Actualidad: noticias y notas de prensa

El Departamento de Educación y más de un centenar de ayuntamientos y agentes de la comunidad educativa firman el Pacto contra la segregación escolar impulsado por el Síndic

18/03/2019

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Desde el año 2017, el Síndic de Greuges ha estado trabajando para consensuar el acuerdo, en colaboración con el Departamento de Educación, con la voluntad de promover la corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen en el educativo

El documento incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas en nueve ámbitos que el Departamento de Educación se compromete a implementar, en la medida de lo posible, durante esta legislatura

Todas las propuestas están dirigidas al conjunto de centros que integran el Servicio de Educación de Cataluña y parten de la necesidad de incrementar el presupuesto en educación

El pacto prevé, entre otras medidas, la aprobación de un nuevo decreto de admisión de alumnado para el curso próximo, con medidas específicas para combatir la segregación, como el establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centros de una misma zona, la limitación de la escolarización de matrícula viva en centros de alta complejidad o la creación de una oficina virtual de escolarización

También se prevé promover garantías de gratuidad real para el alumnado socialmente desfavorecido y graduar la financiación pública de los centros en función de la corresponsabilidad en la escolarización equilibrada de alumnado


La sala Auditorio del Parlamento de Cataluña ha acogido este lunes 18 de marzo de 2019 el acto de la firma del Pacto contra la segregación escolar, al que se han adherido la mayoría de agentes de la comunidad educativa y del arco parlamentario e institucional, entre los que se cuentan más de veinticinco entidades del ámbito educativo y la inmensa mayoría de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. El acto ha estado presidido por el consejero de Educación, Josep Bargalló y por el síndic de greuges, Rafael Ribó, que ha sido el impulsor del pacto.

El Pacto, pionero en el Estado español, llega casi dos años después de que el Síndic presentara un doble informe monográfico sobre el fenómeno de la segregación y pusiera sobre la mesa la necesidad de llegar a un acuerdo y compromiso de país para combatirlo. Desde 2017 el Síndic de Greuges ha estado trabajando, en colaboración con el Departamento de Educación, con la voluntad de promover políticas de lucha contra la segregación escolar desde la corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen en el ámbito educativo.

Con esta firma, el Síndic se compromete a coordinar el seguimiento del Pacto, conjuntamente con el Departamento de Educación. En este sentido, mientras el Pacto esté vigente, elaborará un informe bianual de balance que se presentará en el Parlamento de Cataluña.

El documento incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas en nueve ámbitos que el Departamento de Educación se compromete a implementar, en la medida de lo posible, durante esta legislatura. Los ayuntamientos que se han adherido al pacto también asumirán durante los próximos tres años la adopción de las medidas consensuadas que correspondan a su marco competencial, y también los titulares de los centros concertados. Todas las propuestas están dirigidas al conjunto de centros que integran el Servicio de Educación de Cataluña y parten de la necesidad de incrementar el presupuesto en educación en torno del 6% del PIB, de acuerdo con lo establecido en la LEC.

Algunos de los ámbitos de actuación son la aprobación de un nuevo decreto en el proceso de admisión, las orientaciones relacionadas con la programación de la oferta, la promoción de acuerdos o pactos locales para alcanzar una escolarización equilibrada o las campañas de sensibilización sobre la calidad del Servicio de Educación de Cataluña.

El establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro en una misma zona, a través de una nueva normativa de admisión y mejora de la distribución de alumnado entre centros

El Pacto propone elaborar un nuevo decreto que regule la admisión de alumnado. Además de eliminar criterios complementarios por enfermedad digestiva crónica y por hermanos o progenitores exalumnos del centro, que ya se ha aprobado, también prevé el despliegue de medidas como la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro de una misma zona, la oficina electrónica de preinscripción, la publicación de cuotas y régimen legal y otras exigencias de transparencia (vacantes, etc.), la protección de los centros de alta complejidad (no-escolarización matrícula viva, etc.), la regulación de la detección de alumnado con necesidades educativas específicas o instrumentos dirigidos a evitar los fraudes, como prever mayores exigencias de acreditación del criterio de proximidad para el alumnado que modifica su residencia padronal justa antes de iniciar el curso escolar (actuación 1), por ejemplo.

