Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic pide de garantizar la gratuidad del 061 mediante un acuerdo entre la Generalitat y las operadoras de telefonía

20/10/2020

foto (c) Gencat

Durante la pandemia la Administración de la Generalitat ha sufragado el coste de las llamadas a este teléfono

El Síndic considera que las operadoras de telefonía deberían incluir este servicio dentro de las ofertas de tarifa plana

Actualmente, la llamada tiene un costo diferenciado en la factura, que puede ser relevante dada la espera para recibir atención

En el mes de marzo, con la llegada de la pandemia y del estado de alarma, la Generalitat se hizo cargo del coste de las llamadas al 061, que fue el número habilitado para atender los posibles casos de COVID en Cataluña y las emergencias relacionadas. El 21 de junio, con la nueva normalidad, el coste de este teléfono se reasignó a las personas usuarias.

Las tarifas de antes de la pandemia dependían de cada operador telefónico, que son quienes percibían los ingresos. Pero el pasado marzo la Generalitat asumió el coste que las personas usuarias hubieran debido abonar a las compañías.

El Gobierno de la Generalitat ha manifestado que se están buscando alternativas con la voluntad de mantener la gratuidad de la llamada al 061. Y, en esta línea, parece que se está trabajando para encontrar recursos y acuerdos con las compañías telefónicas a fin de que sigan siendo gratuitas para los ciudadanos.

El Síndic es consciente de que la numeración asignada al teléfono 061 no genera retribución alguna para la Administración de la Generalitat y, por tanto, no es un número telefónico con coste añadido para el usuario. Sin embargo, el hecho de que los operadores de telefonía no incluyan las llamadas a teléfonos con numeración especial a las propuestas de tarifas planas que o hieren conlleva que para los consumidores finales la llamada tenga un coste diferenciado en la factura, que puede ser relevante en momentos de saturación del servicio o para atenciones prolongadas. De hecho, el Síndic ha recibido diversas quejas y consultas por importes de estas llamadas que en algunos casos rondan los 7 euros como consecuencia de las largas esperas para ser atendidos.

Sin perjuicio de otras iniciativas que el Gobierno de la Generalitat pueda llevar a cabo para evitar este coste a los consumidores, el Síndic considera que debería ser posible que las operadoras de telefonía lo incluyeran dentro de las ofertas de tarifa plana a sus clientes.

En la misma línea, el Síndic ya recomendó específicamente a la Administración de la Generalitat promover este acuerdo en el caso del servicio de información general telefónico que presta a través del teléfono 012, ya que también se trata de una numeración sin coste añadido, pero que los operadores facturan separadamente a los clientes. En aquella ocasión trasladó la recomendación también al Defensor del Pueblo, con la idea de obligar normativamente a los operadores de telefonía a incluir dentro de sus ofertas de tarifa plana los teléfonos de información pública que tienen una tarifa especial.

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El Síndic firma con el Consejo Comarcal de la Cerdanya un convenio para garantizar los derechos de la comarca

16/10/2020

foto (c) Consell comarcal la Cerdanya
El convenio de colaboración prevé dar la máxima celeridad a la tramitación de las quejas presentadas en el Síndic y que afecten a competencias comarcales

Establece la elaboración de un informe anual de balance de la actividad realizada y la posibilidad de debatirlo en sesión plenaria en el Consejo

Este convenio reforzará la presencia de la institución en el territorio para recoger las quejas y consultas de las personas residentes

El síndic de greuges, Rafael Ribó, y la presidenta del Consejo Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, han firmado un convenio de supervisión singularizada. Con la rúbrica de este convenio de colaboración, el Síndic se compromete a ofrecer una atención singularizada en la comarca, que se concretará en la remisión al Consejo de un informe anual que recoja la situación de las quejas tramitadas que hagan referencia a las diversas administraciones de la comarca, y un detalle estadístico de las consultas provenientes de personas y entidades residentes en la Cerdanya. El síndic también podrá asistir a un plenario del Consejo para exponer y debatir el informe citado o ante los plenarios de los ayuntamientos de la comarca que así lo soliciten.

El convenio también establece la obligatoriedad del Síndic de realizar un mínimo de dos visitas al año a poblaciones de la comarca para atender las quejas y consultas que puedan tener los residentes.

Por su parte, el Consejo divulgará la figura del Síndic en el municipio y las diferentes vías para contactar sin necesidad de trasladarse a Barcelona: mediante el teléfono gratuito 900 124 124, la página web www.sindic.cat, por correo postal con sobres de cobro en destino o directamente a través de la visita de personal asesor de la institución a la comarca.

Con la firma de este convenio ya son 40 los convenios de supervisión en funcionamiento. Treinta y ocho corresponden a municipios y uno, de características similares al de la Cerdanya, con el Conselh Generau d'Aran.  En esta ocasión, atendiendo al contexto actual, la firma del convenio ha sido telemática.

