Actualidad: noticias y notas de prensa

Comunicado del Síndic en relación con la prevención del coronavirus en los centros penitenciarios de Cataluña

03/04/2020

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El Síndic de Greuges se ha dirigido al presidente de la Generalitat y a la consejera de Justicia

Tal y como hizo público el 26 de marzo, el Síndic de Greuges ha iniciado una actuación de oficio para analizar la gestión de la crisis provocada por la propagación del virus SARS-CoV2 y su incidencia en el conjunto de los establecimientos penitenciarios de la Administración de la Generalitat de Cataluña.

En aquella ocasión, el Síndic se hacía eco de la declaración oficial de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que pedía a los gobiernos de todo el mundo que procuraran reducir el número de personas privadas de libertad, en particular las condenadas por motivos políticos o por expresar ideas críticas o disentir. Simultáneamente, los mecanismos internacionales encargados de la supervisión de los centros de privación de libertad (Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa) habían recomendado la reducción de la población penitenciaria y la búsqueda de alternativas a la privación de libertad.

Posteriormente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha calificado esta pandemia como la “peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial” y ha pedido medidas extraordinarias para hacerle frente, mientras que la comisaria europea para los derechos humanos, Dunja Mijatovic, ha pedido la puesta en libertad de las personas migrantes privadas de libertad en centros de detención. 

Más recientemente, en una nota hecha pública ayer, el relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Boris Cilevics, ha respaldado las medidas adoptadas por muchos países encaminadas a liberar personas privadas de libertad que no suponen un riesgo para la sociedad y se ha referido en particular a los internos con perfil político, en los términos siguientes: 

“Prisoners with political backgrounds, such as the Catalan politicians convicted for their role in the unconstitutional referendum in October 2017, or the Turkish parliamentarians, mayors and other politicians imprisoned for speeches made in the exercise of their mandate, should certainly benefit from such measures”. 

De acuerdo con estos pronunciamientos, el Síndic de Greuges pide a la Administración penitenciaria la agilización de las actuaciones para excarcelar, en la medida de lo posible, al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios, con el fin de minimizar el riesgo de contagios del virus SARS-CoV2 y contribuir así a evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud.  

En este sentido, el Síndic recomienda la progresión a tercer grado de tratamiento penitenciario de todas las personas clasificadas en régimen ordinario que disfruten de la modalidad de vida prevista en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario, siempre que se constate la capacidad para llevar un régimen de vida en semilibertad. Las personas internas que se tengan que acoger a esta situación deben mostrar un perfil de escasa peligrosidad y riesgo bajo de reincidencia delictocriminal y buena conducta; disponer de un apoyo externo, familiar/social, consolidado que permita asegurar la obligación de confinamiento en domicilio, y estar dispuestas a mantener otros mecanismos de control.  

Esta medida debe adoptarse de manera generalizada y sin incurrir en ninguna forma de discriminación entre las personas internas que cumplan dichos requisitos, de manera que, tal y como pide el relator Cilevics, y en línea con lo manifestado por Michelle Bachelet, debería beneficiar a las nueve personas condenadas por la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019.

Para posibilitar su excarcelación y subsiguiente confinamiento domiciliario, la progresión al régimen de tercer grado se podría adoptar bajo la modalidad de vida prevista en el artículo 86.4 del Reglamento penitenciario, en su forma no telemática, tal y como el Departamento de Justicia está aplicando a más de la mitad de las personas internas en situación de tercer grado en el contexto actual de lucha contra la pandemia del coronavirus. El acogimiento de esta medida vendría favorecido por el principio de flexibilidad, que debe estar presente durante todo el período de ejecución de la pena privativa de libertad, y tendría carácter temporal mientras dure la situación de excepcionalidad que vivimos.

Por este motivo, el Síndic se dirige al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la consejera de Justicia, Esther Capella, para conocer la posición del Gobierno sobre esta cuestión y si existen instrucciones de otras autoridades en un sentido diferente.

Barcelona, 3 de abril de 2020 

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El Síndic recomienda que el reinicio telemático del curso escolar prevea las situaciones de mayor vulnerabilidad y vaya acompañada de medidas de compensación de las desigualdades sociales y educativas

02/04/2020

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La existencia de una parte del alumnado que no dispone en su hogar de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la actividad lectiva de manera virtual y la desigualdad en el nivel de autonomía y de habilidades digitales de los niños pequeños condiciona el seguimiento en situación de confinamiento de las actividades lectivas.

