Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic subraya la calidad del sistema de salud pública en Cataluña y en España

11/12/2019

foto (c) Pixabay

Comunicado del Síndic

Sobre las listas de espera en Cataluña, esta materia ha sido objeto de análisis crítico desde hace años en todos los informes anuales y en informes específicos, como por ejemplo el último sobre los derechos de los niños

Se continúa advirtiendo de las erosiones a derechos que significan las listas de espera

Cabe señalar que el número de quejas que se reciben sobre salud son proporcionalmente inferiores al número de usuarios potenciales, en comparación con otros servicios públicos

Considera que el Gobierno central debería plantear fórmulas para compensar el sobrecoste que tienen las comunidades que amplían la atención a la salud

Frente a la polémica suscitada a raíz de la entrevista al síndic, Rafael Ribó, el lunes pasado a las 9 horas, en la Cadena Ser (programa Aquí, amb Josep Cuní), sobre las listas de espera, la institución y su titular quieren dejar constancia de la calidad que tiene el sistema público de salud en Cataluña y en España.

El Síndic quiere confirmar que el hecho de que pacientes de otras comunidades con enfermedades complejas vengan a ser tratados en el sistema público de Cataluña (como también sucede con el sistema público de Madrid) está previsto por el CSUR (Centros Servicios y Unidades de Referencia) del Sistema Nacional de Salud, vigente para todo el territorio español. Madrid dispone de 86 centros reconocidos como tales y Cataluña, de 83. En este sentido, son las comunidades que tienen un número más alto, por razones obvias, de efectivos y disponen de mayores adelantos tecnológicos. Está previsto que los costes de estas intervenciones de pacientes de otras comunidades sean compensados, cuestión que no se cumple en su totalidad.

Este hecho se suma a la complejidad de las intervenciones, cada vez más sofisticadas y de mayor duración, que repercuten en la ralentización de la atención de otras intervenciones más sencillas.

El Síndic considera que sería necesario revisar y adecuar a la realidad la fórmula para calcular el pago de este sobrecoste para la sanidad catalana cuando atiende −obviamente− a pacientes provenientes de otras comunidades. Lo mismo sucede con la Comunidad de Madrid.

En cuanto a las cifras, es importante poner de manifiesto, según datos del propio ICS, que entre los años 2016-2019 se han incrementado en un 21% las intervenciones oncológicas en los hospitales de referencia. Órganos o situaciones que antes no se podían operar, gracias a los adelantos en medicina, ahora es posible hacerlo. Sin embargo, estas intervenciones requieren lógicamente más horas de quirófanos, cuyo número no se ha visto incrementado.

Otro elemento que cabe tener presente es la progresiva implantación de la robótica, que ha permitido mejorar la cirugía, a la vez que permite una precisión milimétrica, puesto que puede ampliar mecánica y digitalmente los movimientos del personal cirujano, evitando el temblor de manos. El ICS es la institución con más robótica del Estado, y de enero a octubre se han llevado a cabo 1.391 intervenciones con cirugía robótica. Sin embargo estas intervenciones también implican más tiempo de quirófano, puesto que se necesita más tiempo para operar o porque se pueden realizar operaciones que antes no se podían ni plantear.

Por último, cabe recordar que el Síndic viene advirtiendo desde hace tiempo que los principales problemas estructurales del sistema de salud aplicables a todo el Estado español que hace falta cuidar y mimar si no queremos que dicho sistema fracase, son:

  • Las bajas retribuciones y dotaciones de personal. Una mayor apuesta en este sentido por el sistema de atención primaria.
  • El desfase de inversiones necesarias, especialmente por los adelantos tecnológicos y las dotaciones para infraestructuras como por ejemplo quirófanos.
  • La progresiva jubilación de personal, que no es fácil de sustituir con la experiencia y la preparación necesaria.

Constatados los principales problemas de las listas de espera, es preciso recordar de nuevo la recomendación del Síndic: incrementar las inversiones en salud, dado que la sanidad es un derecho. El Gobierno de la Generalitat debería emprender las medidas necesarias y las inversiones imprescindibles para hacer frente a estas dimensiones estructurales. En la misma línea, el Gobierno central se debería plantear cómo compensar el sobrecoste que tienen las comunidades que pueden ofrecer el mejor servicio, puesto que es la mejor manera de garantizar el derecho a la salud de todas las personas al Estado.

