Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic analiza la estigmatización en el tratamiento informativo del absentismo del alumnado gitano

18/09/2020

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Se ha dirigido al CAC para que valore si se han aplicado los protocolos de tratamiento informativo de situaciones que afectan a los niños en medios de la CCMA que prevén evitar la estigmatización de colectivos vulnerables

También estudia el apoyo a las trayectorias educativas del alumnado vulnerable dirigidas a combatir el absentismo y realizará el seguimiento de las actuaciones anunciadas por el Departamento

Considera que se ha incidido en el alumnado gitano con un tratamiento diferenciado respecto de otros colectivos

Las situaciones de estigmatización pueden implicar una mayor segregación escolar y un incremento de la desconfianza en la escuela



El Síndic ha tenido conocimiento de la información dada por los medios de la CCMA sobre el inicio de curso, que han destacado la baja asistencia a centros con más alumnado gitano durante los primeros días de curso, sobre todo por parte de familias de dicho colectivo.

El Síndic ha recibido un número importante de quejas de familias no vinculadas a la comunidad gitana que han manifestado su temor a llevar a los niños a las escuelas en este comienzo de curso, debido a la pandemia, y que ponían de manifiesto su disconformidad y desconfianza en el Plan de apertura de centros del Departamento de Educación. Igualmente, familias vinculadas al fenómeno de la escolarización en casa han aparecido en los medios de comunicación para explicar que habían recibido manifestaciones de interés por esta tipología de enseñanza, no reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, el Síndic también ha recibido quejas de profesorado y sindicatos y otros miembros de la comunidad educativa en el mismo sentido. Se trata de situaciones que ponen de manifiesto el miedo de una parte de la ciudadanía a contagiarse de la COVID-19 y que, cabe recordar, es un miedo que afecta a todas las familias de forma transversal.

Así, además del alto volumen de quejas particulares recibidas en el Síndic en las que se recogen numerosos casos de reticencias de las familias a la hora de llevar a los niños a la escuela, también se ha generado un movimiento de familias que se agrupa en la plataforma "Así no volvemos", que piden más medidas de seguridad antes de llevar a los niños a clase.

Las condiciones sociales en que viven muchas familias, el hecho de compartir espacio de forma más frecuente con ancianos o las condiciones de las propias viviendas también están ligadas al miedo de algunas familias a volver a las aulas. 

Sin embargo, el tratamiento mediático que se ha dado a la situación de las familias gitanas, a criterio del Síndic, parece haber puesto el acento en la condición de miembros del pueblo gitano, lo que puede derivar en la estigmatización del colectivo ante una realidad que, como se ha puesto de manifiesto, es transversal y afecta a diferentes sectores de la población.

Atendiendo a esta situación, el Síndic se ha dirigido al Consejo del Audiovisual de Cataluña para que se interese por la forma cómo la CCMA ha informado acerca de la reticencia de algunas familias gitanas a llevar a los niños a la escuela durante los primeros días del curso 2020-2021, recordando la importancia de que el tratamiento informativo de los niños en los medios de comunicación haga prevalecer el interés superior del niño y no fomente la discriminación ni la estigmatización de ningún sector de la población.

Por otra parte, el Síndic tiene abiertas actuaciones específicas relacionadas con el apoyo a las trayectorias educativas del alumnado vulnerable, también dirigidas a combatir el absentismo y realizará el seguimiento de las actuaciones anunciadas por el Departamento.

De acuerdo con estudios previos del Síndic, las situaciones de estigmatización pueden implicar una mayor segregación escolar y un incremento de la desconfianza en la escuela.

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El Síndic envía al Tribunal Supremo las recomendaciones elaboradas para la protección de los afectados por el IRPH

16/09/2020

foto (c) Pixabay

Se recomienda que cuando se revisen los contratos que estipulan la cláusula sobre el IRPH se haga a través de información veraz y comprensible       

La interpretación de las normas comunitarias de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas siempre debe tender a beneficiarles

También se han dirigido, de nuevo, al Departamento de Economía, para que el Gobierno de la Generalitat pueda llevar a cabo las actuaciones que considere oportunas

En septiembre de 2015 el Síndic de Greuges presentó en el Parlamento su informe La protección de los afectados por el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Este informe tenía por objetivo estudiar la legalidad del índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), que se utiliza de la misma manera que el Euríbor, para calcular los intereses de estos préstamos. El trabajo fue el fruto de varias reuniones con representantes de la sociedad civil, así como del análisis de varias sentencias judiciales en primera instancia que habían considerado el IRPH como cláusula abusiva.

