por tratar penalmente como  “incitación al odio” la quema de fotos del jefe del Estado.

En el caso concreto de la denuncia a los docentes del Instituto El Palau, el Síndic considera que la acusación incurre en:

1. Falta de imparcialidad en las investigaciones, que el Ministerio Público acordó encargar al mismo cuerpo policial y a la misma Comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu, que se puede considerar víctima del presunto delito.

2. Falta de imparcialidad de los hechos descritos. La denuncia pone entre comillas y da por ciertas frases de los docentes sobre la única base del atestado de la Guardia Civil. A pesar de que el fiscal interrogó a todos los docentes entre finales de diciembre y principios de enero, las explicaciones de los docentes están totalmente ausentes en la denuncia, ni siquiera se mencionan para rebatirlas.

3. Desnaturalización del delito de odio. La acusación de discriminación “por razón de nacionalidad” resulta paradójica porque presuntos perpetradores y víctimas comparten la misma nacionalidad. Y, de hecho, en todo el relato del fiscal las presuntas afirmaciones vejatorias no se formulan en ningún caso contra los “españoles”, ni se estigmatiza presuntamente a los hijos de los agentes por el hecho de ser “españoles”, ni desde el punto de vista legal ni como sentimiento de pertenencia. En suma, el recurso a la “nacionalidad” como motivo de “discriminación” en el caso de Sant Andreu denota la escasa consistencia de la acusación formulada por el fiscal especial de delitos de odio y discriminación.

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El Síndic insta al Gobierno y a los representantes políticos a garantizar los derechos y no erosionar en ningún caso la imagen y la dignidad de la comunidad educativa

02/05/2018

Comunicado en relación con las acusaciones de delito de odio a nueve docentes de Sant Andreu de la Barca

El hecho de que en los centros educativos se trabajen aspectos relacionados con la situación política, por sí solo, no se debe considerar una vulneración de los derechos del alumnado

Constata que se ha investigado el caso y que ninguna familia ha presentado queja, a pesar de que se les invitó a hacerlo

Recuerda que las fuerzas de seguridad no se prevén como colectivo susceptible de ser objeto de delitos de odio

Condena la publicación de las imágenes de los docentes implicados por parte de un medio de comunicación y su difusión en las redes sociales

El Síndic abrió una actuación de oficio el día 5 de octubre de 2017 a raíz de la información que apareció en los medios de comunicación respecto de los supuestos comentarios en forma de reproches que docentes del Instituto El Palau, de Sant Andreu de la Barca, presuntamente habían hecho a algunos alumnos (AO 223/2017). De la respuesta recibida del Departamento de Enseñanza en fecha 31 de enero de este año, se deriva que el Servicio de Inspección ha visitado el centro varias veces para pedir información sobre los hechos, asesorar al director y velar por el buen funcionamiento del centro; que la dirección del centro ha actuado en todo momento de acuerdo con sus funciones para recuperar el clima de convivencia respecto de toda la comunidad escolar y ha llevado a cabo múltiples actuaciones para devolver la dinámica habitual al centro, y que en ningún caso se ha formalizado ningún procedimiento ordinario de queja en el centro o en la Inspección, a pesar de que se invitó a los padres y madres de los alumnos presuntamente afectados a hacerlo. Según el informe “los días inmediatamente posteriores al 2 de octubre la relación entre alumnos y docentes, y entre los mismos alumnos, se vio influida por el contexto político”, a pesar de que posteriormente la actividad académica ha ido volviendo progresivamente a la normalidad. El informe describe un clima de preocupación y desasosiego del personal docente, en algunos casos de gravedad.

Así mismo, el Consejo Escolar del Instituto, órgano del que depende la Comisión de Convivencia, afirmó en un manifiesto que no han tenido nunca “ningún conflicto por razones ideológicas durante todos estos años de existencia del instituto”, y que “la trayectoria de los profesores acusados ha sido siempre de una gran profesionalidad al servicio de la enseñanza”.

Cabe remarcar que la información enviada por la Administración pone de manifiesto que se han llevado a cabo actuaciones para comprobar los hechos y que, a pesar de que no se ha recibido denuncia de ninguna familia, se ha mantenido entrevistas con docentes, alumnos y familias. También se constata un seguimiento intensivo de la Inspección, la Administración educativa y los servicios educativos.

