Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic abre una actuación por la posible urbanización insostenible en un tramo virgen de la costa de Begur

13/07/2018

Una entidad ecologista ha denunciado que la modificación del POUM permitirá la construcción de 400 viviendas nuevas y tres hoteles en el sector de Aiguafreda

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación a partir de la denuncia de una entidad ecologista en relación con un supuesto nuevo intento de agredir el litoral catalán con edificaciones innecesarias. Concretamente se trata de posibles edificaciones en el área conocida como el sector de Aiguafreda, perteneciente al municipio de Begur, en la Costa Brava.

Así, el Síndic se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Begur, al que ha requerido información sobre la reciente modificación del POUM. Esta modificación, que se encuentra en plazo de información pública, ha despertado la alarma de los ecologistas, según los cuales el Ayuntamiento habría abierto la puerta a la construcción de 400 viviendas nuevas y tres hoteles. Además, alertan de que esta urbanización pone en riesgo uno de los últimos tramos vírgenes de la costa de Begur: la cala de Aiguafreda.

El Síndic también se ha dirigido al Departamento de Territorio y Sostenibilidad para solicitar información acerca del tema, en particular de un informe emitido en el año 2016 donde se certifica que esta proyección urbanística no invade ningún espacio natural protegido.

En los últimos años el Síndic ha registrado un incremento de quejas relacionadas con la sostenibilidad del territorio. Casos como el de Pals, Tossa de Mar, el Montseny o los aeropuertos de la Cerdanya y el Bages, entre otros, han sido motivo de actuación de oficio. Recientemente ha presentado en el Parlamento el Informe El aumento de los conflictos en materia ambiental y urbanística en Cataluña, en que analiza cuales han sido las actuaciones de las administraciones en un contexto de aumento de conflictividad territorial, a través de los instrumentos de planificación urbanística y territorial, que inevitablemente afectan al medio ambiente.

Volver al inicio del listado de noticias

El Síndic reclama medidas urgentes y efectivas para evitar la venta irregular en la vía pública

12/07/2018

tt
4.ª reunión interadministrativa de seguimiento sobre el comercio irregular en la vía pública


A pesar de las actuaciones realizadas por todas las administraciones implicadas en los últimos dos años, el fenómeno persiste

Propone elaborar un plan de actuación social destinado a la integración de las personas que se dedican al top manta 

Insta a las administraciones a promover campañas divulgativas sobre la irregularidad y las repercusiones del top manta y a aplicar sanciones a los consumidores infractores

El Síndic de Greuges ha instado a las administraciones involucradas en la lucha contra la venta ambulante irregular en la vía pública a que actúen de forma inmediata. Lo ha hecho en el marco de una nueva reunión interadministrativa que ha tenido lugar este jueves 12 de julio en la sede de la institución y a la cual han sido convocados el consejero de Interior, la consejera de Empresa y Conocimiento, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, la delegada del Gobierno, la alcaldesa de Barcelona, y también otros alcaldes de municipios catalanes afectados por este fenómeno.

Esta es la cuarta reunión interadministrativa impulsada por el Síndic desde julio de 2016. A pesar de las actuaciones llevadas a cabo por todas las administraciones implicadas en estos dos años, el fenómeno persiste. Por esto, el Síndic ha trasladado a todos los asistentes la necesidad de actuar decididamente para garantizar que el top manta no alcance la misma magnitud que años anteriores en la temporada turística estival.

Las recomendaciones básicas que el Síndic hizo el febrero de 2016 en el Informe sobre el comercio irregular a la vía pública (http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=4019&prevNode=346&month=1d) continúan plenamente vigentes. El síndic también ha reclamado a los asistentes a la reunión que adopten cinco medidas factibles para abordar el problema en toda su complejidad.

1. Mesa interadministrativa permanente

Se tendría que convertir esta reunión en una mesa interadministrativa de carácter permanente que se reúna cada tres meses para analizar los resultados de los objetivos fijados y evaluarlos en función de las nuevas situaciones. La mesa debe permitir ofrecer una visión integral y una actuación coordinada de las diferentes administraciones implicadas.

2. Plan de actuación social

Elaborar un plan de actuación social destinado a la integración de las personas que se dedican al top manta. Este plan debería incluir formación, ayudas vinculadas a esta formación y medidas para facilitar la inserción laboral. En este aspecto, se deberían hcer las gestiones pertinentes frente la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña y del departamento ministerial correspondiente para arbitrar las medidas que faciliten la viabilidad de este plan.