Considera necesario detectar la brecha digital en los niños y dotar de medidas inmediatas para que se pueda superar, vía recursos tecnológicos de los centros o adquiriendo nuevos recursos. 

Garantizar el acompañamiento personalizado, si conviene con carácter periódico, del alumnado con más dificultades de escolarización, a través de los diferentes canales disponibles, por vía telefónica, postal o a través de mensajería. 

Asegurar que la promoción de curso o la graduación no dependan de la evaluación realizada durante el tercer trimestre y evitar que el confinamiento conlleve un incremento de la repetición  de curso. 

El Departamento de Educación ha anunciado que, a partir del 13 de abril, se reanuda la actividad lectiva de manera telemática y ha trasladado a las direcciones de los centros criterios generales para desarrollar la evaluación y el seguimiento del alumnado durante el período de confinamiento debido a la COVID-19. Estos criterios hacen referencia, entre otros, a la necesidad de que las actividades lleguen a todo el alumnado; que tengan un carácter inclusivo, ajustado al ritmo y a la situación personal de cada alumno, y que promuevan aprendizajes significativos sin la presión de acabar el programa curricular previsto. 

El Síndic valora positivamente que el Departamento de Educación dé formalmente continuidad al curso escolar, aunque sea de manera telemática, porque considera que de esta forma se garantiza mejor el derecho a la educación en igualdad de oportunidades de todo el alumnado, siempre que esta tarea se desarrolle de forma adecuada, prevea las situaciones de mayor vulnerabilidad y vaya acompañada de medidas de compensación de las desigualdades sociales y educativas. Es preciso tener presente que:

  • La situación socioeconómica familiar es el factor más determinante para explicar las desigualdades educativas. A pesar de la prevalencia de desigualdades, cabe decir que la escuela es uno de los instrumentos más importantes de igualación de las oportunidades educativas, circunstancia que se pone en riesgo en la actual situación de confinamiento. La no continuidad y la no evaluación de actividad lectiva formal hace menos visibles las desigualdades educativas administrativamente pero no detiene el impacto ni tampoco contribuye a combatirlas. Teniendo en cuenta el alargamiento previsto del período de confinamiento, a criterio de esta institución, dejar sin escuela los niños y adolescentes perjudica a los que tienen una situación social menos favorecida.
  • Durante los 14 días lectivos que han transcurrido desde que el Gobierno de Cataluña anunció el cierre de los centros educativos, el Síndic ha constatado que se dan diferencias importantes en el desarrollo de actividades educativas por parte de profesorado y centros. La falta de unas pautas claramente establecidas durante estos días por parte del Departamento de Educación provocaba que las actividades educativas desarrolladas por los alumnos estuvieran condicionadas fundamentalmente por la iniciativa y la motivación del profesorado o el liderazgo de los equipos directivos de los centros, con importantes desigualdades entre grupos-clase y centros. En la práctica, pues, a pesar de que no tenga carácter formalmente evaluable, algunos alumnos están desarrollando currículum y otros, no.
  • La suspensión de la actividad escolar en el caso del alumnado con más dificultades de escolarización y con menos predisposición a la vinculación con la institución escolar supone una desconexión que, cuando se alarga en el tiempo, incrementa el riesgo no sólo de pérdida de hábitos de estudio, sino, especialmente en el caso de los adolescentes, de abandono educativo prematuro. El reinicio de la actividad lectiva, aunque sea por canales telemáticos o a distancia, a pesar de las dificultades que conlleva, supone una oportunidad de seguimiento educativo y de anclaje a la escolaridad por parte de estos niños y adolescentes.

Si bien la dinámica actual plantea riesgos para la equidad educativa, el Síndic alerta de que el reinicio de la actividad lectiva en las condiciones actuales de confinamiento también plantea otros riesgos que conviene considerar, principalmente: 

