Actualidad: noticias y notas de prensa

Comunicado sobre el primer aniversario de los atentados del 17-A

16/08/2018

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El Síndic de Greuges de Cataluña, con motivo del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils de hace un año (17 y 18 de agosto de 2018) desea manifestar su solidaridad con las víctimas y sus familias.

En la línea del informe Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña, entregado al Parlamento en noviembre de 2017 y en parte tratado en la Comisión parlamentaria de Investigación de los Atentados el día 24 de julio de este año, el Síndic reitera sus recomendaciones sobre aquellos acontecimientos en el sentido que son necesarias políticas de auténtica reparación para las víctimas y para la sociedad en general, tanto por lo que se refiere a medidas concretas y efectivas como explicaciones transparentes y profundas de lo que sucedió. En este sentido, queda aún mucho trabajo por hacer.

Por todo ello, el Síndic de Greuges manifiesta y reitera lo siguiente:

1. En cuanto a las víctimas, desde el primer momento la sociedad se movilizó apoyándolas de forma muy inmediata y positiva. No obstante, quedan aún aspectos muy precisos de apoyo a las víctimas que hay que desarrollar, como por ejemplo:

  • Prolongar más allá de un año el plazo para poder solicitar formalmente el reconocimiento como víctima del terrorismo.
  • Realizar un acompañamiento a las víctimas y facilitarles todos los trámites para el reconocimiento de su estatus de víctima.
  • Velar para que todas las víctimas tengan acceso a asistencia psicológica y reconocer la condición de víctima de las personas que sufren secuelas psicológicas como consecuencia del atentado.
  • Establecer un punto de atención y apoyo a las víctimas.
  • Verificar y actualizar el registro oficial de víctimas de los atentados del 17 y 18 de agosto.
  • Dar apoyo jurídico a las víctimas que quieran constituirse en acusación particular en el sumario de los atentados.

2. Sigue sin existir una explicación oficial, en sede gubernamental o parlamentaria, sobre los atentados. Más allá de los primeros trabajos de la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Cataluña, la ciudadanía no ha tenido información institucional sobre los atentados. Los poderes públicos, cada uno desde su nivel de responsabilidad, y sobre todo el gobierno del Estado y las Cortes Generales, deberían haber abordado el tema públicamente con celeridad y transparencia institucional.

3. Con independencia del curso de la investigación judicial, los gobiernos de Cataluña y del Estado tendrían que dar cuenta de lo que falló en la prevención de los ataques terroristas, incluyendo si hubo falta de coordinación entre cuerpos policiales o si la exclusión del cuerpo de Mossos d'Esquadra de órganos estatales (CITCO) e internacionales (Interpol y Europol) tuvo un impacto negativo a la hora de detectar los preparativos del atentado y prevenirlo.

Así mismo, resulta preocupante que, un año después de los atentados, aún no se haya materializado ninguna propuesta de participación del cuerpo de Mossos d'Esquadra en los organismos internacionales de coordinación antiterrorista, en aplicación de los acuerdos de la Junta de Seguridad de Cataluña de hace un año. Por otra parte, tampoco se han dilucidado responsabilidades políticas por haber bloqueado durante siete años las reuniones de la Junta de Seguridad.

4. Los programas de prevención de la radicalización extremista, sobre todo en el ámbito escolar (Proderai–comunidad educativa, ahora Proderae) contienen más elementos de detección e intervención en situaciones ya radicalizadas que medidas para evitar que se llegue a producir la radicalización. En opinión del Síndic, la prevención pasa por luchar decididamente contra la desigualdad y el racismo y garantizar la igualdad de oportunidades. Es necesario tomar también medidas inmediatas contra la segregación escolar y educar en valores.

5. El levantamiento parcial del secreto de sumario permite confirmar la existencia de vínculos entre el cerebro de los atentados, Abdelbaki Es Satty, y algunos aparatos de seguridad del Estado (CNI y Guardia Civil). No obstante, es preocupante que circulen diferentes versiones sobre este tema y que aún nadie, desde las responsabilidades del Estado, haya dado explicaciones claras, transparentes y convincentes sobre dicha relación y su incidencia en la detección de la célula terrorista.

