Actualidad: noticias y notas de prensa

La Junta Electoral Central acepta los argumentos del Síndic en defensa de los derechos del colectivo Avis i Àvies per la Llibertat (Abuelos y Abuelas por la Libertad), de Reus

17/01/2018

Coincide en que cualquier manifestación, fuera del día de reflexión y de votación, queda amparada por el derecho constitucional de reunión

El Síndic recibió doscientas quejas por el hecho de que la Junta Provincial de Tarragona les prohibiera manifestarse para pedir la libertad de los líderes independentistas encarcelados

El Síndic ha elevado el caso a la Relatoría especial en derechos de libertad de asociación y de asamblea pacífica de las Naciones Unidas

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado la razón al Síndic y ha secundado las recomendaciones que le ha hecho llegar respecto a las más de doscientas quejas del colectivo Avis i Àvies per la Llibertat (Abuelos y Abuelas por la Libertad), de la ciudad de Reus. Las quejas expresan su disconformidad con una decisión de la Junta Electoral Provincial de Tarragona.

Concretamente, las reclamaciones hacían referencia a la prohibición de la Junta Provincial de concentrarse pacíficamente cada día durante la campaña electoral previa a la votación que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2017, con motivo de las elecciones en el Parlamento de Cataluña. La finalidad de las concentraciones, tal y como afirma el colectivo Avis i Àvies per la Llibertat (Abuelos y Abuelas por la Libertad), era reclamar la libertad del vicepresidente y los consejeros del Gobierno y de los líderes independentistas encarcelados.

La Junta Electoral Central ha asegurado que comparte el criterio manifestado por el Síndic de Greuges de Cataluña en el sentido que, como dice textualmente la recomendación, “cualquier manifestación o concentración ciudadana durante los períodos electorales y fuera de la jornada de reflexión y del día de la votación, siempre que se cumplan el resto de requisitos legales para llevarla a término, queda amparada por el derecho constitucional de reunión”.

También ha destacado que si se trata de actos de campaña electoral corresponde a las juntas electorales provinciales valorar si se cumplen los requisitos legales mencionados. Por último, el organismo estatal ha añadido que los afectados habrían podido presentar un recurso frente el Tribunal Superior de Justicia, con carácter preferente y urgente, como prevé la normativa.

El Síndic, en su resolución, expone que, frente a una cuestión relativa al ejercicio del derecho fundamental de reunión recogida en el artículo 21 de la Constitución, se debe proceder a una interpretación extensiva y favorable al ejercicio del derecho.

Además, recuerda que las restricciones o limitaciones al libre ejercicio del derecho fundamental de reunión se deben interpretar de manera restrictiva, deben ser especialmente relevantes y deben estar fundamentadas en criterios jurídicamente fundados.

El Síndic ha valorado positivamente la respuesta de la Junta Electoral Central, puesto que, a pesar de que en su día se vulneraron los derechos de los manifestantes, el reconocimiento por escrito de la irregularidad cometido por una junta provincial debe poder servir para evitar que casos similares se vuelvan a repetir en el futuro.

Por todo esto, el Síndic ha elevado este caso a la Relatoría especial en derechos de libertad de asociación y de asamblea pacífica de las Naciones Unidas, que tiene como mandato las funciones, entre otras, de buscar, recibir y responder información de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, partes interesadas pertinentes y cualquier otra parte, con el fin de promover y proteger los derechos a la libertad de asamblea pacífica y de asociación, de informar sobre violaciones de estos derechos en cualquier lugar donde se puedan producir, así como discriminación, amenazas o uso de violencia, acoso, persecución, intimidación o represalias dirigidas a personas que ejerzan estos derechos, y llamar la atención del Consejo y el Alto Comisionado acerca de situaciones que requieran una especial atención.