  1. Una parte del alumnado no dispone en su hogar de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la actividad lectiva de manera virtual, en parte por efecto de la brecha digital. (Ver tabla nota de prensa adjunta)
  2. El nivel más bajo de autonomía y de habilidades digitales de los niños pequeños condiciona su seguimiento en situación de confinamiento de las actividades lectivas al papel de acompañamiento que quiera tener cada familia en particular, hecho que puede contribuir a reforzar el impacto del origen social familiar en el desarrollo del niño. 
  3. La segregación escolar, ampliamente denunciada por el Síndic, no sitúa a los centros en las mismas condiciones a la hora de desarrollar actividades lectivas a distancia con el alumnado. Por efecto de la brecha digital, los centros de alta complejidad tienen más dificultades para garantizar que las actividades lectivas lleguen al conjunto del alumnado y que este reciba el acompañamiento necesario y adecuado a sus necesidades. En cuanto a los centros de alta complejidad, el escenario de confinamiento plantea una dificultad añadida.  
  4. Objetivamente, la interrupción de la actividad lectiva ordinaria desde el cierre de los centros y el alargamiento de la actual situación de confinamiento suponen un obstáculo a la hora de consolidar los aprendizajes y completar el programa curricular previsto al inicio de curso para cada nivel educativo. A su vez, esta situación, si no es ponderada adecuadamente en la evaluación final del alumnado, puede derivar en un incremento de los niveles de repetición. 

En vista de estas consideraciones, el Síndic recomienda al Departamento de Educación que se proporcionen los recursos necesarios y las orientaciones específicas al profesorado y a los centros para

  1. Garantizar el acompañamiento personalizado, si conviene con carácter periódico, del alumnado con más dificultades de escolarización, a través de los diferentes canales disponibles, también por vía telefónica o por correo o mensajería.
  2. Garantizar la coordinación de las direcciones de los centros con los servicios municipales, a fin de contactar con el alumnado que no haya podido ser localizado por el profesorado. 
  3. Garantizar el trabajo del profesorado con las familias, tanto del alumnado más pequeño como también de aquel socialmente menos favorecido. En este sentido, es preciso tener en cuenta la necesidad de disponer de servicios de traducción e interpretación en lenguas extranjeras por parte de los centros.
  4. Incrementar el apoyo material, tecnológico y de personal a los centros de alta complejidad, con el destino de los profesionales de los servicios educativos (EAP, CRP, LIC, etc.) para ayudar específicamente a estos centros, en coordinación con sus direcciones y su profesorado, a fin de garantizar el seguimiento directo del alumnado con necesidades de apoyo educativo.
  5. Establecer las competencias básicas a desarrollar durante el tercer trimestre en cada nivel educativo y proporcionar materiales didácticos a distancia suficientes y atractivos para garantizar los aprendizajes de los diferentes niveles educativos, con el fin de que el profesorado pueda utilizarlos, si así lo considera. A criterio de esta institución, esta tarea no debería estar delegada a cada centro educativo en particular, sino coordinada de manera sistemática. 
  6. Garantizar que la promoción de curso o la graduación (en el caso de estar en el último nivel de una determinada enseñanza) no dependen de la evaluación realizada durante el tercer trimestre. El confinamiento no puede conllevar un incremento de la repetición derivada del no-alcance de los aprendizajes previstos en el programa curricular del curso. 

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El Síndic propone una actuación proporcionada, necesaria y no discriminatoria de las fuerzas y los cuerpos de seguridad durante el estado de alarma

01/04/2020

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La actuación de la policía debe respetar en todo momento lo ordenado por los estándares nacionales e internacionales para garantizar los derechos humanos
 
La institución subraya que la función de los cuerpos y las fuerzas de seguridad debe ser principalmente pedagógica y de advertencia, no sancionadora
 
La institución recuerda a las personas que hayan visto vulnerados sus derechos por actuaciones irregulares de las fuerzas y los cuerpos de seguridad que pueden presentar una queja para que el Síndic pueda analizar los hechos

El Síndic de Greuges de Cataluña ha emitido hoy, 1 de abril de 2020, una resolución en la cual se elabora un análisis y se formulan unas recomendaciones sobre la actuación de las fuerzas y los cuerpos de seguridad durante la obligación de confinamiento establecida en los decretos del estado de alarma por la crisis del coronavirus. Los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen el encargo de controlar y hacer efectivas las medidas de confinamiento y de aislamiento social previstas en el Decreto que establece el estado de alarma y, para hacerlo, pueden utilizar los medios de autoridad de qué están constitucionalmente dotados, si bien siempre bajo los parámetros de oportunidad, de ponderación y de proporcionalidad.

El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se publicó en el BOE y entró en vigor el mismo día para hacer frente con carácter inmediato a la situación de emergencia provocada por la altísima capacidad de contagio del virus entre la población. Entre las medidas que recoge el Real decreto se cuentan las que limitan la capacidad de libre deambulación de la población, recogidas en el artículo 7. El incumplimiento de las limitaciones a la libertad de circulación y de los derechos civiles de colaboración y no-obstaculización de la tarea de los agentes policiales puede constituir, de menor a mayor grado, una infracción administrativa o penal.  

