Actualidad: noticias y notas de prensa

COMUNICADO CON MOTIVO DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE LOS ATENTADOS 17-A

16/08/2019

Atentados17AEl Síndic de Greuges de Cataluña, con motivo del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils de hace dos años (17 y 18 de agosto de 2017), solicita una explicación parlamentaria y quiere manifestar su solidaridad con las víctimas y sus familias, algunas de las cuales se están encontrando con dificultades insólitas para obtener el reconocimiento y el apoyo que merecen por parte del Ministerio del Interior.

Es inadmisible que toda la investigación parlamentaria en el Congreso de Diputados sea la comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del director del CNI, que el resto de diputados y la ciudadanía no han conocido.

Asimismo, en la línea del informe Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña, entregado y debatido en el Parlamento de Cataluña, el Síndic reitera que en las últimas semanas han aparecido informaciones contradictorias que apuntan al carácter de confidente del imán de Ripoll y que esto podría haber tenido alguna repercusión negativa a la hora de detectar su radicalización y prevenir los atentados, sin que haya habido respuesta oficial alguna al respecto. En sentido positivo, el Síndic se congratula de que el Cuerpo de Mossos d’Esquadra finalmente haya sido admitido como miembro de pleno derecho del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), pero sigue reclamando este mismo reconocimiento a nivel internacional (EUROPOL).

Por este motivo, el Síndic manifiesta y reitera que:

1. Es necesario que el Gobierno del Estado aclare de forma exhaustiva y pública los hechos que condujeron a los atentados de hace dos años. Y es precisa una explicación a fondo en sede parlamentaria, en las Cortes Generales.

2. Hay que integrar plenamente a la Policía de la Generalitat-Mossos en los ámbitos de coordinación policial europea.

3. Hay que investigar si los Mossos recibieron toda la información de que disponían el CNI o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y si la coordinación entre los diversos cuerpos policiales fue la correcta.

4. Hay que investigar y aclarar si Abdelbaki es Satty era confidente del Centro Nacional de Inteligencia y qué conocimiento tenía el CNI de sus pasos en los días previos a los atentados.

5. Hay que dar todo el apoyo institucional a las víctimas de los atentados, particularmente las que han sufrido daños psicológicos. Barcelona, 16 de agosto de 2019

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El Síndic actúa de oficio ante las incidencias, retrasos y cancelaciones de vuelos este verano en el aeropuerto de Barcelona el Prat - Josep Tarradellas

02/08/2019

foto (c) Jordi Soteras

El objetivo es analizar cual ha sido la actuación de las administraciones públicas competentes en defensa de los derechos de las personas consumidoras afectadas

Recuerda a los viajeros la posibilidad de dirigir sus quejas y reclamaciones a la institución, para orientarles en la defensa de sus derechos

La falta de información a los viajeros, las largas colas para presentar una reclamación o la falta de respuesta a las solicitudes de compensación o de devolución entre las incidencias detectadas

El Síndic de Greuges de Cataluña se ha dirigido en la Agencia Catalana del Consumo, al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, a la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña y a la compañía aérea Vueling para pedir información acerca de los numerosos problemas, como por ejemplo incidencias, retrasos y cancelaciones de vuelos, que sufren las personas usuarias de aerolíneas en el aeropuerto de Barcelona-el Prat Josep Tarradellas.

En concreto, el Síndic analiza la cancelación por parte de Vueling de más de 100 vuleos previstos para el sábado 27 y el domingo 28 debido a la huelga del personal de tierra de Iberia en el citado aeropuerto. A estas complicaciones se sumó la tormenta que el sábado 27 obligó a cerrar el aeropuerto al tránsito aéreo durante una hora aproximadamente. Así mismo, el comité de empresa de la compañía encargada de los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona-el Prat Josep Tarradellas (Trablisa) registró el lunes 29 en el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña una convocatoria de huelga indefinida a partir del 9 de agosto por la sobrecarga de trabajo de la plantilla.

Según estas informaciones, las cancelaciones de vuelos, los retrasos y los cambios de horarios se suman a la falta de información a los viajeros, las largas colas para presentar una reclamación o la falta de respuesta a las solicitudes de compensación o de devolución del importe del billete abonado. También se registran incidencias relativas a la falta de garantía del derecho de asistencia a los pasajeros (comida, bebida, hotel, etc.) en unos días de gran afluencia de pasajeros, por la salida y la llegada de las vacaciones.