Adicionalmente, el Pacto también prevé la puesta en marcha, en el marco del proceso de elaboración de un nuevo decreto, de dos comisiones de estudio estratégico desde la perspectiva de avanzar en los instrumentos de lucha contra la segregación escolar, y que puede alimentar el contenido del nuevo decreto (actuación 2): una comisión de estudio específico de buenas prácticas en regímenes de admisión de alumnado (donde se evaluará el impacto y la viabilidad de una posible política de admisión por cuotas en función del nivel de instrucción/nivel socioeconómico de los progenitores) y una comisión de estudio específico para analizar medidas efectivas de lucha contra la segregación escolar en municipios con una fuerte segregación residencial (donde se evaluará cómo combatir la segregación en territorios con una elevada composición social desfavorecida, donde las políticas de escolarización equilibrada dentro del barrio generan efectos limitados).

Al mismo tiempo, el Pacto prevé el diseño (e implementación) de un protocolo efectivo para el aprovechamiento de la reserva de plazas como medida de escolarización equilibrada, para garantizar la distribución equitativa de alumnado con necesidades educativas específicas entre centros (actuación 8).

Garantías de gratuidad real para el alumnado socialmente desfavorecido

Existe un amplio consenso dentro de la comunidad educativa a la hora de destacar la infrafinanciación del sistema educativo. El Servicio de Educación de Cataluña, integrado por centros públicos y concertados, presenta importantes déficits de inversión pública para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Hay centros públicos y concertados, especialmente los que tienen más complejidad educativa, que demandan una mayor dotación de recursos humanos, económicos y materiales para atender con más garantías las necesidades educativas específicas del alumnado.

El déficit de financiación público provoca que parte del servicio educativo que prestan los centros se deba financiar por medio de las aportaciones de las familias, lo que resulta contradictorio con el principio de gratuidad que rige nuestro sistema educativo y supone un importante factor de desigualdad, tanto en el acceso a los diferentes centros como también en la configuración de los proyectos educativos, condicionados, en parte, por la financiación privada de las familias.

En este sentido, el Pacto prevé avanzar en la gratuidad de la enseñanza a través de la mejora de la financiación pública de los centros públicos y concertados, y discriminar positivamente en la trasferencia de recursos los centros y las familias socialmente menos favorecidas, con el objetivo de garantizar estándares de calidad equivalentes para el conjunto de centros del Servicio de Educación de Cataluña, así como de garantizar la gratuidad real de la enseñanza y que las cuotas no resulten un factor de segregación escolar tal y como sucede actualmente.

Entre otras medidas, el Pacto prevé la creación de una comisión de estudio del coste de la plaza (actuación 15), la adecuación de la financiación pública de los centros públicos y concertados en función de la corresponsabilidad en la escolarización equilibrada de alumnado (actuaciones 16 y 17), la elaboración de directrices sobre el pago de cuotas en centros públicos y concertados (actuación 19-20) y el establecimiento de una convocatoria de ayudas para libros de texto, material escolar, salidas y colonias escolares (centros públicos y concertados) (actuaciones 21 y 22).

Implicación y alineamiento de los actores que actúan en el territorio (centros, inspección, servicios municipales, etc.) en la lucha contra la segregación escolar 

La lucha contra la segregación escolar implica, entre otros aspectos, mejorar la corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen en el ámbito educativo, y también la coordinación entre estos a la hora de desplegar los instrumentos disponibles para promover la escolarización equilibrada de alumnado.

Uno de los ámbitos de intervención clave, con más incidencia en la lucha contra la segregación escolar, tiene que ver con la programación de la oferta y la gestión del proceso de admisión de alumnado. A escala local, estas prácticas deben ser promovidas e implementadas especialmente por las mesas mixtas de planificación, las comisiones de garantías de admisión y las oficinas municipales de escolarización, además de otros dispositivos, si procede.

