Actualidad: noticias y notas de prensa

Las instituciones catalanas de ombudsman encuentran en el modelo belga un referente del trabajo en red

19/09/2018

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El ombudsman federal de Bélgica, Guido Herman, ha explicado en Girona como coordinan su tarea las defensorías estatales, subestatales y locales

La ponencia ha reunido a una treintena de miembros de la Red de Defensorías de Cataluña, creada a finales de 2017 con el fin de aprovechar sinergias

El encuentro también ha servido para poner en común los objetivos alcanzados durante los años de crisis económica por parte de las defensorías

En el marco del segundo encuentro organizado por la Red de Defensorías de Cataluña, el ombudsman federal de Bélgica, Guido Herman, ha explicado este miércoles 19 de septiembre, ante una treintena de representantes de diversas instituciones catalanas de ombudsman, cómo se coordinan las defensorías estatales, subestatales y locales belgas.

El acto, que ha tenido lugar en la Universidad de Girona, ha sido inaugurado por el rector, Quim Salvi. El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha celebrado su clausura.

En su ponencia, Herman ha destacado las peculiaridades del Ombudsman Federal en su país, de acuerdo con la situación de pluralidad identitaria que se da en Bélgica. Se trata de una institución que comprende a dos instituciones federales y su personal. Los Ombudsman federales son nombrados por la Cámara de Representantes, y son Catherine De Bruecker (francófona) y Guido Herman (flamenco), quienes asumieron sus funciones el 19 de noviembre de 2013.

El encuentro también ha servido para poner en común la tarea realizada por los diferentes niveles de Ombudsman en Cataluña frente a la vulneración de derechos sociales en estos últimos años de crisis económica. En este sentido, han intervenido el adjunto general al Síndic de Greuges de Cataluña, Jaume Saura; la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vila; Lluís Caballol, síndic de greuges de la Universidad de Barcelona, y el defensor del cliente de AGBAR, Sergi Sanchís.

La Red de Defensorías de Cataluña es una plataforma de una clara vocación formativa e impulsada por el Síndic de Greuges de Cataluña, para dar voz y coordinar su tarea con el resto de defensores de todos los sectores en los cuales existe la figura del ombudsman: síndicos locales, defensores universitarios y empresas que prestan servicios de interés general.

Más allá de las relaciones y colaboraciones de carácter bilateral que en la práctica ya funcionan entre el Síndic y las instituciones catalanas de ombudsman, la creación de una red de defensa de derechos en toda Cataluña figuraba como uno de los objetivos que el Síndic había fijado para su mandato.

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El síndic de greuges, Rafael Ribó, reitera su renuncia a la condición de aforado que ya notificó en el año 2014

18/09/2018

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A raíz del anuncio realizado por el presidente del Gobierno español de iniciar los trámites para modificar la Constitución y limitar la condición de aforado que ostentan muchos cargos públicos, el síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha recordado que en el mes de juliol de 2014 ya hizo pública su voluntad de renunciar al aforamiento especial, privilegio que le otorga la Ley 36/1985, dada su condición de defensor del pueblo autonómico.

El síndic lamenta que el Congreso de Diputados no iniciara hace cuatro años la reforma legislativa pertinente para materializar su petición y recuerda que el ejemplo fue secundado por otros defensores, como el Ararteko de Navarra, el síndic de greuges de la Comunidad Valenciana, el defensor del pueblo andalúz y el diputado del común de Canarias.

El síndic considera que la medida de suprimir la condición de aforados a todos los cargos institucionales previstos en el sistema constitucional es positiva y refuerza las bases de una sociedad democrática.

 

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El Síndic investiga de oficio los desprendimientos de tierra arcillosa sobre el río Garona en el Valle de Arán

14/09/2018

foto (c) Gencat

Rafael Ribó, que en el Valle de Arán ejerce su cargo como Proòm dera Val d'Aran, ha abierto una actuación de oficio a raíz de las informaciones aparecidas en la prensa

Ha solicitado información a la Confederación Hidrográfica del Ebro, así como a las administraciones del Valle de Arán

El Síndic de Greuges de Cataluña ha pedido información a la Conferederación Hidrográfica del Ebro (CHE) respecto a las actuaciones que este organismo tiene previstas para evitar los efectos derivados del desprendimiento de arcilla que se ha producido en el río Garona a su paso por el Valle de Arán.