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El Síndic reclama que se simplifique el procedimiento para solicitar el nuevo bono social y se concrete su impacto entre la población vulnerable

16/01/2018

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La complejidad en la gestión de la ayuda y el fin de la asignación automática para potencias inferiores a 3kw pueden suponer un retroceso en derechos

La Ley catalana 24/2015 prevalece sobre el Real decreto 897/2017 en cuanto a prohibir la suspensión del suministro de electricidad en situaciones de vulnerabilidad

Faltan garantías en cuanto a que las administraciones competentes en servicios sociales dispongan de recursos suficientes para asumir el 50% de las facturas de los consumidores vulnerables

Aplicar el bono social de forma directa a todas las personas que viven en viviendas sociales, incorporar a las familias monoparentales y a las unidades de convivencia entre los colectivos de posibles beneficiarios y suprimir la obligación de prorratear el límite de consumo de igual forma entre todos los meses del año. Estas son tres de las numerosas propuestas de mejora del bono social que el Síndic ha trasladado a más de treinta entes públicos de todo el Estado español. Entre los destinatarios, destacan el Defensor del Pueblo estatal y los defensores autonómicos, los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y diversos ministerios y consejerías.

El documento es el resultado de una investigación llevada a cabo en el marco de una actuación de oficio sobre el nuevo decreto que regula el bono social (Real decreto 897/217, de 6 de octubre) y a raíz de la cual el Síndic se ha reunido con los principales agentes que forman parte de este ámbito.

De acuerdo con la actual norma, los consumidores serán considerados como vulnerables y tendrán un 25% de descuento en la factura si cumplen determinados requisitos. No obstante, el nuevo bono ya no se aplica de forma automática a los hogares con potencia inferior a 3 kW, supuesto que la regulación anterior sí preveía, dado que esta potencia tan limitada se relacionaba con hogares habitados por personas vulnerables, habitualmente solas y con instalaciones antiguas y escaso equipamiento eléctrico. En este sentido, el Síndic considera, y así lo sugiere, que se valore cuanta población queda desatendida con la nueva regulación del bono social.

Además, según el Síndic, el procedimiento y la documentación requerida para solicitar el bono conlleva demasiada complejidad. Por tanto, es preciso valorar si toda la documentación que se pide (compleja de recopilar para los consumidores vulnerables) es estrictamente necesaria. Así mismo, se debería aplicar el principio según el cual la Administración no debe pedir documentación de qué ya dispone o que ya tiene en su poder.

Además de los ya mencionados, la lista de sugerencias del Síndic también incluye la propuesta de eliminar la obligación de solicitar la renovación del bono social cada dos años, de manera que su aplicación abarque todo el período en que se mantienen las condiciones para obtenerlo.

También considera que la administración de cada comunidad autónoma debería decidir sin dilación cual será el órgano designado para la gestión del bono social, para recibir las listas de titulares requeridos de pago y para trasladar la información a los servicios sociales municipales.

En opinión del Síndic, el requisito del 50% de pago de las facturas debe ser aclarado o suprimirdo, puesto que los servicios sociales no se guían por un simple importe de la factura, sino por toda otra serie de variables a la hora de decidir si atienden, y de qué modo, a una persona vulnerable.

A raíz de este requisito, se puede generar una situación de gran desigualdad, según el criterio de las diversas administraciones competentes en servicios sociales para financiar y según los recursos de qué disponen. No parece que exista garantía de que las administraciones competentes en servicios sociales dispongan de recursos suficientes para cubrir todas las necesidades que se puedan generar. Parece probable que esto pueda llevar a desatender otros ámbitos de cobertura de los servicios sociales.

Sobre el papel de los servicios sociales, el Síndic remarca que en Cataluña la Ley 24/2015 prevalece sobre el Real decreto 897/2017 en cuanto a la suspensión del suministro de electricidad y su prohibición en caso de que los servicios sociales determinen que el consumidor se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Así, cuando la empresa suministradora deba realizar un corte de suministro, debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial.

