Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic celebra la aprobación de la resolución sobre los ombudsman de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

10/10/2019

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Con motivo del Día Mundial del Ombudsman, el Síndic ha compartido el contenido de la resolución del CoE con defensorías europeas, locales y universitarias

La resolución aprobada recomienda a los estados miembros que adopten las medidas oportunas para preservar las instituciones de ombudsman

La resolución refuerza los Principios de Venecia, que se aprobaron en el mes de marzo de 2019, y han de servir para blindar y consolidar las instituciones de ombudsman como garantes de la democracia

Coincidiendo con el Día Mundial del Ombudsman, el Síndic de Greuges de Cataluña ha hecho difusión entre las diversas redes de defensores (en Europa y en Cataluña) de la resolución que ha aprobado recientemente la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

De este modo, el Síndic alienta a los ombudsman de toda Europa a continuar desempeñando su labor de defensa de derechos y ha realizar un seguimiento de las medidas que emprendan los respectivos gobiernos para implementar los principios citados.

El Síndic destaca que la resolución aprobada recomienda a los estados miembros que tomen las medidas oportunas para preservar la independencia de las instituciones de ombudsman y sugiere que el Comité de Ministros del Consejo de Europa establezca un mecanismo para supervisar su implementación.

Los Principios de Venecia es un documento aprobado en el mes de marzo de 2019 por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que el Síndic de Greuges ha trasladado al Parlamento de Cataluña y a diversas defensorías, puesto que se ha elaborado con el objetivo de ser un referente internacional en lo que respecta a las directrices que los estados deben seguir para proteger a las instituciones de ombudsman. En los últimos años algunas de estas instituciones han sufrido diversas amenazas, e incluso han visto peligrar su propia existencia.

Elaborados a partir de la amplia gama de modelos de ombudsman que existen en el mundo, los 25 principios incluyen las situaciones y los elementos principales relacionados con los ombudsman, desde la elección, cese o los mandatos hasta las garantías financieras y recursos necesarios para su correcto funcionamiento e independencia de las instituciones del defensor del pueblo. Su objetivo es consolidar y potenciar a los ombudsman, que tienen un papel crucial en el reforzamiento de la democracia, el estado de derecho, el buen gobierno, y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los Principios de Venecia son el resultado de amplias consultas con los principales organismos internacionales de referencia en este campo. El Comité Directivo del Consejo de Europa para los Derechos Humanos ha jugado un papel relevante en el proceso. Entre las asociaciones de defensores y las organizaciones internacionales que han participado en el desarrollo de este texto está el Instituto Internacional del Ombudsman, una asociación global de defensores de las administraciones públicas de más de 100 países y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

En nombre del Instituto Internacional del Ombudsman, como presidente europeo, el síndic de greuges de Cataluña lideró la consulta que se efectuó a todos los defensores de Europa sobre el documento recientemente aprobado, y también participó en los debates y trabajos previos a su aprobación.

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El Síndic pide al Defensor del Pueblo que intervenga para desbloquear el colapso de la Oficina de Extranjería de Girona

09/10/2019

foto (c) Street View

La situación afecta a los trámites de autorizaciones de residencia por arraigo y a los de solicitud de asilo y se traduce en la imposibilidad de obtener cita previa o que esta se demore hasta el mes de abril de 2020

Anima a las personas afectadas a que planteen su caso al Síndic

El Síndic de Greuges de Cataluña ha pedido al Defensor del Pueblo español que intervenga para mejorar los mecanismos de asignación de cita previa ante el colapso existente en la Oficina de Extranjería de Girona. Concretamente, esta situación afecta a los trámites de autorizaciones de residencia por arraigo y a los de solicitud de asilo.

El Síndic, quien ha tenido conocimiento de la situación través de los medios de comunicación, anima a las personas afectadas a que presenten su queja en la institución por medio del formulario web o llamando al teléfono 900 124 124. Según ha sabido por la prensa, el problema radica en que los intentos de formalizar las solicitudes de cita previa desde la sede electrónica o bien generan una respuesta que indica que no hay citas disponibles (en el caso de las autorizaciones de residencia por arraigo) o bien las primeras citas disponibles se están ofreciendo para el mes de abril de 2020, en el caso de las peticiones de asilo.

El Síndic argumenta que la situación es insostenible puesto que repercute en ciudadanos extranjeros que deben adjuntar documentos con una validez condicionada a una fecha de caducidad. Esto se traduce en la posibilidad de que estas personas sean objeto de un procedimiento de expulsión si no acreditan que disponen de cita para regularizarse.

