Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic investiga si el Real decreto regulador del bono social de la energía eléctrica vulnera los derechos de las personas

16/11/2017

Se pone de manifiesto que el procedimiento para gestionar el bono es confuso y complejo

Estudiará el requisito de consentimiento expreso de los adolescentes mayores de 14 años desde la perspectiva de sus derechos.

Algunos de los supuestos que dan derecho al bono implican aportar información sobre aspectos singularmente delicados para las personas solicitantes

El Síndic de Greuges ha iniciado una actuación de oficio para analizar y valorar la efectividad del Real decreto 897/217, de 6 de octubre, regulador del consumidor vulnerable y el bono social (en vigor desde el 8 de octubre de 2017), desde la perspectiva de los consumidores vulnerables de la energía.

Con este objetivo, ha comenzado a pedir información a algunas de las administraciones afectadas. De momento, se dirigirá a la Agencia Catalana de Consumo y al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

El Síndic destaca que se pone de manifiesto que el procedimiento para gestionar el bono es confuso y complejo. Esta dificultad se agrava por el hecho de que se trata de procedimientos y actuaciones que deberán ser impulsados por personas vulnerables y que implican a administraciones y empresas de diversos niveles y competencias. Además, el hecho de que los servicios sociales sean competencia municipal, y la diversidad de criterios y recursos de los ayuntamientos a la hora de definir los casos vulnerables pueden generar una situación de desigualdad que es preciso analizar.

En opinión del Síndic, un ejemplo de esta complejidad es el exceso de documentación requerida para presentar la solicitud del bono social. Tampoco facilita la gestión la necesidad de tener que renovarlo cada dos años o el período transitorio de seis meses que tienen las personas consumidoras que ya disponían del bono social para acreditar la nueva condición de persona consumidora vulnerable.

El Síndic estudiará también el requisito de consentimiento expreso de los adolescentes mayores de 14 años desde la perspectiva de sus derechos.

Respecto a la unidad familiar, el Síndic también ha puesto en evidencia que el Real decreto omite cualquier mención del caso de las familias monoparentales. En este sentido, pedirá información acerca de la posibilidad de equiparar a las familias monoparentales con las familias numerosas en términos de riesgo de pobreza y de la consideración de consumidores vulnerables. Como ya ha manifestado en diversas resoluciones, ambas tipologías de familia comparten una prevalencia de pobreza superior al resto.

En cuanto a la protección de datos, se ha detectado que algunos de los supuestos que dan derecho al bono suponen aportar información sobre aspectos singularmente delicados para las personas solicitantes, como por ejemplo la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo. El Síndic quiere analizar si el sistema de acreditación de estas circunstancias preserva adecuadamente la confidencialidad de estos datos y, muy singularmente, el papel de las empresas suministradoras y comercializadoras en el acceso y la comunicación de esta información personal.

Otro aspecto en que quiere profundizar es el de la linealidad en cuanto a los tramos máximos de consumo permitido para poder disfrutar del bono. Cabría tener en cuenta, según el Síndic, la diversidad climatológica existente en el Estado español. Además de la zona geográfica, el incremento del consumo está directamente vinculado a los cambios estacionales.

El Síndic también ha solicitado información sobre la implementación de una aplicación telemática por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y, en esta misma línea, se ha interesado por la designación del órgano de la Administración de la Generalitat que debe gestionar las solicitudes y coordinar las empresas y las comercializadoras.

De acuerdo con la actual norma, los consumidores serán considerados como vulnerables y tendrán un 25% de descuento en la factura si cumplen los requisitos siguientes: La renta anual de la unidad familiar debe ser inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. Los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables.

Se amplía el descuento hasta el 40% para los consumidores vulnerables severos, que serán aquellos que tengan una renta familiar inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.

Se establecen, además, unos límites máximos de consumo eléctrico a los cuales es aplicable el descuento del bono social con el fin de asegurar la eficiencia en el consumo energético.

Miembro fundador de la Red Europea de Ombudsman de la Energía (NEON), el Síndic fue una de los primeros en poner nombre a este nuevo fenómeno en Cataluña, que cada vez afecta más familias y que, a largo plazo, se debe abordar desde una perspectiva de ahorro energético. Algunas medidas sostenibles son la mejora de la eficiencia energética y el aislamiento térmico de las viviendas.

