Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic recomienda a la Generalitat que retire de forma excepcional los lazos amarillos y las esteladas de sus dependencias durante el período electoral

20/03/2019

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Se trata de una medida temporal y que tan sólo debe tener vigencia durante el período electoral

El Síndic, fuera de la excepcionalidad del período electoral, mantiene el mismo criterio expuesto en una resolución de septiembre de 2018, en que se había pronunciado en contra de limitar el ejercicio de la libertad de expresión en el espacio público

Apela a la necesidad excepcional de preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica de los poderes públicos durante el período electoral

Video rueda de prensa

El Síndic de Greuges de Cataluña se dirigió por resolución de 15 de marzo de 2019 al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para recomendarle que tomar el Acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de adoptar las medidas oportunas para materializar la retirada de lazos amarillos y esteladas de los edificios y espacios públicos de su titularidad. A raíz de las aclaraciones solicitadas por parte de presidencia de la Generalitat, el síndic se ha vuelto a dirigir a la Generalitat para dar respuesta a las cuestiones planteadas. La institución quiere dejar claro que se trata de una medida temporal y que sólo debe tener vigencia durante el período electoral.

El Síndic mantiene el mismo criterio expuesto en una resolución de septiembre de 2018, en que se había pronunciado en contra de limitar el ejercicio de la libertad de expresión en el espacio público, incluidas las dependencias de titularidad pública. Aún así, el Síndic coincide en este caso con el argumentario de la JEC y apela a la necesidad excepcional de preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica de los poderes públicos durante el período electoral.

En este sentido, y en el marco de la tramitación de la actuación de oficio sobre la que ahora ha emitido una resolución, el Departamento de Presidencia trasladó al Síndic un informe jurídico elaborado por la Dirección General de los Servicios Consultivos y Coordinación Jurídica del Gabinete Jurídico de la Generalitat. El escrito señala que el concepto estricto de neutralidad, vinculado a la neutralidad ideológica, adquiere un relieve especial en período electoral y ha dado lugar a diversos acuerdos de la Junta Electoral Central, entre ellos los de los años 2015 y 2017. Los acuerdos hacen referencia al hecho de que el criterio para retirar elementos es aplicable a cualquier objeto que permita la identificación con algunas de las candidaturas que se presentan a la convocatoria electoral.

Respecto a las aclaraciones solicitadas por presidencia de la Generalitat, el Síndic ha precisado que los funcionarios públicos y, en general, todo el personal al servicio de la Administración, en tanto que personas titulares de derechos fundamentales, tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión en el puesto de trabajo, si bien la administración puede circunscribirlo a determinados espacios en el interior de las dependencias para garantizar la coexistencia de este derecho con el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una administración neutral. De la misma manera, en cuanto a los edificios de titularidad de la Generalitat de Cataluña, el Síndic ha reiterado el argumento C del acuerdo de la JEC 66/2019; por último, ha matizado que se circunscribe al período electoral, es decir desde el momento de la convocatoria de los comicios hasta la finalización de la votación.

El Síndic defendió en enero de 2018 ante la Junta Electoral el derecho de manifestación durante el período electoral, a raíz del caso de los Abuelos y las Abuelas de Reus por la Libertad, puesto que limitarlo atentaba contra la libertad de expresión y la JEC le dio la razón. En concreto, la Junta emitió el acuerdo 7/2018, de 11 de enero de 2018, en el cual comunicaba que compartía el criterio general manifestado por el Síndic, en el sentido de que durante los períodos electorales y fuera de la jornada de reflexión y del día de votación, cualquier manifestación o concentración ciudadana, siempre y cuando se cumplieran el resto de los requisitos legales para llevarla a cabo, queda amparada por el derecho constitucional de reunión.