El plan tendría que ser coordinado por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

3. Sanciones en materia de comercio y consumo y campañas informativas

Se debe promover una campaña de divulgación acerca de las repercusiones del fenómeno del top manta e implicar las agencias de viajes, los operadores turísticos, los hoteles, etc.

El Código de consumo de Cataluña (artículo 126-15) determina que

“la Administración de la Generalitat debe llevar a cabo y fomentar campañas informativas y actividades de difusión con el objetivo que las personas consumidoras conozcan sus derechos. Estas campañas y actividades se tienen que realizar a través de los medios más adecuados en cada caso”.

La Dirección General de Comercio tiene que ejercer sus competencias sancionadoras en materia de comercio. Por su parte, la Agencia Catalana del Consumo debe ejercer sus competencias sancionadoras en materia de consumo.

Se deben garantizar los medios personales y materiales adecuados para el ejercicio de estas competencias. También se debe garantizar que la aplicación de sanciones a los consumidores infractores irá precedida de campañas informativas especialmente dirigidas a los clientes potenciales.

4. Actuación coordinada de las administraciones y asistencia a los municipios

Las administraciones implicadas tienen que actuar de acuerdo con los principios de cooperación, coordinación e interoperabilidad, y deben asistir a los municipios en el ejercicio de sus competencias.

5. Actuaciones en materia policial y de seguridad ciudadana

Es preciso diseñar, bajo la coordinación del Departamento de Interior, un plan para reducir el fenómeno del top manta este verano. Igualmente, es necesario diseñar las operaciones que permitan acabar con los canales de distribución de productos que se venden en el top manta.

Volver al inicio del listado de noticias

Comunicado en relación con la suspensión del cargo público de seis diputados del Parlamento de Cataluña

11/07/2018

cc

En fecha 10 julio de 2018 se dio a conocer el auto del juez instructor del Tribunal Supremo en la causa especial 20907/2017, que ordena la suspensión del cargo público de seis diputados del Parlamento de Cataluña en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

Respecto a esta decisión, el Síndic de Greuges manifiesta lo siguiente:

1. Tal y como señaló en el comunicado publicado el 29 de junio, una interpretación del artículo 384 bis que sea conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 199/1987) haría inaplicable la suspensión automática de cargo o función pública de las personas procesadas y encarceladas por presuntos delitos vinculados al proceso, dado que en este caso no se ha producido en ningún momento la utilización de armas o explosivos, como reconoce el propio Tribunal Supremo en su auto de 26 de junio de 2018. Por este motivo, el Síndic cree que los diputados afectados por la medida de suspensión, en ejercicio de su derecho de participación y representación, pueden recurrir la decisión a las instancias jurisdiccionales competentes, incluyendo el amparo constitucional.

2. La suspensión de cargo o función pública del artículo 384 bis LeCrim tiene un efecto directo en el juego de mayorías del Parlamento de Cataluña y desvirtúa, por tanto, el resultado de las elecciones de 21 de diciembre de 2017. Respecto a ello, cabe destacar que, en virtud de una decisión judicial de tipo meramente cautelar y no sobre el fondo del caso sometido a juicio, se priva a varios diputados de ejercer sus funciones para un tiempo indefinido. Hay una afectación, por tanto, del derecho fundamental de participación del parlamentario como individuo en la vida de la cámara y, sobre todo, del derecho colectivo de participación de los electores catalanes en la formación de las mayorías políticas a través de elecciones competitivas cada cuatro años. Esta decisión, en el estadio actual del procedimiento, contradice la jurisprudencia del TEDH, para quien “el papel de los órganos judiciales no puede en ningún caso modificar la expresión del pueblo” (Kerimova contra Azerbaiyán, de 30 de septiembre de 2010).

3. La alternativa que contempla el auto del juez instructor, según la cual el Parlamento de Cataluña podría acordar la sustitución de los diputados suspendidos por otros miembros de las candidaturas correspondientes, no está prevista en el ordenamiento jurídico, supone una extralimitación de las funciones judiciales por invasión de la potestad legislativa, representa una intromisión en la autonomía parlamentaria y plantea por todos estos motivos serias dificultades de aplicación efectiva. En particular, la entrega de unas actas de diputados y diputadas provisionales, que correspondería a la Junta Electoral y que no puede sustentarse en la Ley Orgánica de Régimen Electoral general (LOREG)Por lo tanto, subsisten en el momento presente todos los riesgos de desvirtuación de los resultados electorales de las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña señalados en el punto anterior.

