Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic estudia la actuación del Departamento de Salud en la contratación de Ferrovial para llevar a cabo las actividades de seguimiento y contagios de la Covid-19

10/07/2020

Se ha dirigido a la Secretaría General de Salud para pedir toda la información relativa al procedimiento de contratación

El Síndic de Greuges tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la contratación por parte del Departamento de Salud de una empresa del grupo Ferrovial para llevar a cabo las tareas de seguimiento y control de contagios por la Covid-19. El Síndic ha podido constatar en el perfil del contratante que, efectivamente, en fecha de 29 de mayo, el ente público Sistema de Emergencias Médicas contrató con la empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA, por el procedimiento de emergencia, el servicio de seguimiento de contactos positivos mediante scouts, con el fin de dar cobertura a esta necesidad del sistema sanitario.

Posteriormente, los medios de comunicación han destacado que el contrato indicado no se ha llegado a ejecutar. El Síndic ha comprobado que en el perfil del contratante figura la resolución que adjudica a la empresa indicada la ejecución de la prestación, pero no consta ninguna información sobre una eventual modificación o resolución de este contrato.

Por lo anterior, con el fin de poder valorar la actuación del Departamento de Salud en la contratación indicada, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha pedido la siguiente información a la Secretaría General de Salud:

- Los motivos que fundamentan que la contratación de la prestación se llevara a cabo mediante el procedimiento de emergencia, previsto en el artículo 120 de la Ley de contratos del sector público.

- El estado de ejecución del contrato o, en su caso, el acuerdo de resolución del contrato y su fundamentación, así como las condiciones con que esta resolución se acordó.

- Copia de los acuerdos o resoluciones y demás documentación relacionada con las actuaciones indicadas.

El Síndic espera recibir respuesta lo antes posible para poder estudiar y valorar.

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El Síndic recomienda que se informe de forma clara a las personas afectadas por ERTE sobre sus obligaciones tributarias

08/07/2020

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Se destaca que durante al menos seis semanas el Servicio Público de Empleo Estatal ha estado prácticamente colapsado

El SEPE se considera otro pagador a efectos del IRPF y aplica una retención mínima sobre la cantidad que paga a los trabajadores en ERTE

Los poderes públicos deben velar por un sistema fiscal justo con objetivos de equilibrio social y ambiental para combatir la creciente desigualdad, la pobreza y la exclusión social

La institución ha trasladado estas consideraciones al Defensor del Pueblo y al Gobierno de España

El pasado 4 de junio, el Síndic de Greuges presentó el informe Salud y derechos en la crisis de la Covid-19, en el que, entre otras acciones, destacaban las quejas y consultas recibidas de las personas afectadas por expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) por fuerza mayor pendientes de percibir la prestación del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE). En este punto, se subraya que durante al menos seis semanas el SEPE ha estado prácticamente colapsado.

A esta situación, hay que añadir que es probable que haya desconocimiento sobre los efectos que tiene el hecho de haber recibido la prestación mencionada en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para el ejercicio 2020, teniendo en cuenta que el SEPE se considera otro pagador a los efectos de este impuesto y que aplica una retención mínima sobre la cantidad que paga a los trabajadores en ERTE.

El Síndic recuerda que el artículo 96 de la Ley 35/2006 determina dos límites que fijan la obligación de declarar en este impuesto en relación con las rentas procedentes de los rendimientos íntegros del trabajo. En concreto, establece un límite de 22.000 euros anuales si los rendimientos de trabajo proceden de un solo pagador y, en cambio, cuando los rendimientos provienen de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades percibidas del segundo pagador y restantes supere en total 1.500 euros, el límite se fija en 14.000 euros.

Considerando la normativa vigente, las personas que no están obligadas a presentar la declaración del IRPF para el ejercicio de 2019, ya que han obtenido unos rendimientos del trabajo de un importe inferior a 22.000 euros, se verán obligadas a presentarla para el ejercicio 2020 por haber sido afectadas por un ERTE y, en consecuencia, haber tenido ingresos de dos pagadores. En este caso, el límite aplicable no es el de 22.000 euros sino de 14.000 euros. El Síndic subraya que las personas deben tener conocimiento de esta obligación a fin de que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias adecuadamente.