En esta línea, el Pacto prevé, entre otros, el desarrollo de orientaciones en la programación escolar (oferta, adscripciones, zonificación, y ampliaciones y reducciones de ratio, de grupos y de centros) y el establecimiento de criterios en la gestión de las solicitudes (actuaciones 3 y 4), así como la promoción de acuerdos o pactos locales entre centros dentro de una misma zona o municipio para la escolarización equilibrada de alumnado (actuación 10) y el diseño del modelo de intervención de los dispositivos para el fomento de la escolarización equilibrada de alumnado en el territorio, y la creación y dinamización de estos dispositivos donde no existan (actuación 6): clarificar y articular el papel que deben tener las OME, la Inspección de Educación, las comisiones de garantías de admisión, las mesas mixtas, los servicios educativos, los servicios municipales, etc. para combatir la segregación y hacer un uso efectivo de los instrumentos disponibles, y las pautas a aplicar.

Apoyo a los centros de alta complejida

El Pacto también prevé una batería de medidas dirigidas a mejorar la dotación de recursos de los centros con una composición social desfavorecida y la consolidación de sus proyectos educativos (actuaciones 26, 27, 28 y 29), como la promoción en los centros públicos y concertados con una composición social desfavorecida y con una demanda más débil proyectos en los ámbitos del aprendizaje de la lectura, las lenguas extranjeras, la tecnología, las ciencias, las artes o la educación en valores que homologuen las oportunidades educativas en los diferentes centros y programas de desegregación (proyectos magnet, etc.) o incrementar la provisión de recursos económicos y profesionales para el funcionamiento de los centros con una composición social menos favorecida y con mayor concentración de necesidades educativas específicas (más dotación de plantillas, plantillas más interdisciplinares, más apoyo de los servicios educativos, mecanismos de incentivos u otros para garantizar que el profesorado más cualificado para la tarea docente preste servicio en los centros públicos con una complejidad más elevada, etc.).

El Pacto como espacio de rendición de cuentas ante la comunidad educativa

Desde el momento de su aprobación, el Pacto prevé medidas de seguimiento por medio de reuniones semestrales con el conjunto de las entidades signatarias  y también a través de comisiones temáticas o territoriales para abordar monográficamente el seguimiento de algunos de los ámbitos de actuación prevista.

En el marco de las reuniones de seguimiento, las administraciones y el resto de entidades signatarias rendirán cuentas del cumplimiento de los compromisos adquiridos, de los progresos alcanzados en el desarrollo de las medidas previstas en el Pacto, y también evaluarán y propondrán las necesidades de mejora de futuro pertinentes.

El Departamento de Educación y el Síndic de Greuges se comprometen a aportar informes con datos cualitativos y cuantitativos que contribuyan a la diagnosis objetiva de la lucha contra la segregación escolar. Adicionalmente, el Síndic de Greuges se compromete a elaborar un informe bianual de balance mientras el Pacto esté vigente, que se presentará en el Parlamento de Cataluña, y también a recibir comunicaciones relacionadas con los posibles incumplimientos del contenido del Pacto por parte de los diferentes actores (administraciones, centros, etc.), a fin de promover ante las administraciones competentes la implementación de las medidas acordadas.

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El síndic insta al presidente de la Generalitat a convocar una reunión urgente y de máximo nivel para abordar los brotes de xenofobia

12/03/2019

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Debate en comisión del Informe sobre los derechos de los niños 2018

Propone implicar a todos los grupos parlamentarios y alerta de que es preciso cortar por lo sano cualquier expresión xenófoba para mantener la buena convivencia 

En el marco del debate en comisión parlamentaria del Informe sobre los derechos del niño, el síndic ha destacado que los centros habilitados para los niños migrantes sin referentes familiares, como el de Castelldefels, son un recurso provisional. También ha reclamado un plan de atención integral e integrador

Reitera la necesidad de crear un servicio público de atención especializada a los niños víctimas de abuso sexual, que aún está pendiente de despliegue

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha instado este martes, 12 de  marzo, al presidente de la Generalitat a convocar a los presidentes de todos los grupos parlamentarios a una reunión de máximo nivel y de forma inmediata para abordar los incidentes xenófobos que han tenido lugar recientemente en Canet de Mar y Castelldefels.