La actuación de oficio culminó con varias sugerencias y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos implicados; así, recomendó a los organismos que supervisan el sector bancario, como el Banco de España y el Departamento de Economía, que intervinieran para garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos ante las entidades bancarias y financieras. Asimismo, se formularon una serie de recomendaciones a la Agencia Catalana de Consumo y al Parlamento de Cataluña.

A posteriori, el Tribunal de Justicia de la UE corroboró, el pasado año 2019, la tesis del Síndic de 2015, en el sentido que concluye que el IRPH se basa en una fórmula matemática compleja y poco transparente. Además, en marzo de este año 2020, el alto tribunal europeo consideró que no había ningún inconveniente en que un juez nacional declarara la nulidad de esta cláusula contractual abusiva.

En el caso de España, la situación afecta a más de un millón de hipotecas configuradas con el IRPH, y hay cerca de 150 recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo por asociaciones de consumidores y entidades bancarias. Dado que se acerca la fecha en la que el alto tribunal resolverá la cuestión en España, el Síndic le ha dirigido, a título informativo, las principales recomendaciones recogidas en las actuaciones que se han llevado a cabo en esta materia desde el 2015:

  1. La institución considera que el mandato que el artículo 47 de la Constitución dirigido a los poderes públicos sobre la necesidad de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada también debe entenderse en relación con las condiciones de financiación de la compra de vivienda.
  2. Es importante toda la ayuda que las administraciones y los profesionales puedan ofrecer a las personas que han contratado o deben contratar un préstamo hipotecario. En este sentido, el Síndic señala que los poderes públicos deben promover y fomentar la formación específica en cuanto a productos financieros a los colectivos que ejercen la tutela de las personas consumidoras y a los agentes que intervienen en las transacciones de viviendas.
  3. El Síndic también considera, en la línea de lo dispuesto en la Directiva 93/13 y de las sentencias del TJUE, que la interpretación de las normas comunitarias de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas siempre debe tender a beneficiarles, dado el desequilibrio a la hora de negociar y en cuanto a la información existente entre las entidades financieras y los clientes, al menos con relación a los préstamos hipotecarios. En este sentido, corresponde a los jueces y los magistrados un papel importante en esta función de tutela y protección.
  4. En concreto, con respecto al IRPH, recomienda que cuando se revisen los contratos que estipulan esta cláusula de precio, se haga desde el punto de vista de una exigencia rigurosa de información veraz, comprensible y acreditada de la entidad bancaria al cliente.
  5. En este sentido, el Síndic sugiere que los organismos que ejercen funciones de control en los contratos financieros establezcan de forma precisa e intuitiva respecto de las personas consumidoras las reglas de juego de las entidades bancarias, de manera que se prohíban determinadas prácticas y publicidades.
  6. Finalmente, en caso de que judicialmente se aprecie la nulidad de la cláusula IRPH (cajas), el Síndic entiende que se debe consultar con la persona afectada cuál de los diferentes escenarios que se plantean le conviene más sin obligarse a aceptar la sustitución por el IRPH entidades. Y, en definitiva, es necesario tener presente que el ordenamiento jurídico español prevé la posibilidad de contratos de préstamos sin intereses.

Estas recomendaciones se han dirigido, de nuevo, al Departamento de Economía, para que el Gobierno de la Generalitat pueda llevar a cabo las actuaciones que considere oportunas.