De la misma manera, en cuanto a la dilación excesiva de los plazos de asignación de citas para formalizar las solicitudes de protección internacional se debe considerar, en opinión del Síndic, que conlleva una lesión de derechos de las personas solicitantes. La presentación de la solicitud reconoce el derecho a la asistencia de los servicios sociales y de acogida para satisfacer necesidades básicas. De la misma manera, este retraso impide dar cumplimiento a la previsión que recoge la ley reguladora del derecho de asilo, que establece que la solicitud se debe presentar sin más retrasos y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en territorio español.

Las mejoras técnicas y organizativas son una petición recurrente del Síndic, quien en el año 2015 ya trasladó al Defensor estatal una problemática similar que afectaba a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona. En aquel caso, la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería dio a conocer las numerosas quejas recibidas de sus asociados por la imposibilidad de conseguir las citas previas necesarias para llevar a cabo diferentes trámites tanto en la Oficina de Extranjeros en Barcelona como en la Comisaría Nacional de Policía de Rambla de Guipúzcoa, 74. Esta situación se produjo por un bloqueo informático de la aplicación de cita previa y la Subdelegación del Gobierno en Barcelona no habilitó ningún canal alternativo para dar respuesta a dicha situación.

El Defensor del Pueblo, a quien se trasladó esta cuestión, fue informado de todas las medidas que, según la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, se implementaron para resolver esta problemática. Medidas que, dado el nuevo colapso, han resultado insuficientes.

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El Síndic propone un sistema fiscal municipal que garantice el derecho a una fiscalidad justa y comprometida con el medio ambiente

04/10/2019

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Informe sobre la fiscalidad municipal en Cataluña

Es necesario revisar, mejorar o reformar el sistema de financiación de las haciendas locales en coherencia con los principios de autonomía local y suficiencia financiera

El Síndic pide a las administraciones que a la hora de imponer y exigir tributos tengan en consideración la carga tributaria que soportan las personas en el conjunto de todo el sistema fiscal a fin de reducir la presión fiscal

En cuanto a la plusvalía, declarada inconstitucional, es necesaria y urgente una modificación legislativa que incorpore el pronunciamiento de la sentencia y adapte el impuesto, de manera que se restablezca la seguridad jurídica

En la configuración del IBI cabría incluir criterios de capacidad económica a fin de adaptar la carga tributaria de modo que se protegieran las economías familiares más desfavorecidas y la vivienda habitual

En todos los casos, con independencia de la capacidad o incapacidad de asumir el pago de las tasas correspondientes, el Síndic reclama que todas las personas tengan garantizado el acceso a los bienes y servicios públicos de carácter básico

El Síndic de Greuges de Cataluña ha instado tantola Administración estatal como a los ayuntamientos, de acuerdo con sus competencias respectivas, a configurar un sistema fiscal municipal que garantice el derecho a una fiscalidad justa. Con este fin, el Síndic ha considerado que el sistema fiscal debe ser solidario; basado en la contribución de acuerdo con el principio de capacidad económica; progresivo; redistributivo; igualitario y equitativo; no confiscatorio; suficiente y eficiente; participativo, accesible y transparente; basado en la cooperación, el fomento del cumplimiento y con vocación de servicio; seguro jurídicamente; no arbitrario y ambiental.

Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del Informe sobre la fiscalidad municipal en Cataluña, que el Síndic de Greuges ha entregado este viernes 4 de octubre de 2019 en el Parlamento de Cataluña. El informe se circunscribe al sistema fiscal local, desde la vertiente del ingreso, y tiene como objetivo analizar la diversa problemática entorno de la tributación local, puesta de manifiesto por medio de las quejas presentadas en el Síndic de Greuges por las personas contribuyentes, con el fin de  proteger y defender sus derechos y contribuir a la consecución de una fiscalidad más justa.

En líneas generales, el Síndic pide a las administraciones que a la hora de imponer y exigir tributos tengan en consideración la carga tributaria que soportan las personas en el conjunto de todo el sistema fiscal, a fin de reducir la presión fiscal.

Del total de las 2.656 quejas presentadas en el Síndic en materia de tributos entre los años 2011 y 2018, 1.530 corresponden a impuestos; 950, a tasas, y 176, a contribuciones especiales.

El impuesto local que ha sido objeto de más quejas ha sido el impuesto sobre bienes inmuebles, con 752 quejas, seguido del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, con 338 quejas. El impuesto de vehículos de tracción mecánica ha generado 229.

En relación a las tasas, son mayoritarias las quejas presentadas por razón de la prestación de servicios y actividades administrativas.

En cuanto a las competencias y a los recursos, el Informe concluye que es preciso revisar, mejorar o reformar el sistema de financiación de las haciendas locales. También es necesario dotar a las corporaciones locales de más capacidad para generar ingresos, de una potestad tributaria coherente con los principios de autonomía y suficiencia financiera, y de más herramientas de política fiscal para poder tomar decisiones fiscales en el ámbito municipal.