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La Estructura de Derechos Humanos de Cataluña presenta el Plan de derechos humanos de Cataluña (2020-2023)

10/12/2019

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El Plan, que ha sido entregado al Gobierno y al Parlamento, consta de un conjunto de acciones legislativas, administrativas y políticas que es preciso poner en marcha para hacer efectivos los derechos humanos en Cataluña en los próximos cuatro años.

Las medidas contenidas en el Plan se dividen en seis grandes bloques y treinta y dos objetivos.

Durante aproximadamente medio año, se han realizado cerca de un centenar de ágoras, por todos los rincones del territorio y sobre temáticas diversas, con el objetivo de conseguir el máximo de participación social.

Hoy, 10 de diciembre, Día internacional de los derechos humanos, la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña (EDHC), formada por el Síndic de Greuges de Cataluña y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, ha entregado al Gobierno y al Parlamento el Plan de derechos humanos de Cataluña (2020-2023). 

Por la mañana, el síndic de greuges, Rafael Ribó, y el presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, David Bondia, han presentado el Plan a los miembros del Gobierno de la Generalitat en una reunión conjunta en la Sala Torres Garcia del Palacio de la Generalitat.

Por la tarde, entregarán el Plan al presidente del Parlamento, Roger Torrent, y posteriormente se hará un acto de presentación, que tendrá lugar a las 17 horas, en la Sala Auditorio del Parlamento, al que asistirán entidades del tercer sector y personas que han colaborado en la elaboración del Plan, colegios profesionales, representantes de las universidades, representantes de los ayuntamientos, síndicos locales y síndicos universitarios, entre otros.

El proceso de elaboración de este Plan ha tenido como ejes principales la transparencia y la participación social. En un acto público que tuvo lugar en el Espacio de las Drassanes de Barcelona, el pasado 21 de enero, se presentó una primera versión del Plan de derechos humanos y se celebró el inicio del proceso participativo, cuyo objetivo era que la sociedad civil colaborara en la elaboración a fin de que el resultado final diera una mejor respuesta a las necesidades de la población. En esta línea, durante aproximadamente medio año, se han realizado entorno a un centenar de ágoras por todos los rincones del territorio y sobre temáticas diversas –algunas generales y otras sobre un derecho concreto - y también se han recogido las aportaciones que han realizado expertos en cada materia. Paralelamente, se facilitó la posibilidad de participar en través de una ágora virtual.

A su vez, el Plan ha tenido en cuenta la singularidad nacional catalana y su estructura social, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas, para dar cumplimiento a los tratados en materia de derechos humanos.

El Plan definitivo que se ha presentado hoy consta de un conjunto de acciones legislativas, administrativas y políticas que es preciso poner en marcha para hacer efectivos los derechos humanos en Cataluña en los próximos cuatro años. Estas medidas se dividen en seis grandes bloques y treinta y dos objetivos, cada uno de los cuales corresponde a un derecho.

Los grandes bloques en que se articula el Plan son:

  • Democracia igualitaria: que incluye, entre otros, los derechos a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda o al medio ambiente. Entre otras medidas, el Plan propone promover que la atención primaria y social devenga el eje vertebrador del sistema sanitario, aprobar un nuevo decreto de admisión del alumnado como herramienta para combatir la segregación escolar, avanzar en la escuela inclusiva, incrementar el parque público de viviendas sociales, aprobar una nueva ley de territorio que incorpore el criterio de equidad geográfica, o crear un órgano independiente de la policía encargado de investigar casos de denuncias por maltratos.
  • Democracia plural: donde destacan el derecho a la protesta y la libertad de expresión, el derecho a la cultura y los derechos lingüísticos. Las medidas que se incluyen en este apartado son, entre otros, derogar o reformar la Ley orgánica de seguridad ciudadana, incrementar como mínimo hasta el 2% los presupuestos dedicados a cultura, o promover la adaptación de la legislación estatal a los compromisos asumidos por el Reino de España en el marco de la Carta europea para las lenguas regionales o minoritarias, en cuanto al uso del catalán en la Administración general del Estado y la Administración de Justicia.
  • Democracia participativa: donde se integran el derecho a la participación en los asuntos públicos y el derecho a la buena administración y a la transparencia. En este ámbito, el Plan formula la necesidad de que desde el Parlamento de Cataluña se promueva una regulación estatal básica relativa al referendo autonómico, asegurar que todas las personas con discapacidad puedan efectivamente votar y participar, y destinar más recursos para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad y transparencia.
  • Democracia paritaria e interseccional: que comprende a los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ, de las personas mayores, de las personas migrantes y de las personas con discapacidad. Entre las medidas contenidas, destacan elaborar una ley integral contra la violencia sexual que aborde de manera integral este tipo de violencia en sus múltiples manifestaciones, desarrollar la Ley 11/2014 sobre los derechos de las personas LGTBIQ, aprobar y llevar a cabo un plan de apoyo a la vida independiente para todas las personas con discapacidad, y elaborar y aprobar una ley de las personas mayores.
  • Democracia de los niños: entre los que destacan el derecho a un entorno familiar y a la protección y el derecho a un nivel de vida adecuada y un nivel de salud más alto posible. En este gran bloque, se plantean medidas cómo potenciar y priorizar el acogimiento en familia, ofrecer información específica a todos los niños para la prevención del abuso sexual, garantizar que todos los niños tengan una vivienda en condiciones óptimas, o crear ayudas económicas para los niños socialmente desfavorecidos para que puedan participar en las actividades complementarias y extraescolares.
  • Democracia garantista: que contiene el derecho a la igualdad delante la ley y a la justicia y el derecho a una fiscalidad justa. En este último ámbito, se plantea la necesidad de facilitar ayudas económicas para que las personas menos protegidas disfruten de un mejor acceso a los servicios jurídicos de un letrado, reducir la fiscalidad de las rentas del trabajo y la presión fiscal que soportan las rentas bajas, o dedicar un mínimo del 0.7% del presupuesto de cada Administración a la cooperación al desarrollo.