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El Síndic insiste en la necesidad de concretar las medidas para garantizar la actividad lectiva del alumnado en situaciones de especial riesgo de salud ante el inminente inicio del curso

10/09/2020

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Se recomienda extremar las medidas en los centros educativos ubicados en entornos más complejos social y epidemiológicamente

Es necesario garantizar las mismas condiciones de escolarización para el conjunto del alumnado de centros epidemiológicamente iguales y no condicionarlo a la autonomía del centro

Es preciso asignar los medios de protección necesarios a los centros y garantizar la distribución de dispositivos electrónicos para el alumnado socialmente desfavorecido

El Síndic realizará el seguimiento de las dotaciones de profesionales y medios materiales y electrónicos a fin de garantizar un adecuado desarrollo de la actividad lectiva y se pone a disposición de la comunidad educativa y de la Administración para contribuir a resolver los problemas que puedan surgir

El Síndic de Greuges ha emitido una resolución dirigida al Departamento de Educación sobre las garantías para hacer compatible los derechos a la salud y a la educación, de cara al comienzo del curso 2020/2021, tras recibir más de un centenar de quejas de familias preocupadas por las condiciones en que se inicia el curso.

Entre otros aspectos, esta resolución remite a la situación de incertidumbre en que se encuentran muchos alumnos que padecen enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan aumentar el riesgo de gravedad en caso de contraer la Covid-19, o también de muchos alumnos que conviven con familiares con estas patologías, y que actualmente no saben si podrán asistir a los centros para seguir la actividad lectiva de forma presencial o bien podrán seguirla por vía telemática, o bien podrán acogerse a modalidades de atención educativa domiciliaria ya prevista para los alumnos que cursan enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos y padecen una enfermedad prolongada que les impide asistir a las clases.

El Protocolo sobre la gestión de casos Covid-19 en los centros educativos prevé valorar la situación de los alumnos que padecen una enfermedad crónica de elevada complejidad susceptible de aumentar el riesgo de gravedad en caso de contraer la Covid-19 (enfermedades respiratorias graves, enfermedades cardíacas graves, enfermedades que afectan el sistema inmunitario, diabetes mal controlada, enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves, etc.), pero no especifica qué criterios hay que tener en cuenta ni las actuaciones generales a desarrollar con este colectivo para garantizar su derecho a la educación.

Este protocolo no menciona ni aporta criterios de actuación en relación con otros alumnos que experimentan situaciones específicas, tales como el alumnado con necesidades educativas especiales.

En este sentido, el Síndic ha pedido al Departamento de Educación que establezca, conjuntamente con el Departamento de Salud, directrices específicas en que se determinen las condiciones necesarias para garantizar la presencialidad de este alumnado en los centros, con las medidas de prevención y protección que correspondan, así como las condiciones en que eventualmente se deba adoptar medidas de no presencialidad para este alumnado si el contexto epidemiológico del centro no es favorable.

El Síndic recuerda que probablemente muchos centros tendrán a lo largo del curso entornos con una elevada transmisión comunitaria y un elevado riesgo de contagio del alumnado del centro, aunque sea preferentemente en el entorno familiar y comunitario. Para garantizar que el curso se desarrolla con la máxima normalidad posible dentro del contexto de excepcionalidad actual, el Síndic pide asegurar que los centros escolares disponen de los medios necesarios (mascarillas, material de higiene, instrumentos de toma de temperatura, refuerzo de los servicios de limpieza, etc.), las condiciones materiales adecuadas (tamaño de las aulas, garantías de ventilación, etc.), el personal docente y de apoyo suficiente, y las pautas adecuadas y claras para proteger la salud del alumnado y del conjunto de la comunidad educativa en los diferentes escenarios posibles de transmisión de la pandemia, con la máxima previsión para evitar improvisaciones y garantizar el mejor desarrollo posible de la actividad lectiva. Estos medios y protocolos deben estar a disposición de los centros para el inicio de curso.

En todo caso, la interrupción de la actividad lectiva presencial a lo largo del curso no debe estar provocada por la falta de estos medios y condiciones necesarios.

En cuanto a las ratios, el Gobierno ha planteado la necesidad de reducir las ratios en lo posible, y se especifican las ratios de 20 alumnos en primaria. En el caso de secundaria, sin embargo, estas ratios recomendadas están indeterminadas.