Otro problema que puede haber por el hecho tener dos o más pagadores es que la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas resulte a pagar. Esta situación se debe a las retenciones soportadas. Como se ha dicho, en general el SEPE aplica una retención mínima sobre la prestación que abona a los trabajadores en ERTE. Por ello, se debe tener en cuenta que mientras se está percibiendo la prestación por desempleo, se puede solicitar que se retenga el IRPF o que se aplique un porcentaje superior, si procede. Aunque esta información está publicada en la web del SEPE, no consta que se presenten solicitudes en este sentido de forma habitual, ni que la posibilidad de hacer uso de este derecho sea suficientemente conocida.

Hay que añadir que tener dos o más pagadores no implica que se pague una cantidad superior en concepto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que la situación se regularizará en el momento de presentar la declaración del impuesto el próximo año.

El Síndic insiste en que las personas tienen derecho a ser informadas y asistidas sobre el ejercicio de sus derechos y sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por esta razón, dado el desconocimiento que puede haber sobre los efectos fiscales de la percepción de la prestación de desempleo, como es la diferencia en el límite de la obligación de declarar, la institución advierte que las administraciones deben realizar esfuerzos para informar a las personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo.

Esta información se debe transmitir de forma clara y suficiente e informar en el marco del procedimiento de tramitación de la prestación, por lo que se podrían incorporar las advertencias fiscales oportunas en la resolución. También habría que hacerla constar en la web del SEPE de manera que fuera visible con facilidad.

En este sentido, la institución recomienda que se adopten medidas para garantizar el derecho de las personas a ser informadas sobre los efectos fiscales de la percepción de la prestación para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y así evitar situaciones inesperadas en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del próximo año y las consecuencias negativas que esto podría conllevar.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las ayudas o las subvenciones que se pueden recibir para hacer frente a las dificultades económicas derivadas del efecto de la Covid-19 también tienen efectos fiscales, y relacionado con estas subvenciones es necesario que se proporcionen las advertencias fiscales adecuadas a las personas. Asimismo, hay que apuntar que se debería valorar la conveniencia de añadir estas ayudas como un supuesto más de las exenciones previstas en el artículo 7 de la LIRPF.

Dicho esto, y como se remarcó en el informe Salud y derechos en la crisis de la Covid-19, los poderes públicos deben velar para configurar un sistema fiscal justo con objetivos de equilibrio social y ambiental para combatir la creciente desigualdad social, la pobreza y la exclusión social. Un sistema que asegure la distribución de la riqueza y permita conseguir una sociedad más justa y equitativa, garantizando los derechos sociales de la ciudadanía y la igualdad de oportunidades, en el marco de un estado de bienestar que dignifique la vida de las personas.

El Síndic de Greuges ha enviado estas consideraciones al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a la Delegación del Gobierno en Cataluña y al Defensor del Pueblo.

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El Síndic y el Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans firman un convenio para garantizar los derechos de las personas en el ámbito local combinando seguridad y proximidad

03/07/2020

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El acuerdo garantiza dar la máxima celeridad a la tramitación de las quejas presentadas al Síndic que afecten a las competencias municipales

La institución también puede iniciar vías de mediación que faciliten una resolución positiva y rápida de las quejas

Se establece que la institución debe ofrecer al Ayuntamiento una visión singularizada de supervisión con el envío de un informe, su defensa en el pleno y dos visitas anuales del equipo itinerante del Servicio de Atención a las Personas

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, y el alcalde del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans, Oriol Lozano, han firmado un convenio de colaboración para garantizar la defensa de los derechos de las personas en el ámbito local, con la máxima eficiencia, experiencia y ahorro del gasto público, combinando proximidad con seguridad, y la supervisión de la actividad de la Administración local de Cataluña y la de los organismos públicos o privados vinculados o dependientes. 

El convenio, que explicita las competencias del Síndic incluidas en el artículo 58 de la Ley del Síndic, prevé la suscripción de convenios y acuerdos entre la institución y la Administración local, a fin de crear un marco de colaboración y facilitar la comunicación mutua. Se establece que la institución debe ofrecer al Ayuntamiento una visión singularizada de supervisión con el envío de un informe anual que recoja la situación de las quejas tramitadas por el Síndic referentes al municipio, la posibilidad de asistir a un pleno municipal para exponer con detalle el informe mencionado y debatirlo y dos visitas anuales del equipo itinerante del Servicio de Atención a las Personas del Síndic de Greuges. 