El Plan plantea que son necesarios más esfuerzos por parte del Gobierno del Estado y de la Generalitat para solucionar la articulación entre Cataluña y España a través del diálogo.

También prevé un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de las acciones que contiene y otorga a la EDHC el papel de supervisión de este cumplimiento, junto con las entidades de derechos humanos del país, especialmente aquellas que han participado en su elaboración.

Plan de derechos humanos de Cataluña (en breve disponible en castellano)
Resumen ejecutivo

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El Síndic comparece en el Parlamento para explicar el Plan de igualdad de género y debatir el informe sobre el derecho al suministro de electricidad

09/12/2019

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El objetivo del Plan de igualdad es fortalecer la cultura de la igualdad en el seno de la institución y convertirse en un modelo de referencia para otros actores públicos y privados y para la ciudadanía 

El informe sobre el derecho al suministro propone medidas concretas para reducir a la mitad la factura doméstica de la luz

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido este lunes, 9 de diciembre, ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para debatir el Plan de igualdad de género de la institución y el informe El derecho al suministro de electricidad: obstáculos y soluciones en el precio, el acceso al servicio y la garantía de su calidad.

El Plan de igualdad del Síndic de Greuges

El pasado mes de enero, el Síndic aprobó el primer Plan de igualdad de género de la institución para el período 2019 - 2022, que incluye cuatro grandes ejes de actuación: fortalecer la cultura de la igualdad en el seno de la institución; transversalizar la perspectiva de género y la perspectiva LGBTI en el conjunto de actuaciones del Síndic; dar visibilidad y atención a las mujeres que sufren violencia machista, y el último eje se centra en el Síndic de Greuges como espacio laboral donde trabajan decenas de personas, con una atención especial a la promoción y al desarrollo profesional.

El Plan, que es pionero, incluye 51 acciones, que serán desplegadas progresivamente a lo largo de cuatro años, entre las que destacan la elaboración de materiales de comunicación con perspectiva de género, la implementación del uso de lenguaje inclusivo y la promoción de la paridad. También prevé la elaboración de informes de balance de los cinco años de vigencia de las leyes 17/2015, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y 11/2014, para garantizar los derechos LGBTI y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, y sobre el cumplimiento de las funciones atribuidas al Síndic en estas normativas. 

Una de las acciones más destacadas que incluye el plan es fortalecer el impacto del Síndic hacia el tejido asociativo en todo el territorio, a partir de impulsar reuniones con entidades y asociaciones vinculadas con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ.

Para cada eje se han definido una serie de indicadores que permitirán evaluar si la medida se ha ejecutado. De hecho, actualmente ya se está preparando una primera evaluación del grado de cumplimiento durante este primer año.

El Plan también fue trasladado al Instituto Catalán de las Mujeres y a la Secretaría de Igualdad del Departamento de Trabajo, Bienestar y Familia, con quien el Síndic tiene convenios de colaboración específica para el fomento de los derechos de las mujeres y del colectivoLGTBIQ.