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El Síndic advierte a la JEC que facultar a las mesas para identificar el voto de las personas con apariencia de discapacidad contradice la ley y es discriminatorio

19/03/2019

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Estigmatizar al electorado por su “apariencia” de discapacidad puede tener efectos disuasivos a la hora de ejercer el derecho de voto 

Incluso personas que nunca han sido incapacitadas judicialmente pueden ver limitada y cuestionada su libertad de decisión

El Síndic también ha trasladado sus consideraciones al Defensor del Pueblo para que actúe sobre esta vulneración de derechos

El Síndic de Greuges de Cataluña se ha dirigido a la Junta Electoral Central (JEC) y al Defensor del Pueblo español para que solucionen la problemática derivada de la aprobación de la Instrucción 5/2019, de la Junta Electoral Central, de 11 de marzo, que, a criterio del Síndic, conlleva una situación de discriminación indirecta por razón de la discapacidad (o apariencia de discapacidad), prohibida en el ordenamiento jurídico vigente.

En este sentido, hace referencia, sobre todo, a la reforma operada por la Ley orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica del régimen electoral general (LOREG), que permite dar cumplimiento a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en especial el artículo 29. 

El Síndic considera que la Instrucción establece un trato diferenciado que estigmatiza a las personas por su apariencia de discapacidad. En concreto, la Instrucción señala que “en caso de que algún miembro de una mesa electoral, o algunos de los interventores o apoderados adscritos a esa mesa, considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de manera consciente, libre y voluntaria, lo puede hacer constar al acta de la sesión, pero no impedirá que este voto sea introducido en la urna”. 

De acuerdo con el marco normativo, las situaciones y grados de discapacidad deben ser determinados por los órganos administrativos competentes, integrados por equipos de profesionales multidisciplinarios. Por este motivo, es sorprendente y poco riguroso dotar de una potestad fiscalizadora, para la cual no están preparadas ni autorizadas, tanto las personas que de forma voluntaria ejercen de interventoras y apoderadas como las personas que han sido escogidas aleatoriamente para constituir las mesas electorales. 

En opinión del Síndico, merece la pena poner en valor el contenido del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, según el cual " se entiende que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas”. 

El hecho de que la apariencia de discapacidad sea el único criterio que se valore para cuestionar la capacidad de tomar decisiones de cualquier persona electora es discriminatorio y contrario al derecho de participación en condiciones de igualdad. Además, se trata de una medida que puede tener un efecto disuasivo para las personas afectadas a la hora de ejercer el voto por miedo de ser estigmatizadas. 

Más aún, la aplicación del artículo 3.2 de la LOREG, en la interpretación que ofrece la Instrucción 5/2019 de la JEC, llevaría al absurdo de empeorar la situación de muchas personas con discapacidad frente al ejercicio de su derecho de sufragio, en relación a la situación previa a la reforma de la LOREG. Así, antes de la reforma del artículo 3 de la LOREG, tan sólo un juez, en el marco del procedimiento de limitación de la capacidad jurídica de obrar (procedimiento de incapacitación), podía decidir sobre la capacidad de la persona para ejercer el derecho de sufragio activo. 

Con la Instrucción 5/2019, cualquier persona que haya sido requerida para ocupar el cargo de miembro de una mesa electoral, interventor o apoderado adscrito a las mesas, se entiende habilitada para valorar si una persona tiene una discapacidad o no y, según el caso, hacer constar en el acta de votación su valoración sobre la conciencia, la libertad y la voluntariedad con qué esta persona ejerce su derecho de sufragio.

En este sentido, se puede dar el caso que una persona con discapacidad que no ha sido nunca incapacitada judicialmente y que ha ejercido su derecho a votar en comicios anteriores en condiciones de absoluta igualdad con el resto de ciudadanía se pueda ver, actualmente, cuestionada en su conciencia, libertad y voluntariedad cuando quiera emitir su voto en los próximos comicios.