6. Cabe destacar que la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra fue el cuerpo policial que actuó en primer lugar ante los atentados y que lo hizo con rapidez y profesionalidad. A pesar de que la operación policial posatentado no está exenta de críticas, se puede afirmar que este cuerpo policial salvó vidas y que estuvo al nivel de otras policías europeas. Resulta insólito, sin embargo, que este cuerpo, de profesionalidad contrastada, sea acusado de organización criminal por la jueza que instruye la causa contra los altos cargos del Departamento de Interior en la Audiencia Nacional.

 

Barcelona, 16 de agosto de 2018

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El Síndic recomienda al Estado español que ratifique el Protocolo 16 de la Convención europea de derechos humanos

14/08/2018

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Se ha dirigido por carta recientemente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le ha solicitado que se involucre en el proyecto europeo

El protocolo, ratificado por una decena de estados europeos, entre ellos Francia, conlleva una ampliación de las facultades consultivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Síndic de Greuges de Cataluña se ha dirigido por carta recientemente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en relación con el hecho de que España no haya ratificado el Protocolo número 16 de la Convención europea de derechos humanos, en vigor desde el 1 de agosto de 2018. El síndic, Rafael Ribó, y el adjunto general, Jaume Saura, han explicado en rueda de prensa este martes 14 de agosto la recomendación que le han hecho al presidente español de rectificar esta situación. También han expuesto las implicaciones negativas de no suscribir el Protocolo.

El protocolo, ratificado por una decena de estados europeos, entre ellos Francia, conlleva una ampliación de las facultades consultivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, permite que los más altos tribunales estatales puedan solicitar a dicho Tribunal, con sede en Estrasburgo, opiniones consultivas y el asesoramiento oportuno antes de pronunciarse sobre un tema en concreto que pueda dar pie a interpretaciones conflictivas con el Convenio europeo de derechos humanos.

El objetivo principal es evitar que los organismos judiciales de los estados miembros del Consejo de Europa, en este caso España, emitan resoluciones que supongan una vulneración del tratado europeo de referencia en materia de derechos humanos. Y, en definitiva, podría evitar sentencias del Tribunal de Estrasburgo como la de la Doctrina Parot o la de las devoluciones en caliente de personas migrantes, de plena actualidad, que no favorecen ni la buena salud ni la imagen del estado de derecho, y que finalmente tienen un elevado coste económico en indemnizaciones.

El Gobierno español había ratificado hasta ahora todos los protocolos facultativos del Convenio europeo de derechos humanos, con lo cual ponía de manifiesto su compromiso con las garantías internacionales de protección de derechos humanos. La ratificación del Protocolo 16 reforzaría este compromiso y dotaría las más altas instancias judiciales de un valioso instrumento para asegurar que sus sentencias son conformes a los estándares europeos.

En un momento en el que la mirada de Europa está pendiente de los tribunales españoles, que en los próximos meses tienen que emitir pronunciamientos muy controvertidos, es especialmente significativo, según el Síndic, que el Estado español se involucre en el proyecto europeo fundamentado en el principio del respeto de los derechos y las libertades con la ratificación de este protocolo.

El abril de 2017, el Síndic presentó un informe en el que denunciaba la progresiva regresión de derechos en el reino de España. Una situación de deterioro democrático evidenciada a partir de la aprobación de leyes restrictivas con la libertad de expresión y de un abuso del derecho penal en casos de índole política. El informe también destacaba la aparente falta de separación de poderes.

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El Síndic investiga la presunta pasividad de la Administración en la preservación de la posidonia

10/08/2018

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Se trata de una especie protegida dada la importancia de estos hábitats para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad

Existen praderas de posidonia que se encuentran en espacios naturales protegidos, y que a pesar de ello se ven amenazadas

El Síndic ha solicitado información a la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat para saber el estado de las praderas de posidonia en Cataluña. Ante la presunta falta de actuación de las administraciones competentes para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de la posidonia de la que ha tenido conocimiento el Síndic, se ha abierto una actuación de oficio.

