Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic propone que se regule el derecho al paro académico en garantía del derecho de los estudiantes universitarios

21/02/2020

Foto - Wokandapix - Pixabay
Concluye que la mayor parte de las universidades no señalan graves problemas de convivencia a raíz de las protestas del otoño de 2019
 
Las universidades desplegaron actuaciones para conciliar el derecho a disfrutar de la educación universitaria con normalidad con el derecho a la libertad de expresión y manifestación de los estudiantes
 
Algunas universidades del Estado español han regulado el denominado derecho al paro académico en los estatutos respectivos

El pasado 29 de octubre el Síndic abrió una actuación de oficio ante las situaciones producidas a raíz de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa especial 20907/2017. Así, algunos estudiantes universitarios reivindicaban que su derecho a manifestarse fuera acompañado de una flexibilización, e incluso modificación, de los criterios de evaluación de la universidad donde estudian, así como de la regulación de la exigencia de asistencia a clase y de la participación en prácticas externas. También se pidió la adhesión de las universidades a la protesta a fin de que se clausuraran aulas y facultades.

Por otra parte, algunos estudiantes hicieron público lo que consideraban una vulneración de su derecho a disfrutar de actividad lectiva con normalidad. Por último, algunos profesores y grupos políticos también denunciaban la falta de neutralidad política de las universidades, y el incumplimiento de la normativa académica y las directrices del Plan Bolonia.

Al inicio de las actuaciones, y de acuerdo con el trabajo en red y de respeto institucional a la tarea realizada por los síndicos de las universidades, el Síndic mantuvo reuniones para coordinar las intervenciones sobre esta cuestión. Paralelamente, se solicitó información sobre el tema a las universidades catalanas y a la Secretaría de Universidades e Investigación.

Una vez analizada toda la documentación obtenida, el Síndic concluye que la mayor parte de las universidades no señalan graves problemas de convivencia a raíz de las protestas de otoño de 2019 y que los conflictos generados se abordaron con negociaciones entre las partes mediante el diálogo, intentando garantizar el derecho a disfrutar de la educación universitaria con normalidad y el derecho a la libertad de expresión y manifestación de los estudiantes.

En cuanto a las medidas de flexibilización del sistema de evaluación que decidieron adoptar los consejos de gobierno de las universidades catalanas, las universidades valoran que se trata de una decisión excepcional, con escasa adhesión (menos de 2.000 estudiantes se han acogido a la misma), y no condicionada a la adscripción ideológica del estudiante. El Síndic no cuestiona la valoración hecha por las universidades ni la legitimidad de la decisión tomada en el marco de la autonomía universitaria, así como tampoco cuestiona la poca incidencia con la vigencia y la aplicación de los principios del Plan Bolonia en el sistema universitario catalán. Aún así, considera que es preciso estudiar si la normativa vigente garantiza el derecho de protesta de los estudiantes universitarios y si el derecho a manifestación está lo suficientemente desarrollado, con vistas a dotar de seguridad jurídica el ejercicio de este derecho y sus implicaciones en el ámbito universitario en aspectos como por ejemplo el sistema de evaluación, la exigencia de la asistencia a clase, la realización de prácticas externas, etc.

La mayoría de universidades consultadas arguyen que la universidad disfruta de la suficiente autonomía para regular y resolver las diversas situaciones que se han ido produciendo, también en el caso de la huelga de los estudiantes, puesto que mediante el derecho de asociación, manifestación y reunión se faculta a cada centro a adoptar las medidas oportunas para garantizar el derecho a huelga y el derecho a estudio en el marco de la autonomía universitaria.

El Síndic considera que en cualesquiera de los casos el mal llamado derecho a huelga de los estudiantes no está configurado como tal, a pesar de que sí que se puede entender que existe el denominado derecho al paro académico. Algunas universidades del Estado español han regulado el derecho al paro académico en los estatutos respectivos que como contenido esencial recopila la falta de asistencia a cualquier tipo de actividad académica que pueden acordar los estudiantes con motivo de la declaración de dicho paro. El derecho se configura como individual, pero el ejercicio debe ser colectivo, como lo sería el derecho a huelga. Se asimila al derecho de huelga en el sentido en que supone la suspensión de la relación jurídica que se mantiene como medida de presión y protesta, en el caso de los estudiantes de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio público, sin que se puedan derivar sanciones.