En opinión del síndic, Rafael Ribó, quien ha formulado esta propuesta al presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, en el marco de una reunión mantenida en el Palacio de la Generalitat, es necesarioi cortar por lo sano cualquier expresión xenófoba. “Es un tema capital para mantener la buena convivencia”, ha dicho Ribó.

El síndic, que ha abierto una actuación de oficio sobre los incidentes mencionados, ya hizo un llamamiento ante el Parlamento de Cataluña ayer mismo, 11 de marzo, con motivo del debate en comisión del Informe anual, para que la Cámara se pronuncie en defensa de los derechos de los niños frente a actitudes intolerantes y xenófobas. Hoy, en el marco del debate del Informe sobre los derechos del  niño ante la Comisión de Infancia, ha trasladado a los diputados la propuesta que le ha hecho al presidente.

Además, con respecto a la situación de los MENA, ha destacado que los centros habilitados para los niños migrantes sin referentes familiares, como el de Castelldefels, son un recurso provisional. También ha reclamado un plan de atención integral e integrador. En este sentido, el informe La situación de los niños migrantes sin referentes familiares en Cataluña  destaca el esfuerzo que ha hecho la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), especialmente  en la creación de plazas de centros de primera acogida y otros recursos. En el informe, el Síndic destaca que, dada la urgencia así como la falta de previsión a medio plazo, se han generado problemas relacionados con la sobreocupación de centros, con el uso de centros del sistema de protección no previstos para atender estas situaciones (como por ejemplo CREI), con el uso de centros de estancia temporal para atender de forma permanente a niños migrantes, con la creación de centros con condiciones de calidad no adecuada, entre otros.

Esta situación ha tensionado el sistema de protección y ha afectado a la calidad de la atención de los niños migrantes y del resto de niños tutelados en situaciones que suponen un maltrato institucional, y también a los profesionales que se ocupan de atenderles.

Informe sobre los derechos del  niño (Noviembre 2018)

El informe también destaca déficits estructurales del sistema de protección, como la falta del recurso del acogimiento familiar de los niños migrantes (menos del 1%), falta de políticas para promover el retorno de niños migrantes con sus familias de acuerdo con su interés superior, déficits en el desinternamiento del sistema de protección y acompañamiento en la transición a la vida adulta y déficits en la provisión de programas de salud mental para niños migrantes no acompañados. El síndic también recuerda la necesidad de garantizar plazas suficientes de programas de nuevas oportunidades y de inserción laboral.

Prevención y tratamiento del abuso sexual infantil

Antes de que salieran a la luz los últimos escándalos de pederastia en el ámbito eclesiástico, el Síndic ya había insistido que estaba pendiente de despliegue la creación de un servicio de atención especializada a los niños víctimas de abuso.

Los dos servicios de atención especializada a los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual que existen actualmente, la Unidad Funcional de Abusos a Menores del Hospital de San Joan de Déu y la Unidad de Pediatría Social del Hospital Hermanos Trias i Pujol – Can Ruti, no están financiados públicamente, no están territorializados y desarrollan una intervención de carácter eminentemente sanitario, sin garantizar una atención integral. En este sentido, el Síndic ha destacado los déficits en la provisión de unidades multidisciplinarias de diagnóstico de abuso sexual, así como la falta de servicios públicos especializados para asegurar la recuperación de los niños que han sido víctimas.