Las fuerzas de seguridad y la aplicación del estado de alarma

La actuación de las fuerzas y los cuerpos de seguridad en Cataluña está siendo, con carácter general, ponderada y pedagógica. Aún así, el Síndic ha tenido conocimiento a través de escritos recibidos y de noticias publicadas de situaciones que se podría considerar que incurren en abuso de las atribuciones policiales. Durante este período de confinamiento, la institución ha recibido quejas de personas que se han encontrado en la calle realizando actividades previstas por el Decreto ley a quienes agentes policiales han increpado o requerido, presuntamente de malas maneras, las razones por las que se encontraban en la vía pública. En otros casos, se las ha obligado a volver al domicilio con la imposición de la sanción correspondiente puesto que, a criterio del agente en cuestión, la respuesta no era lo bastante satisfactoria o convincente.  

Frente a estos hechos, el Síndic es consciente de que en algunos casos puede no quedar claro cual es el límite a la hora de determinar si la conducta de la ciudadanía es constitutiva de una infracción administrativa o no, pero es preciso recordar que los agentes tienen la obligación de proteger los derechos de la ciudadanía en las intervenciones que lleven a cabo, y dar en todo momento una respuesta proporcionada, motivada y justificada de sus acciones ante las demandas ciudadanas. Así mismo, la policía debe actuar atendiendo a un cuidadoso equilibrio y con criterios de proporcionalidad para que los requerimientos que realicen no se puedan considerar limitaciones abusivas del derecho de libre circulación. 

La institución también tenido conocimiento de casos documentados a través de grabaciones de algunas personas que han denunciado a través de las redes sociales cómo en diferentes puntos del Estado agentes del Cuerpo Nacional de Policía se exceden en el uso de la fuerza contra personas que transitan por la vía pública. Frente a esta situación de violencia, organizaciones de defensa de derechos humanos, impulsadas por la plataforma Defender a quien defiende, mediante una carta dirigida al ministro del Interior y al defensor del pueblo, han exigido que se activen canales internos de investigación y de depuración de responsabilidades, y que se garantice que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad esté regida por el principio de legalidad y de respeto a los derechos humanos.

Si bien el Síndic de Greuges no ha recibido ninguna queja sobre un uso excesivo de la fuerza, dada la situación de crisis en la cual nos encontramos, quiere recordar que en una sociedad democrática la actuación de la policía debe respetar en todo momento lo que disponen tantos los estándares nacionales como internacionales sobre la garantía de los derechos humanos. La actuación policial debe estar en todo caso guiado por los criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, y si se tiene que hacer uso de la fuerza para practicar detenciones por la presunta comisión de delitos, o para evitar dicha comisión, cosa que puede ser inevitable, ha de ser la mínima imprescindible con este fin.

El Síndic se hace eco de las declaraciones de relatores especiales y de procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las que se expone que, a pesar de tener conocimiento de la gravedad de la crisis actual, los estados deben tener en cuenta que cualquier respuesta de emergencia ha de ser “proporcionada, necesaria y no discriminatoria”. Este llamamiento coincide con las diferentes declaraciones de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, acerca de la necesidad de colocar a los derechos humanos en el centro de la respuesta a la COVID-19.

Los expertos de las Naciones Unidas también destacan que las declaraciones de emergencia no deben utilizarse como base “para dirigirse contra grupos particulares, minorías o personas, ni funcionar como una excusa para la acción represiva bajo el pretexto de proteger la salud”. Así mismo, instan a los líderes mundiales a garantizar que se respeten los derechos humanos en todas las medidas gubernamentales que se adopten para hacer frente a la pandemia. 

En una sociedad democrática, la actuación de la policía debe respetar los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. De acuerdo con este principio, y en ejecución de sus legítimas funciones policiales de garantía de las medidas de confinamiento y aislamiento social, el Síndic formula las recomendaciones siguientes, dirigidas a las autoridades responsables de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad:

