Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic reitera frente a la Junta Electoral Central y al comisario europeo de Derechos Humanos que es preciso conciliar el derecho de sufragio pasivo de los candidatos encarcelados con su situación de privación de libertad

15/12/2017

COMUNICADO

El juez instructor del Tribunal Supremo en la causa especial 20907/2017 ha rechazado, este jueves 14 de diciembre de 2017, la solicitud efectuada por Jordi Sànchez para disfrutar de permisos a fin de participar en actos de campaña electoral y poder conceder entrevistas en el centro penitenciario donde está ingresado, así como conectarse a internet en un horario amplio que le permita intervenir en campaña.

En este contexto, y dentro del más escrupuloso respeto por las decisiones judiciales, el Síndic reitera su comunicado del día 5 de diciembre sobre el derecho de participación política en pie de igualdad, consagrado en el artículo 23 de la Constitución y en el artículo 3 del protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos.

En el marco europeo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce efectivamente que los derechos electorales de las personas privadas de libertad no son absolutos y pueden ser modulados, bajo el principio de proporcionalidad, por la legislación electoral de los estados. La interlocutoria, sin embargo, no realiza ningún tipo de modulación sobre la situación personal y singular del candidato, a quien se deniega todas y cada una de las medidas que propone para participar en la campaña, participación que naturalmente es un elemento integrante del derecho de sufragio pasivo: ni permisos (escoltado, si fuera necesario, por la fuerza pública), ni contactos con los medios de comunicación autorizados por “el ordinario régimen interno del establecimiento penitenciario en que se encuentra ingresado”, ni disponibilidad de Internet “fuera del régimen ordinario de control fijado por el mismo centro”.

El Síndic recuerda, además, que la Ley electoral únicamente limita el derecho de sufragio pasivo en caso de condena penal, aunque la sentencia no sea firme, extremo que no se da en este caso. Sin fundamentación legal para limitar sustancialmente el derecho de sufragio pasivo, resulta impropio que una decisión jurisdiccional restrinja este derecho, así como tampoco se puede pretender restringir derechos establecidos en la Ley o la Constitución sobre la base del Convenio europeo de derechos humanos.

En consecuencia, la negativa, como medida cautelar en un procedimiento penal, a que personas privadas de libertad puedan participar activamente en una campaña electoral en la cual son candidatas destacadas vulnera, según esta institución, su derecho fundamental al sufragio pasivo.

Este comunicado se ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral Central y del comisario europeo de Derechos Humanos.

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El Síndic explica en el Congreso de los Diputados el Informe-síntesis de las actuaciones en torno al 1 de octubre

14/12/2017

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Rafael Ribó considera “inadmisible” que los candidatos a los comicios del 21-D privados de libertad no puedan defender su candidatura en igualdad de condiciones que el resto

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha presentado en el Congreso de los Diputados este miércoles, 13 de diciembre de 2017, el Informe-síntesis de las actuaciones del Síndic de Greuges en torno al 1 de octubre.

En el marco de una reunión de trabajo sobre las conclusiones del informe, el síndic ha explicado el documento al público asistente, integrado por parlamentarios, representantes de organizaciones sociales y especialistas en materias como la defensa de los derechos humanos.

En su intervención, el síndic ha calificado de “inadmisible” y de “conculcación de derechos fundamentales” el hecho de que los candidatos en situación de prisión preventiva no puedan defender su candidatura en igualad de condiciones que el resto. También ha informado que el documento ya ha sido remitido a los organismos europeos pertinentes. 

Además de Ribó, han intervenido en el acto el secretario tercero de la Mesa y diputado de En Comú Podem, Marcelo Expósito, y la profesora de Relaciones Internacionales de la UAM, Itziar Ruiz-Giménez.

 

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El Síndic estudia el replanteamiento del IVA de las subvenciones que reclama Hacienda

11/12/2017

Pretende pedir información sobre la interpretación que se está haciendo de la ley

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación de oficio para averiguar si el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puede estar actuando de manera irregular con referencia a las reclamaciones del IVA de las subvenciones.