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El Departamento de Educación y más de un centenar de ayuntamientos y agentes de la comunidad educativa firman el Pacto contra la segregación escolar impulsado por el Síndic

18/03/2019

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Desde el año 2017, el Síndic de Greuges ha estado trabajando para consensuar el acuerdo, en colaboración con el Departamento de Educación, con la voluntad de promover la corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen en el educativo

El documento incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas en nueve ámbitos que el Departamento de Educación se compromete a implementar, en la medida de lo posible, durante esta legislatura

Todas las propuestas están dirigidas al conjunto de centros que integran el Servicio de Educación de Cataluña y parten de la necesidad de incrementar el presupuesto en educación

El pacto prevé, entre otras medidas, la aprobación de un nuevo decreto de admisión de alumnado para el curso próximo, con medidas específicas para combatir la segregación, como el establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centros de una misma zona, la limitación de la escolarización de matrícula viva en centros de alta complejidad o la creación de una oficina virtual de escolarización

También se prevé promover garantías de gratuidad real para el alumnado socialmente desfavorecido y graduar la financiación pública de los centros en función de la corresponsabilidad en la escolarización equilibrada de alumnado


La sala Auditorio del Parlamento de Cataluña ha acogido este lunes 18 de marzo de 2019 el acto de la firma del Pacto contra la segregación escolar, al que se han adherido la mayoría de agentes de la comunidad educativa y del arco parlamentario e institucional, entre los que se cuentan más de veinticinco entidades del ámbito educativo y la inmensa mayoría de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. El acto ha estado presidido por el consejero de Educación, Josep Bargalló y por el síndic de greuges, Rafael Ribó, que ha sido el impulsor del pacto.

El Pacto, pionero en el Estado español, llega casi dos años después de que el Síndic presentara un doble informe monográfico sobre el fenómeno de la segregación y pusiera sobre la mesa la necesidad de llegar a un acuerdo y compromiso de país para combatirlo. Desde 2017 el Síndic de Greuges ha estado trabajando, en colaboración con el Departamento de Educación, con la voluntad de promover políticas de lucha contra la segregación escolar desde la corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen en el ámbito educativo.

Con esta firma, el Síndic se compromete a coordinar el seguimiento del Pacto, conjuntamente con el Departamento de Educación. En este sentido, mientras el Pacto esté vigente, elaborará un informe bianual de balance que se presentará en el Parlamento de Cataluña.

El documento incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas en nueve ámbitos que el Departamento de Educación se compromete a implementar, en la medida de lo posible, durante esta legislatura. Los ayuntamientos que se han adherido al pacto también asumirán durante los próximos tres años la adopción de las medidas consensuadas que correspondan a su marco competencial, y también los titulares de los centros concertados. Todas las propuestas están dirigidas al conjunto de centros que integran el Servicio de Educación de Cataluña y parten de la necesidad de incrementar el presupuesto en educación en torno del 6% del PIB, de acuerdo con lo establecido en la LEC.

Algunos de los ámbitos de actuación son la aprobación de un nuevo decreto en el proceso de admisión, las orientaciones relacionadas con la programación de la oferta, la promoción de acuerdos o pactos locales para alcanzar una escolarización equilibrada o las campañas de sensibilización sobre la calidad del Servicio de Educación de Cataluña.

El establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro en una misma zona, a través de una nueva normativa de admisión y mejora de la distribución de alumnado entre centros

El Pacto propone elaborar un nuevo decreto que regule la admisión de alumnado. Además de eliminar criterios complementarios por enfermedad digestiva crónica y por hermanos o progenitores exalumnos del centro, que ya se ha aprobado, también prevé el despliegue de medidas como la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro de una misma zona, la oficina electrónica de preinscripción, la publicación de cuotas y régimen legal y otras exigencias de transparencia (vacantes, etc.), la protección de los centros de alta complejidad (no-escolarización matrícula viva, etc.), la regulación de la detección de alumnado con necesidades educativas específicas o instrumentos dirigidos a evitar los fraudes, como prever mayores exigencias de acreditación del criterio de proximidad para el alumnado que modifica su residencia padronal justa antes de iniciar el curso escolar (actuación 1), por ejemplo.

