Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic informa al Parlamento de la aprobación de los Principios de Venecia para la protección de la figura del ombudsman

25/03/2019

Consejo de Europa

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa los ha elaborado con el objetivo de ser un referente internacional en cuanto a las directrices que deben seguir los estados para proteger las instituciones de ombudsman

Algunas de estas instituciones en los últimos años han visto amenazada su independencia, e incluso su misma existencia

En nombre del Instituto Internacional del Ombudsman, como presidente europeo, el Síndic de Greuges de Cataluña ha liderado la consulta que se hizo a todos los defensores de Europa sobre el texto aprobado y ha participado en los grupos de trabajo previos

“Las instituciones de Ombudsman juegan un papel importante en el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la buena administración y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de que no hay ningún modelo normalizado entre los estados miembros del Consejo de Europa, el Estado debe apoyar, proteger a la institución del ombudsman y abstenerse de cualquier acción que perjudique su independencia”. Este es el primer principio de un total de 25 que conforman los Principios de Venecia (“Venice Principles”).

Se trata de un documento recientemente aprobado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que el Síndic de Greuges ha trasladado al Parlamento de Cataluña y a diversas defensorías, puesto que se ha elaborado con el objetivo de ser un referente internacional en cuanto a las directrices que los estados deben seguir para proteger las instituciones de ombudsman. Algunas de estas instituciones en los últimos años han visto amenazada su independencia, e incluso su misma existencia.

Elaborados a partir del amplio abanico de modelos de ombudsman que existen en todo el mundo, estos 25 principios alcanzan exhaustivamente todas las situaciones y los elementos relacionados con los ombudsman, desde la elección, el despido o los mandatos hasta las garantías financieras y recursos necesarios para su correcto funcionamiento e independencia de las instituciones del defensor del pueblo. El objetivo es consolidar y potenciar los ombudsman, que desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, el buen gobierno y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los Principios de Venecia son el resultado de amplias consultas con los principales organismos internacionales de referencia en este campo. El Comité Directivo del Consejo de Europa para los Derechos Humanos ha jugado un papel relevante en el proceso. Entre las asociaciones de mediadores y las organizaciones internacionales que han participado en el desarrollo de este texto está el Instituto Internacional del Ombudsman, una asociación global de defensores de las administraciones públicas de más de 100 países y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

En nombre del Instituto Internacional del Ombudsman, como presidente europeo, el Síndic de Greuges de Cataluña ha liderado la consulta que se hizo a todos los defensores de Europa sobre el documento recientemente aprobado, y también ha participado en los debates y trabajos previos a su aprobación.

La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, es un órgano consultivo del Consejo de Europa de expertos independientes en materia constitucional. Establecido en 1990, desde entonces ha tenido un papel destacado en la adopción de constituciones que se ajustan a los estándares del patrimonio constitucional europeo. La Comisión se reúne cuatro veces al año en Venecia para sesiones plenarias y trabaja en tres campos: asistencia constitucional, justicia constitucional y materia electoral.

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El Síndic alerta de que la nueva instrucción de la JEC sigue discriminando a las personas con discapacidad y permite prácticas incompatibles con los principios democráticos

22/03/2019

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La Junta Electoral Central ha rectificado y ha eliminado de su escrito la referencia a “la apariencia de discapacidad”, pero ha mantenido la potestad de los miembros de las mesas, apoderados e interventores de levantar acta sobre el electorado cuestionado

Esta habilitación no tiene ninguna base legal e induce a un ejercicio de valoración necesariamente subjetivo sobre condiciones intrínsecas de la voluntad de cualquier votante


La Ley electoral no establece que ninguna persona o autoridad tenga que valorar la conciencia, libertad o voluntariedad con qué las personas ejercen el derecho de voto, y aún menos realiza distinción alguna sobre en qué casos se tendría que valorar

El Síndic de Greuges de Cataluña se ha dirigido de nuevo a la Junta Electoral Central para recomendar que deje sin efecto parte del redactado de la Instrucción 7/2019 con la que se rectifica el anterior, que discriminaba a las personas con discapacidad y su derecho de voto, reconocido por la normativa desde finales del año 2018.

En opinión del Síndic, la rectificación de la Instrucción 5/2019, que la JEC ha materializado mediante una nueva instrucción (7/2019) a raíz de las críticas recibidas, no presenta cambios sustanciales. Básicamente, elimina las referencias a la apariencia de discapacidad. 