Por último, en la resolución insta a analizar si el sistema de acreditación de estas circunstancias preserva adecuadamente la confidencialidad de los datos personales especialmente protegidos y, muy singularmente, el papel de las empresas comercializadoras en el acceso y la comunicación de esta información personal. En cuanto a los derechos de los niños, recomienda que se estudie si el procedimiento garantiza la protección de los datos personales de los mayores de 14 años que forman parte de la unidad familiar y que mantienen la condición de menores de edad.

El Síndic hace años que trabaja con las administraciones, empresas suministradoras y entidades sociales en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Como resultado de esta tarea, el Síndic ha elaborado informes pioneros, como por ejemplo La pobreza energética en Cataluña, de octubre de 2013; La prestación privada de servicios de interés general y las buenas prácticas corporativas, de febrero de 2014, y El derecho a los suministros básicos (electricidad, agua, gas), de diciembre de 2014.

El Síndic también es miembro fundador de la Red Europea de Ombudsman de la Energía (NEON). Esta entidad es la interlocutora de los ombudsman del sector de la energía con la Comisión Europea y, de acuerdo con esto, participa en diversos grupos de trabajo de las direcciones generales de Energía y Justicia. También mantiene una relación de trabajo permanente con el Consejo de los Reguladores Europeos de la Energía (CEER) y la Agrupación Europea de Asociaciones de Consumidores (BEUC).

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El Síndic actúa de oficio a raíz la detención de un profesor de la Escuela Vedruna-Gràcia por un presunto delito de pederastia

12/01/2018

Una de las víctimas ha explicado que sufrió una agresión sexual

El docente había sido arrestado en 2015 por supuestos abusos a niños de un esplai donde ejercía como monitor y la escuela conocía este hecho

El Síndic ha abierto una actuación de oficio a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la detención por un presunto delito de pederastia de un profesor de informática y de cultura religiosa de la Escuela Vedruna-Gràcia. La detención ha tenido lugar después de que una supuesta víctima explicara haber sufrido una agresión sexual.

Según las noticias publicadas, el docente detenido ya había sido arrestado en el año 2015 por supuestos abusos a niños en un esplai donde ejercía como monitor. A pesar de las denuncias, quedó en libertad por falta pruebas, a pesar de que la escuela fue informada de la situación. En opinión del Síndic, es necesario aclarar los motivos por los que la dirección del centro decidió mantener al profesor con las mismas tareas, a pesar de conocer sus antecedentes.

También considera importante valorar si se han aplicado los protocolos vigentes de actuación en caso de abusos sexuales o maltratos a niños y adolescentes. En este mismo sentido, y con referencia a las recomendaciones emitidas por el Síndic en su Informe sobre el abuso sexual infantil en Cataluña, del año 2006 y actualizado en el mes de octubre de 2016, es preciso incidir en cómo ha funcionado la coordinación entre los diferentes servicios e instituciones. Según el Síndic, se debe asegurar la aplicación efectiva de los protocolos de maltratos, haciendo difusión entre los profesionales y servicios, realizando un seguimiento y evaluando su aplicación.

Para llevar a cabo la investigación, el Síndic pedirá información a las administraciones implicadas. En cuanto al papel de la escuela, de carácter religioso y en régimen concertado, se dirigirá al Consorcio de Educación de Barcelona y al Departamento de Enseñanza. También contactará con los departamentos de Interior y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. 

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El Síndic destaca la importancia de los mecanismos de supervisión de las empresas suministradoras de energía dado el desequilibrio entre estas y los consumidores

09/01/2018

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Rafael Ribó ha participado en París en una Jornada organizada por el Mediador de la Energía de Francia

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha participado este martes, 9 de enero, en París en una mesa redonda sobre el papel de los ombudsman en la supervisión del sector energético. La jornada, organizada por el Mediador de la Energía de Francia ha reunido a destacados expertos en este ámbito procedentes de diversas disciplinas.

La ponencia del síndic ha incidido en el desequilibrio actual entre las compañías suministradoras y los consumidores en cuanto a la perspectiva de las dinámicas de mercado. Un desequilibrio que sitúa a los consumidores en una situación de desprotección que requiere la intervención de los mecanismos de supervisión, como los ombudsman.