Adicionalmente, el Pacto también prevé la puesta en marcha, en el marco del proceso de elaboración de un nuevo decreto, de dos comisiones de estudio estratégico desde la perspectiva de avanzar en los instrumentos de lucha contra la segregación escolar, y que puede alimentar el contenido del nuevo decreto (actuación 2): una comisión de estudio específico de buenas prácticas en regímenes de admisión de alumnado (donde se evaluará el impacto y la viabilidad de una posible política de admisión por cuotas en función del nivel de instrucción/nivel socioeconómico de los progenitores) y una comisión de estudio específico para analizar medidas efectivas de lucha contra la segregación escolar en municipios con una fuerte segregación residencial (donde se evaluará cómo combatir la segregación en territorios con una elevada composición social desfavorecida, donde las políticas de escolarización equilibrada dentro del barrio generan efectos limitados).

Al mismo tiempo, el Pacto prevé el diseño (e implementación) de un protocolo efectivo para el aprovechamiento de la reserva de plazas como medida de escolarización equilibrada, para garantizar la distribución equitativa de alumnado con necesidades educativas específicas entre centros (actuación 8).

Garantías de gratuidad real para el alumnado socialmente desfavorecido

Existe un amplio consenso dentro de la comunidad educativa a la hora de destacar la infrafinanciación del sistema educativo. El Servicio de Educación de Cataluña, integrado por centros públicos y concertados, presenta importantes déficits de inversión pública para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Hay centros públicos y concertados, especialmente los que tienen más complejidad educativa, que demandan una mayor dotación de recursos humanos, económicos y materiales para atender con más garantías las necesidades educativas específicas del alumnado.

El déficit de financiación público provoca que parte del servicio educativo que prestan los centros se deba financiar por medio de las aportaciones de las familias, lo que resulta contradictorio con el principio de gratuidad que rige nuestro sistema educativo y supone un importante factor de desigualdad, tanto en el acceso a los diferentes centros como también en la configuración de los proyectos educativos, condicionados, en parte, por la financiación privada de las familias.

En este sentido, el Pacto prevé avanzar en la gratuidad de la enseñanza a través de la mejora de la financiación pública de los centros públicos y concertados, y discriminar positivamente en la trasferencia de recursos los centros y las familias socialmente menos favorecidas, con el objetivo de garantizar estándares de calidad equivalentes para el conjunto de centros del Servicio de Educación de Cataluña, así como de garantizar la gratuidad real de la enseñanza y que las cuotas no resulten un factor de segregación escolar tal y como sucede actualmente.

Entre otras medidas, el Pacto prevé la creación de una comisión de estudio del coste de la plaza (actuación 15), la adecuación de la financiación pública de los centros públicos y concertados en función de la corresponsabilidad en la escolarización equilibrada de alumnado (actuaciones 16 y 17), la elaboración de directrices sobre el pago de cuotas en centros públicos y concertados (actuación 19-20) y el establecimiento de una convocatoria de ayudas para libros de texto, material escolar, salidas y colonias escolares (centros públicos y concertados) (actuaciones 21 y 22).

Implicación y alineamiento de los actores que actúan en el territorio (centros, inspección, servicios municipales, etc.) en la lucha contra la segregación escolar 

La lucha contra la segregación escolar implica, entre otros aspectos, mejorar la corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen en el ámbito educativo, y también la coordinación entre estos a la hora de desplegar los instrumentos disponibles para promover la escolarización equilibrada de alumnado.

Uno de los ámbitos de intervención clave, con más incidencia en la lucha contra la segregación escolar, tiene que ver con la programación de la oferta y la gestión del proceso de admisión de alumnado. A escala local, estas prácticas deben ser promovidas e implementadas especialmente por las mesas mixtas de planificación, las comisiones de garantías de admisión y las oficinas municipales de escolarización, además de otros dispositivos, si procede.