Pobreza infantil: Consolidación de las políticas de renta a las familias con niños

En los últimos años, el Síndic ha destacado que la mejora de la coyuntura macroeconómica no ha conllevado, como mínimo por ahora, una mejora de los indicadores de riesgo de pobreza en Cataluña. La pobreza infantil continúa siendo un fenómeno con carácter estructural que afecta a más del 25% de los niños, mientras que la privación material severa, a cerca del 7% de los niños. En este sentido, recomienda que se adopten medidas para revertir las regresiones en las políticas para combatir la pobreza, como la recuperación de la ayuda 0-3, y mejorar la configuración de la renta garantizada de ciudadanía, de manera que discrimine positivamente a las familias con niños a cargo, hecho que no sucede con el diseño actual.

Un aspecto analizado monográficamente es la situación en que se puede encontrar a los jóvenes extutelados cuando finaliza la prestación para estos jóvenes, a los 21 años, y no pueden acceder a la renta garantizada hasta los 23 años.

Salud: El tratamiento preferencial del niño y la igualdad de oportunidades

En cuanto a las listas de espera, conviene destacar que, en relación al año anterior, en fecha de agosto de 2018 se ha mantenido relativamente estable el número de niños que están en espera de consultas externas o de intervenciones quirúrgicas, a pesar de que ha aumentado el número de niños en espera de pruebas diagnósticas (en un 15,3%). En valores relativos, en cambio, aunque de manera poco significativa, la presencia de niños en las listas de espera ha mejorado en comparación con el resto de población.

Políticas de género e igualdad

El Síndic también ha pedido al Departamento de Enseñanza que elabore un plan que apueste de manera rigurosa para hacer efectiva la coeducación dentro de las aulas. En este sentido, cabe promover la adopción de medidas preventivas en los centros educativos que faciliten la creación de un clima de convivencia positiva en el aula entre chicos y chicas, y que promuevan las intervenciones educativas frente a situaciones de discriminación o de desigualdad. También ha pedido el despliegue de la Ley LGTBI, el uso del lenguaje transversal en las escuelas y la implementación de la educación afectivosexual en el currículum escolar.

Concienciación social y garantía de que los niños son sujetos de derechos

El desarrollo de medidas para promover una mayor conciencia social de que los niños son sujetos de derecho es otro ámbito destacado como prioritario. Uno de los ejemplos expuestos es la falta de reconocimiento suficiente del derecho de huelga de los estudiantes, tema sobre el que el Síndic ha recibido diversas quejas y consultas. El Síndic considera que el derecho a adoptar decisiones colectivas respecto de la asistencia a clase es un derecho que el alumnado tiene reconocido sin restricciones, y su ejercicio no debería estar supeditado a la voluntad de las familias.

Tiempo libre educativo: Ayudas económicas para acceder a las actividades de tiempo libre

Entre las recomendaciones para promover el derecho de acceso al tiempo libre, destaca la de convocar las ayudas para fomentar el acceso del alumnado a las actividades extraescolares en igualdad de oportunidades (art. 50.3 y 202 de la LEC), así como la de promover planes locales de dinamización del tiempo libre educativo, especialmente en municipios con entornos sociales desfavorecidos.

Monográficamente, se analiza la dificultad de determinados centros, especialmente con una alta complejidad, para organizar colonias escolares en las que participe todo el alumnado.

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El Síndic reclama en el Parlamento respuestas concretas a los problemas sociales que protejan a los más vulnerables y combatan la xenofobia

11/03/2019

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Debate en comisión del Informe al Parlamento 2018

Hace una mención especial de los niños extranjeros sin referentes familiares que viven en Cataluña (MENA), y considera los incidentes de Canet de Mar y Castelldefels (los ataques xenófobos y las muestras de rechazo) hechos muy graves, por lo que pide una declaración del Parlamento de Cataluña y un compromiso de las administraciones para combatir la xenofobia

Cabe incidir en revisar problemáticas concretas, como las derivadas de la gestión de la renta garantizada o el alquiler y el bono social, y evitar el efecto dominó, que no sólo acaba repercutiendo en las personas, sino que deriva en la estructuralización de la pobreza