  • En el contexto de la crisis del coronavirus, la función de los cuerpos y las fuerzas de seguridad ha de ser principalmente pedagógica y de advertencia, más que no sancionadora. Cuando sea neceario sancionar, debe ser de manera proporcionada, motivada y plenamente justificada. En caso de duda sobre el sentido de la actuación de la ciudadanía, no se debe sancionar.
  • Las eventuales sanciones económicas deben ser proporcionadas y no abusivas. Es necesario evitar el abuso de la figura de la falta de respecto a la autoridad como detonante de la sanción, y en ningún caso ha de utilizarse como base para dirigirse contra grupos particulares, minorías o personas, ni servir como una excusa para la acción represiva bajo el pretexto de proteger la salud.
  • El recurso a la fuerza y a la privación de libertad no encuentran justificación en la infracción de la obligación de confinamiento. La actuación policial que implique cualquier uso de estas medidas debe estar plenamente justificada por la comisión por parte de la persona afectada, presuntamente, de un delito grave.
  • Es preciso mantener activados todos los canales internos de investigación y de depuración de responsabilidades, y que se garantice que la actuación de los cuerpos y las fuerzas de seguridad esté regida por el principio de legalidad y de respeto a los derechos humanos. 

Por último, el Síndic quiere recordar a todas las personas que hayan visto vulnerados sus derechos por actuaciones irregulares de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueden presentar una queja a fin de que el Síndic pueda analizar los hechos y emitir una resolución.

Pueden presentar la queja por correo electrónico (sindic@sindic.cat) o cumplimentando el formulario de la web

También pueden formular las consultas a través del teléfono gratuito 900 124 124.

 

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El Síndic reclama fijar unos precios máximos en los servicios funerarios ajustados a la vulnerabilidad de las personas durante la crisis del coronavirus

31/03/2020

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En el estado de emergencia actual, pide la máxima celeridad a la autoridad sanitaria y a los entes locales correspondientes en la determinación de estos precios máximos
 
Pide la ampliación a nueve o doce meses del plazo de seis meses establecido por la Orden SND/298/2020, para la devolución por parte de los servicios funerarios de los importes ya abonados superiores a los precios máximos fijados

La defunción de un ser querido siempre es un duro golpe para familiares y amigos, acentuado en los días que vivimos por la suspensión obligada de velatorios y ceremonias de despedida. A raíz de esta situación, el Síndic ha analizado las medidas aprobadas por las autoridades sobre los servicios funerarios, de acuerdo con el Código de buenas prácticas que publicó la institución en abril de 2016.

De su análisis, se desprende que las administraciones y las empresas de servicios funerarios deben trabajar conjuntamente con el máximo rigor y calidad, especialmente para no agravar las circunstancias actuales.

En cuanto a los precios, el Código de buenas prácticas señala que las empresas de servicios funerarios deben respetar en todo momento los derechos que la normativa vigente en materia de defensa de los consumidores otorga a las personas usuarias de los servicios funerarios y, previamente, informar por escrito a los familiares o a círculos próximos de la persona fallecida. Las personas usuarias de sus servicios deben recibir, de manera obligatoria, información sobre su derecho a recibir por escrito un presupuesto previo de los servicios que deseen contratar y a conocer, previamente, las formas y las maneras de pago establecidas para los servicios que quieran contratar; el derecho a disponer de un catálogo de productos y servicios prestados directamente por la empresa funeraria, o prestados por terceros, en que conste la descripción y, en su caso, la fotografía del producto o servicio, con la tarifa o precio que le sea aplicable; el derecho que les asiste a que les sea facilitada una factura de los servicios contratados que cumpla los requisitos legalmente establecidos para el documento mencionado, y, por último, el derecho que les asiste de exigir, en cualquier momento, una hoja de reclamación y, en su caso, de formular una reclamación.

Cuando la empresa de servicios funerarios ofrezca, además, la prestación de servicios de cementerio, de inhumación o de cremación, los derechos señalados anteriormente también se deben extender a esta clase de productos o servicios. El Código de buenas prácticas también dispone que “las empresas de servicios funerarios deben atender las obligaciones de prestación de los servicios funerarios que determinen las administraciones públicas, de acuerdo con lo que dispongan las ordenanzas municipales u otras normas en relación a las personas sin recursos, a las cuales se tendrá que prestar un servicio funerario digno.”

En cuanto a la publicidad de los precios, el Código de buenas prácticas señala que “los precios aplicados por la empresa de servicios funerarios tienen que estar establecidos de forma clara, precisa, entendible y actualizada. Estos precios deben constar en su web y en el tablón de anuncios o similar colocado en su establecimiento a disposición de las personas y en un lugar de acceso fácil”. Por último, el Código de buenas prácticas indica que “la empresa de servicios funerarios debe realizar el máximo esfuerzo posible para simplificar el proceso de contratación del servicio y facilitar un presupuesto claro y cerrado. De acuerdo con la normativa de defensa de los consumidores, los precios publicados son vinculantes, y así se tiene que hacer constar en todos los soportes y medios en los que se anuncien”.