En esta línea, el Pacto prevé, entre otros, el desarrollo de orientaciones en la programación escolar (oferta, adscripciones, zonificación, y ampliaciones y reducciones de ratio, de grupos y de centros) y el establecimiento de criterios en la gestión de las solicitudes (actuaciones 3 y 4), así como la promoción de acuerdos o pactos locales entre centros dentro de una misma zona o municipio para la escolarización equilibrada de alumnado (actuación 10) y el diseño del modelo de intervención de los dispositivos para el fomento de la escolarización equilibrada de alumnado en el territorio, y la creación y dinamización de estos dispositivos donde no existan (actuación 6): clarificar y articular el papel que deben tener las OME, la Inspección de Educación, las comisiones de garantías de admisión, las mesas mixtas, los servicios educativos, los servicios municipales, etc. para combatir la segregación y hacer un uso efectivo de los instrumentos disponibles, y las pautas a aplicar.

Apoyo a los centros de alta complejida

El Pacto también prevé una batería de medidas dirigidas a mejorar la dotación de recursos de los centros con una composición social desfavorecida y la consolidación de sus proyectos educativos (actuaciones 26, 27, 28 y 29), como la promoción en los centros públicos y concertados con una composición social desfavorecida y con una demanda más débil proyectos en los ámbitos del aprendizaje de la lectura, las lenguas extranjeras, la tecnología, las ciencias, las artes o la educación en valores que homologuen las oportunidades educativas en los diferentes centros y programas de desegregación (proyectos magnet, etc.) o incrementar la provisión de recursos económicos y profesionales para el funcionamiento de los centros con una composición social menos favorecida y con mayor concentración de necesidades educativas específicas (más dotación de plantillas, plantillas más interdisciplinares, más apoyo de los servicios educativos, mecanismos de incentivos u otros para garantizar que el profesorado más cualificado para la tarea docente preste servicio en los centros públicos con una complejidad más elevada, etc.).

El Pacto como espacio de rendición de cuentas ante la comunidad educativa

Desde el momento de su aprobación, el Pacto prevé medidas de seguimiento por medio de reuniones semestrales con el conjunto de las entidades signatarias  y también a través de comisiones temáticas o territoriales para abordar monográficamente el seguimiento de algunos de los ámbitos de actuación prevista.

En el marco de las reuniones de seguimiento, las administraciones y el resto de entidades signatarias rendirán cuentas del cumplimiento de los compromisos adquiridos, de los progresos alcanzados en el desarrollo de las medidas previstas en el Pacto, y también evaluarán y propondrán las necesidades de mejora de futuro pertinentes.

El Departamento de Educación y el Síndic de Greuges se comprometen a aportar informes con datos cualitativos y cuantitativos que contribuyan a la diagnosis objetiva de la lucha contra la segregación escolar. Adicionalmente, el Síndic de Greuges se compromete a elaborar un informe bianual de balance mientras el Pacto esté vigente, que se presentará en el Parlamento de Cataluña, y también a recibir comunicaciones relacionadas con los posibles incumplimientos del contenido del Pacto por parte de los diferentes actores (administraciones, centros, etc.), a fin de promover ante las administraciones competentes la implementación de las medidas acordadas.

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El síndic insta al presidente de la Generalitat a convocar una reunión urgente y de máximo nivel para abordar los brotes de xenofobia

12/03/2019

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Debate en comisión del Informe sobre los derechos de los niños 2018

Propone implicar a todos los grupos parlamentarios y alerta de que es preciso cortar por lo sano cualquier expresión xenófoba para mantener la buena convivencia 

En el marco del debate en comisión parlamentaria del Informe sobre los derechos del niño, el síndic ha destacado que los centros habilitados para los niños migrantes sin referentes familiares, como el de Castelldefels, son un recurso provisional. También ha reclamado un plan de atención integral e integrador

Reitera la necesidad de crear un servicio público de atención especializada a los niños víctimas de abuso sexual, que aún está pendiente de despliegue

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha instado este martes, 12 de  marzo, al presidente de la Generalitat a convocar a los presidentes de todos los grupos parlamentarios a una reunión de máximo nivel y de forma inmediata para abordar los incidentes xenófobos que han tenido lugar recientemente en Canet de Mar y Castelldefels.