El acuerdo también garantiza dar la máxima celeridad a la tramitación de las quejas presentadas en el Síndic que afecten a competencias municipales. En este sentido, el Ayuntamiento debe crear sistemas para divulgar la figura de la institución a fin de que la población del municipio sea conocedora de dicha figura y se puedan establecer mecanismos para hacer del todo accesible la operativa de este convenio. 

Además, la institución puede iniciar vías de mediación que faciliten una resolución positiva y rápida de las quejas para resolver cuestiones entre las personas y el Ayuntamiento, sin que este hecho vaya en detrimento de las capacidades de supervisión del Síndic sobre el conjunto de los procesos administrativos del Ayuntamiento. 

El convenio firmado tiene una duración de cuatro años y antes de finalizar este plazo las personas firmantes pueden acordar su prórroga o su extinción.

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Selectividad 2020: El Síndic pide que se garantice la seguridad, la igualdad de oportunidades y el bienestar del alumnado durante las pruebas de acceso a la universidad

02/07/2020

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Es imprescindible asegurar que los criterios de adaptación y flexibilización en el diseño de las pruebas aseguren que las circunstancias de acceso a la educación en el último trimestre del curso no generen desigualdades entre el alumnado

Se debe garantizar que el principio de mérito y capacidad en el acceso a la universidad se dé en un contexto de igualdad de oportunidades reales

Es necesario preservar las garantías de seguridad e higiene y bienestar físico y emocional en el desarrollo de las pruebas

La pandemia de la Covid-19 ha tenido consecuencias también en las pruebas de acceso a la universidad que, además de sufrir modificaciones en el calendario, deberán adaptarse no solamente a medidas de higiene y seguridad sino también a la flexibilización del contenido. 

En este contexto, a mediados de mayo, el Síndic abrió una actuación de oficio para valorar si el conjunto de medidas tomadas para adaptar los exámenes de acceso a la universidad en el nuevo contexto permiten garantizar que se mantienen los principios de mérito y capacidad en el acceso a la universidad y las condiciones de equidad.

Con la reanudación telemática del curso académico, el Departamento de Educación anunció que la tercera evaluación del curso sólo debía servir para subir nota y no para penalizar. Para los alumnos de segundo de bachillerato se indicaba que las actividades de evaluación de los centros debían adecuarse al aplazamiento de las pruebas de acceso a los estudios universitarios y que se debía aprovechar intensivamente el mes de junio para reforzar las materias enfocadas a estas. 

Los centros de bachillerato, como el resto de centros, son autónomos en el diseño de la temporalización de sus contenidos y actividades de aprendizaje y, por tanto, el calendario de la programación de cada centro puede ser diferente. Este hecho, en el contexto de la Covid-19 y la enseñanza mayoritariamente online, no permitía garantizar que todos los centros educativos hubieran podido ofrecer la totalidad de las materias que son objeto de evaluación en las pruebas de acceso a la universidad. Por lo anterior, el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) acordó adaptar las pruebas de acceso a la universidad y flexibilizar la optatividad existente en los enunciados de los exámenes con el fin de que el alumnado pudiera asumir el conjunto de la prueba propuesta con independencia de las circunstancias que se hayan dado en el último trimestre del curso escolar. 

En la misma línea, y para prevenir los contagios entre la comunidad educativa durante los exámenes de acceso a la universidad, a principios del mes de junio, se presentó un paquete de medidas que garantizaran un entorno de máxima seguridad. El paquete de medidas planteadas comportaba el uso obligatorio de mascarilla, incluidos los procesos de acreditación de los miembros del tribunal, de identificación del alumnado y la realización de los exámenes; el uso de soluciones hidroalcohólicas al entrar y salir del centro; la distancia interpersonal de seguridad de dos metros radiales dentro de las aulas; la negativa a salir del aula hasta que no haya transcurrido una hora desde el inicio de la prueba y previa autorización del profesor; y la clausura de las máquinas expendedoras y de las fuentes de agua. 

El Síndic entiende la dificultad de cumplir con todos estos requisitos y condicionantes a la hora de organizar unas pruebas que cuentan con un volumen tan grande de alumnos y de profesorado. Sin embargo, ha hecho llegar una serie de consideraciones y recomendaciones para asegurar que se llevarán a cabo con las máximas garantías y preservando los derechos de todos los estudiantes.  