Tratamiento de los hechos relacionados con la situación política en la escuela

En este contexto, el Síndic quiere afirmar que el hecho de que en los centros educativos se trabajen aspectos relacionados con la situación política, por sí solo, no se debe considerar una vulneración de los derechos del alumnado, ni resulta contraria a los fines de la educación ni constituye una práctica adoctrinadora, puesto que se enmarca en el ejercicio del derecho a la educación y en las funciones que el marco normativo vigente atribuye al sistema educativo.

El derecho a la educación va más allá de la transmisión de conocimientos e incluye, también, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía activa, la educación en la esfera de los derechos humanos, y una educación que promueva y refuerce los valores éticos consagrados por la Convención sobre los derechos del niño (la educación para la paz, la tolerancia) y preste atención a los problemas existentes en la misma comunidad del niño.

El tratamiento que se realice de la situación actual en el contexto educativo debe tener como finalidad responder a las necesidades del alumnado atendiendo a su edad, su estadio evolutivo y contribuir a su desarrollo integral.

Por otra parte, más allá del contenido del derecho a la educación, el tratamiento de hechos relacionados con la actualidad política y social en las escuelas da respuesta a otros derechos que niños y adolescentes tienen reconocidos por el ordenamiento vigente.

La Convención sobre los derechos del niño atribuye a los estados el deber que la educación se dirija a preparar al niño para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia y amistad entre los pueblos. La normativa estatal y catalana incorpora el respeto a la Constitución y al Estatuto y el respeto a los derechos y las libertades fundamentales, así como a los valores de libertad, tolerancia, resolución pacífica de conflictos y pluralismo.

Las últimas décadas a escala europea, tanto en el Consejo de Europa como en la Comisión Europea, se ha considerado necesario impulsar el aprendizaje y el debate de aspectos controvertidos en las escuelas, como elemento de cohesión y de expansión de la cultura de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

El Síndic entiende que la escuela, como comunidad escolar, debe velar por el interés superior de los niños y los adolescentes y, con este propósito, debe proteger los derechos a la libertad ideológica y de conciencia de todo el alumnado para garantizar que todo el mundo pueda tener su espacio en la escuela y que se respeten sus convicciones y su intimidad en relación a estas creencias y convicciones.

El alumnado también tiene derecho a recibir una enseñanza que fomente el respeto a las personas sin manipulaciones ideológicas o propagandísticas (art. 10 del Decreto 279/2006, de 4 de julio, sobre derechos y deberes del alumnado y regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios de Cataluña), sin que en ningún caso se le pueda discriminar por causa de la condición, las creencias o actividades de sus padres o familiares (art. 2.2 de la CDI).

En esta línea, la supresión de contenidos o actividades relacionadas con la actualidad por el hecho de que puedan dar lugar a controversia en el aula no es deseable ni desde el punto de vista pedagógico ni desde la perspectiva de los derechos de los niños a la educación. Por el contrario, es necesario procurar promover la capacidad crítica y el ejercicio de la ciudadanía activa del alumnado. Impartir formación en derechos humanos y dar a los alumnos información plural y completa forma parte del encargo de la escuela como herramienta para promover un desarrollo integral del alumno.

Derechos de los docentes

La judicialización de la actuación del profesorado por el tratamiento que han dado a los acontecimientos políticos de los últimos meses en el aula puede afectar a la garantía del derecho a la educación de los niños en los términos descritos, puesto que el clima que se genera redunda en el malestar de algunos docentes, que se sienten coartados en su libertad de expresarse libremente en el aula y ejercer su libertad de cátedra.

El Síndic considera que las actuaciones del profesorado que puedan constituir una actuación inadecuada se tendrían que resolver en el marco de las actuaciones de supervisión administrativa que establece el marco normativo, es decir, a través de la Inspección educativa, la cual ya se pronunció.  Frente a la existencia de quejas o denuncias de alumnado y de familias, el Departamento de Enseñanza tiene regulado un procedimiento para que se puedan investigar y, en su caso, para que se adopten las medidas necesarias para revertir la situación, si es preciso mediante la imposición de sanciones.

En opinión del Síndic, la tramitación por vía penal de este hecho resulta desorbitada e inadecuada, sobre todo cuando se pretende canalizar como delitos de odio, categoría penal tipificada para proteger grupos de población vulnerable. Estas acusaciones parecen tener una finalidad intimidatoria y disuasiva del ejercicio de la libertad de expresión y de cátedra, cosa que resulta altamente preocupante.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier investigación debe respetar el principio de presunción de inocencia, en este caso respecto de los docentes cuya actuación fue objeto de denuncia ante la Guardia Civil.