En cuanto a las medidas adoptadas por las autoridades competentes, por un lado, se ha publicado en el DOGC núm. 8098, de 28 de marzo, el decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19, que modifica la Ley 2/1997, de 3 de abril, de servicios funerarios para habilitar, en casos de pandemia como el actual, que la autoridad sanitaria pueda declarar los servicios funerarios como  “servicios de prestación forzosa” y, en consecuencia, determinar el precio máximo que se tiene que ofrecer a las personas usuarias, en función de la modalidad de servicio, y que alcance a la prestación básica impuesta legalmente.

La determinación de este precio por la autoridad sanitaria se hará a propuesta motivada del ente local territorial correspondiente, sin que esto excluya el derecho de las personas usuarias a pactar un servicio superior con el precio correspondiente al servicio pactado.

Por otra parte, el BOE núm. 88, de 30 de marzo, publica la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación a las salas de velatorio y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por la COVID-19. Esta orden determina su aplicación en toda España durante la vigencia del estado de alarma y, en esencia, prohíbe todos los velatorios de las personas difuntas, pospone las ceremonias civiles y religiosas, y limita a tres las personas que, respetando una distancia de uno a dos metros entre ellas, pueden participar en la despedida de la persona difunta.

La Orden también fija una serie de condiciones para la contratación de los servicios funerarios:

“- Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, los precios de los servicios funerarios no podrán ser superiores a los precios vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

- En el caso de servicios ya abonados a precios superiores a los establecidos con anterioridad al 14 de marzo de 2020, la empresa deberá iniciar de oficio la devolución de la diferencia, dejando constancia de las actuaciones realizadas a tal efecto en el caso de que no pueda llevarse a cabo. En este caso, el usuario dispondrá de seis meses desde la fecha de finalización del estado de alarma para solicitar el correspondiente reembolso.

- Las empresas de servicios funerarios deberán facilitar al usuario, con carácter previo a la contratación del servicio, un presupuesto desglosado por cada uno de los conceptos incluidos en el mismo y la lista de precios vigente con anterioridad al 14 de marzo de 2020, aun en el supuesto de que resulte necesario realizar actuaciones específicas como consecuencia de los fallecimientos producidos por causa del COVID-19.

- Respecto de los servicios o productos contratados que no puedan ser disfrutados o entregados al usuario debido a las medidas implementadas en virtud del Real Decreto 463/2020 y sus normativas de desarrollo, se devolverá al consumidor o usuario los importes ya abonados correspondientes a dichos servicios o productos.”

Por último, la Orden determina que el incumplimiento de estas condiciones se considerará una infracción según la legislación general de defensa de consumidores y usuarios.

En vista de todo el anterior, y de acuerdo con el Código de buenas prácticas vigentes, el Síndic recuerda que las medidas administrativas adoptadas deben orientarse a una mejor garantía de los derechos subjetivos de las personas en relación con un servicio universal, como es el servicio funerario, y a unos precios razonables y asequibles. La prestación por empresas privadas de unas actividades consideradas esenciales o universales no puede conllevar la disminución de derechos y garantías para las personas.

Por todo lo expuesto, el Síndic:

- Recomienda que el establecimiento de los precios máximos y cerrados sea de fácil comprensión y tenga en cuenta, en uno o dos tramos de precios, la diversidad de situaciones económicas de las personas.

- Reclama expresamente que en la aplicación de estas medidas extraordinarias sobre la contratación de los servicios funerarios se tengan presentes a las personas y a las familias con menos recursos, con la fijación de unos precios máximos ajustados a su situación.

- En el estado de emergencia actual, es necesario pedir la máxima celeridad a la autoridad sanitaria y a los entes locales correspondientes en la determinación de estos precios máximos.

- Cabe valorar la ampliación a nueve o doce meses del plazo de seis meses establecidos por la Orden SND/298/2020 para la devolución por parte de los servicios funerarios de los importes ya abonados y que sean superiores a los precios máximos fijados.

El Síndic se pone a disposición de todas las personas que lo requieran para atender sus quejas en este ámbito:

Teléfono gratuito: 900 124 124

Correo electrónico: sindic@sindic.cat

Web: www.sindic.cat

En el mes de abril de 2016 el Síndic presentó un código de buenas prácticas de las empresas de servicios funerarios, que fue firmado por la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios de Cataluña y ratificado por los representantes de Mémoray Àltima, dos de las principales empresas de servicios funerarios en Cataluña. Posteriormente (diciembre 2019), la empresa Funeraria Anoia también se adhirió a dicho código.