El Código de consumo de Cataluña (Ley 22/2010, de 20 de julio) considera que los transportes son un servicio básico, es decir, unos servicios de carácter esencial y necesarios para la vida cotidiana o que tienen un uso generalizado entre las personas consumidoras. La Agencia Catalana del Consumo tiene asignadas legalmente (Ley 9/2004, de 24 de diciembre) las funciones siguientes, entre otras, de orientar, informar y asesorar a los consumidores y a los usuarios acerca de sus derechos y la manera de reclamarlos; ejercer las competencias de inspección y sanción en el ámbito del consumo; e impulsar la protección legal efectiva de los consumidores y los usuarios, iniciando las acciones judiciales pertinentes y compareciendo en las que se refieren a asuntos que merecen una atención especial por razón de la transcendencia de los derechos que es necesario proteger o de la alarma social que generan.

Así mismo, el Ministerio de Fomento (por medio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA) ostenta, entre otras, la competencia de velar por el cumplimiento de las normas relativas a la protección del usuario del transporte aéreo. Especialmente, de velar por el cumplimiento del Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de vuelos.

El Síndic ya inició actuaciones por problemas similares en años anteriores en el mismo aeropuerto de Barcelona-el Prat en el año 2015 por problemas de acumulación de equipajes y maletas, en el año 2016 por retrasos y cancelaciones de Vueling, en el año 2017 por la situación de los pasajeros de un vuelo de Vueling que no llegó a Madeira y en el año 2018 sobre los retrasos y cancelaciones de Vueling y Ryanair. En este sentido, también recuerda a los viajeros y afectados la posibilidad de dirigir sus quejas y reclamaciones a la institución, para poderles orientar en la defensa de sus derechos.

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El Síndic abre una actuación de oficio para garantizar la retirada de un vertedero ilegal en Tossa de Mar

01/08/2019

foto (c) recyclind/Pixabay

El Síndic se ha dirigido al Ayuntamiento de Tossa de Mar, a la Agencia de Residuos de Cataluña y a la Dirección general de los Agentes Rurales

En el año 2016 ya actuó de oficio al conocer la existencia de diecinueve vertidos incontrolados en la demarcación de Barcelona, con gran éxito

A través de los medios de comunicación, el Síndic ha tenido conocimiento de la existencia de un vertedero incontrolado en el municipio de Tossa de Mar. Se han descubierto 2.500 neumáticos y otros residuos, como por ejemplo restos de embarcaciones y plásticos viejos.

La existencia del vertedero conlleva un grave peligro de contaminación ambiental por la alta toxicidad de los materiales que componen los neumáticos, especialmente en caso de combustión; un incremento sustancial del riesgo de incendio forestal si la parcela es de carácter forestal; un importante foco de cría y propagación del mosquito tigre, que supone un importante problema de salubridad pública, y un notable riesgo de consolidación de esta parcela como un gran espacio de acumulación ilegal e incontrolado de neumáticos usados y de otro tipo de desperdicios.

En síntesis, este vertido incontrolado, por la naturaleza propia de los residuos y las características de la ubicación, conlleva un grave peligro para el medio y la salud de las personas, al mismo tiempo que se está produciendo un daño o deterioro grave del medio ambiente.

Es necesaria, por tanto, una actuación inmediata y decidida de las administraciones competentes para restituir el medio, regenerar el espacio degradado por el vertido incontrolado, y garantizar la salud y la seguridad de las personas y los bienes. Así mismo, se deben adoptar las medidas oportunas para evitar la producción de daños y minimizar el peligro potencial existente.

Con este propósito, el Síndic se ha dirigido al Ayuntamiento de Tossa de Mar, a la Agencia de Residuos de Cataluña y a la Dirección general de los Agentes Rurales.

En este sentido, la institución ya actuó de oficio en el verano de 2016 al conocer la existencia de diecinueve vertidos incontrolados en la demarcación de Barcelona, concretamente en los municipios de Arenys de Mar, les Franqueses del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Cerdanyola del Vallès, Ullastret, Sant Salvador de Guardiola, Sant Fruitós de Bages, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Viver i Serrateix, Avinyó, Tavèrnoles, Rupit i Pruit, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Alpens, Sant Agustí de Lluçanès, Pinós y la Roca del Vallés.

