Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic exige una respuesta oficial sobre los vínculos de Es Satty y otros elementos de la célula terrorista con los servicios de inteligencia española

16/07/2019

foto (c) Gencat

Se ha dirigido al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Defensor del Pueblo para pedir una respuesta oficial y determinar en qué medida este hecho dificultó o impidió la necesaria coordinación policial

El Síndic de Greuges ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de los documentos que señalan a Abdelbaki Es Satty, conocido como el imán de Ripoll, como confidente  de los servicios secretos españoles hasta el día anterior en que se perpetraran los atentados del 17A, de Barcelona y Cambrils.

El Síndic, en su informe de noviembre de 2017 Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña, constató que existían informaciones que apuntaban al carácter de confidente del imán de Ripoll, y que esto podría haber tenido alguna repercusión negativa a la hora de detectar su radicalización y prevenir los atentados. Por este motivo, se reclamó “una investigación exhaustiva y transparente sobre la condición o no de Abdelbaki Es Satty como confidente policial, y si esto afectó de alguna manera a la coordinación entre cuerpos, con las responsabilidades que se deriven”.

Hoy, en respuesta a las nuevas informaciones aparecidas, el Síndic se ha dirigido al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo para pedir una respuesta oficial sobre los vínculos de Es Satty y otros elementos de la célula terrorista con los servicios de inteligencia, y determinar en qué medida este hecho dificultó o impidió la necesaria coordinación policial y, por tanto, una posible prevención de los atentados, así como las medidas se piensan adoptar a partir de estas informaciones.

Paralelamente, el Síndic también se ha dirigido a la Consejería de Interior de la Generalitat para que le informe de cualquier acción que lleve a cabo el Departamento.

En cuanto a las explicaciones dadas en relación a los atentados, el Síndic continúa insistiendo en la falta de información institucional que ha tenido la ciudadanía. Los poderes públicos, cada uno desde su nivel de responsabilidad, y sobre todo el Gobierno del Estado y las Cortes Generales, deberían haber abordado el tema públicamente con celeridad y transparencia institucional. Si bien es cierto que en el Parlamento de Cataluña se creó la Comisión de Investigación en abril de 2018, en el Congreso de los Diputados se trató el tema en el marco de la Comisión de Gastos Reservados y, por tanto, no ha sido accesible para la ciudadanía.

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El síndic comparece en el Parlamento para presentar el balance de su mandato

15/07/2019

foto (c) Parlament de Catalunya

Desde 2010 se han realizado casi 200.000 actuaciones y se ha atendido a cerca de 392.000 personas

Rafael Ribó ha centrado su intervención en las actuaciones llevadas a cabo en materia de medio ambiente, urbanismo, vivienda, infancia y educación

El síndic permanece en funciones desde que el 1 de marzo finalizó su último mandato, iniciado en 2010

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, el adjunto general, Jaume Saura, y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños, Maria Jesús Larios, han comparecido este lunes, 15 de julio, ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para hacer balance de su mandato al frente de la institución.

Rafael Ribó fue escogido síndic de greuges de Cataluña para un segundo mandato, el 10 de febrero de 2010, de acuerdo con la nueva Ley del Síndico y superando ampliamente la mayoría de tres quintas partes necesarias para la designación. El primer mandato tuvo lugar de 2004 a 2009. Al iniciar su mandato, el 1 de marzo de 2010, el síndic propuso al Parlamento las líneas de actuación diseñadas, entre las que existía el compromiso de comparecer en el Parlamento cada 3 años para analizar su cumplimiento y hacer balance.

Durante la comparecencia, el Síndic ha explicado las principales cifras de actividad de la institución desde 2010 a 2018, último año cerrado. De estas, ha destacado que se han iniciado un total de 82.426 quejas, 112.719 consultas y 1.907 actuaciones de oficio, y que se ha atendido a 391.912 personas.