Según los medios de comunicación, en los últimos meses han tenido lugar diversos deslizamientos de tierra sobre el mencionado río que pueden conllevar graves afectaciones ecológicas.

Así, el Síndic ha pedido información a la CHE sobre los trabajos de inspección que el mencionado órgano debe llevar a cabo, dadas sus competencias, para garantizar la viabilidad del ecosistema. También ha solicitado que se le informe de los resultados de la inspección y de las medidas urgentes que adoptarán para evitar alteraciones en la reproducción de las especies de peces que habitan en las aguas afectadas: trucha y cottus gobio o carrasco espinoso, estos últimos en riesgo de extinción. Por último, ha solicitado información a las administraciones del territorio a fin de determinar qué afectaciones puede conllevar este desprendimiento; concretamente, se ha dirigido al Conselh Generau d'Aran y a diversos ayuntamientos de la zona.

Rafael Ribó, que en Arán ejerce su cargo de síndic bajo el nombre de Proòm dera Val d'Aran, ha abierto una actuación de oficio ante las informaciones aparecidas en la prensa a partir de las cuales también se ha hecho público que el Conselh Generau d'Aran se ha puesto en contacto con la CHE y le ha solicitado una intervención urgente. 

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Comunicado del Síndic de Greuges sobre la libertad de expresión en el espacio público e institucional

03/09/2018

El Síndic de Greuges ha tenido conocimiento de varias situaciones en las que personas individuales han expresado su opinión respecto de la situación política actual mediante diversas actuaciones. En relación con esta cuestión, el Síndic se ha dirigido a las administraciones afectadas.

El Síndic de Greuges ha tenido conocimiento de varias situaciones en las que personas individuales han expresado su opinión respecto de la situación política actual mediante actuaciones como la exhibición de diversos tipos de carteles reivindicativos, fotografías, banderas, lazos y otros elementos de color amarillo en las fachadas de residencias particulares y en las paredes, vallas, rejas o en el suelo de espacios públicos como aceras, calles, parques o playas.

La presencia de estos elementos en la vía pública a veces ha provocado reacciones adversas de personas que no se sienten identificadas con las reivindicaciones expresadas o que mantienen posturas ideológicas opuestas.

Por otra parte, algunos edificios de la Administración autonómica y local exhiben diferentes tipos de carteles reivindicativos, bien en sus fachadas o balcones, bien en las dependencias en que se presta la atención al público.

En relación con esta cuestión, el Síndic se ha dirigido a las administraciones en los siguientes términos.

1. La Administración local puede regular el uso del espacio público y el paisaje urbano, pero no el ejercicio del derecho de libertad de expresión ni del derecho de reunión y manifestación.

Como derechos fundamentales les ampara la reserva de ley orgánica y únicamente se pueden limitar en los casos legalmente establecidos. Cualquier limitación en el ejercicio de estos derechos debe interpretarse de manera restrictiva a favor del ejercicio del derecho.

2. Las administraciones locales pueden actuar para restablecer el paisaje urbano de los espacios públicos y de los bienes de dominio público en general, en el marco de la aplicación de sus ordenanzas de civismo, convivencia y protección del paisaje urbano, pero no pueden prohibir expresiones públicas de ideas personales y colectivas que se llevan a cabo en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del respeto de los derechos de las personas y sin alterar el orden público.

Cuando la normativa reguladora del uso del espacio público y de los bienes de dominio público, de civismo o de convivencia limita elementos de la libertad de expresión, se aplicará restrictivamente, ponderando la afectación de los bienes jurídicos protegidos (limpieza del espacio público y ordenación del paisaje urbano, por ejemplo) y siempre en favor del ejercicio del derecho de libertad de expresión.