Todos aceptaron las recomendaciones y las sugerencias del Síndic de Greuges y, a excepción de la Roca del Vallès, acreditaron la limpieza y la retirada de los vertederos.  El Síndic denunció la inactividad de las administraciones, durante diez años en algún caso, en vez de adoptar medidas de urgencia ante una situación que conllevaba un gran riesgo, tanto para el medio ambiente como para la salud y la seguridad de las personas.

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Transparencia: aún existe desconocimiento y ralentización

30/07/2019

foto

Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Se mantienen las carencias detectadas en años anteriores, a pesar de los cuatro años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley

Las cifras sobre la falta de respuesta a las solicitudes de acceso son inaceptables

Es preciso aprobar el reglamento de despliegue de la Ley

Es necesario aumentar el esfuerzo para difundir el derecho de acceso a la información, aún demasiado desconocido

El Síndic de Greuges ha presentado hoy, 30 de julio de 2019, el Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente al año 2018, al presidente del Parlamento, Roger Torrent. Este es el cuarto informe que elabora el Síndic en virtud de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que encomienda al Síndic de Greuges la función de evaluar el cumplimiento de las obligaciones que se regulan.

En términos generales, no se observan cambios sustanciales en relación a la situación descrita en el informe anterior, en que el Síndic ya avanzaba la percepción de ralentización o estancamiento en el despliegue de las obligaciones de la Ley y que desgraciadamente se confirma este año. Ciertamente, las medidas apuntadas ya en 2018 para superar este estancamiento difícilmente se pueden concretar y dar resultados en un período corto de tiempo. Sin embargo, el Síndic quiere remarcar que, en el ámbito local, el inicio de un nuevo mandato en las corporaciones locales en el mes de junio de 2019 debe ser una oportunidad para abordar esta situación y asumir el compromiso de analizar necesidades y planificar actuaciones para dar cumplimiento a la Ley en un futuro inmediato. El Síndic es consciente de que se trata de una ley compleja de aplicar y de que supone un reto de grandes proporciones, pero también conviene remarcar que es un paso necesario e imprescindible para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y que, por tanto, debe ser una prioridad política para los responsables públicos.

Las obligaciones de publicidad activa y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública concentran buena parte del trabajo de análisis en que se fundamenta este informe de evaluación, dado que son los dos pilares básicos en que se sustenta el modelo de gobernanza propuesto por la Ley. Y en estos dos ámbitos persisten prácticamente las mismas carencias que ya se señalaron en el informe anterior.

En cuanto a la publicidad activa, la tarea de evaluación se ha centrado de nuevo en verificar directamente el contenido de los portales de transparencia. Del análisis de la información publicada, siguiendo en la línea de lo que ya se denunciaba en el informe anterior, se constata que las diferencias en el grado de cumplimiento de la norma entre las administraciones territoriales y las que dependen continúan siendo muy marcadas. Lo mismo sucede con la distancia entre las administraciones de mayor dimensión y las de menor. El documento de análisis elaborado valora de manera global el nivel de cumplimiento general de los elementos fundamentales de publicidad activa por categorías de sujetos obligados. De este análisis, cabe destacar que cumplen de manera generalizada las obligaciones de publicidad la mayor parte de los departamentos de la Administración de la Generalitat (84,6%), pero tan sólo el 34,8% de los ayuntamientos de poblaciones de más de 50.000 habitantes. En los ayuntamientos de menos 50.000 habitantes el cumplimiento generalizado es muy limitado o prácticamente inexistente. Destaca también en negativo que, cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley, un total 787 ayuntamientos presenten un incumplimiento grave (165) o amplio (622) en la publicación de los contenidos esenciales de la Ley.

Y en cuanto al derecho de acceso a la información pública, además de su desconocimiento, persisten desde hace cuatro años carencias muy remarcables, como por ejemplo las cifras inaceptables de falta de respuesta que evidencian el test de la ciudadana oculta (en el 35% de las solicitudes no se ha dado ni denegado el acceso a la información). Es importante valorar las causas de esta situación y adoptar medidas para revertirla. En esta línea, se recomienda a las administraciones con una estructura que razonablemente lo permita la creación de una unidad responsable de tramitar las solicitudes.