NEON es la interlocutora de los ombudsman del sector de la energía con la Comisión Europea y, de acuerdo con ello, participa en diversos grupos de trabajo de las direcciones generales de Energía y Justicia. También mantiene una relación de trabajo permanente con el Consejo de los Reguladores Europeos de la Energía (CEER) y la Agrupación Europea de Asociaciones de Consumidores (BEUC).

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El Síndic y el Instituto de Derechos Humanos nombran a las veinte entidades y personas que integrarán el Consejo Asesor de la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña

13/11/2017

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El nuevo ente, impulsado por el Síndic con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos, se constituirá formalmente por primera vez el próximo el viernes 17 de noviembre en una reunión con todos sus miembros

A partir de una red de derechos multidisciplinarios, el principal objetivo es construir una institución de derechos humanos de acuerdo con los Principios de París

La iniciativa impulsada por el Síndic con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos da respuesta al encargo realizado por el Gobierno de la Generalitat a fin de elaborar un plan de acción de derechos humanos para Cataluña.

La Estructura de Derechos Humanos de Cataluña ha hecho públicas este lunes 13 de noviembre las candidaturas que han sido seleccionadas para articular la composición del Consejo Asesor para los próximos dos años. En concreto, estará integrada por once entidades y nueve personalidades relacionadas con el ámbito de los derechos humanos. El ente se constituirá formalmente en una primera reunión con todos sus integrantes el próximo 17 de noviembre en la sede del Síndic.

Las entidades y personas expertas se han seleccionado entre todas las candidaturas presentadas otorgando prioridad a la diversidad. La Estructura, de carácter pluridisciplinario, reúne todos los requisitos para ser reconocida como una institución nacional de derechos humanos de acuerdo con los Principios de París.

Estas son las asociaciones y entidades escogidas: Amnistía Internacional Cataluña Asociación para las Naciones Unidas (ANUE); Colegio de Periodistas de Cataluña; Comisión Catalana de Ayuda a los Refugiados (CCAR); Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC); DINCAT; Fundación Jaume Bofill; Irídia. Centro por la defensa de los derechos humanos; Lafede.cat – organizaciones para la justicia global; Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y Unicef Comité Cataluña.

En cuanto a los expertos, han sido escogidos la doctora en Derecho Constitucional, Mar Aguilera Vaqués; el profesor y sociólogo, Joan Benach Rovira; la profesora de Filosofía del Derecho, Encarna Bodelón González; el cirujano y presidente del Comité de Bioética de Cataluña, Marc Antoni Broggi Trias; la portavoz de la Fundación Ibn Battuta, Miriam Hatibi; el experto en voluntariado y asociacionismo y referente en el ámbito del esplai infantil y juvenil, Enric Canet; la profesora de Derecho Internacional público, Núria Camps; la abogada experta en discriminación, equidad de género y derechos LGTBI, Laia Serra Perelló y la economista y referente en materia de vivienda, Carme Trilla.

Las funciones de la Estructura, además de elaborar un plan nacional de derechos humanos, incluyen, entre otras, coordinar una red de derechos con entidades sociales, elaborar una propuesta de estado de los derechos humanos y emitir opiniones sobre los proyectos y las proposiciones de ley del Parlamento de Cataluña que tengan incidencia en el ámbito de los derechos humanos. También podrá redactar informes vinculados con los informes periódicos que los estados deben presentar a los órganos y comités internacionales de protección de los derechos humanos, tanto a escala universal como europea, en particular en cuanto a la situación de los derechos humanos en Cataluña.

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Comunicado del Síndic de Greuges. 3 de noviembre de 2017

03/11/2017

síndic

El pasado 27 de octubre, tras la aprobación de dos resoluciones en el Parlamento de Cataluña, claramente fuera del marco constitucional con la pretendida declaración de independencia, a propuesta del Consejo de Ministros, el Pleno del Senado autorizó una amplia serie de medidas respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución española (CE). A partir de aquí, el presidente del Gobierno español ha adoptado varios reales decretos que incluyen el cese del presidente, el vicepresidente y los consejeros del Gobierno de la Generalitat, así como otros altos cargos del Gobierno, y la disolución del Parlamento de Cataluña; disolución que lleva aparejada la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de este año. La Fiscalía General del Estado también ha planteado ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional querellas penales contra las personas que han gobernado la Generalitat y contra la Mesa del Parlamento, que han sido admitidas a trámite por ambos tribunales.