“Las personas consumidoras necesitan”, ha manifestado el síndic, “que se establezcan mecanismos de ayuda y protección a fin de proporcionarles una información y una formación claras para tomar decisiones. Igualmente, son necesarios mecanismos ágiles, efectivos, gratuitos e independientes para resolver las controversias que surjan en estos casos”. En todo momento, el síndic ha hecho hincapié en la situación de los consumidores más vulnerables y desprotegidos. En este sentido, la institución está actuando de oficio para analizar las posibles vulneraciones de derechos derivados del nuevo bono social del consumo eléctrico, recientemente aprobado.

El Ombudsman también ostenta la función, en el contexto actual, de controlar de forma directa las actividades del sector privado que conlleven el ejercicio de obligaciones de servicio público.

La liberalización de la prestación de unas actividades consideradas esenciales no puede conllevar la disminución de derechos y garantías para el usuario. Este proceso de liberalización y privatización de actividades y de servicios públicos tiene como principal consecuencia que la Administración ya no es el único sujeto a quien el ordenamiento atribuye obligaciones de servicio público, sino que también lo son, por la actividad que desarrollan, determinados sectores económicos privados.

El Síndic, que es miembro de la red europea de ombudsman de la energía (NEON), ha destacado la importancia de compartir en el marco europeo el contenido de las quejas y reclamaciones en este ámbito. De acuerdo con esto, ha hablado de precios elevados que incluyen conceptos de difícil comprensión, facturas poco comprensibles, procedimientos complejos con las empresas y en el mercado eléctrico, novedades tecnológicas (smart meters) que plantean nuevos retos y problemas, retos medioambientales, cambios de normativa, etc.

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El uso del régimen de aislamiento, los precios de los economatos y la calidad de la comida, principales problemas en los centros penitenciarios visitados por el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura

28/12/2017

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Informe anual del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) 2017

Durante el año 2017 ha visitado 44 centros, 7 de ellos penitenciarios

Los niños y adolescentes de un centro de justicia juvenil visitado denuncian un uso excesivo de la fuerza en las contenciones

Es preciso garantizar la asignación de un profesional referente a los niños tutelados

Falta un acuerdo entre los Mossos y las policías locales para que la visita médica recupere su sentido como derecho de la persona detenida

El MCPT ha pedido colaborar en la formación del personal de las fuerzas y los cuerpos de seguridad en lo concerniente al Protocolo de Estambul. 

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT), encabezado por el síndic, Rafael Ribó, y el adjunto general, Jaume Saura, ha presentado en el Parlamento, este jueves 28 de diciembre, su Informe anual correspondiente al año 2017. El documento es el séptimo que entrega a la Cámara desde que la institución recibió el mandato de ejercer las funciones de prevención y detección de la tortura en Cataluña de acuerdo con el protocolo de la ONU.

Durante el año 2017 se han llevado a cabo un total de 47 visitas a 44 centros, entre ellas, 9 visitas a 7 centros penitenciarios. En relación a estos, durante las visitas realizadas este año se ha constatado un clamor generalizado acerca de los elevados precios de los economatos. En la misma línea, otra queja recurrente continúa siendo los menús que se ofrecen y las condiciones térmicas en que se sirven.

Respecto a los departamentos de régimen cerrado, se constata la ausencia de intervención en régimen de primer grado y que en algunos centros, como en el de mujeres del CP Ponent, no se cumplen las condiciones estructurales para permanecer tanto tiempo en ellos. Del relato de los internos entrevistados también se confirman los efectos negativos que conlleva este régimen de vida. Por este motivo, será necesario efectuar un seguimiento de la nueva regulación de la aplicación de régimen cerrado impulsada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios.

El Informe también plantea algunas recomendaciones derivadas del cierre de 'La Model', decisión que se valora positivamente -a pesar de que falta un centro penitenciario de hombres en Barcelona, así como la de garantizar los derechos adquiridos de los internos que han sido trasladados a otros centros. Asimismo, propone mejorar la accesibilidad de las familias a estos en los nuevos centros. Por último, recuerda que Barcelona debe asumir lo más pronto posible su cuota de responsabilidad en materia de equipamientos penitenciarios.