El Síndic recuerda que esta indeterminación no puede justificar una elevada prevalencia de grupos que se sitúen por encima de esta ratio. Este hecho puede ser especialmente perjudicial en función del contexto epidemiológico del centro, cuando sea necesario implementar medidas que extremen la prevención de posibles contagios dentro del centro.

El Síndic también ha pedido al Departamento de Educación que determine la necesidad de personal docente y de apoyo adicional para implementar las medidas complementarias aprobadas por el Gobierno, así como, en su caso, la necesidad de modificar la disposición de espacios alternativos y horario escolar si, con estas medidas, se garantiza mejor el derecho del alumnado a la educación presencial con garantías de protección de la salud para el conjunto de la comunidad educativa.

Las necesidades organizativas y de infraestructura de los centros para cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias a la hora de prevenir el contagio, como son la disposición de profesionales, de espacios o de otros medios necesarios, no deben ser un obstáculo para que el curso 2020/2021 se desarrolle en modalidad presencial, siempre que se puedan encontrar soluciones alternativas. Las necesidades organizativas no deben pasar por delante del interés superior del niño, que no es otro que desarrollar la actividad lectiva en condiciones de presencialidad, de acuerdo con el derecho a la educación de los niños en igualdad de oportunidades.

En esta línea, cabe garantizar las mismas condiciones de escolarización para el conjunto del alumnado en los centros que compartan un entorno con las mismas condiciones epidemiológicas. Los planes de actuación y los protocolos deben adaptarse a la realidad de cada centro, pero no debería suceder que el alumnado de centros en entornos con las mismas condiciones epidemiológicas tuvieran diferentes modalidades de escolarización (presencial o híbrida, etc.) o diferentes estándares y garantías educativas en función de aspectos como la disponibilidad de espacios o de profesionales, o que estas condiciones básicas fueran determinadas por cada centro de acuerdo con su margen de autonomía.

Asimismo, es necesario que los centros escolares establezcan medidas para garantizar la continuidad de la actividad lectiva en los casos de cuarentena del grupo estable de convivencia, así como medidas para garantizar esta continuidad en el caso de alumnos que, por ser sospechosos ser positivos o familiares de un caso positivo, o por ser alumnos vulnerables, no puedan seguir la actividad lectiva al mismo ritmo que el resto de alumnos del grupo estable de convivencia. Si bien hay que valorar positivamente las actuaciones contenidas en el Plan de educación digital en Cataluña (106 millones de euros para el curso 2020/2021), que incorpora el Proyecto estratégico para la aceleración de la transformación digital de los centros educativos de Cataluña y abordaje de la brecha digital, los dispositivos necesarios deben estar a disposición de los centros al  inicio del curso 2020/2021, para evitar que se repitan los retrasos en la distribución que se produjeron en el tercer trimestre del curso 2019/2020, que afectaron el buen seguimiento del curso por parte del alumnado.

Finalmente, el efecto del confinamiento y la situación de crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 tienen un impacto especialmente significativo en los centros con elevada complejidad, y acentúan no solo sus necesidades de incrementar la dotación de plantillas y que dichas plantillas sean más multidisciplinares sino también la necesitat de aumentar los gastos de funcionamiento de los centros. Sin embargo, a pesar de los recursos adicionales destinados por el Departamento de Educación, el Protocolo sobre la gestión de casos Covid-19 en los centros educativos no prevé medidas específicas que tengan en cuenta el impacto diferencial de la pandemia por origen social y por composición social de los centros. En este contexto, es necesario que el Departamento de Educación incorpore a los protocolos estas medidas específicas para los centros ubicados en entornos sociales desfavorecidos, tales como, por ejemplo, en su caso, incrementar la dotación del personal enfermero de referencia para que pueda desarrollar un trabajo de prevención con familias y docentes, o la posibilidad de intensificar los controles específicos de los posibles contagios.