Una de las finalidades del Código de buenas prácticas del Síndic es que pueda servir de orientación para resolver los conflictos que a veces surgen entre las empresas de servicios funerarios y las personas usuarias. La Unión Europea ha apostado firmemente por el establecimiento de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos como una vía para el arreglo de diferencias ágil, informal y más económica para las personas usuarias.

El Código de buenas prácticas se puede consultar íntegramente en este enlace 

 

 

 

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El Síndic pide que se considere el interés primordial de los niños y adolescentes en todas las medidas adoptadas para gestionar la crisis sanitaria de la COVID-19

27/03/2020

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Emite unas recomendaciones dirigidas a todas las administraciones en las que insiste en la atención específica a los niños, y entre ellos, a los más vulnerables.

No cuestiona las medidas adoptadas hasta ahora, fundamentadas en los conocimientos científicos y técnicos, y en la perentoriedad que ha exigido dar respuesta a una crisis sanitaria, sin precedentes inmediatos.

Pide que las autoridades comuniquen y expliquen a los niños y adolescentes, por las vías más accesibles, con un lenguaje comprensible y adaptado a sus diferentes edades y necesidades, las decisiones acordadas

Solicita que se valore ajustar de manera prudente pero específica las medidas de confinamiento, a fin de que los niños y adolescentes puedan realizar alguna actividad al aire libre o de ejercicio físico, manteniendo las distancias de seguridad y en función de la edad y las necesidades del menor.  

Las medidas de flexibilización laboral y de teletrabajo no deben invisibilizar el derecho de los niños a recibir la atención adecuada por parte de sus cuidadores y cuidadoras ni deben suponer una doble discriminación para las mujeres

El Síndic ha emitido una resolución para que los derechos de los niños y adolescentes adquieran relieve en la gestión de esta crisis sin precedentes inmediatos. Sus específicas necesidades deben ser atendidas en la medida de lo posible, haciendo también ahora prevalecer el interés primordial del niño.  

En este sentido el Síndic desea hacer mención, como buenas prácticas, de los ejemplos de los primeros ministros de Canadá y Noruega quienes han dirigido conferencias de prensa a los niños y adolescentes de sus países y han recogido sus aportaciones. Así mismo, considera muy positiva la emisión del programa Infok en que algunos niños dirigieron preguntas presidente de la Generalitat de Catalunya en relación con la crisis.

Por otra parte, y en cuanto a la salud, a pesar de tratarse de una crisis eminentemente sanitaria, se ha hablado poco del derecho a la salud de los niños y adolescentes, más allá de su papel como transmisores de la enfermedad para el resto de la población.

La mayor parte de información publicada respecto a los efectos de la enfermedad en los niños y adolescentes indica que no afecta o es especialmente poco virulenta entre los niños y adolescentes, incluso entre los recién nacidos. De hecho, de las cifras publicadas por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, a 22 de marzo de 2020 se extrae que solo ha fallecido un menor de 10 a 19 años, aunque sí hay 34 niños de 0 a 9 años, uno de ellos en la UCI, y 15 adolescentes de 10 a 19 años hospitalizados por COVID-19.

No obstante, la OMS también califica la infancia como población de riesgo.Es necesario proteger la salud de los niños y adolescentes como colectivo de atención prioritaria, focalizando la atención en los más vulnerables y preservando la atención diferenciada y habitual a la población pediátrica.

Se deben difundir de manera extensa a través de los medios de comunicación recomendaciones y consejos pediátricos para atender las afectaciones en la salud emocional y en el desarrollo integral de los niños y adolescentes durante el confinamiento.

El Síndic considera que se deben valorar las necesidades específicas de movimiento y contacto con el medio exterior de los niños y adolescentes en función de las circunstancias personales y la edad a la hora de prever posibles excepcionalidades si el confinamiento se alarga en el tiempo y en este sentido, pide trasladar estas consideraciones a las administraciones competentes.

En cuanto al derecho a la educación en condiciones de equidad, se valora muy positivamente el compromiso del Departamento de Educación a la hora de garantizar la continuidad del aprendizaje en condiciones de inclusión y sin discriminación por razones socioeconómicas.

Considera sin embargo muy importante que se garantice el acompañamiento y seguimiento del alumnado que, más allá de los problemas relacionados con el aprendizaje formal por razones tecnológicas, de falta de adaptación de las herramientas o por limitaciones socioculturales, puedan encontrarse en situaciones de riesgo de abandono escolar, de sufrir todo tipo de violencias y situaciones de desprotección.