4. Por último, el Síndic vuelve a insistir, como ha acreditado en su reciente informe de junio de 2017, La vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la reacción penal al 1-O , que las acusaciones de rebelión, sedición y organización criminal que se están sustanciando en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y otros tribunales de instrucción son claramente desproporcionadas respecto a los hechos ocurridos en Cataluña, particularmente entre los meses de septiembre y octubre de 2017. Más concretamente, en cuanto a la rebelión, las referencias que hizo en su día el Tribunal Constitucional (STC 199/1987) al uso de armas de guerra y explosivos para justificar la suspensión de cargo público de personas procesadas y encarceladas por rebelión denotan claramente que ninguno de los hechos que se investigan en la causa especial 20907/2017 incurren en este tipo penal.

 

Volver al inicio del listado de noticias

El Síndic reclama un plan específico para abordar la llegada de los adolescentes extranjeros no acompañados más allá de las mejoras estructurales del sistema protector

10/07/2018

xx

Comparecencia: Informe sobre los derechos del niño 2017

El notable incremento de adolescentes extranjeros no acompañados que han llegado a Cataluña durante el último año ha colapsado el servicio de acogida

Aún existe cerca de un 25% de niños en riesgo de pobreza y un 6% de niños que sufren una situación de privación material severa

El pacto contra la segregación escolar se fundamenta en los principios de corresponsabilidad de todos los centros y del derecho a la educación con igualdad de oportunidades

La difusión de la identidad o de la imagen del niño puede perturbar su correcto desarrollo físico, mental, moral y social

El síndic, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, M. Jesús Larios, han presentado este martes 10 de julio el Informe anual sobre los derechos de los niños 2017 ante la Comisión de Infancia del Parlamento de Cataluña.

A pesar de que el informe reconoce los adelantos y los esfuerzos de la Administración en cuanto al sistema de protección de la infancia (se han creado 242 plazas nuevas para atender a los migrantes no acompañados), aún es uno de los ámbitos que más preocupan al Síndic respecto a los derechos de los niños. Más concretamente, el Síndic destaca la necesidad de adoptar un plan específico para abordar el gran número de adolescentes extranjeros no acompañados que llegan a Cataluña en los últimos tiempos. Un incremento que empezó en el año 2016 y que en el año 2017 fue exponencial.

Este plan debe ser complementario a las medidas de mejora del sistema protector. En este sentido, se debe abordar el aún insuficiente número de familias acogedoras y la falta de despliegue del acogimiento profesional. El informe constata, además, que sería necesario continuar avanzando en la promoción de una red de centros más pequeños, como ha empezado a hacer la DGAIA, si bien estas dimensiones deberían ser aplicables a cualquier tipo de centro de protección. Así mismo, cabe avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal educador.

También en el ámbito social el informe incluye una lista de recomendaciones para combatir la pobreza infantil y recopila la tarea impulsada por el Síndic para alcanzar la firma, de momento en suspenso, de un pacto contra la segregación escolar. En cuanto a los derechos civiles, destacan las actuaciones para garantizar los derechos del colectivo LGTBI y las sugerencias para proteger y regular los derechos de imagen de los niños.

Un sistema de protección condicionado por la falta de acogimiento familiar, la situación laboral del personal educador y la llegada de adolescentes extranjeros no acompañados (pág. 25 y 91)

Los esfuerzos de la Administración para promover el acogimiento familiar, si bien suponen una mejora en cuanto al apoyo a las familias acogedoras, aún no han dado los resultados que requeriría la necesidad de este recurso, puesto que no se ha incrementado de forma significativa el número de familias acogedoras. Tan sólo un 46,8% de los niños tutelados están en acogimiento familiar, proporción muy similar a la existente desde hace más de diez años.

El factor más determinante para entender el incremento de la presión sobre el sistema de protección tiene que ver con el incremento de la llegada de adolescentes migrantes no acompañados. En el mes de octubre de 2017 ya se habían alcanzado 1.116 nuevos casos, un 63,2% más que en todo el año 2016. Las dificultades del sistema de protección para atender esta realidad han provocado que en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat se mantuviera a numerosos niños, sin estar detenidos, más de cuatro días.