Otro elemento destacable es la ausencia de un reglamento de despliegue de la Ley. A pesar de que se han iniciado los trabajos preparatorios para elaborar este reglamento y se ha obtenido un primer redactado, un año después, este despliegue aún no se ha concretado, y este hecho conlleva que persistan las dificultades detectadas en la aplicación de la norma porque no están lo suficiente concretadas en la Ley. En este sentido, uno de los aspectos que cabría abordar prioritariamente es la fijación de criterios homogéneos sobre la periodicidad de actualización de la información y la determinación de formatos reutilizables.

Una parte significativa de la información en que se basa el informe se obtiene a partir de las respuestas al cuestionario que se envía a las administraciones y entidades obligadas por la Ley. En esta línea, cabe destacar en positivo que el nivel de respuesta ha sido sucesivamente más alto y para este informe ha llegado a un 89%, en relación al 78% del año anterior. A pesar de esto, aún se está lejos del cumplimiento íntegro que sería razonablemente esperable, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un cuestionario sencillo de responder y con un plazo de respuesta muy amplio. El informe incluye un anexo con la relación de administraciones que no han dado respuesta al cuestionario y un segundo anexo con las que no han dado respuesta a las solicitudes planteadas en el marco del test de la ciudadana oculta. En ambos casos figuran ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

En el informe también se destaca la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para difundir el derecho de acceso por medio de una actuación conjunta de todas las administraciones que pueda tener un impacto sustancial en el conjunto de la población, así como la necesidad de facilitar la accesibilidad del conjunto de la ciudadanía a la formulación de solicitudes por vía electrónica, con canales de consulta e información, y la elaboración de guías explicativas comprensibles.

Asimismo es preciso recordar que la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) es un instrumento capital en la defensa y la consolidación del derecho de acceso, pero no dispone de los recursos necesarios para ejercer su función y continúa pendiente el nombramiento de miembros hasta el mínimo legal exigido.

Como cuestiones más singulares, el informe señala que no parece justificable que una parte relevante de ayuntamientos no disponga de código ético cuando tienen un buen modelo disponible desde hace dos años elaborados en colaboración entre la Generalitat y el mundo local. Tampoco se observan mejoras relevantes en la elaboración de cartas de servicios adaptados a los requerimientos de la Ley, a pesar de que en este caso sí que concurre una dificultad específica, como es la obligación de fijar estándares mínimos de calidad vinculante para la Administración. También es preciso remarcar que las previsiones de la Ley sobre calidad normativa están lejos de cumplirse: la Generalitat tiene una experiencia consolidada en evaluación de normas antes de ser aprobadas, pero no ha hecho ninguna evaluación de normas ya aprobadas (ex post). En el mundo local, la evaluación de normas es casi inexistente.

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El Síndic reclama que se adopten medidas legislativas que incorporen mecanismos más flexibles para los deudores tributarios

23/07/2019

(c) rebeccaleahdias0/Pixabay

Las personas tienen derecho a un sistema fiscal no consficatorio que no les prive de los medios económicos indispensables para mantener una vida digna

El Síndic apela a la segunda oportunidad que merecen los deudores tributarios, que debería estar prevista en el sistema recaudatorio

También sugiere que se adopten las medidas legislativas para fijar unos límites de inembargabilidad, universales y generales, que garanticen una subsistencia digna

El Síndic ya ha detectado la situación en la que se encuentran las personas que habían visto perjudicada su capacidad económica debido a la grave crisis vivida y que, a pesar de que hubieran podido reconducir su situación económica y financiera, no podían hacer frente a las deudas tributarias acumuladas. Los recargos, los intereses y los costes que se acumulan por impago van aumentando la deuda y el embargo de bienes y derechos pone en peligro el mantenimiento de un nivel mínimo de subsistencia. Estas situaciones ya han sido recogidas en los últimos informes al Parlamento, fruto de las diversas quejas que se han recibido de personas directamente afectadas.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico no ofrece una solución flexible para estas situaciones y, frente al impago, las administraciones aplican el procedimiento de recaudación ejecutiva hasta la satisfacción total de la deuda o la declaración de crédito incobrable.