Recuerda que la inestabilidad política también acaba perjudicando con más dureza a las personas vulnerables y pide diálogo y soluciones

Rafael Ribó insta a todas las instituciones catalanas a establecer como retos prioritarios para el futuro la lucha contra la desigualdad social y económica, la consideración de la vivienda como derecho fundamental, y no sólo como objeto económico, y la igualdad de oportunidades en la educación

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha reclamado en comisión parlamentaria a todas las administraciones que adopten las medidas necesarias para proteger a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión. En este sentido, ha hecho una mención especial de los niños extranjeros sin referentes familiares que viven en Cataluña (MENA) y que están sufriendo ataques xenófobos y muestras de rechazo muy graves, como los incidentes de Canet de Mar y Castelldefels. Son casos que el Síndic ya está investigando y sobre los que tiene previsto profundizar en la Comisión de Infancia, que tendrá lugar mañana martes, 12 de marzo.

Las quejas por temas de carácter social se han incrementado en 2018 y representan casi una de cada tres de las recibidas por la institución. La mayoría hacen referencia a los obstáculos recurrentes con qué se encuentran muchas personas para poder acceder a derechos básicos por medio de los mecanismos establecidos por la Administración, como la renta garantizada de ciudadanía o los alquileres sociales y el bono social para la energía. El Síndic considera que es necesario incidir en revisar estas problemáticas concretas y evitar el efecto dominó, que no sólo acaba repercutiendo en las personas, sino que deriva en la estructuralización de la pobreza. Nunca antes el Síndic había recibido tantas quejas en que una misma persona aglutinara tanta cantidad de problemas de índole diversa.

El síndic ha comparecido este lunes, 11 de marzo, frente a la Comisión del Síndic en el Parlamento para presentar y debatir con los grupos políticos el Informe al Parlamento 2018, que hace un mes entregó a la Cámara. Rafael Ribó ha agradecido la buena predisposición y actitud colaboradora de las administraciones durante todo el mandato y ha pedido a todas las instituciones catalanas que establezcan como retos prioritarios para el futuro la lucha contra la desigualdad social y económica, la consideración de la vivienda como derecho fundamental, y no sólo como objeto económico, y la igualdad de oportunidades en la educación.

Como ya le transmitió al presidente del Parlamento, Roger Torrent, al entregarle el Informe, Rafael Ribó ha expresado ante los miembros de la Comisión su preocupación por la inestabilidad política que se ha vivido en Cataluña durante el año 2018, agravada por la introducción de medidas obstaculizadoras e intervencionistas que han dificultado la gobernabilidad. En este sentido, ha alertado de que el principal damnificado siempre acaba siendo el más vulnerable, que es quien más protección de la Administración requiere, y ha pedido diálogo y soluciones.

El Síndic de Greuges de Cataluña ha recibido durante el año 2018 un total de 10.495 quejas procedentes de 14.000 personas, puesto que algunas son colectivas. Es la cifra más elevada después del año 2015. También ha alcanzado 9.987 consultas y ha iniciado 264 actuaciones de oficio. Se han realizado 136 desplazamientos a 106 municipios y, en global, se han tramitado 26.000 expedientes.

Incidentes xenófobos de Canet de Mar y Castelldefels

Tras el ataque sufrido por un centro que acoge menores migrantes en Castelldefels, y frente a las noticias difundidas en relación con la protesta vecinal contra los adolescentes que viven en un centro de Canet, el Síndic manifesta su total rechazo y condena, y exige respeto por los derechos de los menores migrantes, colectivo especialmente vulnerable por su condición de menores de edad y migrantes.

El Síndic realiza un llamamiento a las instituciones catalanas para que reaccionen frente a estos ataques de carácter xenófobo y para que adopten medidas tanto respecto a los hechos como en cuanto a la prevención y pedagogía social ante la gravedad de lo que ha sucedido. En concreto, solicita al Parlamento de Cataluña que se pronuncie en defensa de los derechos de los niños frenta a actitudes intolerantes y xenófobas.