En opinión del síndic, Rafael Ribó, quien ha formulado esta propuesta al presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, en el marco de una reunión mantenida en el Palacio de la Generalitat, es necesarioi cortar por lo sano cualquier expresión xenófoba. “Es un tema capital para mantener la buena convivencia”, ha dicho Ribó.

El síndic, que ha abierto una actuación de oficio sobre los incidentes mencionados, ya hizo un llamamiento ante el Parlamento de Cataluña ayer mismo, 11 de marzo, con motivo del debate en comisión del Informe anual, para que la Cámara se pronuncie en defensa de los derechos de los niños frente a actitudes intolerantes y xenófobas. Hoy, en el marco del debate del Informe sobre los derechos del  niño ante la Comisión de Infancia, ha trasladado a los diputados la propuesta que le ha hecho al presidente.

Además, con respecto a la situación de los MENA, ha destacado que los centros habilitados para los niños migrantes sin referentes familiares, como el de Castelldefels, son un recurso provisional. También ha reclamado un plan de atención integral e integrador. En este sentido, el informe La situación de los niños migrantes sin referentes familiares en Cataluña  destaca el esfuerzo que ha hecho la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), especialmente  en la creación de plazas de centros de primera acogida y otros recursos. En el informe, el Síndic destaca que, dada la urgencia así como la falta de previsión a medio plazo, se han generado problemas relacionados con la sobreocupación de centros, con el uso de centros del sistema de protección no previstos para atender estas situaciones (como por ejemplo CREI), con el uso de centros de estancia temporal para atender de forma permanente a niños migrantes, con la creación de centros con condiciones de calidad no adecuada, entre otros.

Esta situación ha tensionado el sistema de protección y ha afectado a la calidad de la atención de los niños migrantes y del resto de niños tutelados en situaciones que suponen un maltrato institucional, y también a los profesionales que se ocupan de atenderles.

Informe sobre los derechos del  niño (Noviembre 2018)

El informe también destaca déficits estructurales del sistema de protección, como la falta del recurso del acogimiento familiar de los niños migrantes (menos del 1%), falta de políticas para promover el retorno de niños migrantes con sus familias de acuerdo con su interés superior, déficits en el desinternamiento del sistema de protección y acompañamiento en la transición a la vida adulta y déficits en la provisión de programas de salud mental para niños migrantes no acompañados. El síndic también recuerda la necesidad de garantizar plazas suficientes de programas de nuevas oportunidades y de inserción laboral.

Prevención y tratamiento del abuso sexual infantil

Antes de que salieran a la luz los últimos escándalos de pederastia en el ámbito eclesiástico, el Síndic ya había insistido que estaba pendiente de despliegue la creación de un servicio de atención especializada a los niños víctimas de abuso.

Los dos servicios de atención especializada a los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual que existen actualmente, la Unidad Funcional de Abusos a Menores del Hospital de San Joan de Déu y la Unidad de Pediatría Social del Hospital Hermanos Trias i Pujol – Can Ruti, no están financiados públicamente, no están territorializados y desarrollan una intervención de carácter eminentemente sanitario, sin garantizar una atención integral. En este sentido, el Síndic ha destacado los déficits en la provisión de unidades multidisciplinarias de diagnóstico de abuso sexual, así como la falta de servicios públicos especializados para asegurar la recuperación de los niños que han sido víctimas.