En este contexto, el Síndic reitera que el conflicto planteado desde hace años entre las instituciones catalanas y españolas, manifestado de forma creciente y pacífica por una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña, y debatida en las instituciones de Cataluña y en el conjunto de la sociedad con serenidad, tiene una dimensión esencialmente política y debería resolverse por la vía politicoinstitucional, legal, con acuerdos, propuestas de reformas del ordenamiento básico, con consultas a la ciudadanía y con gestos de entendimiento. Y aún puede resolverse por vías políticas y de diálogo sincero y leal, con una generosa interpretación del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales previstos en los tratados internacionales, vigentes también en el Reino de España.

La aplicación del artículo 155 CE

La actuación del Tribunal Constitucional que suspende o declara inconstitucionales leyes aprobadas por el Parlamento o declaraciones posteriores demuestra que dentro del ordenamiento vigente hay medidas jurídicas para garantizar el con respecto al ordenamiento constitucional más adecuados que el uso que se ha hecho del artículo 155 CE. A parte de no haber fijado un límite temporal de la excepcionalidad de manera explícita, las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado podrían vulnerar el derecho fundamental a la participación política de toda la ciudadanía de Cataluña, reconocido en los artículos 23 CE y 3 del Protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos. Estos preceptos establecen:

"Los ciudadanos tienen el derecho de participado en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal" (art. 23 CE)

“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo” (art. 3 Protocolo adicional)

El ejercicio del mandato parlamentario de los cargos electos está protegido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aplicación de este último precepto y, desde este punto de vista, la destitución del Gobierno catalán en pleno vulnera el derecho a la participación política de toda la ciudadanía de Cataluña, con independencia de las opciones que votaran a las elecciones de septiembre de 2015. Esto es así en tanto que esta destitución se produce con una posible transgresión del propio ordenamiento jurídico español, dado que ningún precepto de la Constitución española, incluido el artículo 155 CE, no prevé que pueda adoptarse una medida de esta naturaleza.

Esta resolución puede ser impugnada judicialmente por los ciudadanos, incluso en amparo constitucional, por los que consideren lesionado su derecho de participación. Por su parte, frente a irregularidades cometidas en sede parlamentaria que lesionan sus derechos, los parlamentarios disponen, como ya ha advertido al Síndic, de la vía del recurso específico previsto en la Ley del Tribunal Constitucional.

Además, la interpretación que han efectuado el Senado y el Gobierno del artículo 155 parece contraria a otros preceptos constitucionales. Las decisiones tomadas sobre la competencia de disolver el Parlamento y convocar elecciones, así como de cesar al presidente y al Gobierno, pueden transgredir el derecho a la autonomía reconocida en el artículo 2 de la CE y el sistema desarrollado en el título VIII. No obstante, las elecciones convocadas para el 21 de diciembre deben poderse desarrollar con todas las garantías democráticas y sin ninguna amenaza ni advertencia en relación con sus resultados. Y, en todo caso, el Gobierno español debería comprometerse públicamente a levantar las medidas excepcionales adoptadas una vez se forme libremente y según las previsiones estatutarias el nuevo gobierno de la Generalitat.

Además, con independencia de que la suspensión del autogobierno de Cataluña pueda considerarse o no una vulneración intrínseca de derechos, el hecho de que desde el lunes la Administración de la Generalitat de Cataluña se gobierne a distancia, por instancias ajenas a la voluntad popular expresada por la ciudadanía de Cataluña y que no responden frente a sus legítimos representantes, puede generar un riesgo de mala administración y de potenciales vulneraciones de derechos.

La imputación penal del Gobierno cesado y la Mesa del Parlamento

Todas las vías legales e institucionales deberían prevalecer sobre la vía penal para resolver cuestiones como las que nos ocupan. En este sentido, la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica de Modificación del Código Penal que despenalizó la convocatoria de referéndums ilegales, después de afirmar que esta conducta no tiene entidad penal suficiente, señala expresamente que “en nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferente a la vía penal. Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal”.

Por ello, con pleno respeto por la independencia del poder judicial, y subrayando la necesidad de siempre colaborar, es importante señalar, como posible afectación a derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales y en la CE, los autos del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional de admisión de las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado.

En primer lugar, pueden representar una transgresión del derecho al juez predeterminado por Ley, que debería ser de la jurisdicción ordinaria de Cataluña, y en primer lugar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Aun así, es sorprendente la disparidad de criterios en las dos instancias, Tribunal Supremo y Audiencia, respecto al ejercicio del derecho de defensa y de la aplicación de las medidas cautelares.