Es necesario que el Estado modifique la normativa sobre la plusvalía

En cuanto a casos concretos, el Síndic recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, o plusvalía. La mencionada sentencia consideró que este tributo presupone que, por el solo hecho de haber sido titular del bien durante un período de tiempo, existe un incremento de valor sometido a tributación, que se cuantifica de forma automática por aplicación de las reglas de determinación de la base imponible. No obstante, dice la sentencia, cuando no ha existido este incremento, la riqueza grabada es inexistente o ficticia, hecho que contradice el principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE.

Las administraciones locales se encuentran que tienen que continuar gestionando el impuesto y tienen que actuar ante un gran número de reclamaciones, cuando aún no se dispone de la necesaria y urgente modificación normativa, que debe llevar a cabo el Gobierno del Estado, a fin de restablecer la seguridad jurídica, hecho que genera una amplia casuística en la manera cómo las administraciones resuelven las reclamaciones. Esta situación de incertidumbre e inseguridad se ha puesto de manifiesto, sobre todo, en las quejas recibidas relativas a solicitudes de devoluciones de lo ya pagado.

El Síndic considera que se vulneran los derechos de las personas cuando deben pagar un impuesto que ha sido declarado inconstitucional, y cuando se les aboca a un proceso judicial para la resolución del conflicto. Es necesaria y urgente la modificación legislativa que incorpore el pronunciamiento de la sentencia y adapte el impuesto, de manera que se restablezca la seguridad jurídica.

Modificaciones en los criterios de la configuración del IBI

El IBI representa el impuesto municipal más importante desde la perspectiva recaudatoria, y es un gran instrumento de política fiscal por el margen de regulación de los tipos de gravamen y la concreción de las bonificaciones potestativas.

El Síndic considera que cabría incluir criterios de capacidad económica en la configuración de este impuesto para que la carga tributaria se adaptara de manera que se protegieren a las economías familiares más desfavorecidas y la vivienda habitual; aplicar un tipo de gravamen progresivo para otorgar progresividad y más capacidad redistributiva al sistema fiscal municipal; aplicar un tipo impositivo diferenciado en función de los usos, para hacer tributar a la riqueza, y regular las bonificaciones y los recargos como instrumentos de políticas públicas en materia de vivienda, de protección y apoyo a la familia y de sostenibilidad ambiental.

Medidas de protección a las personas

El Síndic considera que los municipios, en ejercicio de sus competencias, tienen que regular beneficios fiscales como medidas de apoyo a las personas y a los colectivos más necesidades, para hacer efectivos los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, y para garantizar la igualdad de oportunidades. En todos los casos, con independencia de la capacidad o incapacidad de asumir el pago de las tasas correspondientes, el Síndic reclama que todas las personas tengan garantizado el acceso a los bienes y servicios públicos de carácter básico.

Por otra parte, las administraciones deben garantizar que estas medidas sean reales y efectivas, y que no se conviertan en beneficios formales, de aplicación material difícil o imposible.

Medidas para facilitar una segunda oportunidad a los deudores tributarios y garantizar una vida digna

También considera que es preciso adoptar medidas de protección de los deudores tributarios que les permitan una segunda oportunidad. Por este motivo, ha recomendado que se adopten las medidas legislativas oportunas que permitan exonerar o condonar deuda tributaria, negociar quitas, otorgar moratorias o cualquier otro mecanismo de segunda oportunidad que les permita superar las deudas con la Administración tributaria.

Así mismo, ha sugerido que se adopten las medidas legislativas pertinentes para fijar unos límites de inembargabilidad, universales y generales, que garanticen la subsistencia digna de los contribuyentes y las personas a su cargo.

Impuestos sobre tracción mecánica desde la perspectiva ambiental

Por último, según el Informe, cabría incrementar la presencia de la fiscalidad ambiental en el IVTM, como instrumento para la protección del medio ambiente, e introducir políticas medioambientales dirigidas a reducir la contaminación y a fomentar un transporte más sostenible.

Acompañamiento de las administraciones a la ciudadanía y códigos de buenas prácticas

Dada la coercitividad del sistema tributario, es fundamental la observancia y el cumplimiento de las normas y los principios que lo regulan, así como las buenas prácticas administrativas para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de manera eficiente, eficaz y de la manera que les resulte menos perjudicial.

En primer lugar, es esencial que la Administración otorgue una información y asistencia adecuada a la ciudadanía, amplia, clara, comprensible, coherente con su nivel de conocimiento, accesible y transparente; en definitiva, suficiente. Es imprescindible para garantizar un sistema tributario justo que genere confianza y garantice la seguridad jurídica de las personas contribuyentes. Así mismo, la Administración tiene que actuar de manera proactiva y anticiparse para evitar situaciones conflictivas.

El informe también insiste en que es necesario aprobar códigos de buenas prácticas administrativas que rijan la actuación de la Administración, tanto en la ordenación y aplicación de los tributos como en las relaciones con las personas contribuyentes, para hacer plenamente efectivo el ejercicio de los derechos y garantizar un sistema fiscal justo.