En cuanto a los centros de niños y adolescentes, se han visitado dos CRAE, un CREI, dos centros de justicia juvenil y las dependencias de la Ciudad de la Justicia. Entre las principales carencias detectadas destacan el estado deplorable de algunas instalaciones, el tratamiento inadecuado de los trastornos mentales y un uso excesivo de la fuerza en las contenciones de uno de los centros de justicia juvenil visitados.

En cuanto a la Ciudad de la Justicia, se reclaman soluciones inmediatas para garantizar la separación de los adolescentes que están en situación de detención y los que deben ser objeto de actuación protectora, y también reclama que no se utilice espacio para estancias más largas que las señaladas.

El Informe dedica un apartado a la situación de los niños tutelados e incluye algunas recomendaciones, como la de mejorar las condiciones laborales y formativas de los educadores a fin de que puedan ejercer su tarea de acompañamiento con más garantías y con suficientes recursos materiales y emocionales. También es importante proteger a los trabajadores que denuncian abusos o malas prácticas.

El Síndic considera que es necesario garantizar la asignación de un profesional referente a los niños tutelados por la DGAIA, puesto que esta garantía va unida a asegurar un espacio de escucha continua al niño o adolescente tutelado, y obedece a la necesidad de conocer el estado real e individual de cada niño o adolescente, cosa que debe permitir tomar decisiones administrativas adecuadas en cada situación y orientadas a cubrir las necesidades propias de cada niño o adolescente.

En lo que atañe a las policías locales, el MCPT es partidario de clausurar de forma inmediata todas las áreas de custodia que vulneren los derechos de las personas detenidas. En cuanto al resto, las autoridades municipales deberían valorar si es eficiente mantener estos espacios y, en la medida en que existan comisarías de los Mossos de Esquadra en la misma localidad o en poblaciones vecinas, abstenerse de abrir nuevas áreas de custodia de policía local.

También recomienda un acuerdo general entre los Mossos y las policías locales para que la visita médica recupere su sentido como derecho de la persona detenida. Sentido que se ha perdido a raíz de la interacción entre policías locales y Policía de la Generalitat y que ha conllevado que el derecho de la persona detenida se haya transformado en un deber y elemento de garantía de los Mossos.

De acuerdo con el Protocolo de Estambul, los reconocimientos médicos se deben efectuar en privado, siguiendo las directrices internacionales en la materia y como con cualquier otro paciente; es decir, sin personal de custodia presente en el área médica ni en las zonas de alcance visual y auditivo. El MCPT ha recomendado reiteradamente la aplicación del Protocolo y manifiesta que no es aceptable el posicionamiento de la Dirección General de la Policía, que argumenta que la presencia policial no conlleva ningún tipo de intervención ni intromisión. Del mismo modo, ha solicitado colaborar en la formación al personal de las fuerzas y los cuerpos de seguridad en lo concerniente al Protocolo de Estambul.

Asimismo, un año más se quiere hacer énfasis en una de las carencias importantes del circuito de custodia policial recogidas en los últimos informes anuales del Mecanismo y que afecta a la interpretación inadecuada de la Directiva europea sobre el derecho a la información de la persona detenida.

VISITAS REALIZADAS POR EL MCPT AÑO 2017

  • Comisarías de la Policía de la Generalitat-Mossos de Escuadra: 8
  • Comisarías de policía local/municipal o guardia urbana: 21
  • Ciudad de la Justicia: 1 (2 visitas)
  • Centros penitenciarios: 7 (9 visitas)
  • Hospitales penitenciarios: 1
  • Centros sociosanitarios: 1
  • Centros educativos de justicia juvenil: 2
  • Centros residenciales de acción educativa: 2
  • Centros residenciales de educación intensiva: 1 

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