Pobreza infantil: Consolidación de las políticas de renta a las familias con niños

En los últimos años, el Síndic ha destacado que la mejora de la coyuntura macroeconómica no ha conllevado, como mínimo por ahora, una mejora de los indicadores de riesgo de pobreza en Cataluña. La pobreza infantil continúa siendo un fenómeno con carácter estructural que afecta a más del 25% de los niños, mientras que la privación material severa, a cerca del 7% de los niños. En este sentido, recomienda que se adopten medidas para revertir las regresiones en las políticas para combatir la pobreza, como la recuperación de la ayuda 0-3, y mejorar la configuración de la renta garantizada de ciudadanía, de manera que discrimine positivamente a las familias con niños a cargo, hecho que no sucede con el diseño actual.

Un aspecto analizado monográficamente es la situación en que se puede encontrar a los jóvenes extutelados cuando finaliza la prestación para estos jóvenes, a los 21 años, y no pueden acceder a la renta garantizada hasta los 23 años.

Salud: El tratamiento preferencial del niño y la igualdad de oportunidades

En cuanto a las listas de espera, conviene destacar que, en relación al año anterior, en fecha de agosto de 2018 se ha mantenido relativamente estable el número de niños que están en espera de consultas externas o de intervenciones quirúrgicas, a pesar de que ha aumentado el número de niños en espera de pruebas diagnósticas (en un 15,3%). En valores relativos, en cambio, aunque de manera poco significativa, la presencia de niños en las listas de espera ha mejorado en comparación con el resto de población.

Políticas de género e igualdad

El Síndic también ha pedido al Departamento de Enseñanza que elabore un plan que apueste de manera rigurosa para hacer efectiva la coeducación dentro de las aulas. En este sentido, cabe promover la adopción de medidas preventivas en los centros educativos que faciliten la creación de un clima de convivencia positiva en el aula entre chicos y chicas, y que promuevan las intervenciones educativas frente a situaciones de discriminación o de desigualdad. También ha pedido el despliegue de la Ley LGTBI, el uso del lenguaje transversal en las escuelas y la implementación de la educación afectivosexual en el currículum escolar.

Concienciación social y garantía de que los niños son sujetos de derechos

El desarrollo de medidas para promover una mayor conciencia social de que los niños son sujetos de derecho es otro ámbito destacado como prioritario. Uno de los ejemplos expuestos es la falta de reconocimiento suficiente del derecho de huelga de los estudiantes, tema sobre el que el Síndic ha recibido diversas quejas y consultas. El Síndic considera que el derecho a adoptar decisiones colectivas respecto de la asistencia a clase es un derecho que el alumnado tiene reconocido sin restricciones, y su ejercicio no debería estar supeditado a la voluntad de las familias.

Tiempo libre educativo: Ayudas económicas para acceder a las actividades de tiempo libre

Entre las recomendaciones para promover el derecho de acceso al tiempo libre, destaca la de convocar las ayudas para fomentar el acceso del alumnado a las actividades extraescolares en igualdad de oportunidades (art. 50.3 y 202 de la LEC), así como la de promover planes locales de dinamización del tiempo libre educativo, especialmente en municipios con entornos sociales desfavorecidos.

Monográficamente, se analiza la dificultad de determinados centros, especialmente con una alta complejidad, para organizar colonias escolares en las que participe todo el alumnado.

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El Síndic reclama en el Parlamento respuestas concretas a los problemas sociales que protejan a los más vulnerables y combatan la xenofobia

11/03/2019

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Debate en comisión del Informe al Parlamento 2018

Hace una mención especial de los niños extranjeros sin referentes familiares que viven en Cataluña (MENA), y considera los incidentes de Canet de Mar y Castelldefels (los ataques xenófobos y las muestras de rechazo) hechos muy graves, por lo que pide una declaración del Parlamento de Cataluña y un compromiso de las administraciones para combatir la xenofobia

Cabe incidir en revisar problemáticas concretas, como las derivadas de la gestión de la renta garantizada o el alquiler y el bono social, y evitar el efecto dominó, que no sólo acaba repercutiendo en las personas, sino que deriva en la estructuralización de la pobreza

Recuerda que la inestabilidad política también acaba perjudicando con más dureza a las personas vulnerables y pide diálogo y soluciones