En cuanto a la violencia machista, el Plan recopila la elaboración de informes monográficos, el inicio de actuaciones de oficio y la realización de visitas periódicas de inspección a los recursos de acogida, atención, recuperación y reparación para las mujeres en esta situación. En este sentido, el Síndic se ha marcado como un objetivo prioritario para los próximos cuatro años dar visibilidad y atención a las mujeres que sufren violencia machista y sensibilizar de este reto al conjunto de la sociedad. Para hacerlo, ha previsto fortalecer las relaciones con las entidades y las asociaciones que trabajan en defensa de este colectivo, e incrementar las actuaciones e informes sobre el tema impulsado por la institución.

El derecho al suministro de electricidad

El informe El derecho al suministro de electricidad: obstáculos y soluciones en el precio, el acceso al servicio y la garantía de su calidad, entregado en el Parlamento el pasado mes de marzo, hace una diagnosis de la situación actual a partir del anàlisis del coste de la energía eléctrica basándose en los tres componentes que contribuyen, con un peso relativo similar, en el importe final de la factura final: la energía eléctrica que se consume propiamente, el coste que se deriva del precio resultante en el mercado mayorista, en que generadoras y comercializadoras negocian la compraventa de energía diariamente; el segundo componente, que son los peajes de acceso que sirven para pagar, por un lado, los costes regulados del sistema como por ejemplo el transporte y la distribución de la energía, así como otros gastos no relacionados con el suministro, como por ejemplo las ayudas a la generación renovable o la financiación del déficit de tarifa (decisiones de política energética), y, por último, los impuestos que soporta la persona consumidora (como por ejemplo el impuesto electricidad e IVA).

Durante la comparecencia, el Síndic ha reiterado la necesidad de reducir la factura de la luz de usuarios domésticos, repartir de manera proporcional y más justa entre todas las tipologías o usos de consumo (doméstico, industrial, servicios, etc.) los cargos no relacionados con el consumo y reducir las cargas impositivas como el impuesto eléctrico (técnicamente llamado Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica), y acercar el IVA del 21% a un tipo reducido, similar al que aplican los países de nuestro entorno. También ha pedido que se elimine el concepto de alquiler del contador de la factura, dado que no se justifica económicamente (falta de análisis de coste-beneficio) puesto que la persona consumidora ya lo paga por medio de los peajes en concepto de retribución a la actividad de distribución.

Asimismo ha hablado acerca del bono social y ha vuelto a recomendar a la Administración del Estado que redefina profundamente el procedimiento establecido para la solicitud y la renovación del bono social teniendo presentes los derechos de las personas vulnerables y los principios de simplificación administrativa.

En cuanto a la pobreza energética, el Síndic pide a la Generalitat que adopte con la máxima celeridad las medidas adecuadas para el despliegue reglamentario de la Ley 24/2015, que debería incluir el establecimiento de un modelo de informe de los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial determinadas por la Ley.

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El Síndic reitera la necesidad de una actuación conjunta de todas las administraciones que dé respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social en materia de vivienda

04/12/2019

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Se ha incrementado el número de situaciones de emergencia en materia de vivienda y también el tiempo que transcurre entre la valoración de la Mesa de emergencias y la asignación de una vivienda

Es necesario poner en marcha inmediatamente un Pacto Nacional para la vivienda

Urge incrementar el gasto público en materia de vivienda

En Cataluña hay más de 1.300 unidades de convivencia a la espera de acceder a una vivienda social de emergencia (casi 600 en la ciudad de Barcelona)

El Síndic, Rafael Ribó, ha presentando hoy en el Parlamento de Cataluña el informe Demora de la Administración en situaciones de emergencia residencial en Cataluña, en el que se ha constatado un incremento del número de situaciones de emergencia en materia de vivienda y también un incremento del período de tiempo que transcurre entre la valoración de la Mesa de emergencias y la asignación de una vivienda, llegando incluso a los dos años de espera en algunos casos.

A partir del estudio de los casos, el Síndic también ha constatado las dificultades crecientes con que se encuentran los servicios sociales municipales en el momento de garantizar el realojo de urgencia de las personas afectadas que ya han perdido su vivienda habitual y que aún no han podido acceder a la vivienda que les ha de ser adjudicada. A menudo, este realojamiento de urgencia se garantiza en albergues, hostales, pensiones y habitaciones de realquiler, que no se adecuan a las necesidades de las personas afectadas, muy especialmente cuando se trata de familias con menores a cargo.