En segundo lugar, en el caso de los miembros de la Mesa, parece obviarse, como ya se manifestó en el informe del mes de abril de este año, la inviolabilidad de que gozan diputados y diputadas en su función parlamentaria, como es, sin duda, la admisión a trámite, mediante votación, de propuestas de resolución.

Por último, la cualificación penal como rebelión propuesta por el Ministerio Fiscal y aceptada inicialmente por las más altas instancias jurisdiccionales parece completamente desproporcionada para describir los hechos de todos conocidos, como también fue desproporcionada la orden de prisión provisional sin fianza impuesta a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que se mantiene a fecha de hoy a pesar de la modificación sustancial de las circunstancias en que se produjo aquella resolución judicial. Las medidas cautelares de prisión provisional ahora aplicadas a consejeros cesados son una muestra más de la desproporción de la justicia.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional patente que los artículos 25.2 y 9.3 de la Constitución obligan a garantizar un principio de proporcionalidad de las penas que no parece que se esté respetando en este caso. Así mismo, la referencia retroactiva que efectúa la querella, como intimidatorias, de grandes manifestaciones que han sido ejemplares por su civismo puede suponer un grave riesgo de transgresión del artículo 21 CE, que reconoce el derecho de reunión y manifestación.

Estas afectaciones de derechos fundamentales y de libertades públicas reconocidos en la Constitución y en el Convenio europeo para la salvaguardia de los derechos fundamentales y las libertades públicas y en sus protocolos adicionales podrían acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desgraciadamente, los más que previsibles pronunciamientos de Estrasburgo llegarán pasado un largo tiempo, cuando las vulneraciones de los derechos ya sean irreversibles y la única reparación posible sea la moral o, en según qué casos, la económica. El Síndic emplaza a los diferentes poderes que tienen potestad para hacerlo a revertir ab initio estas diferentes situaciones vulneradoras de derechos y libertades para evitar, como reiteradamente ha pasado, que el máximo órgano jurisdiccional europeo en materia de derechos humanos condene al Estado español por violaciones de normas internas e internacionales por vulneración de derechos humanos.

El Síndic ya advirtió en su informe del pasado mes de abril sobre regresión de derechos y libertades, siguiendo también las advertencias recibidas desde instancias europeas, de los peligros para los derechos en el uso de la solución penal para los conflictos políticos institucionales y de las derivas partidistas en órganos judiciales.

El Síndic seguirá atento a las vulneraciones de derechos que puedan producirse durante la vigencia de esta situación y ejercerá sus funciones de investigación, supervisión, estudio e informe a todas las instancias en toda su extensión.

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El Síndic interviene ante el retraso de más de un año en la asignación de una vivienda de emergencia social en Barcelona

02/11/2017

El Síndic pide que se garantice el acceso a una vivienda de alquiler asequible en un plazo máximo de un mes

El Síndic demanda que se impulsen las actuaciones necesarias para incrementar el Fondo de alquiler social

El Síndic ha recibido varias quejas por la falta de una respuesta urgente por parte de la Administración ante situaciones de emergencia residencial en la ciudad de Barcelona y que han servido para constatar que, a pesar de existir una valoración favorable de la Mesa de emergencias sociales de Barcelona, existe una gran demora en la asignación de una vivienda social.

A partir de los casos analizados, se ha podido comprobar que esta demora es de un año, aproximadamente. Concretamente, las informaciones que han facilitado al Síndic las administraciones afectadas confirman que durante el pasado mes de octubre se estarían adjudicando las viviendas de los casos que fueron valorados por la Mesa de emergencias sociales en el mes de noviembre de 2016, es decir, hace casi un año. De la información enviada por el Ayuntamiento de Barcelona se desprende también que, dada la falta de viviendas públicas para garantizar el realojamiento, se ha articulado una lista de espera.

El Síndic ha insistido en diversas ocasiones acerca de la necesidad de establecer los mecanismos de prevención necesarios que permitan evitar llegar a situaciones tan traumáticas como son las situaciones de lanzamiento que, de forma cada vez más frecuente, afectan a un buen número de familias con el consiguiente impacto en la salud física y mental, entre otros efectos, de las personas que se encuentran en situaciones de pérdida de vivienda.

También ha reiterado en diversas ocasiones que la respuesta de la Administración a una situación de emergencia social residencial debe ser inmediata y se debe atender desde la triple perspectiva de: facilitar, con agilidad y celeridad, el acceso a una vivienda, garantizar un acompañamiento social y promover la reinserción laboral de las personas afectadas.