Rafael Ribó insta a todas las instituciones catalanas a establecer como retos prioritarios para el futuro la lucha contra la desigualdad social y económica, la consideración de la vivienda como derecho fundamental, y no sólo como objeto económico, y la igualdad de oportunidades en la educación

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha reclamado en comisión parlamentaria a todas las administraciones que adopten las medidas necesarias para proteger a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión. En este sentido, ha hecho una mención especial de los niños extranjeros sin referentes familiares que viven en Cataluña (MENA) y que están sufriendo ataques xenófobos y muestras de rechazo muy graves, como los incidentes de Canet de Mar y Castelldefels. Son casos que el Síndic ya está investigando y sobre los que tiene previsto profundizar en la Comisión de Infancia, que tendrá lugar mañana martes, 12 de marzo.

Las quejas por temas de carácter social se han incrementado en 2018 y representan casi una de cada tres de las recibidas por la institución. La mayoría hacen referencia a los obstáculos recurrentes con qué se encuentran muchas personas para poder acceder a derechos básicos por medio de los mecanismos establecidos por la Administración, como la renta garantizada de ciudadanía o los alquileres sociales y el bono social para la energía. El Síndic considera que es necesario incidir en revisar estas problemáticas concretas y evitar el efecto dominó, que no sólo acaba repercutiendo en las personas, sino que deriva en la estructuralización de la pobreza. Nunca antes el Síndic había recibido tantas quejas en que una misma persona aglutinara tanta cantidad de problemas de índole diversa.

El síndic ha comparecido este lunes, 11 de marzo, frente a la Comisión del Síndic en el Parlamento para presentar y debatir con los grupos políticos el Informe al Parlamento 2018, que hace un mes entregó a la Cámara. Rafael Ribó ha agradecido la buena predisposición y actitud colaboradora de las administraciones durante todo el mandato y ha pedido a todas las instituciones catalanas que establezcan como retos prioritarios para el futuro la lucha contra la desigualdad social y económica, la consideración de la vivienda como derecho fundamental, y no sólo como objeto económico, y la igualdad de oportunidades en la educación.

Como ya le transmitió al presidente del Parlamento, Roger Torrent, al entregarle el Informe, Rafael Ribó ha expresado ante los miembros de la Comisión su preocupación por la inestabilidad política que se ha vivido en Cataluña durante el año 2018, agravada por la introducción de medidas obstaculizadoras e intervencionistas que han dificultado la gobernabilidad. En este sentido, ha alertado de que el principal damnificado siempre acaba siendo el más vulnerable, que es quien más protección de la Administración requiere, y ha pedido diálogo y soluciones.

El Síndic de Greuges de Cataluña ha recibido durante el año 2018 un total de 10.495 quejas procedentes de 14.000 personas, puesto que algunas son colectivas. Es la cifra más elevada después del año 2015. También ha alcanzado 9.987 consultas y ha iniciado 264 actuaciones de oficio. Se han realizado 136 desplazamientos a 106 municipios y, en global, se han tramitado 26.000 expedientes.

Incidentes xenófobos de Canet de Mar y Castelldefels

Tras el ataque sufrido por un centro que acoge menores migrantes en Castelldefels, y frente a las noticias difundidas en relación con la protesta vecinal contra los adolescentes que viven en un centro de Canet, el Síndic manifesta su total rechazo y condena, y exige respeto por los derechos de los menores migrantes, colectivo especialmente vulnerable por su condición de menores de edad y migrantes.

El Síndic realiza un llamamiento a las instituciones catalanas para que reaccionen frente a estos ataques de carácter xenófobo y para que adopten medidas tanto respecto a los hechos como en cuanto a la prevención y pedagogía social ante la gravedad de lo que ha sucedido. En concreto, solicita al Parlamento de Cataluña que se pronuncie en defensa de los derechos de los niños frenta a actitudes intolerantes y xenófobas.

Acceso a la nota de prensa de la presentación del Informe 2018 (febrero 2019)















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