Por áreas, destacan las 15.722 quejas de administración pública (19%), las 12.670 de consumo (15%), las 9.699 de urbanismo, movilidad y vivienda, y las 9.391 de servicios sociales, que representan el 11% del total. En conjunto, las áreas sociales (servicios sociales, salud, educación, infancia, etc.) han representado el 34% de las quejas recibidas en la institución durante este período. En cambio, las áreas de las que se han recibido menos quejas han sido discriminación (392 quejas), que representan el 0,5%, y cultura y lengua (534 quejas), que sólo representan el 0,6% del total. Cabe precisar que las competencias del Síndic en materia de discriminación e igualdad de género y para garantizar los derechos del colectivo LGTBI es aún reciente y a menudo desconocidas por los ciudadanos.

De todos los casos tramitados a lo largo de estos años, se ha detectado irregularidad por parte de la administración en 41.278 casos, que representan el 47%. De estos, en el 81% de los casos la administración ha aceptado la resolución con las recomendaciones del Síndic; en el 14%, la ha aceptado parcialmente, y tan sólo en el 4% no la ha aceptado.

También ha querido destacar la actividad de la oficina itinerante de la institución, que en 2010 cambió de modelo de manera que se abandona progresivamente el carácter institucional y se refuerza la vertiente de atención a las personas. El objetivo principal de esta oficina es responder a la necesidad de muchas personas, entidades e, incluso, administraciones de ser atendidas personalmente cuando exponen una problemática que consideran importante. Desde 2010 hasta la actualidad, se han realizado 961 desplazamientos al territorio, se han recogido 8.863 quejas y 4.884 consultas.

En cuanto a los temas relevantes, el síndic, en su intervención, ha querido destacar los atentados al territorio y al medio ambiente que se han producido a lo largo de estos años, entre los cuales el Castor ha tenido un especial protagonismo. El síndic ha vuelto a recordar que resta pendiente la ejecución plena de la Sentencia del Tribunal Constitucional, por la que anulaba algunos artículos del Real Decreto–Ley 13/2014 que regulan la indemnización que se pagó a Escal UGS, SL, y la forma cómo se repercutió en los consumidores. Si bien es cierto que el Gobierno del Estado acordó la paralización del pago de aquellos derechos de cobro y de los costes de operación y mantenimiento reconocido no ha adoptado aún ninguna medida en relación a la indemnización satisfecha. Además, el Síndic ha insistido en la necesidad de que se realice una auditoría técnica para analizar si el proyecto contó desde sus inicios con todas las garantías técnicas imprescindibles para que el proyecto se llevara a cabo de forma correcta.

También ha querido poner en valor que mediante la intervención urgente del Síndic de Greuges se pudo detener la ejecución inminente de un proyecto de pavimentación de un camino forestal que transcurre por una de las zonas más sensibles y protegidas del Parque Natural del Montseny y que no había seguido los trámites ambientales necesarios. La tramitación del POUM de Pals, que suponía un crecimiento urbanístico en zonas de pinos y dunas, la construcción del puerto de Tossa de Mar, sin un encaje en el planteamiento sectorial, territorial y urbanístico vigente, y el aeródromo de la Cerdanya han sido los otros temas destacados en materia de urbanismo de estos últimos años.

Y en cuanto a la contaminación, el Síndic ha querido destacar la problemática de los purines, puesto que la contaminación de aguas por un exceso de nitratos provenientes de los purines es un problema grave. Algunas de las recomendaciones que ha hecho el Síndic se han alcanzado pero otras aún están pendientes, como por ejemplo la redacción del Plan director urbanístico de ordenación de las explotaciones ganaderas, o la aprobación del régimen sancionador específico por parte de la Administración.

En materia de contaminación acústica se han detectado mejoras importantes y se han incrementado las mediciones sonométricas efectuadas por las administraciones. No obstante, aún no se han alcanzado algunos objetivos deseables, como sería la disminución del ruido nocturno derivado de los servicios de recogida de basura. También se debe trabajar más en la línea de disminuir la contaminación del aire derivada del tráfico de vehículos, puesto que esta tiene un impacto directo en la salud de las personas.