En cuanto a las desigualdades en el seguimiento no presencial del alumnado de segundo de bachillerato, el Síndic estará atento a la afectación que pueda tener en los resultados de las pruebas el incremento de un 11% en el número de estudiantes que han superado el curso este año en Cataluña (el porcentaje más alto de aprobados de segundo de bachillerato de los últimos 20 años), fruto de las medidas que ha tomado el Departamento de Educación con la voluntad de aliviar las diferencias entre centros educativos y situaciones sociofamiliares y económicas de los alumnos. Concretamente, hace hincapié en que se deberá evaluar si se acaba trasladando en un aumento o descenso de las notas de acceso a la universidad y en la garantía de capacitación de todos los alumnos de cara al acceso a la Universidad. 

En cuanto a los criterios de adaptación y flexibilización de la opcionalidad en los exámenes, el Síndic destaca que será necesario asegurar que el rediseño de los mismos permite garantizar que no exista discriminación por razones socioeconómicas y a la vez se hace prevalecer el principio de mérito y capacidad. Asimismo, el Síndic también incide en la necesidad de garantizar que el alumnado ha adquirido suficientemente las capacidades y los conocimientos y durante la etapa previa y que dispone del grado de madurez suficiente. 

En cuanto a las medidas de seguridad e higiene durante la realización de las pruebas, el Síndic ya ha recibido algunas quejas en relación con la distribución de las pruebas y los horarios, así como las consecuencias de cara a permitir garantizar el descanso y la tranquilidad de los estudiantes, el hecho de no permitir salir de las aulas entre prueba y prueba ni caminar libremente por el centro que preocupa a la Institución, dadas las afectaciones que pueden tener este conjunto de restricciones en el bienestar y la salud física y emocional del alumnado. 

Ante este hecho, el Síndic solicita dedicar el máximo esfuerzo en adecuar la distribución horaria de las pruebas, la posibilidad de descanso y de movimiento entre exámenes, de alimentarse y refrescarse, los desplazamientos a los aseos, así como la ventilación y temperatura de los diferentes espacios previstos para la realización de las pruebas. 

Concretamente, el Síndic recomienda que: 

- Es preciso garantizar el descanso mínimo de 30 minutos entre exámenes y, en la medida de lo posible, que ese descanso implique posibilidad de movimiento, refrescarse, alimentarse y beber agua.          

- Es imprescindible ventilar los espacios y asegurar la adecuada temperatura, especialmente cuando se han habilitado aulas inicialmente no previstas para la realización de los exámenes, en los que posiblemente no se cuenta con instalación de aire acondicionado, o cuando el uso del aire no esté permitido por la prevención de la propagación del virus.          

El Síndic también pide que se prevean medidas no discriminatorias para aquellos estudiantes que no pueden realizar las pruebas durante las fechas previstas por razón de enfermedad, y especialmente para ser contacto directo o haber contraído la Covid-19 y que tengan que cumplir una cuarentena más allá de la fecha en que se ha previsto que se pueda realizar la prueba.

Finalmente, el Síndic analizará los desplazamientos que los estudiantes hagan para realizar la prueba, para que estos sean los mínimos posibles, en cuanto a la distancia. 

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El Síndic y las entidades sociales alertan de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 y constituyen la Mesa de Emergencia Social

30/06/2020

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La declaración recoge una serie de medidas urgentes e inmediatas       

Se pretende fortalecer el estado del bienestar y que se emprendan reformas profundas para superar la crisis       

El Síndic se ofrece como interlocutor para recoger las cuestiones que planteen las entidades que trabajan en primera línea social       

La Mesa de Emergencia Social creará un mecanismo de seguimiento de la crisis y las medidas que se articulen

El síndic de greuges, junto con representantes de algunas de las principales entidades de atención social de Cataluña, ha presentado esta mañana una declaración al presidente de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña ante la crisis de la Covid-19.

El pasado 11 de junio se constituyó la Mesa de Emergencia Social, de la que también forman parte representantes de la Mesa del Tercer Sector, Cáritas Cataluña, Cruz Roja, Amics de la Gent Gran, Banco de Alimentos y Comunidad de Sant'Egidio. La Mesa nació para abordar la urgencia asistencial y la detección de necesidades y prioridades a fin de formular las recomendaciones de cambio y mejora a las administraciones afectadas y al Parlamento de Cataluña en el marco del contexto actual.

En la declaración se recogen una serie de medidas urgentes e inmediatas, entre las que destacan:

1. Para asegurar un nivel adecuado y unas condiciones de vida con dignidad

- Garantizar la cobertura de los fondos alimentarios, financiados y con instalaciones y medios para distribuirlos.