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El Síndic estudia el encarecimiento de la facturación del agua a raíz de las quejas recibidas

02/09/2020

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La imposibilidad de realizar la lectura real en algunos contadores durante el estado de alarma ha llevado a calcular las facturas con valores de consumo estimados

Al regularizar las facturas tras el confinamiento, algunos usuarios han experimentado incrementos al saltar de tramo

El Síndic ya recomendó que había que excluir de las facturas del agua todos los conceptos que no estuvieran relacionados con el ciclo del agua, como la tasa por el servicio de recogida de residuos en Barcelona

El último mes el Síndic ha recibido numerosas quejas y consultas de personas que exponían haber sufrido un incremento en el último recibo del servicio de suministro de agua. 

A partir de un primer análisis de los hechos, el Síndic ha detectado que durante el periodo de estado de alarma el personal de las entidades suministradoras no se ha desplazado a los inmuebles a leer los contadores de agua. En consecuencia, las compañías hicieron una estimación del consumo, que ha sido deducido en la siguiente factura emitida por la compañía una vez obtenida la lectura real del contador. 

Sin embargo, la estimación que se aplicó en la mayoría de casos no se adaptó a la situación real del consumo. Cuando en la factura posterior se ha regularizado el consumo, la consecuencia ha sido un incremento en el volumen de metros cúbicos facturados. Y este hecho ha supuesto un incremento en el importe a pagar en concepto de la factura del agua con el agravante de que las tarifas que se aplican, en la mayoría de municipios catalanes, son progresivas atendiendo al consumo que se realiza. En consecuencia, en algunos casos puede que en el momento de regularizar la situación se haya saltado al tramo siguiente y, por lo tanto, se aplique una tarifa más elevada para aquellos metros cúbicos. 

Del análisis hecho hasta ahora, al Síndic no le consta que las entidades suministradoras, de oficio, hayan informado a las personas de la posibilidad de solicitar la modificación de las facturas de agua correspondientes a los periodos de facturación que comprendía el estado de alarma y el siguiente periodo, en el que se hizo la lectura real, de modo que se asigne la parte proporcional del consumo real registrado según los días de consumo de cada periodo. 

Además, hay que tener en cuenta también que durante el periodo del estado de alarma es probable que el uso del agua en algunas viviendas se haya visto incrementado, y al Síndic tampoco le consta que se haya valorado aplicar alguna medida de ampliación de tramos de consumo para paliar los efectos del incremento del uso del agua. 

Por todo ello, el Síndic se ha dirigido a las entidades suministradoras para pedir información sobre qué datos han tenido en cuenta a la hora de calcular el consumo estimado, qué actuaciones se están llevando a cabo para subsanar las facturas emitidas con incrementos como consecuencia de regularizaciones de consumo, y si se ha valorado proponer la ampliación de tramos de consumo durante el periodo de confinamiento. Paralelamente, también se ha solicitado información sobre la previsión de renovación del parque de aparatos de medida y el porcentaje de contadores digitales en Cataluña. 

En el caso concreto de Barcelona, ​​el incremento en la factura del agua se ha visto doblemente afectado porque ha coincidido con la incorporación de una nueva tasa de recogida de residuos creada por el Ayuntamiento, estrenada hace unas semanas. El Síndic está estudiando las razones de la inclusión de la tasa en la factura del agua, en el marco de la memoria justificativa aprobada el 28 de febrero. Cabe decir que en el Informe sobre el derecho a los suministros básicos (electricidad, agua y gas) de diciembre de 2014 el Síndic recogió que había que excluir de las facturas del agua todos los conceptos que no estuvieran relacionados con el ciclo del agua, como la tasa del servicio de recogida de residuos. Esta nueva tasa, que también ha sido objeto de quejas al Síndic, se ha empezado a estudiar en el marco de una actuación de oficio.

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El Síndic estudia medidas para poner freno a la violencia LGTBIfóbica

28/08/2020

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La institución supervisa la Administración por el cumplimiento del derecho de las personas LGTBI y lucha contra la LGTBIfobia

Se valora el trabajo realizado por el tejido asociativo implicado en la atención, el acompañamiento y el seguimiento de las víctimas

A raíz de los casos detectados, se ha solicitado información a la Dirección General de Igualdad, a la Dirección General de la Policía y los ayuntamientos afectados

El colectivo LGTBI es uno de los grupos vulnerables a los que el Síndic ha continuado prestando atención en un año atípico marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19, en el que los medios de comunicación se han hecho eco de varios incidentes graves en los que personas LGTBI han sido vejadas, amenazadas o agredidas por su identidad u orientación sexual.