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El Síndic entra a formar parte de la asociación mundial de comisarios de acceso a la información (ICIC)

03/10/2019

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La afiliación al ICIC representa una oportunidad para conectarse con otras autoridades de todo el mundo con el propósito de identificar tendencias, buenas prácticas y prioridades estratégicas.

El secretariado de la Conferencia Internacional de Comisarios de acceso a la información (ICIC) ha dado su aprobación a la solicitud presentada por el Síndic de Greuges de Cataluña para entrar a formar parte de esta asociación.

El Síndic supervisa la actividad de las administraciones públicas y vela por el cumplimiento de las obligaciones y los derechos establecidos en la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Síndic, quien ostenta la competencia de evaluar el citado cumplimiento, desde el año 2016 elabora un informe anual detallado con los datos objetivos individualizados y recomendaciones.

Como nuevo miembro del ICIC, el Síndic tendrá acceso a la sesión cerrada de la conferencia anual,  participar plenamente en el funcionamiento de la red, que incluye votar resoluciones, convertirse en miembro elegido del Comité Ejecutivo y participar en grupos de trabajo.

El ICIC, cuyo obetivo es proteger y promover los derechos de transparencia y acceso a la información en todo el mundo, organizó la primera conferencia en el año en Berlín.

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Nuevo retraso del Tribunal Constitucional en la resolución de recursos de amparo en casos de prisión provisional

02/10/2019

La inminente sentencia del Tribunal Supremo en la causa especial 20907/2017 obliga al Síndic a advertir de la posible vulneración de derechos en consideración de la intervención de otras altas instancias jurisdiccionales.

1. El Tribunal Constitucional (TC) tiene pendiente de sentencia, desde hace más de un año, la resolución de varios recursos de amparo en los que las personas que recurren están privadas de libertad en aplicación de unas medidas cautelares de prisión provisional sin fianza que consideran no ajustadas a la Constitución y vulneradoras de su derecho a la libertad personal. Las medidas cautelares que recurrieron fueron dictadas a finales del año 2017 y principios de 2018.

Estos retrasos se añaden a los de otros recursos de amparo pendientes desde hace años y que podrían ser relevantes para la sentencia del Tribunal Supremo, como el del asedio al Parlamento de Cataluña de 2011.

El Síndic pone de manifiesto que el retraso en dictar estas sentencias, lo que difícilmente se producirá antes de la sentencia del Tribunal Supremo, hace perder a la futura sentencia estimatoria del TC toda eficacia práctica respecto de los derechos a la libertad de las personas recurrentes, ocasionándoles unos perjuicios imposibles de reparar, y, de hecho, en la práctica equivale a una verdadera denegación de justicia. Es más, el retraso del TC en pronunciarse puede conllevar que las resoluciones futuras sobre la prisiones provisionales de jurisdicciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también pierdan gran parte de su eficacia práctica respecto de los derechos de libertad de las personas recurrentes.

El retraso no puede justificarse, como ha pretendido alguna providencia del TC, en "la complejidad y relevancia del recurso de amparo" sobre todo si nos atenemos a que el TC ha dictado decenas de sentencias en las que ha acotado con precisión el contenido y el alcance del derecho a la libertad en relación con la medida cautelar de prisión provisional y ha establecido una doctrina consolidada al respecto. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las sentencias de amparo dictadas el último año lo fueron antes de que se cumplieran los doce meses desde la presentación de los recursos en el registro general del TC, por lo que hay que considerar que esta demora en resolver va más allá de los tempos habituales del Tribunal.

2. Por otra parte, atendiendo a la condición de diputado electo en el Parlamento Europeo de Oriol Junqueras, el Tribunal Supremo formuló una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en relación con la concesión de un permiso penitenciario extraordinario de salida de prisión para formalizar los trámites para adquirir la condición plena de eurodiputado.

Aunque formalmente las preguntas objeto de la cuestión prejudicial se circunscriben a la concesión o no de este permiso penitenciario, el fondo de la cuestión es que si la obtiene y Junqueras pasa a ser diputado de pleno derecho del Parlamento Europeo, disfrutará de inmunidad parlamentaria y solo podrá ser juzgado previa concesión de un suplicatorio por parte de la eurocámara.

En este contexto, pues, y para salvaguardar los derechos procesales y la potencial inmunidad parlamentaria de Junqueras, el TS debería abstenerse de pronunciar la sentencia sobre la causa 20907/2017, al menos en cuanto a Junqueras, hasta que el TJUE haya fallado sobre la cuestión prejudicial.

Este comunicado se pone en conocimiento de la Comisaria Europea de Eerechos Humanos y de otras instituciones del Consejo de Europa para su conocimiento y consideración.

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