La posidonia es una fanerógama marina endémica del mar Mediterráneo, que forma praderas que se distribuyen desde la superficie hasta más de 40 metros de profundidad. Tiene un papel clave en toda una serie de procesos geomorfológicos y ecológicos, como el reciclaje de nutrientes, la mejora de la estabilidad de los sedimentos, el suministro de alimento para la fauna herbívora y, sobre todo, por el hecho de ser un hábitat protector y de cría para muchas especies.

El fondeo de embarcaciones daña las praderas de posidonia, que es una especie protegida dada la importancia de estos hábitats para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Existen praderas de posidonia que se encuentran en espacios naturales protegidos. Es el caso, por ejemplo, del macizo de Cadiretes y de las praderas que se encuentran en campos de fondeo situados frente a los municipios de Sant Feliu de Guíxols y Santa Cristina d'Aro y Tossa de Mar. También existe la reserva marina de la Masia Blanca (el Vendrell) o las praderas de posidonia de la costa del Maresme, incluidos en la Xarxa Natura 2000.

El Síndic también ha solicitado información sobre cuál es el órgano de la administración de la Generalitat que tiene las funciones de garantizar la protección especial de la posidonia y, en concreto, de inspeccionar y - si procede - sancionar los incumplimientos de la normativa vigente, especialmente en cuanto al fondeo de embarcaciones de recreo.

 

 

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El Síndic reclama una actuación contundente de la Administración ante las prácticas abusivas de las compañías aéreas

08/08/2018

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Las incidencias en el aeropuerto del Prat incluyen retrasos y cancelaciones de vuelos, falta de información y largas colas para hacer reclamaciones

Se ha dirigido a la Agencia Catalana del Consumo y a la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña

A raíz del eco mediático y de las quejas recibidas con referencia a los retrasos y las cancelaciones de vuelos que estos días se están repitiendo en el aeropuerto del Prat, el Síndic ha decidido actuar de oficio y analizar el papel de la Administración ante una actuación aparentemente abusiva. Su objetivo es proteger los derechos de los pasajeros y asegurar que las malas praxis de las compañías aéreas reciban una respuesta contundente por parte de las administraciones competentes.

Por este motivo, se ha dirigido a la Agencia Catalana del Consumo, a la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña (para que actúe de puente con el Ministerio de Fomento) y a la compañía Vueling, que tiene su sede en Cataluña y que, junto con Ryanair, es la que más incidencias está ocasionando.

La Agencia Catalana del Consumo tiene la función de orientar, informar y asesorar a los consumidores y a los usuarios sobre sus derechos y la forma de ejercerlos. También es el organismo responsable de las tareas de inspección y sanción en el ámbito del consumo. Por último, tiene la función de impulsar la protección legal efectiva de los consumidores y los usuarios, iniciando las acciones judiciales pertinentes y compareciendo en las que se refieren a asuntos que merecen una atención especial por razón de la transcendencia de los derechos que hay que proteger o de la alarma social que generan.

Así mismo, el Ministerio de Fomento (mediante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) tiene, entre otras, la competencia de velar por el cumplimiento de las normas relativas a la protección del usuario del transporte aéreo. Especialmente, de velar por el cumplimiento del Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de vuelos.

El Síndic destaca que, según las noticias publicadas, a las cancelaciones de vuelos, los retrasos y los cambios de horarios debe añadirse la falta de información a los viajeros, las largas colas para presentar una reclamación o la falta de respuesta a las solicitudes de compensación o de devolución del importe del billete abonado. También se registran incidencias relativas a la falta de garantía del derecho de asistencia a los pasajeros (comida, bebida, hotel, etc.).