El Síndic considera inaceptable que el nuevo escrito continúe adjudicando a los miembros de las mesas electorales, a los interventores y a los apoderados adscritos la facultad de efectuar una valoración subjetiva y determinar si los votantes están en condiciones de ejercer su derecho de voto de manera consciente, libre y voluntaria. En este sentido, la instrucción prevé dejar constancia en acta de los números de documentos identificativos de los votantes que puedan haber sido cuestionados.

Se trata de una previsión normativa que conlleva un trato diferenciado a partir de una apreciación subjetiva, que resulta contraria a derecho. Esta habilitación de los miembros de las mesas carece de apoyo legal, puede conllevar una situación de discriminación e induce a un ejercicio de valoración necesariamente subjetivo sobre condiciones intrínsecas de la voluntad de cualquier votante.

Según el Síndic, una interpretación en la línea propuesta por la JEC, hoy claramente pensada en clave de "personas con discapacidad ", a la larga puede dar lugar al hecho de que los miembros de las mesas electorales, los interventores y los apoderados adscritos a las mesas se sientan facultados para generar una lista que identifique votantes que, por motivos diversos, vean cuestionadas su "libertad, conciencia o voluntariedad" a la hora de votar. Por último, según el Síndic, merece la pena insistir en que los miembros de las mesas, los interventores y los apoderados no tienen dentro de sus funciones la de realizar ningún tipo de valoración sobre los votantes. 

De hecho, la Ley electoral no establece que ninguna persona o autoridad tenga que valorar la conciencia, libertad o voluntariedad con qué las personas ejercen el derecho de voto, y menos aún realiza distinción alguna sobre en qué casos se tendría que valorar. 

A su vez, el Síndic pone en relieve la importancia del punto primero de la Instrucción de la JEC, en la medida en que recuerda el deber de incorporar al censo electoral a todas aquellas personas que hubieran sido excluidas como consecuencia de resoluciones judiciales de naturaleza civil de privación del derecho de sufragio activo. Este hecho resulta de vital importancia para garantizarlos la posibilidad de votar en las elecciones de 28 de abril, puesto que ordena la rectificación del censo electoral en caso de que la incorporación de estas personas, antes excluidas del censo, no se haya podido llevar a cabo entre la fecha de aprobación de la reforma y el día 1 de enero de 2019.

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El Síndic recomienda en el Pleno del Parlamento que se constituya un frente común para combatir la xenofobia

21/03/2019

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Debate en el Pleno del Informe al Parlamento 2018

Destaca la necesidad de hacer políticas dirigidas a los más vulnerables y menciona que casi una de cada tres quejas recibidas en 2018 han versado sobre salud, vivienda, educación y otros temas de contenido social

El Informe recopila toda la actividad llevada a cabo por la institución y destaca para cada área las actuaciones más relevantes en un año que ha continuado marcado por el contexto político del país, principalmente en cuanto a la intervención del Gobierno de la Generalitat, por aplicación del artículo 155 de la Constitución, hasta el mes de mayo

Expone la labor llevada a cabo como Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) y por medio de la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña (EDHC)

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido este jueves, 21 de marzo de 2019, ante el Pleno del Parlamento para presentar y debatir su Informe al Parlamento 2018, que apenas hace una semana se debatió en comisión parlamentaria. El Informe se entregó a la cámara el pasado mes febrero.

En su comparecencia, y ante la entrada en la escena política de movimientos ideológicamente contrarios a los principios de igualdad y no discriminación por razones de procedencia, género y orientación sexual, el Síndic ha pedido a la cámara un frente común para preservar la buena convivencia. En este sentido, y tras los incidentes xenófobos ocurridos recientemente en Castelldefels y Canet de Mar, el Síndic ya había pedido, como ha recordado en su intervención, que el arco parlamentario y todas las instituciones sumaran esfuerzos para evitar conflictos posibles generadores de fractura social.

También ha destacado la necesidad de instaurar políticas sociales y ha mencionado que casi una de cada tres quejas recibidas en 2018 han versado sobre salud, vivienda, educación y otros temas de contenido social.

Rafael Ribó, actualmente síndic en funciones, ha aprovechado para recordar los retos pendientes a los representantes parlamentarios. Entre estos, ha destacado la lucha contra la desigualdad social y económica, la consideración de la vivienda como derecho fundamental, y no sólo como objeto económico, y la igualdad de oportunidades en la educación.