En materia de vivienda, el síndic ha resaltado la necesidad de dar respuesta a todas las situaciones de emergencia social y económica y hacerlo de forma inmediata. También ha puesto de manifiesto la necesidad de incrementar el parque de vivienda social y la necesidad de llegar a acuerdos de alquiler social con las entidades financieras respecto a las viviendas desocupadas. A pesar de que es cierto que se han hecho esfuerzos importantes en esta materia, queda pendiente de dar cumplimiento a la sugerencia del Síndic de Greuges sobre la necesidad de prever un plan de choque que permita dar una solución definitiva al goteo constante de situaciones de emergencia residencial que aún se producen.

En el área de infancia y educación, el síndic ha querido poner el acento en la lucha contra la segregación escolar. Durante los últimos años, el Síndic se ha ocupado de concienciar a la sociedad, a los agentes educativos y a las administraciones de que la segregación escolar supone una vulneración grave del derecho a la educación en igualdad de oportunidades. También ha contribuido a corregir prácticas concretas de las administraciones a partir de las numerosas recomendaciones en el marco de las actuaciones de oficio y quejas recibidas por este tema. Uno de los éxitos más importantes en esta materia ha sido la firma del Pacto contra la segregación escolar el pasado mes de marzo. El pacto incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas que el Departamento de Educación se compromete a implementar durante esta legislatura.

Otro tema que ha trabajado ampliamente la institución ha sido la garantía de los derechos de los adolescentes migrantes sin referentes familiares. Desde 2016, la llegada de extranjeros sin referentes familiares se ha incrementado, cosa que deja al sistema de protección en una situación crítica. La acogida de estos menores, recae en un sistema protector defectuoso, precario e infradotado presupuestariamente. En este sentido, en diversas ocasiones el Síndic de Greuges ha remarcado la necesidad de reformularlo.

En este último mandato, el Síndic también ha adquirido nuevas competencias, como por ejemplo la evaluación del cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o la defensa de los derechos y las libertades en materia de no-discriminación por razón de género que puedan haber sido vulnerados por la actuación de instituciones o personas, tanto públicas como privadas, a partir de la entrada en vigor de la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de los colectivos LGTBI, y Ley 17/2015, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En la última parte de su intervención, el síndic ha explicado como a través de la publicación de informes monográficos se ha consolidado su intervención en el ámbito de los servicios de interés general. Un ejemplo sería el Informe sobre el derecho a los suministros básicos (2014) o el Informe sobre los derechos de las personas en los servicios ferroviarios (2016). La elaboración de estos informes ha permitido crear una valiosa red de actores y sinergias muy positivas.

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El síndic participa en el XII encuentro de síndics de greuges, defensores y mediadores universitarios organizada por la Red Vives

12/07/2019

foto
Rafael Ribó ha explicado los Principios de Venecia aprobados por el Consejo de Europa
Este viernes, 12 de julio, el síndic de greuges de Cataluña ha impartido la ponencia "Los Principios de Venecia para la protección de la figura del ombudsman", en el marco del decimosegundo encuentro de síndicos universitarios de la Red Vives, que ha tenido lugar en la Universidad de Barcelona. En esta ocasión, el encuentro ha sido organizada por el síndic de dicha universidad, Lluís Caballol, y ha contado con la participación de la mayoría de los síndicos universitarios.    

A principios de año, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa (más conocida como Comisión de Venecia) aprobó los principios de Venecia, con el objetivo ser un referente internacional en cuanto a las directivas que los estados deben seguir para proteger las instituciones de ombudsman. En los últimos tiempos algunas de estas instituciones han visto amenazada su independencia, e incluso su propia existencia.

En nombre del Instituto Internacional del Ombudsman, como presidente europeo, el síndic lideró la consulta que se hizo a todos los defensores de Europa sobre este documento y también participó en los grupos de trabajo previos organizados por la propia Comisión de Venecia. Este documento ya se trasladó al Parlamento de Cataluña y a diferentes defensorías.