- Fomentar los programas ocupacionales para los colectivos más vulnerables.

- Efectuar modificaciones normativas en la renta garantizada de ciudadanía, con el objetivo de coordinar con el ingreso mínimo vital y revisar las incompatibilidades previstas en este instrumento.         

2. 
Medidas para garantizar una vivienda digna

- Es necesario fortalecer las políticas de vivienda de emergencia y hacer frente a los efectos sociales de los desahucios, así como las medidas de apoyo al alquiler, la ampliación del parque de vivienda pública y social, y un pacto nacional para la vivienda de emergencia.         

3. 
Medidas relativas a las personas mayores

- Poner fin a la opacidad informativa sobre la gestión de las residencias en la crisis de la Covid-19 y conocer el número exacto de personas mayores muertas en las residencias y en sus domicilios en Cataluña.

- Continuar desarrollando el modelo de atención centrado en la persona, fortaleciendo la conexión entre salud y residencias para que todas las personas residentes tengan pleno derecho a la atención sanitaria.  


4. Medidas relativas a los derechos de los niños

- Crear fondos extraordinarios para políticas de infancia y de atención social para los colectivos más vulnerables y promover medidas para una intervención integral en el núcleo familiar de los niños.         

- Analizar la reducción de denuncias con relación al maltrato infantil y de apertura de expedientes de riesgo para determinar si durante la pandemia se ha invisibilizado aún más el maltrato infantil y adoptar medidas para hacerles frente.         

- Establecer medidas para garantizar la compensación del efecto confinamiento en las trayectorias educativas de los niños, especialmente en niños con necesidades específicas, así como medidas de ocio educativo.         

- Fomentar los permisos retribuidos para las familias que tienen que ocuparse de los niños en casa.

5. Medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria

- Dotar de manera inmediata al sistema sanitario de medios suficientes.

- Mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de atención.

- Mejorar su financiación.

La declaración presentada también pretende fijar las bases sobre las que deberían girar el conjunto de medidas que deberían implementarse para hacer frente a la situación sanitaria, social y económica, que se ha visto muy agravada por la pandemia del Covid-19. La idea es que las iniciativas, preocupaciones y demandas que se recogen se tengan en cuenta en el debate parlamentario sobre la Covid-19 que tendrá lugar el próximo 1 de julio, así como en las reelaboraciones del presupuesto de la Generalitat para 2020, o en las decisiones de inversiones y de prioridades de las diversas administraciones locales en el año en curso.

La declaración parte de la base que la crisis sanitaria ha supuesto una sacudida extraordinaria para todo el sistema sanitario, pero también ha comportado inmensas consecuencias sociales y económicas, con millones de pérdidas de puestos de trabajo que han afectado de manera muy intensa situaciones precarizadas en el trabajo por parte de colectivos desprotegidos que se han convertido situaciones de gran emergencia social. Las personas mayores, las personas sin hogar y la población inmigrante han sido colectivos especialmente afectados.

La crisis provocada por la Covid-19 recae en un sistema de protección social que sufre déficits estructurales derivados de la baja inversión en Cataluña y en el Estado, situación que también ha supuesto más dificultades para afrontar la crisis sanitaria y social derivada de la emergencia.

En este cotexto, la Mesa de Emergencia Social considera que hay que salir de la emergencia estableciendo las bases de un sistema de protección que garantice los derechos sociales como medida de respeto de la dignidad y la igualdad de las personas en el marco de una sociedad justa, igualitaria y cohesionada.

Y para fortalecer el estado del bienestar y garantizar los derechos sociales como verdaderos derechos subjetivos, se necesitan reformas profundas mediante medidas normativas, estructurales y financieras que impliquen realmente cambios en la concepción y la garantía de los derechos sociales, así como el incremento de inversiones para financiar los servicios o las prestaciones económicas para garantizar estos derechos básicos.

En todo este contexto, el Síndic se ofrece como interlocutor para escuchar, recoger y dar atención prioritaria a las cuestiones que planteen las entidades que trabajan en primera línea social, así como para articular las propuestas que puedan surgir ante las instituciones, y también, en su caso, ante los sectores financieros y sociales más importantes de nuestro país.

Asimismo, se responsabiliza de la tarea de formulación y de exigencia de estas demandas, que serán, a su vez, objeto de trabajo y de seguimiento por parte de la Mesa.

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