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El Síndic investiga los impagos de las ayudas a las residencias para hacer frente a la pandemia

14/10/2020

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El Decreto ley 29/2020 fijó diversas ayudas económicas que, según los medios de comunicación, no se han pagado

También estudia el cierre de algunas residencias por carencias asistenciales graves en la atención a las personas residentes en esta segunda ola de COVID

El Síndic ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que algunas residencias geriátricas y centros de día acumulan deudas importantes ante los impagos de la Generalitat de unas ayudas comprometidos durante el mes de julio para hacer frente a los costes sobrevenidos por la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, el 28 de julio la Generalitat activó dos ayudas para los servicios que atienden a personas dependientes. A través del Decreto ley 29/2020, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias fijó varias ayudas económicas. Uno, de 196 euros mensuales por cada plaza geriátrica en residencias, y otro, de 60 euros por usuario de centro de día, para compensar los costes de material y de personal. El mismo decreto también establecía la financiación del 85% del precio medio ponderado de la Cartera de servicios sociales de carácter residencial de personas mayores para las plazas reservadas de libre ocupación. Esta segunda ayuda tenía por objetivo facilitar los aislamientos dentro de las residencias.

A pesar de todo lo anterior, los medios de comunicación informan que estas ayudas no se han hecho efectivas y esta circunstancia ha hecho que muchos centros se encuentren al límite de su tesorería.

Con el objetivo de esclarecer esta situación, el Síndic ha iniciado una investigación y, para averiguarlo, se ha dirigido al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para que le informe acerca del estado de las ayudas mencionadas, si se han hecho efectivas o no, o de la previsión de cuándo se llevarán a cabo.

El Síndic también ha abierto otra actuación de oficio en relación con el cierre de algunas residencias durante esta segunda ola ante la constatación de carencias asistenciales graves en la atención a las personas residentes. El objetivo es conocer el número de residencias clausuradas, los protocolos de actuación que se han utilizado y las derivaciones de usuarios que se han efectuado.

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El Síndic pide información sobre la retirada por parte de los Mossos d'Esquadra de una pancarta con motivo de la visita del rey

09/10/2020

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La pancarta había sido colgada por Òmnium Cultural en un balcón de un edificio frente a la estación de Francia 

El Departamento de Interior habría informado a los vecinos y las entidades organizadoras de las protestas de la prohibición de colgar pancartas por motivos de seguridad
El Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio a raíz tener conocimiento a través de los medios de comunicación que los Mossos d'Esquadra han hecho retirar una la pancarta que Òmnium Cultural había desplegado en un balcón de un edificio de frente a la estación de Francia para recibir el rey Felipe VI en su visita a Barcelona.

Según algunas informaciones, el Departamento de Interior habría informado las diversas organizaciones que habían convocado protestas para el día de hoy, así como los vecinos de la zona, de la prohibición de desplegar pancartas en el perímetro de la estación alegando motivos de seguridad. 

Ante estas informaciones, el Síndic se ha dirigido al departamento competente que para que le informe sobre los motivos por los que se ha hecho retirar esta pancarta y como se ha conjugado la pretendida necesidad alegada de "seguridad" con el derecho fundamental a la libertad de expresión. El Síndic también pregunta si esta orden está fundamentada en alguna decisión judicial. 

En este contexto, el Síndic recuerda que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental y la espina dorsal de la democracia. Sin la libertad de expresión y el derecho a la información no puede haber un debate abierto y libre que permita a los ciudadanos exigir a los representantes públicos la rendición de cuentas y la formación de una opinión que garantice otros derechos, como los de participación, de manera fundamentada y eficaz.

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El Síndic recuerda el imperativo legal de promover la retirada del monumento franquista de Tortosa

08/10/2020

foto (c) Jordiferrer_Wikipedia

De acuerdo con la Ley de la memoria histórica, las administraciones tienen la obligación de retirar los símbolos franquistas
 
En el año 2015 el Síndic ya recomendó a las administraciones públicas la retirada del monumento
 
El Departamento de Justicia ha hecho público que asumirá la retirada y el Síndic quiere conocer los detalles

El Síndic de Greuges ha enviado una carta al Departamento de Justicia para recabar información acerca de las previsiones existentes en relación con el monumento franquista situado en Puente de la Cinta sobre el río Ebro, en el municipio de Tortosa.

Según las informaciones publicadas en los últimos días por algunos medios de comunicación, el Departamento de Justicia ha tomado la iniciativa de poder hacer efectiva la retirada de dicho monumento.

En una actuación de oficio iniciada en 2015, el Síndic ya pedía a las administraciones públicas promover la retirada del monumento indicado, en la medida en que se trataba de una construcción de exaltación del bando ganador de la Guerra Civil. En aquella resolución, el Síndic destacaba que la llamada Ley de la memoria histórica, del año 2007, obliga a las administraciones a adoptar las medidas oportunas para que se retiren los símbolos conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.   

Por tanto, la retirada del monumento es una obligación legal que las administraciones deben promover.

En la medida en que la iniciativa de retirada que parece tener el Departamento de la Generalitat se corresponde con la voluntad del Síndic, y con el fin de realizar el seguimiento, ha pedido al Departamento ser informado de las actuaciones llevadas a cabo y de las previstas para hacer efectiva la retirada de este monumento.

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