La Informe recopila toda la actividad llevada a cabo por la institución y destaca para cada área las actuaciones más relevantes en un año que ha continuado marcado por el contexto político del país, principalmente en cuanto a la intervención del Gobierno de la Generalitat y por aplicación del artículo 155 de la Constitución, hasta el mes de mayo.

En cuanto a los datos más relevantes, el Síndic de Greuges de Cataluña ha recibido durante el año 2018 un total de 10.495 quejas procedentes de 14.000 personas, puesto que algunas son colectivas. Es la cifra más elevada después del año 2015. También ha alcanzado 9.987 consultas y ha iniciado 264 actuaciones de oficio. Se han efectuado 136 desplazamientos a 106 municipios y, en global, se han tramitado 26.000 expedientes.

Entre los temas más destacados en su intervención, el síndic ha subrayado las quejas recibidas en la institución sobre la renta garantizada por la ciudadanía, la universalidad de la asistencia sanitaria, la proliferación de proyectos urbanísticos con fines especulativos, la vivienda social, la libertad de expresión, etc.

Asimismo ha dedicado una parte de su tiempo a hablar de la tarea llevada a cabo como Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT), presentada en la cámara en un informe anual, y por medio de la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña (EDHC), con el proyecto de elaboración del Plan de derechos humanos.

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El Síndic recomienda a la Generalitat que retire de forma excepcional los lazos amarillos y las esteladas de sus dependencias durante el período electoral

20/03/2019

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Se trata de una medida temporal y que tan sólo debe tener vigencia durante el período electoral

El Síndic, fuera de la excepcionalidad del período electoral, mantiene el mismo criterio expuesto en una resolución de septiembre de 2018, en que se había pronunciado en contra de limitar el ejercicio de la libertad de expresión en el espacio público

Apela a la necesidad excepcional de preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica de los poderes públicos durante el período electoral

Video rueda de prensa

El Síndic de Greuges de Cataluña se dirigió por resolución de 15 de marzo de 2019 al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para recomendarle que tomar el Acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de adoptar las medidas oportunas para materializar la retirada de lazos amarillos y esteladas de los edificios y espacios públicos de su titularidad. A raíz de las aclaraciones solicitadas por parte de presidencia de la Generalitat, el síndic se ha vuelto a dirigir a la Generalitat para dar respuesta a las cuestiones planteadas. La institución quiere dejar claro que se trata de una medida temporal y que sólo debe tener vigencia durante el período electoral.

El Síndic mantiene el mismo criterio expuesto en una resolución de septiembre de 2018, en que se había pronunciado en contra de limitar el ejercicio de la libertad de expresión en el espacio público, incluidas las dependencias de titularidad pública. Aún así, el Síndic coincide en este caso con el argumentario de la JEC y apela a la necesidad excepcional de preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica de los poderes públicos durante el período electoral.

En este sentido, y en el marco de la tramitación de la actuación de oficio sobre la que ahora ha emitido una resolución, el Departamento de Presidencia trasladó al Síndic un informe jurídico elaborado por la Dirección General de los Servicios Consultivos y Coordinación Jurídica del Gabinete Jurídico de la Generalitat. El escrito señala que el concepto estricto de neutralidad, vinculado a la neutralidad ideológica, adquiere un relieve especial en período electoral y ha dado lugar a diversos acuerdos de la Junta Electoral Central, entre ellos los de los años 2015 y 2017. Los acuerdos hacen referencia al hecho de que el criterio para retirar elementos es aplicable a cualquier objeto que permita la identificación con algunas de las candidaturas que se presentan a la convocatoria electoral.

Respecto a las aclaraciones solicitadas por presidencia de la Generalitat, el Síndic ha precisado que los funcionarios públicos y, en general, todo el personal al servicio de la Administración, en tanto que personas titulares de derechos fundamentales, tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión en el puesto de trabajo, si bien la administración puede circunscribirlo a determinados espacios en el interior de las dependencias para garantizar la coexistencia de este derecho con el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una administración neutral. De la misma manera, en cuanto a los edificios de titularidad de la Generalitat de Cataluña, el Síndic ha reiterado el argumento C del acuerdo de la JEC 66/2019; por último, ha matizado que se circunscribe al período electoral, es decir desde el momento de la convocatoria de los comicios hasta la finalización de la votación.