Además de la intervención del síndic, el resto de intervenciones del encuentro, que ha tenido lugar el 11 y el 12 de julio, se han centrado en la salud mental y la comunidad universitaria.

Al encuentro, además del intercambio de experiencias relacionadas con casos de intervención de los síndicos en los que la salud mental es un factor relevante, han intervenido profesionales del mundo sanitario, entre otros, Carmina Saldaña, catedrática de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico y directora de la clínica psicológica de la UB.

En el seno de la Red Vives, la Red de Síndics de Greuges y Defensores Universitarios tiene como objetivo compartir información y buenas prácticas entre los diversos representantes, tanto en el ámbito de dirección como técnico, en el marco del encuentro anual que organizan de manera rotatoria las universidades.

La Red Vives es una institución sin ánimo de lucro que representa y coordina la acción conjunta de 22 universidades, y cuyo propósito es potenciar las relaciones entre las instituciones universitarias de Cataluña, el País Valencià, las Islas Baleares, Cataluña del Norte, Andorra y Cerdeña, así como de otros territorios con vínculos geográficos, históricos, culturales y lingüísticos comunes, para crear un espacio universitario que permita coordinar la docencia, la búsqueda y las actividades culturales y potenciar la utilización y la normalización de la lengua propia.

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El Síndic insta a la DGAIA a proteger de forma inmediata a los niños que duermen en iglesias y calles de Barcelona

09/07/2019

(c) De Farisori/Wikipedia

La situación detectada supone una vulneración flagrante de la Convención de los derechos de los Niños

Insta a las administraciones públicas a extremar los esfuerzos de coordinación y actuación interadministrativa

El síndic ya se dirigió a la administración en relación con la situación de los niños en algunas calles de Barcelona y lo vuelve a hacer pidiendo soluciones inmediatas

El Síndic se ha dirigido a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) y al Ayuntamiento de Barcelona y les ha sugerido que actúen de manera inmediata para abordar la situación de niños migrantes solos que duermen en iglesias y calles de Barcelona y atender sus necesidades a la mayor brevedad posible.

El Síndic pide ser informado acerca del número de niños detectados en esta situación y las medidas acordadas por la DGAIA, en coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona, para su protección efectiva y atención de sus necesidades.

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de los derechos y las oportunidades a la infancia y la adolescencia (LDOIA) sobre el apoyo a la integración social de los niños y adolescentes migrantes, las administraciones públicas deben fomentar, a través de servicios y programas de acogida, la integración social de los niños o los adolescentes migrantes.

La Administración de la Generalitat, mediante el departamento competente en materia de protección de los niños y los adolescentes, debe prestar el servicio de primera acogida a los niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares.

Los niños y los adolescentes migrantes que se encuentran en Cataluña tienen los derechos que reconoce la Convención sobre los derechos de los niños y las leyes de protección a la infancia, y especialmente, tienen derecho a ser escuchados y a recibir información de manera comprensible sobre cualquier actuación que afecte a sus derechos.

La Convención de los derechos del niño establece en su artículo 12 el derecho de los niños a ser escuchados en cualquier procedimiento administrativo o judicial que les afecte. Este derecho no se garantiza solamente pidiendo formalmente la opinión del niño, aunque sea por medio de un representante, sino que tiene como requisito previo el reconocimiento de otros derechos como por ejemplo disponer de información sobre las opciones posibles existentes y las consecuencias que pueden derivarse (Manual de preparación de informes de derechos humanos de Naciones Unidas de 1998).

Para el pleno respeto a los principios y derechos recogidos en la Convención sobre los derechos de los niños, el Síndic insta a las administraciones públicas a extremar, de forma inmediata, los esfuerzos de coordinación y actuación interadministrativa para llevar a cabo una evaluación precisa de la situación individual de cada niño y las condiciones de vulnerabilidad particular que presentan, buscándose en cada caso el recurso que sea más adecuado para la cobertura de sus necesidades.