De acuerdo con la Ley, el Síndic de Greuges tiene el mandato de supervisar la Administración en cuanto al cumplimiento del derecho de las personas LGTBI y de luchar contra la LGTBIfobia, y desde este ámbito ha abierto varias actuaciones de oficio durante y después del estado de alarma cada vez que ha tenido conocimiento de un incidente LGTBIfóbico, además de condenar los hechos e interpelar a toda la ciudadanía para que se implique en la defensa de los derechos del colectivo.

En los últimos tiempos el Síndic ha actuado de oficio ante los actos de carácter homofóbico y transfóbico ocurridos en Lleida, Prades, Nou Barris y Sitges respectivamente, este último en un contexto de violencia en el que también resultaron heridas otras personas de forma indiscriminada y en el que destaca el gran número de personas arrestadas, hasta veintidós, que presuntamente participaron en los hechos.

Se pone de relieve que los incidentes ocurridos han sido denunciados oficialmente ante los Mossos, los cuales, por su parte, los han trasladado a la Fiscalía de Delitos de Odio. Tres de ellos (Lleida, Nou Barris y Sitges) son agresiones físicas con más de una víctima.

En cuanto al caso sucedido en Prades, la institución ha tenido conocimiento de las agresiones y los insultos a un joven por su condición e identidad sexual, que movilizaron a un importante volumen de instituciones, tejido social y ciudadanía, los cuales condenaron los hechos y mostraron todo el apoyo a la víctima.

En el marco de las actuaciones iniciadas, el Síndic de Greuges se ha dirigido a la Dirección General de Igualdad, a la Dirección General de la Policía y, cuando ha procedido, al ayuntamiento del municipio en el que ocurrieron los hechos, como el de Prades y el de Sitges.

En cuanto a la Dirección General de Igualdad, y concretamente el Área para la Igualdad de Trato y No Discriminación, la cual tiene la obligación legal y el compromiso político y social, como administración competente en esta materia, de implementar y aplicar la Ley 11/2014, se ha solicitado información sobre cuál ha sido su actuación cuando ha tenido conocimiento de los hechos, ya sea desde el Área o desde el SAI LGTBI correspondiente, entendiendo que han seguido operativos durante este tiempo y no han cesado su actividad de atención a las personas LGTBI y sus familias.

En cuanto a la Dirección General de la Policía, el Síndic ha solicitado saber cuál ha sido la intervención del cuerpo de Mossos y qué acciones se han llevado a cabo en relación con cada uno de los hechos concretos, tanto en relación con las víctimas como para la identificación de los presuntos agresores.

Asimismo, ante el degoteo de casos y la preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGTBI, el Síndic también ha considerado oportuno solicitar a cada una de las administraciones con competencias en esta materia información sobre si han decidido iniciar alguna nueva campaña o reforzar las actuaciones en la atención y prevención de este tipo de violencia; si se han detectado necesidades y posibles soluciones ante las situaciones o los casos más graves que tienen lugar, y qué acciones de coordinación se están llevando a cabo con el resto de departamentos competentes y administraciones implicadas para combatir la violencia LGTBIfóbica y diseñar nuevas políticas públicas para ponerle freno.

De momento, la institución ha tenido conocimiento de un nuevo protocolo para combatir la LGTBIfobia en la ciudad de Barcelona, ​​elaborado entre el Observatorio contra la Homofobia, el Ayuntamiento y el centro LGTBI, cuyo objetivo es acompañar a las personas que han sufrido discriminación mediante asesoramientos jurídicos y atenciones psicosociales, entre otros. Este instrumento se valora muy positivamente en la medida en que se configura como un nuevo mecanismo para intervenir ante las situaciones discriminatorias garantizando la coordinación y colaboración en red de todos los servicios implicados.

El Síndic valora, también, el trabajo realizado por el tejido asociativo implicado en la atención, el acompañamiento y el seguimiento de las víctimas.

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