En este sentido, el Síndic recalca la función de la escuela, y de las actividades educativas no regladas y de tiempo libre, como institución de cohesión social, de protección y de convivencia y la necesidad de que esta tarea se siga desarrollando aún en mayor medida en la situación de confinamiento, conjuntamente con los servicios sociales y de salud.

El Síndic considera muy positivo el esfuerzo que se está realizando desde el Departamento de Educación para que se reduzca la brecha digital entre familias y centros educativos que existe, aprovechando las necesidades planteadas por la situación de emergencia sanitaria.No obstante, y entendiendo que este esfuerzo perdurará en el tiempo una vez superada la crisis, plantea la necesidad de estudiar los riesgos de utilizar herramientas digitales que no son propias a la hora de garantizar la seguridad en su uso y la protección de los datos y que se valore la idoneidad de proveerse de un sistema de herramientas digitales propio accesible y adaptado a todo el mundo.

En tanto que colectivo especialmente vulnerable, y dado que por motivos de seguridad y protección a raíz de la crisis, se han cerrado algunos servicios especializados, el Síndic pide que se garantice la asistencia y acompañamiento de los niños y adolescentes con diversidad funcional y sus familias.

En cuanto a los niños y adolescentes institucionalizados, tanto los que se encuentran en centros del sistema de protección o en centros educativos de justicia juvenil, dado su mayor riesgo de contagio en la vida cotidiana, es preciso extremar precauciones y dotar de consignas y protocolos claros de protección para el personal y para los niños y adolescentes.

También es necesario prever medidas específicas de acompañamiento emocional y psicológico para los niños y adolescentes que dadas las circunstancias de confinamiento y el daño emocional previamente vivido pueden presentar mayor predisposición de sufrir problemas de salud y estabilidad emocional.

Todas estas medidas importantes de seguridad y salud pública deberían interferir en la mínima medida posible en el desarrollo de las actividades cotidianas de unos niños y adolescentes que ya se encuentran internos en centros residenciales en lugar de en sus hogares familiares.

El Síndic quiere hacer especial énfasis en la necesidad de valorizar socialmente la tarea de cuidado de niños y adolescentes, en un momento en que la red institucional y también profesional que cubre parte de esta función ha dejado de prestar dicho servicio.

En concreto quiere que se vele por que las medidas de flexibilización laboral y de teletrabajo no invisibilicen el derecho de los niños a recibir la atención adecuada por parte de sus cuidadores y cuidadoras y por que estas medidas no supongan una doble discriminación para las mujeres principalmente, considerando el sesgo de género ya existente en la asunción de tareas domésticas y de cuidado así como para determinadas configuraciones familiares, familias monoparentales y monomarentales, separadas, con algún tipo de discapacidad, que hayan contraídola enfermedad, numerosas, hijos e hijas de parejas separadas, etc.

Las administraciones públicas, aprovechando las circunstancias y la conciencia social colectiva existente en la lucha para combatir la propagación de la enfermedad, deben realizar un esfuerzo también en la responsabilidad social y económica en la tarea de cuidado y atención de las personas dependientes y los niños, visibilizándola y valorizándola en tiempo y monetización.

Por último, hay colectivos de niños y adolescentes que merecen especial atención en estos momentos. Son los niños y adolescentes que ya sufren en la vida ordinaria de una vulneración flagrante en sus derechos, niños empobrecidos y precarizados, víctimas de violencia doméstica y abusos sexuales, migrantes sin referentes familiares, adolescentes ex-tutelados que no disponen de recurso estable, víctimas de tráfico, entre muchas otras situaciones que requieren de intervención social urgente y que pueden verse relegadas.

Por este motivo, el Síndic quiere poner de relieve que la crisis sanitaria actual supone también una situación de emergencia social y en este sentido es preciso que los servicios sociales sean dotados al efecto, con un fondo social extraordinario y con las medidas de seguridad oportunas,  para poder realizar un seguimiento detallado de las realidades de riesgo ya detectadas y poder hacer posible que puedan aflorar y atenderse situaciones de sufrimiento que pueden quedar invisibilizadas en los hogares confinados de toda Cataluña.

El Síndic ha enviado estas recomendaciones, encaminadas a preservar los derechos de los niños, a los departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Salud, Educación y Justicia de la Generalitat de Cataluña, así como también a las autoridades responsables del Gobierno español.

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