Acceso a la nota de prensa de la presentación del Informe 2018 (febrero 2019)















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Las mujeres han presentado cerca de 15.000 quejas al Síndic en los últimos tres años, principalmente sobre materias sociales

07/03/2019

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El hecho de que la mayoría, un 40%, haga referencia a políticas sociales es un indicador de la importancia de abordar en clave de género la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social

Desde que el Síndic ejerce el mandato específico de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, ha llevado a cabo 288 actuaciones en defensa de los derechos de las mujeres

El Síndic ha aprobado recientemente un plan de igualdad cuyo objetivo es fortalecer la cultura de la igualdad en el seno de la institución y puede devenir un modelo de referencia para otros actores públicos y privados y para la ciudadanía

En el marco del Día de la Mujer, el Síndic ha organizado una mesa redonda sobre los retos de la igualdad de género el 26 de marzo y participará la profesora y periodista Ana Bernal-Triviño

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes 8 de marzo, el Síndic de Greuges de Cataluña ha hecho balance del trabajo llevado a cabo por la institución en defensa de los derechos de las mujeres durante los últimos tres años; concretamente, desde que ejerce el mandato de garantizar el cumplimiento de la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que entró en vigor en julio del 2015.

En cuanto a los datos generales, durante los tres últimos años, como se puede ver en los informes anuales al Parlamento, el Síndic ha registrado 14.672 quejas cuyas promotoras han sido mujeres, cifra ligeramente superior a la de reclamaciones presentadas por hombres, que asciende a 14.279. En cuanto al último año, las mujeres han presentado 5.222 (52,2%).

Es en el ámbito de las políticas sociales en el que se ha registrado una diferencia más significativa, exactamente de 20 puntos porcentuales, que se concretan en un 60% de quejas procedentes de mujeres y el 40% restante presentado por hombres. De hecho, casi el 40% de las quejas de las mujeres (5.481) abordan problemáticas de carácter social. El perfil de las promotoras en este ámbito durante el último año es el de una mujer con un hijo a cargo o más de uno o cuidadora de personas dependientes. En opinión del Síndic, estos datos son indicadores de la importancia que tiene abordar la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social en clave de género.

Representación paritaria en la Administración y cancelación de un curso machista han sido algunas de las actuaciones para garantizar la igualdad

Más allá de resolver las quejas con perspectiva de género, el  Síndic ha llevado a cabo 288 actuaciones específicas durante el período 2016-2018 para garantizar el cumplimiento de la Ley de igualdad entre hombres y mujeres.

En el año 2016, por ejemplo, diversas personas presentaron su queja en el Síndic por la realización de un curso dirigido a aprender a seducir mujeres. El  Síndic consideró que podía ser motivo de infracción y recomendó su cancelación, que se hizo efectiva.

Una actuación relevante del año 2017 fue el estudio de la representación paritaria de las mujeres en los órganos directivos de las instituciones públicas catalanas. La conclusión principal de este informe fue que, a pesar de que las mujeres son mayoría en las plantillas de personal de la Administración y de las instituciones públicas, aún están infrarrepresentadas en los puestos de mando.

Por último, otra actuación destacable tuvo lugar en 2018, a partir de diversas quejas relativas a la indumentaria en el espacio público, como por ejemplo el topless en las piscinas municipales o el nudismo en las playas. La resolución del Síndic establece que la indumentaria, como muestra de libertad de expresión, tan sólo puede tener limitaciones proporcionales basadas en razones de salud o de orden público, y que si afectan principalmente la forma de vestir de las mujeres, las normas pueden tener un carácter discriminatorio.

Plan de igualdad

A principios de este año el Síndic ha aprobado un plan de igualdad. El objetivo es fortalecer la cultura de la igualdad en el seno de la institución, por lo que puede convertirse también en un modelo de referencia para otros actores públicos y privados y para la ciudadanía. El Plan se ha diseñado a partir de cuatro ejes y prevé 51 acciones que serán desplegadas en los próximos cuatro años. En cuanto a la proyección externa del Plan, uno de los objetivos es dar visibilidad y atención a las mujeres que sufren violencia de género.

