Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic pide al Defensor del Pueblo que investigue la actuación policial durante la final de la Copa del Rey

25/04/2018

En una carta dirigida al titular de la institución en funciones, Francisco Fernández Marugán, le propone investigar los motivos por los que los agentes policiales requisaron camisetas y otros accesorios de color amarillo

El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio y ha enviado una carta al Defensor del Pueblo del Estado Español en la que le propone intervenir para aclarar los incidentes de la última final de la Copa del Rey de Fútbol. El Síndic ha sido conocedor de que el pasado sábado 21 de abril, los agentes del cuerpo de la Policía Nacional, encargados de la seguridad del partido, incautaron camisetas, bufandas y diversos accesorios de color amarillo a la entrada del estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Algunos hinchas del Fútbol Club Barcelona también se han quejado de que los agentes requisaron cartulinas con la palabra “libertad” y banderas esteladas.

En su escrito, el Síndic se hace eco de las informaciones, publicadas en algunos medios de comunicación, de que la Policía filmó y fotografió antes del partido a los hinchas sentados en las gradas designadas para la afición azulgrana.

Ante lo que parece una nueva vulneración a la libertad de expresión, el Síndic considera que, en calidad de Ombudsman competente, le corresponde al Defensor del Pueblo la tarea de averiguar los motivos de esta actuación policial. Según declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en sede parlamentaria, esta actuación, en que dice textualmente que se incautaron 199 camisetas, no responde a ninguna orden dada desde su Ministerio. En este sentido, el Síndic afirma que es preciso saber si se han adoptado medidas disciplinarias contra los agentes implicados.

Rafael Ribó acaba la carta pidiendo al Defensor del Pueblo que se “pronuncie en defensa del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, recogido en la Constitución Española. También destaca que es incoherente justificar las incautaciones por razones de seguridad dado su contenido político.

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Jornada de trabajo sobre las dificultades para accedera una vivienda social

25/04/2018

La finalidad de esta jornada, que tendrá lugar el viernes 11 de mayo de 9 a 14 horas en la sede del Síndiic, es coordinar y sumar esfuerzos para emprender las actuaciones conjuntas que permitan garantizar el derecho a la vivienda de la población y, muy especialmente, de las personas y los colectivos más vulnerables.

Enlace al informe 
El derecho a la vivienda: cuestiones urgentes, que el Síndic presentó en el Parlamento de Cataluña en el mes de febrero de 2018.

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Rafael Ribó comparece ante la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco para explicar la supervisión de políticas públicas penitenciarias

24/04/2018

síndic

El objetivo del Síndic durante el tiempo que ha supervisado las políticas del ámbito penitenciario ha sido, y continúa siendo, contribuir a la construcción de un sistema orientado a la reinserción, más humano, más justo y menos aflictivo

La instalación de cámaras de video vigilancia a las celdas de aislamiento, las mejoras en las condiciones de custodia y la promoción del protocolo de Istanbul son algunas de las recomendaciones del Síndic que se han implementado

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparecido este martes 24 de abril ante  la Comisión de Justicia y Trabajo del Parlamento del País Vasco para explicar su experiencia en la supervisión del sistema penitenciario. Cataluña asumió las competencias penitenciarias en el año 1984 y hoy en día, es la única comunidad autónoma que puede ejercer estas facultades. A diferencia del Estado español, donde la política penitenciaria depende del Ministerio del Interior, en Cataluña lo hace del Departamento de Justicia.

El objetivo del Síndic durante este tiempo ha sido, y continúa siendo, contribuir a la construcción de un sistema penitenciario orientado a la reinserción, más humano, más justo y menos aflictivo, que garantice que las personas privadas de libertad están en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad de la persona.

A partir de diversas normativas que se han ido aprobando, en Cataluña se ha determinado un régimen de autonomía económica para los centros penitenciarios y se ha definido la estructura orgánica y funcional, así como la organización y el funcionamiento del resto de servicios de ejecución penal. Según los datos del Informe del Síndic “Estudio comparativo de los sistemas penitenciarios europeos” (2007), el índice de población encarcelada con respecto a la población total ha sido durante años superior en el Estado español que en Cataluña.

A finales de 2017 los trece centros penitenciarios existentes de Cataluña registraban un total de 8.367 internos. Durante el año 2017, por ejemplo, el Síndic recibió 483 quejas y 129 consultas sobre temas penitenciarios. Además, abrió 13 actuaciones de oficio.