El Síndic defendió en enero de 2018 ante la Junta Electoral el derecho de manifestación durante el período electoral, a raíz del caso de los Abuelos y las Abuelas de Reus por la Libertad, puesto que limitarlo atentaba contra la libertad de expresión y la JEC le dio la razón. En concreto, la Junta emitió el acuerdo 7/2018, de 11 de enero de 2018, en el cual comunicaba que compartía el criterio general manifestado por el Síndic, en el sentido de que durante los períodos electorales y fuera de la jornada de reflexión y del día de votación, cualquier manifestación o concentración ciudadana, siempre y cuando se cumplieran el resto de los requisitos legales para llevarla a cabo, queda amparada por el derecho constitucional de reunión.

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El Síndic advierte a la JEC que facultar a las mesas para identificar el voto de las personas con apariencia de discapacidad contradice la ley y es discriminatorio

19/03/2019

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Estigmatizar al electorado por su “apariencia” de discapacidad puede tener efectos disuasivos a la hora de ejercer el derecho de voto 

Incluso personas que nunca han sido incapacitadas judicialmente pueden ver limitada y cuestionada su libertad de decisión

El Síndic también ha trasladado sus consideraciones al Defensor del Pueblo para que actúe sobre esta vulneración de derechos

El Síndic de Greuges de Cataluña se ha dirigido a la Junta Electoral Central (JEC) y al Defensor del Pueblo español para que solucionen la problemática derivada de la aprobación de la Instrucción 5/2019, de la Junta Electoral Central, de 11 de marzo, que, a criterio del Síndic, conlleva una situación de discriminación indirecta por razón de la discapacidad (o apariencia de discapacidad), prohibida en el ordenamiento jurídico vigente.

En este sentido, hace referencia, sobre todo, a la reforma operada por la Ley orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica del régimen electoral general (LOREG), que permite dar cumplimiento a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en especial el artículo 29. 

El Síndic considera que la Instrucción establece un trato diferenciado que estigmatiza a las personas por su apariencia de discapacidad. En concreto, la Instrucción señala que “en caso de que algún miembro de una mesa electoral, o algunos de los interventores o apoderados adscritos a esa mesa, considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de manera consciente, libre y voluntaria, lo puede hacer constar al acta de la sesión, pero no impedirá que este voto sea introducido en la urna”. 

De acuerdo con el marco normativo, las situaciones y grados de discapacidad deben ser determinados por los órganos administrativos competentes, integrados por equipos de profesionales multidisciplinarios. Por este motivo, es sorprendente y poco riguroso dotar de una potestad fiscalizadora, para la cual no están preparadas ni autorizadas, tanto las personas que de forma voluntaria ejercen de interventoras y apoderadas como las personas que han sido escogidas aleatoriamente para constituir las mesas electorales. 

En opinión del Síndico, merece la pena poner en valor el contenido del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, según el cual " se entiende que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas”. 

El hecho de que la apariencia de discapacidad sea el único criterio que se valore para cuestionar la capacidad de tomar decisiones de cualquier persona electora es discriminatorio y contrario al derecho de participación en condiciones de igualdad. Además, se trata de una medida que puede tener un efecto disuasivo para las personas afectadas a la hora de ejercer el voto por miedo de ser estigmatizadas. 

Más aún, la aplicación del artículo 3.2 de la LOREG, en la interpretación que ofrece la Instrucción 5/2019 de la JEC, llevaría al absurdo de empeorar la situación de muchas personas con discapacidad frente al ejercicio de su derecho de sufragio, en relación a la situación previa a la reforma de la LOREG. Así, antes de la reforma del artículo 3 de la LOREG, tan sólo un juez, en el marco del procedimiento de limitación de la capacidad jurídica de obrar (procedimiento de incapacitación), podía decidir sobre la capacidad de la persona para ejercer el derecho de sufragio activo. 

Con la Instrucción 5/2019, cualquier persona que haya sido requerida para ocupar el cargo de miembro de una mesa electoral, interventor o apoderado adscrito a las mesas, se entiende habilitada para valorar si una persona tiene una discapacidad o no y, según el caso, hacer constar en el acta de votación su valoración sobre la conciencia, la libertad y la voluntariedad con qué esta persona ejerce su derecho de sufragio.

En este sentido, se puede dar el caso que una persona con discapacidad que no ha sido nunca incapacitada judicialmente y que ha ejercido su derecho a votar en comicios anteriores en condiciones de absoluta igualdad con el resto de ciudadanía se pueda ver, actualmente, cuestionada en su conciencia, libertad y voluntariedad cuando quiera emitir su voto en los próximos comicios.

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