En los últimos años el Síndic ha velado por los derechos de los niños migrantes no acompañados, tanto a través de resolución de quejas y actuaciones de oficio, como especialmente mediante el informe extraordinario sobre la situación de niños migrantes en Cataluña, presentado en el Parlamento de Cataluña en el año 2018 en el que el Síndic formuló diversas recomendaciones relativas al modelo de atención socioeducativa de los niños o a los procedimientos de tutela y derecho a la escucha y a la defensa.

En cuanto a la atención de los niños que duermen en la calle, el Síndic pide que los equipos técnicos pertinentes lleven a cabo los planes individualizados de atención a cada uno de ellos y se activen las medidas inmediatas que mejor respondan al interés superior de cada uno, tanto en el ámbito de la protección en centros -o el acogimiento en familias extensas que puedan tener o familias ajenas que se puedan formar- como la atención en pisos asistidos si son mayores de edad, así como en el ámbito de sus itinerarios formativos y de la tramitación de su documentación.

Los niños migrantes solos son, ante todo, niños y tienen derecho a disfrutar del mismo nivel de protección que cualquier niño, de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación recogida al artículo 2 de la Convención sobre los derechos de los niños.

El artículo 3 de la Convención sobre los derechos de los niños contempla el principio del interés superior del niño, como consideración primordial en todas los actos relativos a los niños llevados a cabo por las autoridades públicas.

Los niños migrantes no deben ser etiquetados como conjunto. Cada niño presenta una trayectoria y necesidades particulares que el Síndic pide que sean abordadas y atendidas desde las administraciones públicas competentes.

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El síndic estudia la afectación a la movilidad de las personas debido al corte de la L1 entre las estaciones del Clot y Fondo

05/07/2019

foto (c) wikipedia

El Síndic ha recibido diversas quejas por la duración del trayecto alternativo y por las dificultades con qué se encuentran a las personas con movilidad reducida

El Síndic recuerda que el Código de consumo de Cataluña considera que los transportes son un servicio básico, e identifica a unos colectivos de especial protección en las relaciones de consumo

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar la garantía del derecho a la movilidad de las personas como consecuencia del corte de la línea 1 del metro entre las estaciones del Clot y Fondo entre el 29 de junio y el 30 de agosto de 2019 y que, según Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), afecta a más de 90.000 personas.

A pesar de que la empresa ha establecido diversas recomendaciones de transporte para suplir el servicio de metro en el tramo afectado y ha puesto en servicio dos itinerarios de bus lanzadora que tendrán el mismo horario de metro, según informaciones recogidas por la prensa y de personas que se han dirigido al Síndic se tarda casi una hora de inicio a fin de tramo. A esto, se añade la sobreocupación que sufren los autobuses de este servicio alternativo.

Además, el Síndic ha recibido diversas quejas que exponen las dificultades con qué se encuentran a las personas con discapacidad, puesto que la estación del Clot de la línea 1 está pendiente de adaptación a la normativa de accesibilidad. En la misma línea, también se han recibido quejas que reclaman que el bus lanzadora cubra las estaciones de Sant Andreu y Torras i Bages, para dar cobertura a dos equipamientos para personas con discapacidad.

Por todo esto, el Síndic se ha dirigido a TMB para que informe sobre el dispositivo alternativo implementado, el número de personas que lo utilizan, la suficiencia de los vehículos que integran el servicio especial, los elementos informativos a pie de calle y las personas informadoras en las estaciones. También se ha pedido información sobre qué medidas se han implementado para garantizar los derechos de las personas con movilidad reducida. En el mismo sentido, ha pedido información en los ayuntamientos de Barcelona y de Santa Coloma de Gramenet.

El  Síndic recuerda que el Código de consumo de Cataluña considera que los transportes son un servicio básico, es decir, un servicio de carácter esencial y necesario para la vida cotidiana o que tienen un uso generalizado entre las personas consumidoras.

Además, el mismo Código identifica a unos colectivos de especial protección en las relaciones de consumo, como por ejemplo los niños y los adolescentes, las personas mayores, las personas enfermas, las personas con discapacidad y cualquier otro colectivo en situación de inferioridad o indefensión especiales.

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