El derecho al paro académico debería incluir, en los procedimientos que regulan la convocatoria y el preaviso a las autoridades académicas, la consulta a los estudiantes, la creación y la constitución de un comité del paro, la formalización de las reinvindicaciones aparejadas, la negociación, las movilizaciones para dar proyección externa, las actividades de información y difusión, y por último, la decisión de finalización. También sería necesario que este derecho hiciera recaer el coste social de su ejercicio en los estudiantes que asumen el paro y no en el profesorado u otros agentes que no han decidido hacer huelga o en otros estudiantes que han decidido no sumarse.

En este sentido, el Síndic ha propuesto a las universidades y también al Consejo Interuniversitario y a la Secretaría de Universidades e Investigación que estudien la pertinencia y la idoneidad de regular un posible derecho al paro académico. Este derecho debería concretar el derecho a la libertad ideológica, y de expresión y de manifestación de los estudiantes y hacerlos compatibles con sus deberes que dimanan de la condición de personas usuarias de un servicio público, garantizando el derecho a la no-discriminación por razones ideológicas entre los estudiantes y el derecho a la educación universitaria con normalidad. Es preciso que esta iniciativa vaya acompañada del fomento de la participación de los estudiantes universitarios en el marco de los órganos establecidos para garantizar la legitimidad de sus posicionamientos y las actuaciones que puedan emprender.

Por último, se recomienda que se valoren las afectaciones que puede tener el ejercicio de este derecho para el estudiante en prácticas y el colectivo becario en formación a fin de prever la regulación de este derecho para este colectivo.

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El Síndic reivindica la garantía de los derechos sociales, la sostenibilidad y la defensa de las libertades ante la vulnerabilidad creciente, el cambio climático y la erosión de derechos civiles

17/02/2020

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Informe anual 2019 (en catalán)

Durante el año 2019 ha recibido un total de 10.543 quejas procedentes de 22.993 personas. También ha recibido 8.843 consultas y ha iniciado 222 actuaciones de oficio. Y, en global, se han tramitado 26.358 expedientes y se han atendido más de 30.000 personas

Debido al aumento de quejas relativas a situaciones de emergencia social, es necesaria una actuación inmediata de la Administración que dé respuesta efectiva a las más de 1.300 unidades de convivencia afectada

La protección de la biodiversidad de espacios en proyectos urbanísticos, de infraestructuras o extractivos han supuesto un millar de quejas al Síndic

El mismo año de la firma del Pacto contra la segregación escolar ya se han puesto en marcha diversas de las actuaciones previstas en dicho Pacto

Sobre los niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares, es preciso desplegar de manera urgente una estrategia de integración de estos adolescentes y jóvenes migrantes en los diferentes municipios de Cataluña

El Síndic ha aprobado su primer Plan de igualdad para el período 2019-2022 en el ámbito de la igualdad efectiva de mujeres y hombres

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado de los dos adjuntos, Jaume Saura, y M. Jesús Larios, ha entregado hoy al presidente del Parlamento, Roger Torrent, el informe anual de la institución correspondiente al año 2019.

Este año, las quejas y las actuaciones de oficio en torno a la protección de derechos sociales han vuelto a constituir el bloque de actuaciones recibidas más numeroso, con un 32% de las iniciadas durante el año. Tanto en el ámbito de la educación, fundamentalmente por quejas motivadas por el acceso a centros y preinscripción, como en el ámbito de la salud, por listas de espera y por cuestiones relativas a los derechos y deberes de los pacientes, se ha dado un aumento de quejas respecto del año anterior. El incremento más significativo, sin embargo, ha sido el de las situaciones de emergencia residencial, a menudo con niños afectados.

Por otra parte, las políticas territoriales, que incluyen medio ambiente, urbanismo y movilidad, suponen cerca del 30% de las quejas iniciadas en el Síndic durante el año 2019. A su vez, los derechos de personas consumidoras representan en torno al 10% de las quejas y más del 20% de las consultas recibidas durante este ejercicio.

Amplia aceptación de las resoluciones del Síndic y mejora de la satisfacción con la actuación del Síndic 

De las actuaciones finalizadas, se ha detectado alguna irregularidad en un 49,3% de los casos y, de estos, en un 37,7% se ha solucionado el problema sin que fuera necesaria una resolución del Síndic.

En cuanto a la aceptación de las resoluciones del Síndic, y siguiendo la tendencia de años anteriores, es remarcable que en un 98,7% de los casos en que se ha detectado una actuación irregular de la Administración y el Síndic ha recomendado o sugerido medidas, estas han sido aceptadas total o parcialmente.