El colectivo de los educadores ha planteado al Síndic déficits que afectan directamente a la efectividad y a la garantía de los derechos de los niños. Entre las recomendaciones en este sentido destaca revisar el número y el perfil de profesionales que son necesarios en cada uno de los centros de acuerdo con las necesidades detectadas y expresadas por los mismos profesionales y las evaluaciones de riesgos psicosociales.

La pobreza infantil: un problema estructural (pág. 111)

En el año 2016 los datos sobre el índice de pobreza infantil mejoraron, pero aún existe cerca de un 25% de niños en riesgo de pobreza y un 6% de niños que sufren una situación de privación material severa, indicadores significativamente superiores a los datos para el conjunto de la población. A pesar de la constatación de que la prevalencia de pobreza es más alta en niños que en otros colectivos, el informe denuncia que la renta garantizada de ciudadanía, que se aprobó en el año 2017, protege a las familias con menos ingresos, pero no realiza una discriminación positiva suficiente de las familias con niños a cargo. Los importes previstos varían en función de los miembros de la unidad familiar, pero no distinguen si son niños o adultos.

En este sentido, el Síndic ha recomendado que se establezcan prestaciones regulares y eficaces dirigidas a niños y adolescentes que les den la máxima cobertura y cuyo acceso a las mismas no se acondicione a las necesidades de los demás, o también que el derecho a un nivel de vida adecuada de los niños sea un derecho subjetivo exigible frente a las administraciones y en sede judicial.

El pacto contra la segregación: un reto pendiente (pág. 61 y 128)

El Síndic presentó en el año 2016 dos informes sobre la segregación escolar. A partir de estos, junto con el Departamento de Educación, ha promovido la elaboración de un pacto contra la segregación en Cataluña. El pacto se fundamenta en los principios de corresponsabilidad de todos los centros, independientemente de la titularidad, y el del derecho a la educación con igualdad de oportunidades. Para garantizar el éxito del pacto contra la segregación escolar (aún en proceso de elaboración), tanto en cuanto a su suscripción como en cuanto a su aplicación efectiva, el informe recomienda que se adopte una posición activa sobre las medidas normativas y organizativas que se deben adoptar así como sobre las previsiones presupuestarias.

El informe pone de manifiesto el conflicto existente entre los efectos negativos en cuanto a la segregación de la difusión de datos de resultados académicos y el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) ha recibido demandas de acceso a datos de resultados. Para evitar esta situación, el Síndic recomienda que se regule la privacidad de esta información mediante un decreto.

Más control del uso de la imagen de los niños (pág. 17)

El Síndic destaca en su informe la falta de concienciación generalizada en cuanto a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los niños. Así, señala que no se tiene lo suficientemente presente que la difusión de la identidad o de la imagen del niño no sólo lesiona sus derechos, sino que, además, puede perturbar su correcto desarrollo físico, mental, moral y social.

Una de las recomendaciones que efectúa el Síndic es garantizar con rigor que el derecho a la información y a la libertad de expresión no pase los límites que impone el ordenamiento jurídico de preservar los derechos mencionados, especialmente si los niños han sido víctimas de un delito o de maltrato.

Más recursos para las familias refugiadas (pág. 75)

Es preciso garantizar que los servicios sociales dispongan de los recursos para poder llevar a cabo una intervención adecuada en casos de familias refugiadas de reciente llegada y de especial vulnerabilidad a fin de puedan tener éxito en llegar a ser autónomos.

También es necesario crear centros o recursos para atender a familias con niños de reciente llegada que presentan una situación compleja y que requiere ser abordada de manera específica con planes de trabajo concreto y un seguimiento intensivo.

Otros temas

#LGTBI Déficits de la Administración en cuanto a las políticas de coeducación y visibilización de los niños LGTBI (pág. 11).