3. En cuanto a la ocupación del espacio público (aceras, plazas, vías, parques, playas, etc.), corresponde a las administraciones locales o la Administración autonómica (por delegación de la estatal, en el caso del patrimonio público marítimo terrestre) su regulación con el objeto de velar por que sea compatible la necesidad (individual o colectiva) de hacer un uso privativo de la vía pública con el interés general de poder disfrutar libremente del espacio público.

4. El personal al servicio de la Administración tiene derecho a la libertad de expresión con el límite de no poner en juego la neutralidad e imparcialidad de la Administración. No existe un derecho general de este personal a utilizar las dependencias de los edificios públicos para expresar sus ideas o ideologías y, por tanto, la Administración podrá regular su uso, en su caso, y limitarlo a ciertos espacios, como paneles informativos. 

5. La Administración puede usar las fachadas, balcones u otros elementos exteriores de sus edificios como altavoces para exponer diferentes símbolos que identifican con el apoyo o el compromiso para la defensa de los derechos fundamentales o de los derechos de minorías vulnerables, y también para difundir mensajes con carga ideológica ampliamente aceptados por las mayorías políticas, aunque no siempre de forma unánime, siempre que este acto se lleve a cabo en un momento y un contexto determinados y siempre en el marco de la garantía de los derechos de las personas.

Es recomendable que la Administración regule la utilización de las fachadas y otros elementos exteriores de los bienes destinados al uso y a los servicios públicos, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 65 del Decreto 323/1983, de 14 de julio, a fin de poder disponer de un marco jurídico con criterios objetivos para decidir sobre la legalidad de dar uno u otro uso a estos bienes en función de los casos concretos.

6. En relación con el comunicado de hoy del Defensor del Pueblo, la Ley orgánica 36/1985 establece un deber de coordinación entre esta institución y el Síndic de Greuges que se debería materializar en el intercambio de información entre ambas instituciones, hecho que en este caso no se ha producido. El Síndic reitera su disposición a la coordinación con su homólogo estatal y recuerda que ha emitido varios informes sobre derechos y libertades en Cataluña que han sido debatidos en el Parlamento.

Barcelona, ​​3 de septiembre de 2018

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El Síndic solicita información sobre la posible explotación de un metal estratégico en el Parque Natural del Alto Pirineo

31/08/2018

foto (c) Gencat

El Síndic solicita información al Departamento de Territorio y Sostenibilidad sobre el estado de los trámites para poder llevar a cabo esta actividad.

También solicita conocer el sentido de la evaluación del impacto ambiental.

El Síndic de Greuges ha tenido conocimiento del interés de una empresa -Neometal Sapania- para llevar a cabo actividades de investigación, prospección o sondeo en el Parque Natural del Alto Pirineo para extraer wolframio -también conocido como tungsteno- y oro.

Según la información de qué dispone el Síndic, la empresa, que pertenece al grupo australiano Apollo Minerals, ha iniciado los pasos para poder explotar un yacimiento de tungsteno y oro en el barranco del puerto de Salau y también en el río Salat, un punto transfronterizo histórico entre Francia y España.

Las actividades previstas en el Estado afectarían una superficie de unos 55 km2, que mayoritariamente es catalana. El desarrollo del proyecto podría tener un gran impacto ambiental porque supondría abrir pistas para vehículos, transportar maquinaria y hacer perforaciones, la cual cosa afectaría gravemente un territorio en el que se preservan especies de flora y fauna protegidas.

En este sentido, los grupos parlamentarios Catalunya en Comú Podem y CUP, la presidenta de Alòs d'Isil (pedanía de Alt Àneu) y la alcaldesa de Alt Àneu, además de varias organizaciones ecologistas, se han movilizado en contra del otorgamiento de la autorización para la realización de dichas actividades.

El Síndic tiene conocimiento que la empresa ha presentado la solicitud de autorización y que esta está en trámite de la evaluación de impacto ambiental simplificada. Por todo ello, solicita al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña que le informe sobre el estado en el que se encuentra este permiso, sobre el sentido de la evaluación del impacto ambiental y sobre su valoración del proyecto.

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