Otro hecho relevante que conviene destacar es la eficacia del Síndic, medida en la resolución de los problemas y el cumplimiento de las resoluciones que previamente han sido aceptadas total o parcialmente por la Administración. En este sentido, en un 63,7% se ha resuelto el problema o se han cumplido las resoluciones del Síndic, mientras que en un 36,2% de los casos aún están en vías de ejecución.

En cuanto al grado de satisfacción del servicio recibido, un tercio de las personas que han respondido la encuesta se sienten muy satisfechas o satisfechas. La nota media obtenida, con una escala del 0 a 10, ha sido un 6,76 y mejora sustancialmente la del año anterior, que era un 6,1.

A raíz de la implementación de la sede electrónica, es oportuno señalar que un 65% de las personas usuarias que han respondido la encuesta de satisfacción manifiestan que la han utilizado, y un 85,2% se han mostrado satisfechas o muy satisfechas de su funcionamiento.

Actuaciones del Síndic tramitadas durante el año 2019  por materias 

Vivienda

Un año más el Síndic debe destacar la falta de respuesta suficiente por parte de la Administración a las situaciones de emergencia social y económica en materia de vivienda. Este año se ha podido constatar un incremento del número de situaciones de emergencia en materia de vivienda (102 quejas), así como un incremento del período de tiempo que transcurre entre la valoración favorable de la mesa de emergencias correspondiente y la asignación de una vivienda, que llega en algunos casos hasta los dos años de espera.

La respuesta tardía por parte de la Administración a la hora de proveer de una vivienda las personas en situación de emergencia es causada, principalmente, por la falta de un parque de viviendas suficiente destinado a políticas sociales. A pesar de los esfuerzos realizados por la Generalitat y los ayuntamientos, las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora no han sido suficientes para dar solución a una problemática que, lejos de haberse solucionado, se ha agravado en los últimos años, en cuanto al número de personas afectadas y en cuanto a tiempo de espera para poder acceder a una vivienda social. Es necesaria una actuación inmediata de la Administración que dé respuesta efectiva a las más de 1300 unidades de convivencia que, según datos oficiales, esperan acceder a una vivienda de emergencias.

Salud

Tal y como ha planteado el Síndic reiteradamente, las listas de espera del sistema sanitario público continúan siendo objeto de numerosas quejas (249 quejas nuevas este año), y el Síndic se ha tenido que dirigir al Departamento de Salud para recordarle el compromiso adquirido en el año 2015, cuando cambió el catálogo de las intervenciones quirúrgicas sujetas a un plazo de espera máximo garantizado y fijó unos plazos de referencia para acceder en el resto de intervenciones quirúrgicas, para una primera visita con el especialista, para las pruebas diagnósticas y para la atención primaria.

Entre los temas monográficos tratados en el informe destaca la monitorización continua de glucosa para el control de la diabetes tipo 1. Los dispositivos de monitorización permiten mejorar el control de la patología y la calidad de vida de las personas usuarias, razón por la que el Síndic ha sugerido que se fije un calendario de acceso a la financiación de los dispositivos en todos los casos.

Servicios Sociales

La renta garantizada de ciudadanía ha continuado generando quejas significativas, sobre todo en cuanto a la interpretación y la aplicación de los requisitos que la Ley prevé para ser persona beneficiaria de esta prestación generan incidencias e incertidumbres importantes. Por un lado, el Síndic ha considerado que las resoluciones denegatorias en cuanto al nivel de ingresos no están lo suficiente motivadas ni la persona solicitante recibe la información necesaria, y también se ha detectado un incumplimiento de las garantías procedimentales en supuestos de extinción de la prestación (incumplimiento del trámite de audiencia y sin posibilidad de presentar alegaciones). Por otra parte, el Síndic ha considerado incoherente la interpretación que hace el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias sobre las aportaciones o las ayudas económicas provenientes de otras personas, aunque tengan carácter esporádico. El Síndic considera que es necesaria una mejor y más clara información sobre los deberes de las personas beneficiarias de la prestación, que deben cumplir las obligaciones que les corresponden. Asimismo es preciso que el órgano gestor de la prestación incorpore de manera habitual la práctica del trámite de audiencia con carácter previo a la resolución.

Un 25% de niños en situación de pobreza

En los últimos años, el Síndic ha destacado que la mejora de la coyuntura macroeconómica no ha conllevado, como mínimo por ahora, una mejora de los indicadores de riesgo de pobreza en Cataluña. La pobreza infantil continúa siendo un fenómeno con carácter estructural que afectó en el año 2019 a cerca del 25% de los niños, a pesar del ligero descenso en relación al año anterior, mientras que la privación material severa, cerca del 9% de los niños, con un ligero incremento.