De acuerdo con el anterior, en el Informe sobre el acceso a la vivienda social, presentado en el mes de noviembre de 2015, el Síndic ya advirtió que cuando se trata de una situación de emergencia, no tiene cabida la elaboración de una lista de espera, en tanto que la existencia de una situación de emergencia social y económica requiere una respuesta inmediata de la Administración. Por tanto, no es en ningún caso aceptable la existencia de listas de espera con referencia a aquellas situaciones de emergencia social que han sido valoradas favorablemente por la Mesa de emergencia social por pérdida de la vivienda del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, y aún es menos entendible que la demora al asignar una vivienda a una unidad de convivencia, una vez valorada su necesidad urgente por la propia administración, sea de casi un año en la ciudad de Barcelona.

Los hechos analizados, nos llevan a concluir que las Mesas de emergencia, con carácter general, y la Mesa de emergencia social de Barcelona, en particular, no se han consolidado como el instrumento eficaz que deberían haber sido a la hora de dar una respuesta inmediata a aquellas situaciones de emergencia que, como el propio nombre indica, son de extrema y urgente necesidad y que, por tanto, requieren de una rápida actuación de la Administración en la valoración y en la adopción de una solución residencial.

Por todo el anterior, el Síndic recomienda la necesidad de revisar la eficacia de la Mesa de Emergencia social por pérdida de la vivienda de Barcelona; sin perjuicio de lo anterior, que desde el Consorcio de la Vivienda de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona se adopten las medidas necesarias para garantizar que en aquellos casos de situaciones de emergencia social que han sido valorados favorablemente por la Mesa de emergencia social se garantice el acceso a una vivienda de alquiler asequible en el plazo máximo de un mes. Por último, el Síndic también ha recomendado que se impulsen las actuaciones necesarias para incrementar el Fondo de alquiler social, mediante la formalización de acuerdos de cesión de viviendas, sea con las administraciones consorciadas, sea con los grandes tenedores de viviendas privadas que se encuentran desocupadas, sea con el tercer sector.

En todo caso, el Síndic recuerda que el carácter supramunicipal del derecho a la vivienda requiere una actuación conjunta y coordinada de las diversas administraciones públicas competentes en materia de vivienda que permitan, entre otros, alcanzar acuerdos en cuanto a la disposición y cesión de viviendas disponibles.

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El Síndic investiga la situación de abastecimiento de agua en el Priorat y el caudal del río Siurana

30/10/2017

sindic

De momento ha solicitado a la Agencia Catalana de Agua, al Ayuntamiento de Falset, al Consejo Comarcal del Priorat y a una mancomunidad intermunicipal que agrupa a diversos ayuntamientos

El Síndic de Greuges está investigando desde hace un par de meses la actuación de las administraciones públicas en relación con los problemas de abastecimiento de agua de diversos municipios del Priorat, cuestión vinculada a la situación del río Siurana.

El síndic inició esta actuación cuando se hizo pública una moción aprobada el pasado mes de julio de 2017 por el Consejo Comarcal del Priorat relativa a la situación del agua en la comarca. Entre otros puntos, la moción se hacía eco de los problemas de abastecimiento de agua que cíclicamente afectan a los municipios de Poboleda, Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops, Falset, Bellmunt del Priorat y la Vilella Alta. También exponía que "más de un 90% del agua del río Siurana se trasvasa desde hace años al embalse de Riudecanyes, mientras que el Siurana baja seco casi siempre."

De momento, el Síndic ya se ha dirigido al Consejo Comarcal del Priorat, a la Agencia Catalana del Agua, a la Mancomunidad Intermunicipal de Gratallops, Torroja del Priorat, Poboleda y Porrera. A todos ellos les ha preguntado por las actuaciones realizadas y previstas para garantizar el abastecimiento y la calidad del agua en los municipios afectados. También les ha solicitado información sobre la situación del río Siurana y las actuaciones adoptadas con la Agencia Catalana del Agua u otras administraciones para asegurar un caudal de mantenimiento. Al Ayuntamiento de Falset, al que también se ha dirigido, les ha requerido información sobre las medidas previstas para garantizar el suministro de agua en la localidad.

El Síndic también ha tenido en consideración que la Plataforma pel riu Siurana hace tiempo que viene denunciando públicamente esta situación, que –según indica- afecta negativamente al ecosistema de la comarca, la recarga de los acuíferos, el suministro de agua potable y la provisión de agua de riego.

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