Según las informaciones publicadas, la Administración tributaria ha requerido a diversas entidades públicas del sector de la cultura y de la investigación la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de las subvenciones recibidas durante los ejercicios no prescritos. Las reclamaciones se remontan en algún caso al año 2012.

El Síndic quiere pedir información sobre la interpretación que se está haciendo de la Ley del IVA por parte de Hacienda, en tanto que se detectan contradicciones entre la lectura que este organismo realiza antes y después del 9 de noviembre de 2017. En esta fecha se aprobó una modificación de la norma con el fin de aclarar la no sujeción al IVA de las subvenciones a la cultura y para la gestión de servicios públicos.

A pesar de que la modificación introducida por la Ley recientemente aprobada únicamente pretendía aclarar casos de no sujeción -según los medios de comunicación- Hacienda está otorgando un tratamiento diferente a las subvenciones anteriores a la fecha de entrada en vigor de la mencionada modificación.

La investigación del Síndic también planteará los criterios del calendario seguido a la hora de enviar las reclamaciones y analizará si se ha buscado agotar al máximo el tiempo antes de enviar los requerimientos para obtener más ingresos en concepto de intereses.

Por último, también se solicitará información sobre el alcance territorial de esta problemática, dado que algunos medios han publicado que las reclamaciones solo se han llevado a cabo en Cataluña.

 

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El Síndic pide rectificaciones ante la falta de información y el cambio de criterios para obtener las etiquetas medioambientales

07/12/2017

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Coincidiendo con la entrada en vigor de las medidas de restricción de circulación, la DGT ha comercializado los distintivos que hasta ahora enviaba gratuitamente

El Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio para aclarar los cambios de criterios en la distribución de las etiquetas medioambientales para vehículos menos contaminantes. En opinión del Síndico, la actuación de la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha caracterizado por la falta de transparencia y un aparente afán recaudador.

Por este motivo, el Síndic ha trasladado el caso al Defensor del Pueblo, que tiene competencia para supervisar el organismo, dependiente del Ministerio del Interior. En su escrito, Rafael Ribó ha pedido información concreta sobre el motivo por el que actualmente aún no se han enviado todas las etiquetas medioambientales a los titulares de los vehículos que son beneficiarios de este distintivo. También ha preguntado por qué razón las etiquetas han pasado a comercializarse por medio de Correos a un precio de cinco euros cuando hasta ahora la DGT las había estado enviando de forma gratuita al domicilio de los interesados.

La problemática ha surgido delante la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2017, de las medidas de restricción de circulación. En concreto, estas medidas prevén que en situación de episodio de contaminación ambiental los turismos que no dispongan de la etiqueta ambiental de la DGT (Cero, Eco, C y B) no podrán circular a la zona de bajas emisiones, que es una área de 95 km2 que incluye todo el municipio de Barcelona (excepto Zona Franca-polígono industrial y el barrio de Vallvidrera, Tibidabo y les Planes), y también diversos ámbitos de los municipios vecinos limítrofes con las rondas.

Esta situación conlleva un agravio comparativo entre los titulares de los vehículos que sí que han recibido la etiqueta a su domicilio y de otros que se deben desplazar y pagar una etiqueta que hasta ahora se había distribuido gratuitamente, y además sin dar explicaciones sobre la cuestión.

Es necesario tener presente que el uso de este distintivo es recomendable, pero no es obligatorio. Sin embargo, dado que facilita la rápida identificación de los vehículos menos contaminantes, se recomienda que se adhiera en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero o en cualquier lugar visible del vehículo. 