La instalación de cámaras de video vigilancia en todas las celdas de aislamiento y contención y la promoción del protocolo de Estambul para que se aplique en el reconocimiento médico frente a posibles casos de maltratos en los centros penitenciarios han sido dos objetivos imprescindibles alcanzados a raíz de las recomendaciones del Síndic en relación con el sistema penitenciario y la prevención de la tortura. También ha puesto énfasis en la mejora de las condiciones de custodia y de los derechos de las personas detenidas y la separación en la Ciudad de la Justicia de los adolescentes y jóvenes en situación de protección de aquellos que están bajo responsabilidad penal.

Otras actuaciones destacadas han sido las relacionadas con denuncias por maltratos (año 2012, Brians 2), quejas por los precios de los economatos, la aplicación del régimen cerrado y los mecanismos de contención. Por último, el Síndic ha abordado, según ha explicado, la situación de las mujeres, desde una perspectiva de género, el trabajo en los centros, el caso del cierre de la prisión Modelo e incluso la situación y formación del funcionariado.

El discurso se ha centrado en su propia experiencia como Síndic y, durante los últimos ocho años, también como Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT), de acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas, del año 2002. En este sentido ha explicado que a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2015 en que se invalida la existencia de la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura, el Síndic ha podido continuar ejerciendo la tarea de prevención de maltratos y tortura bajo otro nombre, a partir de sus competencias propias como Defensor.

La sentencia del Tribunal Constitucional reconoce al Síndic las competencias en la prevención de la tortura y lo alienta a ejercerlas, además de indicar que puede establecer un convenio de colaboración con el Defensor del Pueblo, que aún está pendiente.

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El Síndic investiga la gestión de la renta garantizada de ciudadanía ante posibles incompatibilidades con ayudas de obligada solicitud

18/04/2018

Se podrían producir algunas casuísticas incoherentes con el principio y la finalidad de la prestación

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para valorar cómo actuará la Administración ante posibles complicaciones con qué se pueden encontrar las personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía a la hora de cobrar dicha ayuda. Concretamente, ha pedido información sobre qué medidas se adoptarán para cumplir las previsiones legales relacionadas con la renta garantizada en cuanto a los requisitos y las incompatibilidades con otras ayudas, como por ejemplo la de alquiler.

En este sentido, se ha dirigido a los departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y al de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.

La Ley establece que las personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía tienen el deber de solicitar cualquier otra prestación o ayuda a que puedan tener derecho durante la percepción de la renta, así como a no renunciar voluntariamente a otra prestación que estén recibiendo. El incumplimiento de estas obligaciones puede ser causa de extinción o de suspensión de la prestación.

Por tanto, el Síndic ha avanzado que se podrían producir algunos casos incoherentes con el principio y la finalidad de la ayuda. Por ejemplo, el caso en que las personas y las familias que sean perceptoras de la renta garantizada puedan perder la prestación por no haber solicitado una ayuda para el pago del alquiler. Así mismo se podría dar el caso que, como consecuencia de obtener posteriormente una ayuda para el pago del alquiler, los beneficiarios tengan que devolver una cuantía en concepto de ingresos indebidos de la prestación, con las consecuencias que ello supone.

La renta garantizada de ciudadanía es una prestación destinada a asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y familias que se encuentran en situación de pobreza. El artículo 4 de la Ley establece el carácter complementario y subsidiario de esta prestación, y fija expresamente los ingresos compatibles que no computan para determinar el umbral económico, entre los que se cuentan las prestaciones económicas de urgencia para evitar desahucios, pero no las ayudas para pagar el alquiler en casos que no suponen una emergencia.

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El Síndic abre una investigación por la intoxicación de una cuarentena de jóvenes con monóxido de carbono en Sant Hilari Sacalm

17/04/2018

Considera necesario conocer las circunstancias en que tuvo lugar el incidente

Tras conocer las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la atención sanitaria que han requerido este pasado 14 de abril un grupo de niños y jóvenes alojados en una casa de colonias en Sant Hilari Sacalm (Girona), el Síndic ha decidido abrir una actuación de oficio.

El Síndic considera necesario conocer las circunstancias en que tuvo lugar el incidente, así como la actuación de la administración que supervisa los recursos de ocio. Por este motivo, la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, Maria Jesús Larios, se ha dirigido al Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm y a la Dirección General de Juventud, dependiente del Departamento de Trabajo, Asuntos sociales y familia. El Síndic ha solicitado toda la información necesaria para conocer, entre otros temas, el estado de las instalaciones o las medidas previstas para evitar que situaciones similars se repitan.

Según las informaciones, un grupo de unos cuarenta jóvenes, la mayoría niños y adolescentes que pasaban el fin de semana en una casa de colonias, han requerido asistencia médica en diversos centros hospitalarios a causa de una intoxicación aparentemente por monóxido de carbono.

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