El Código de consumo de Cataluña (Ley 22/2010, de 20 de julio) considera que los transportes son un servicio básico, es decir, un servicio de carácter esencial y necesario para la vida cotidiana o que tiene un uso generalizado entre las personas consumidoras. El artículo 78 del Estatuto de autonomía de Cataluña da atribuciones al Síndic para actuar en el ámbito de empresas privadas que prestan servicios universales o de interés general.

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El Síndic reclama nuevamente al Defensor del Pueblo que intervenga para facilitar el proceso para acceder al bono social

06/08/2018

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En enero de 2018 le envió un documento con 14 propuestas que pueden simplificar el periplo con el que se encuentran los consumidores

El Síndic de Greuges de Cataluña ha reclamado de nuevo al Defensor del Pueblo español que intervenga ante la Administración del Estado para que esta adopte las medidas necesarias para simplificar los pasos y condicionantes relacionados con la solicitud del bono social de energía eléctrica, tanto por lo que se refiere a la normativa como al procedimiento de tramitación.

Desde enero de 2018, cuando le envió un documento con 14 propuestas de actuación, se ha evidenciado que los obstáculos denunciados se mantienen y que la complejidad del procedimiento es un freno para que las personas vulnerables se acojan al bono social, y de hecho muy poca gente lo está haciendo.

Aplicar el bono social de forma directa a todas las personas que viven en viviendas sociales, incorporar las familias monoparentales y las unidades de convivencia entre los colectivos de posibles beneficiarios y suprimir la obligación de prorratear el límite de consumo de igual forma entre todos los meses del año. Estas son algunas de las propuestas de mejora del bono social que el Síndic trasladó a más de treinta entes públicos del Estado español. Entre los destinatarios, destacan el Defensor del Pueblo estatal y los defensores autonómicos, los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y varios ministerios y consejerías.

El documento es el resultado de una investigación llevada a cabo en el marco de una actuación de oficio sobre el nuevo decreto que regula el bono social (Real decreto 897/217, de 6 de octubre).

En el BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017, se publicó el Real decreto 897/217, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. El Real decreto 897/2017 define la figura del consumidor vulnerable y, con carácter general, lo asocia a unos determinados umbrales de renta en función del número de personas de la unidad familiar, aparte de incluir otros colectivos como las familias numerosas, las personas consumidoras pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacitado permanente o las víctimas de violencia de género o terrorismo. Esta definición del consumidor vulnerable hace que se establezcan subdefiniciones que incluyen a los consumidores vulnerables especiales, a los severos y a los que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Una lectura inicial del contenido del Real decreto 897/2017 pone de relieve una evidente complejidad de gestión, tanto por lo que se refiere al bono social como a la suspensión del suministro, teniendo en cuenta que se trata de procedimientos y actuaciones que tendrán que ser impulsados por personas vulnerables y que implican a administraciones de diferentes niveles y competencias.

El Síndic también se dirigió a la Agencia Catalana del Consumo y al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para que le informaran de las actuaciones que está previsto llevar a cabo en relación con los derechos de las personas afectadas por el Real decreto 897/2017.

La institución hace años que trabaja con las administraciones, empresas suministradoras y entidades sociales en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Como resultado de este trabajo, el Síndic ha elaborado informes pioneros, como por ejemplo La pobreza energética en Cataluña, de octubre de 2013; La prestación privada de servicios de interés general y las buenas prácticas corporativas, de febrero de 2014, y El derecho a los suministros básicos (electricidad, agua, gas), de diciembre de 2014.

El Síndic también es miembro fundador de la Red Europea de Ombudsman de la Energía (NEON). Esta entidad es la interlocutora de los ombudsman del sector de la energía con la Comisión Europea y, de acuerdo con ello, participa en diferentes grupos de trabajo de las direcciones generales de Energía y Justicia. También mantiene una relación de trabajo permanente con el Consejo de los Reguladores Europeos de la Energía CEER) y la Agrupación Europea de Asociaciones de Consumidores (BEUC).

 

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