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El Síndic reclama garantizar el derecho de participación en el 21-D a los candidatos en prisión preventiva

05/12/2017

Comunicado

El  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en al caso Piermont contra Francia, constata que las elecciones libres y la libertad de expresión, especialmente la libertad del debate político, son el fundamento de todo régimen democrático

La cualificación de los hechos por el Ministerio Fiscal como sedición o rebelión y las medidas provisionales no parecen cumplir el principio de proporcionalidad

Ante la interlocutoria de 4 de diciembre del juez instructor del Tribunal Supremo sobre la situación personal de las personas investigadas en la causa especial 20907/2017, en que se dispone mantener la medida cautelar de prisión provisional sin fianza a los señores Cuixart, Forn, Junqueras y Sànchez, el Síndic manifiesta, dentro del más escrupuloso respeto por las decisiones judiciales, lo siguiente:

1. El derecho de participación política, consagrado en el artículo 23 de la Constitución y en el artículo 3 del protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), requiere que las personas candidatas a unos comicios democráticos puedan participar en la campaña en plenas condiciones de igualdad con el resto de candidatos. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como constató el TEDH en el caso Piermont contra Francia[1] −no citado en la causa especial en que sí aparecen citadas otras sentencias del TEDH que tienen poca relación con los hechos que se pretenden juzgar−, el contenido del artículo 3 del Protocolo adicional núm. 1 pretende garantizar el libre acceso de todos los grupos de opinión a la actividad política, para reforzar el pluralismo, la tolerancia y el sentido de apertura que exige una sociedad democrática. En este sentido, las elecciones libres y la libertad de expresión, especialmente la libertad del debate político, constituyen el fundamento de todo régimen democrático. Ambos derechos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. En consecuencia, “la libertad de expresión es una de las condiciones que garantizan la libre expresión de la opinión de un pueblo sobre la elección del cuerpo legislativo”.

Por todo ello, es particularmente importante, en períodos electorales, permitir que las opiniones y las informaciones de todo tipo circulen libremente. De esta forma, sobre todo en períodos electorales, se debe considerar el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 10 del CEDH de conformidad con el derecho a celebrar elecciones libres, protegido por el artículo 3 del Protocolo adicional núm. 1[2]. El hecho de que tres candidatos, incluyendo un cabeza de lista y un número dos, de dos formaciones diferentes estén en situación de prisión provisional durante la campaña que comienza supone objetivamente una distorsión de estos comicios y, por tanto, de sus resultados. El Síndic ya denunció en un informe emitido en el mes de abril una preocupante tendencia a judicializar la vida política. En la situación actual, la campaña electoral también queda judicializada.

2. En el transcurso de la incipiente investigación de los hechos que se imputan a todas las personas investigadas, incluidas las que han permanecido bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la instrucción han formulado aseveraciones que se podrían interpretar como una criminalización de la libertad de expresión y de manifestación, que son derechos de participación política imprescindible en un estado democrático. Esto sucede cuando el juez instructor engloba dentro del delito de rebelión, que incluye la violencia como elemento típico, las manifestaciones del 11 de septiembre celebradas pacíficamente en los últimos años o, de manera igualmente preocupante, alusiones a eventuales y futuras movilizaciones populares, que en ningún caso se puede presumir que deban resultar violentas. O, en otro contexto, algunas decisiones recientes de las juntas electorales central y provinciales de Barcelona y Tarragona sobre el uso del color amarillo por parte de particulares e instituciones.

3. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ponen de manifiesto que los artículos 25.2 y 9.3 de la Constitución obligan a garantizar un principio de proporcionalidad de las penas que no parece que se esté respetando en este caso. La cualificación de los hechos por el Ministerio Fiscal como sedición o rebelión, asumida por los instructores del caso, y también las medidas provisionales adoptadas en su día y que se mantienen hoy para algunos de los investigados, no parece que cumplan dicho principio.

En consecuencia, el Síndic considera que el respeto por la Constitución española no se puede circunscribir a preceptos aislados y fuera de contexto, sino que debe incluir toda su dimensión de garantía de derechos fundamentales y libertades públicas y de reconocimiento del autogobierno (artículo 2 y Título VIII), que han quedado en entredicho con la aplicación del artículo 155, tal como el Síndic ya manifestó el pasado 2 de noviembre.


[1]
Piermont contra Francia, de 27 de abril de 1995 (“conditions quien assurent la libre expression del opinion du peuble sur le choix du corps législatif”).

[2] Gitona y otros contra Grecia, 1 de julio de 1997.

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