Según datos del Consorcio de la Vivienda de Barcelona (CHB), actualmente, en Cataluña hay más de 1.300 unidades de convivencia, casi 600 de las cuales en la ciudad de Barcelona, ​​que se encuentran a la espera de poder acceder a una vivienda social después de que la Mesa de emergencias correspondiente haya realizado una valoración favorable de su situación de emergencia. El retraso en proveer una vivienda a estas personas se debe, sobre todo, a la falta de un parque de viviendas suficientes destinado a políticas sociales.

El Síndic reconoce los esfuerzos llevados a cabo por la Administración autonómica y local para afrontar las situaciones de emergencia en materia de vivienda y valora positivamente las iniciativas y los instrumentos de que se han dotado a las administraciones públicas, con esta finalidad. Sin embargo, las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora no han sido suficientes para dar solución a una problemática que, lejos de haberse solucionado, se ha agravado en los últimos años, en cuanto al número de personas afectadas y en cuanto al tiempo de espera para poder acceder a una vivienda social. Y hay que tener en cuenta que la falta de una respuesta suficiente por parte de la Administración ante una situación de emergencia social y económica constituye una vulneración del derecho a la vivienda que, además, afecta a menudo a personas en situación de especial vulnerabilidad, como sucede con los menores o con las personas discapacitadas que, por su propia condición, merecen una especial protección por parte de los poderes públicos.

Por todo lo anterior, el Síndic reitera la necesidad de articular una respuesta conjunta y coordinada de las administraciones competentes que permita dar una respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia social en materia de vivienda, y les dirige las siguientes sugerencias:

- Es necesario que las diferentes administraciones y los agentes que intervienen en materia de vivienda consensúen un Pacto Nacional en materia de vivienda que aborde la problemática actual de acceso a una vivienda asequible desde una vertiente supra municipal y que pueda trasladar al Parlamento de Cataluña una proposición de ley para dar solución a las situaciones de emergencia actuales y a las necesidades de vivienda futuras.

- Es imprescindible incrementar el gasto público en materia de vivienda y asegurar, desde un punto de vista legislativo, su disponibilidad.

- Hay que establecer un plan de choque para dar respuesta a las situaciones de emergencia residencial motivadas por la pérdida de la vivienda u otras causas graves de necesidad de vivienda, que prevea normativamente obligaciones de resultado para con los poderes públicos en cuanto al abastecimiento de una solución residencial, y con consecuencias legales en caso de incumplimiento. Este plan de choque, debería prever, al menos, lo siguiente:

  • Un sistema ágil de valoración y resolución de las situaciones de emergencia que no excedan el plazo máximo de un mes.
  • Recursos residenciales temporales adecuados, como por ejemplo viviendas de corta estancia, para dar respuesta a la necesidad de realojamiento temporal y/o de urgencia mientras no esté garantizado el realojamiento definitivo de las personas afectadas.
  • Valorar la revisión de la normativa procesal y del protocolo de actuación suscrito entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Administración de la Generalitat de Cataluña y los Colegios de Abogados y de Procuradores, con el fin de garantizar la actuación previa de la Administración y el realojo de las personas afectadas antes de que se produzca la situación de lanzamiento, la cual debería ser siempre señalada por el Juzgado con la antelación suficiente y con la indicación del día y hora exactas en que se prevé ejecutar.
  •  La disposición por parte de la Administración de un número de viviendas suficiente destinado al alquiler social para garantizar el realojo definitivo de las personas afectadas por una situación de emergencia residencial, prestando una especial atención a la necesidad de asegurar que las viviendas sean ocupadas por aquellas personas que han seguido los procedimientos legalmente establecidos para acceder. Subsidiariamente, hay que facilitar las ayudas y las garantías necesarias para facilitar el acceso, en condiciones reales, a una vivienda asequible en el mercado privado.

A lo largo de los últimos años, el Síndic se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de articular una respuesta conjunta y coordinada de las administraciones que permita dar una respuesta a todas las situaciones de emergencia social en materia de vivienda. En esta línea ya se publicaron el Informe sobre el derecho a la vivienda: cuestiones urgentes, el Informe sobre el acceso a la vivienda social, o la actuación de oficio 239/2017

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El Síndic concluye el informe sobre la actuación policial en los disturbios tras la sentencia del Tribunal Supremo y exige una investigación rigurosa e imparcial

29/11/2019

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Informe Derecho de manifestación y papel de los cuerpos policiales en las movilizaciones posteriores a la Sentencia 459/2019