En este sentido, a pesar de que se aprobó la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que establece que el objetivo de la ley es que una persona física, a pesar del fracaso económico, tenga la posibilidad de encauzar de nuevo su vida, sin tener que arrastrar indefinidamente una deuda que nunca podrá satisfacer.  Una vez analizada esta normativa, sin embargo, el Síndic insiste en que los mecanismos de segunda oportunidad también deberían remitir a los créditos de derecho público, esencialmente a los tributarios, a fin de permitir a las personas superar dichos créditos.

Y, en esta línea, el Síndic ha continuado recibiendo quejas de personas inmersas en procedimientos de ejecución forzosa que no pueden satisfacer las deudas y a quien los embargos de los bienes causan un grave perjuicio y ponen en peligro su capacidad para hacer frente a necesidades básicas o incluso les llevan a una situación de vulnerabilidad que no tenían.

A modo de ejemplo, las quejas han puesto de manifiesto las situaciones siguientes: el embargo de la ayuda al pago del alquiler, hecho que impide el pago con el consiguiente riesgo de pérdida de vivienda y sitúa a la persona en riesgo de exclusión residencial; el embargo de las únicas rentas que percibe una persona, hecho que la deja sin capacidad económica para satisfacer sus necesidades vitales; el embargo de cuentas corrientes de una persona que ejerce una actividad profesional y obtiene ingresos irregulares, cosa que pone en peligro la continuación de la actividad económica, entre otros.

Si bien es cierto que la ley (Ley de enjuiciamiento civil) marca límites y fronteras al embargo con motivos de carácter social, en la línea de impedir que la ejecución forzosa destruya completamente la vida económica de la persona, y se ponga en peligro su subsistencia y de la unidad familiar, estos límites quedan lejos de alcanzar este objetivo. Así, por ejemplo, los límites no incluyen la vivienda habitual, de manera que es susceptible de embargo y ejecución, ni tampoco las rentas de diferentes procedencias que no tengan la consideración de sueldo, salario, pensiones, a pesar de que sean la única fuente de ingreso, de manera que la persona queda totalmente desprotegida. Así mismo, es motivo frecuente de queja el embargo de las prestaciones públicas concedidas, como la renta mínima o la renta garantizada de la ciudadanía.

Por todo lo anterior, el Síndic remarca que son necesarias una revisión y una reforma de la normativa que fija los límites de inembargabilidad, a fin de delimitar una esfera de protección del patrimonio de la persona deudora que asegure la satisfacción de las necesidades personales y familiares con una mínima calidad de vida, incluida la vivienda habitual.

Además, el Síndic recuerda que se debe regir por el principio de proporcionalidad, de manera que la actuación tributaria sea la menos perjudicial posible, y que es un principio general de las administraciones públicas actuar de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia.

Por todo ello, el Síndic ha sugerido que se adopten las medidas legislativas oportunas para incorporar mecanismos de protección de los deudores tributarios que les permitan una segunda oportunidad. En concreto, que se adopten medidas legislativas que permitan exonerar o condonar deuda tributaria, negociar quitas de deuda, otorgar moratorias o cualquier otro mecanismo de segunda oportunidad que permita superar las deudas con la Administración tributaria.

También sugiere que se adopten las medidas legislativas pertinentes para fijar unos límites de inembargabilidad, universales y generales, que garanticen la subsistencia digna de los contribuyentes y las personas a su cargo. Con este fin, es necesario revisar y reformar la normativa que fija los límites de inembargabilidad (en particular los artículos 605 a 608 de la Ley de enjuiciamiento civil y el resto de normas sectoriales), a fin de delimitar una esfera de protección del patrimonio de la persona deudora que asegure que se pueden satisfacer las necesidades personales y familiares con una mínima calidad de vida, incluida la vivienda habitual.

En último lugar, el Síndic recomienda que se elabore un código de buenas prácticas con referencia a los procedimientos ejecutivos de apremio seguidos por la Administración tributaria, a fin de garantizar que no se prive a las personas de los medios económicos indispensables para mantener una vida digna mientras están en situación de deuda tributaria.

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