#Salut Insuficiencia de profesionales de pediatría (pág. 52). Consumo de tabaco en instalaciones deportivas donde los niños desarrollan actividades (pág. 54)

Discapacidad Programa respiro para niños con discapacidad intelectual (pág. 39) 

Volver al inicio del listado de noticias

El Síndic concluye en sesión parlamentaria que el tratamiento que los centros educativos han realizado del 1-O ha sido globalmente correcto

09/07/2018

A pesar de que ha detectado algunas prácticas que deberían mejorarse, constata que las escuelas abordaron los hechos de forma correcta

El objetivo principal es defender los derechos del alumnado

Los contenidos de carácter político deben tratarse con respeto al principio de pluralismo. Esto no significa que el alumnado o el profesorado no puedan exponer sus opiniones, sino que todas las opiniones puedan expresarse libremente y con respeto

Sobre los hechos del 1-O, el Síndic ha recibido durante el período comprendido entre los meses de septiembre de 2017 a mayo de 2018 un total de 9 quejas y 25 consultas, y también ha abierto 2 actuaciones de oficio

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado por la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, M. Jesús Larios, ha comparecido este lunes 9 de julio frente a la Comisión del Síndic en el Parlament para exponer sus conclusiones sobre el tratamiento en algunas escuelas de los hechos del 1-O. En general, ha constatado que la actuación de los centros fue correcta, y a pesar de que ha detectado algunas prácticas mejorables, se trata de casos muy puntuales.

Como en todas las investigaciones que la institución del Síndic lleva a cabo en el ámbito de la educación, su objetivo primordial es defender los derechos del alumnado y garantizar el interés superior del niño de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. Tanto dicha Convención como el resto del ordenamiento jurídico correspondiente incorporan la libertad de pensamiento y de conciencia de las personas como un derecho fundamental. La Ley de educación de Cataluña prevé el pluralismo y la exclusión de cualquier forma de proselitismo o adoctrinamiento como principios rectores de nuestro sistema educativo (art. 2).

El Síndic también ha tenido en cuenta los derechos del profesorado. La libertad de cátedra, por ejemplo, permite que los profesores puedan expresar opiniones.

En el marco de esta investigación, el Síndic ha elaborado el informe El pluralismo en las escuelas de Cataluña como garantía de no-adoctrinamiento. El documento, que ha presentado recientemente, concluye que en Cataluña no existe adoctrinamiento sistemático. Se trata de un análisis exhaustivo desde dos vertientes: por un lado, las quejas e incidencias registradas, y por el otro, el currículum escolar y el contenido de los libros de texto.

Durante la comparecencia, el Síndic ha considerado oportuno clarificar que el derecho a la educación va más allá de la transmisión de conocimientos: la situación política debe tratarse en el aula porque forma parte del derecho a la educación.

Del mismo modo, los contenidos de carácter político deben tratarse con respeto al principio de pluralismo. Esto no significa que el alumnado o el profesorado no puedan expresar sus opiniones, sino que todas las opiniones puedan expresarse libremente y con respeto.

Son dos ejemplos de algunos aspectos que, a menudo, si no se tienen en cuenta pueden desvirtuar el discurso cuando el debate sale del ámbito puramente educativo y entra en la esfera política.

En cuanto a las actuaciones concretas, a raíz de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, convocado por la Generalitat de Cataluña y suspendido por el Tribunal Constitucional, el Síndic ha recibido durante el período comprendido entre los meses de septiembre de 2017 a mayo de 2018 un total de 9 quejas y 25 consultas, y también ha abierto 2 actuaciones de oficio.

Estas quejas, consultas y actuaciones de oficio hacen referencia, fundamentalmente, a incidencias supuestamente ocurridas en los debates organizados en las aulas para debatir los hechos sucedidos durante la celebración del referéndum, al trato al alumnado, a la presencia de simbología política en los centros, a la participación del alumnado en actos de protesta y de huelga o a la parada general convocada para el 3 de octubre sin servicios mínimos en los centros educativos.

Algunas de las quejas (un tercio del total, 12 de 36), sin embargo, van en sentido contrario, y tienen que ver con el acoso al profesorado y con el cuestionamiento de su profesionalidad por parte de determinadas instancias políticas y medios de comunicación.

Cabe decir, no obstante, que de estas 36 quejas, consultas o actuaciones de oficio, si bien todas pueden ser indicativas de malestar sobre una situación existente, en tan sólo 7 casos (7 centros educativos de 6 municipios diferentes) incorporan incidencias concretas y, por lo tanto, posibilidades de verificación. En el resto de casos, o bien son quejas genéricas, sin mencionar ningún centro en concreto, o bien han sido presentadas por personas no directamente afectadas, ocasionalmente residentes fuera de Cataluña, que siguen la actualidad a través de los medios de comunicación y que expresan su desacuerdo sobre noticias que estos medios exponen.

Volver al inicio del listado de noticias