Algunas manifestaciones, minoritarias, tuvieron un carácter violento que hicieron necesaria una intervención de las fuerzas de seguridad

 
Las alegaciones de exceso de fuerza y de vulneración de derechos, una vez investigadas, deben ser sancionadas adecuadamente en caso de que hayan existido infracciones

Este viernes, 29 de noviembre, el síndic, Rafael Ribó, y el adjunto general, Jaume Saura, han presentando el informe Derecho de manifestación y papel de los cuerpos policiales en las movilizaciones posteriores a la Sentencia 459/2019 al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat. El documento también incluye un anexo que contiene el informe sobre los criterios de actuación en materia policial en casos de desobediencia civil no violenta, en respuesta a la petición que dirigió al Síndic el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra.

La sentencia del Tribunal Supremo desencadenó una amplia respuesta por parte de la población de Cataluña en forma de concentraciones, manifestaciones y protestas y algunas acabaron en altercados. A raíz de estos hechos, se produjeron en torno a un centenar de detenciones, de las que algunas supusieron la privación de libertad provisional de las personas detenidas. También es destacable que cuatro personas perdieran la visión de un ojo, presuntamente como consecuencia del impacto de un proyectil de goma, que algunos agentes policiales sufrieran lesiones de diversa consideración, así como los daños causados en el mobiliario urbano de la ciudad.

El informe que se ha presentado analiza los dispositivos policiales desplegados desde el 13 al 27 de octubre y los posibles derechos vulnerados en el contexto de las movilizaciones ciudadanas.

El Síndic concluye que la mayoría de manifestaciones, las más multitudinarias, se desarrollaron en un clima pacífico y tranquilo y, por tanto, tan sólo requirieron una intervención policial mínima. En cambio, en otras manifestaciones, minoritarias, se evidenció una actitud hostil y violenta por parte de algunas personas concentradas (lanzamiento de objetos contra la policía, quema de contenedores y vehículos estacionados, construcción de barricadas, etc.). En opinión del Síndic, estas actuaciones necesariamente debían conllevar una reacción de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, algunas imágenes que aparecieron en los medios de comunicación y los relatos de las personas detenidas permiten constatar que algunas de estas actuaciones fueron desproporcionadas y que se produjo un exceso en el uso de la fuerza en la dispersión, contención y detención de personas. Asimismo, resulta inaceptable el uso de armamento  antidisturbios muy lesivo, como por ejemplo los proyectiles de goma o la técnica del carrusel.

En cuanto a las detenciones, las personas detenidas entrevistadas exponen de manera mayoritaria que los agentes aplicaron un uso de la fuerza excesivo y desproporcionado (golpes de porra cuando ya estaban inmovilizadas, arrastrar por el suelo a una persona agarrada por los cabellos, etc.). Del análisis de los casos también se ha detectado que, a partir de la detención, los relatos divergen mucho en función del cuerpo policial que la practicó. En este sentido, las personas detenidas por el Cuerpo Nacional de Policía Nacional han descrito un trato más agresivo, inadecuado e intimidatorio durante su estancia en comisaría. Por todo lo expuesto, el Síndic concluye que se vulneraron seriamente tanto el derecho a la integridad moral como los derechos recogidos en la Ley de enjuiciamiento criminal (LeCrim).

En el conjunto de las actuaciones llevadas a cabo con las diferentes administraciones, el Síndic recomienda, entre otras:

  • Al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior, que mantengan la coordinación de los cuerpos policiales presentes en Cataluña, que investiguen de manera rigurosa e imparcial las alegaciones de exceso de fuerza y vulneración de derechos y sancionen adecuadamente las infracciones y los delitos que se puedan haber cometido, y que recuerden que todos los agentes policiales, incluyendo los antidisturbios, deben ir identificados.
  • Al Ministerio del Interior, que revise los protocolos que regulan el uso de armamento reglamentario antidisturbios y sustituya los proyectiles de goma por instrumentos menos lesivos e indiscriminados.
  • Al Departamento de Interior de la Generalitat, que profundice en el modelo de proximidad con los recursos humanos y materiales que sean necesarios para hacerlo más eficiente y que elabore y presente al Parlamento un proyecto de ley de la Policía de Cataluña que despliegue el mandamiento estatutario del Cuerpo de Mossos de Esquadra como policía integral de Cataluña.
  • Y a las autoridades fiscales y judiciales, que reconsideren la situación de prisión provisional de las personas que aún se encuentran en esta situación.

 

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