Por otra parte, la difusión de datos de los docentes atenta contra su derecho a la intimidad y a la propia imagen, que tiene la consideración de derecho fundamental, y en particular la divulgación de sus imágenes puede haber vulnerado la normativa que regula el derecho a la protección de datos.

La Administración educativa tiene el deber de proteger los derechos del alumnado, pero de manera correlativa también tiene la obligación de velar por el pleno respeto de los derechos de los docentes, dado que, a estas alturas, no existe ninguna resolución administrativa ni judicial que confirme o descarte los hechos denunciados por las familias.

En este sentido, la Ley de educación reconoce a maestros y profesores como agentes principales del proceso educativo en los centros (art. 104.1), y atribuye a la Administración educativa el deber de "velar por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden de acuerdo con la importancia social de la tarea que desempeñan" (art. 106.1).

El Departamento de Enseñanza debería adoptar medidas inmediatas para proteger a estos docentes, y garantizar y evitar vulneraciones de su derecho a la intimidad y a la propia imagen. A estas alturas no se tiene constancia que la Administración educativa haya llevado a cabo ninguna actuación con este objetivo, y se tiene constancia de la intervención de la Inspección educativa, pero no del resultado de esta investigación.

La actuación de los medios de comunicación que han difundido estos datos no sólo vulnera los derechos de los profesionales, sino que causa una perturbación grave en el funcionamiento y la convivencia en el Instituto El Palau y, en segundo término, en el conjunto del sistema educativo. Resulta poco ético y no ayuda a la convivencia la difusión en redes sociales de mensajes partidistas sobre estos datos.

Es preciso recordar que "el aprendizaje de la convivencia es un elemento fundamental del proceso educativo (art. 30.1 LEC) y todos los miembros de la comunidad escolar tienen el derecho a convivir en un buen clima escolar y el deber de facilitarlo".

La aparición de pintadas acusatorias con datos de docentes perturba gravemente la convivencia en el centro y afecta no sólo a los profesionales del instituto, sino al conjunto de alumnado, que ve gravemente alterado el clima de respeto y convivencia.

Por esto, el Síndic de Greuges pide:

1) Que todas las instituciones y sus representantes se abstengan de hacer un uso partidista de estos hechos.

2) Que se circunscriba el tratamiento al marco educativo, dentro de las normas propias e internacionales que lo regulan.

3) Que, en este marco, se garanticen los derechos de toda la comunidad educativa, especialmente del alumnado y el profesorado.

4) Que las autoridades competentes en materia de protección de datos analicen si se ha cometido alguna actuación contraria a la normativa vigente en el uso de las imágenes de los docentes del Instituto El Palau.

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El Síndic pide al Defensor del Pueblo que investigue la actuación policial durante la final de la Copa del Rey

25/04/2018

En una carta dirigida al titular de la institución en funciones, Francisco Fernández Marugán, le propone investigar los motivos por los que los agentes policiales requisaron camisetas y otros accesorios de color amarillo

El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio y ha enviado una carta al Defensor del Pueblo del Estado Español en la que le propone intervenir para aclarar los incidentes de la última final de la Copa del Rey de Fútbol. El Síndic ha sido conocedor de que el pasado sábado 21 de abril, los agentes del cuerpo de la Policía Nacional, encargados de la seguridad del partido, incautaron camisetas, bufandas y diversos accesorios de color amarillo a la entrada del estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Algunos hinchas del Fútbol Club Barcelona también se han quejado de que los agentes requisaron cartulinas con la palabra “libertad” y banderas esteladas.

En su escrito, el Síndic se hace eco de las informaciones, publicadas en algunos medios de comunicación, de que la Policía filmó y fotografió antes del partido a los hinchas sentados en las gradas designadas para la afición azulgrana.

Ante lo que parece una nueva vulneración a la libertad de expresión, el Síndic considera que, en calidad de Ombudsman competente, le corresponde al Defensor del Pueblo la tarea de averiguar los motivos de esta actuación policial. Según declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en sede parlamentaria, esta actuación, en que dice textualmente que se incautaron 199 camisetas, no responde a ninguna orden dada desde su Ministerio. En este sentido, el Síndic afirma que es preciso saber si se han adoptado medidas disciplinarias contra los agentes implicados.

Rafael Ribó acaba la carta pidiendo al Defensor del Pueblo que se “pronuncie en defensa del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, recogido en la Constitución Española. También destaca que es incoherente justificar las incautaciones por razones de seguridad dado su contenido político.

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