Conferencia sobre los retos en igualdad de género, 26 de marzo a las 18 horas

En el marco de los actos en torno a la celebración del Día de la Mujer, el Síndic ha organizado una charla sobre los retos de la igualdad de género y las propuestas para Cataluña. Tendrá lugar el próximo 26 de marzo en la sede del Síndic (a las 18 horas) y se centrará en una ponencia de la profesora y periodista Ana Bernal-Triviño. La sesión servirá como ágora para profundizar en las medidas para hacer efectivos los derechos de las mujeres contemplados en el Plan de derechos humanos de Cataluña, que impulsan conjuntamente el Síndic y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, en el marco de la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña.

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El Síndic y colegios profesionales reclaman el retorno de la indemnización y una auditoría técnica del Castor

28/02/2019

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Rafael Ribó ha impulsado la firma conjunta de un documento suscrito por el Colegio de la Abogacía de Barcelona y los colegios de Geólogos, de Ambientólogos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

También han reclamado el retorno de las cantidades pagadas por las personas consumidoras a la concesionaria, de acuerdo con las sentencias emitidas por el TC

Video de la rueda de prensa

El Síndic ha reunido este jueves, 28 de febrero de 2019, a los representantes de diversos colegios profesionales que, en el marco de sus respectivas disciplinas y ámbitos de conocimiento, han constatado que en torno al proyecto Castor se han cometido irregularidades que se deben aclarar con una auditoría técnica. En caso de que se pruebe que la empresa concesionaria actuó con negligencia quedaría invalidada la indemnización que tendría que recibir.

En concreto, el Síndic ha impulsado la firma conjunta de un documento que han suscrito, además de la institución mencionada, el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en cuanto a los aspectos jurídicos, y los colegios de Geólogos, de Ambientólogos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en cuanto a los aspectos técnicos. En el escrito cuestionan la legalidad de la ejecución del proyecto y, en consecuencia, la legalidad de la indemnización que reclama la concesionaria Escal UGS, SL.

Los firmantes del documento también han reclamado el retorno de las cantidades pagadas por las personas consumidoras a la concesionaria de acuerdo con las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS).

El TC anuló con efectos ex tunc (desde el momento de la supuesta entrada en vigor de la norma, la cual se debe entender que no se ha producido nunca), primero, las normas con rango legal que daban cobertura al pago de una indemnización y repercutían este pago y los costes de mantenimiento en la factura del suministro de gas. Posteriormente, el TS confirmó los efectos retroactivos de la nulidad acordada por el TC sobre los pagos en concepto de la indemnización ya hechos efectivos antes de que se publicara la sentencia del Tribunal Constitucional.

Las partes que han firmado el documento impulsado por el Síndic manifiestan que la indemnización estaba condicionada a la inexistencia de dolo o negligencia en la ejecución del proyecto y a la operatividad de la plataforma, pero se hizo efectiva sin verificar que se cumplían estas condiciones.

Por este motivo, también reclaman que el Gobierno del Estado encargue una auditoría técnica para determinar si las actuaciones de la concesionaria antes de la inyección de gas y en la operación de la plataforma fueron las adecuadas para la configuración geológica de la zona. En el informe Proyecto Castor: Bases para una auditoría técnica se argumenta esta necesidad.

Concretamente, han suscrito esta petición, además del síndic, Rafael Ribó; en representación del Colegio de la Abogacía de Barcelona, la diputada de la Junta de Gobierno Susana Ferrer; el presidente del Colegio de Geólogos de Cataluña, Ramon Pérez. Por parte del Colegio de Caminos, Canales y  Puertos, ha firmado el documento Carlos Chica y en representación del Colegio de Ambientólogos de Cataluña lo ha hecho Víctor Luna.

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