La existencia de la pobreza infantil como fenómeno estructural se produce en un contexto de baja inversión pública comparada en políticas de trasferencia económica focalizadas a la infancia.

Estigmatización de los niños migrantes no acompañados y actuaciones positivas en lo acogida pendientes de más despliegue y consolidación

En cuanto a los niños migrantes sin referentes familiares, durante el año 2019, tras un período de fuerte incremento anual de la llegada de niños migrantes solos, esta tendencia se ha estabilizado. Si bien algunas actuaciones respecto a la acogida de niños migrantes sin referentes familiares han sido positivas, cabe desplegar de manera urgente una estrategia de integración de estos adolescentes y jóvenes migrantes en los diferentes municipios de Cataluña, por medio de programas de formación que ayuden a vehicular itinerarios individuales de transición hacia la autonomía.

A las vulneraciones de derechos que sufren estos niños, se ha añadido la grave vulneración que supone la estigmatización de este colectivo y el rechazo de una parte de la población a la instalación de los equipamientos.

Educación

Durante el año 2019 se han puesto en funcionamiento diversas de las actuaciones previstas en el Pacto contra la segregación escolar. Son un ejemplo la aprobación del Decreto 31/2019, de 5 de febrero, que anula los criterios complementarios de enfermedad digestiva crónica y exalumnos; la elaboración del documento para la organización y la gestión de los centros, que limita el acceso a los datos de composición social y resultados académicos de los centros, o la creación de la comisión de estudio sobre regímenes de admisión y de la subcomisión de estudio sobre segregación residencial y la elaboración del documento de propuestas dirigidas al Departamento de Educación. A lo largo de este año se ha celebrado la reunión de constitución de la Comisión de Seguimiento, en el mes de junio, y la segunda reunión prevista, en el mes de noviembre, para analizar los resultados de los trabajos desarrollados. También está en marcha la Comisión del coste de la plaza escolar, que prevé finalizar sus trabajos a principios del año 2020.

Igualdad

En el ámbito de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Síndic ha aprobado su primer Plan de igualdad para el período 2019-2022. En este plan, que tiene una dimensión importante en el funcionamiento interno de la institución, también se prevén actuaciones para que las expresiones públicas del Síndic tengan en cuenta la perspectiva de género. El Plan promueve la transversalización de la perspectiva de género y la perspectiva LGBTI en el conjunto de actuaciones del Síndic, incluyendo la política comunicativa y las actividades de proximidad hacia las mujeres y el colectivo LGBTI, con una referencia especial a todas las manifestaciones de violencia machista y LGTBI-fóbica.

Medio ambiente

Este año, la protección de la biodiversidad de espacios en proyectos urbanísticos, de infraestructuras o extractivos han supuesto un millar de quejas al Síndic (algunas de carácter colectivo). Es necesario tener presente que la imposibilidad de conseguir la reparación de los daños ambientales una vez se han producido, así como el coste que implicaría la reparación en el caso que fuera posible, obliga a los poderes públicos a dar prioridad y eficacia a la intervención previa en el diseño y la aplicación de instrumentos preventivos.

Con referencia a la contaminación acústica, cabe realizar un nuevo planteamiento de carácter global para alcanzar un cambio de hábitos de manera que se acote la duración de las actividades ruidosas que se llevan a cabo por la noche con horarios más racionales. Es preciso revisar a la baja los horarios de cierre de las actividades de restauración y ocio nocturno, así como de las actividades extraordinarias que se desarrollan por la noche al aire libre, puesto que la regulación actual no favorece el equilibrio entre ocio nocturno y el descanso de las personas.

Con referencia a la contaminación atmosférica, las políticas adoptadas hasta el momento son insuficientes y poco eficaces. Las administraciones públicas deben adoptar medidas adecuadas para evitar, prevenir y reducir el impacto de las actividades contaminantes y una de las principales medidas que es preciso adoptar y priorizar es la mejora del transporte público.

Derechos civiles

El ámbito de los derechos civiles ha sido marcado por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, que condena a nueve dirigentes políticos y sociales a penas de prisión de entre 9 y 13 años por hechos ocurridos en torno al 1 de octubre de 2017. El Síndic, quien ya había elaborado un informe monográfico en el año 2018 sobre la desproporción de los procedimientos penales contra estas y otras personas, ha reiterado este año que los hechos ocurridos en Cataluña durante el otoño de 2017 constituyeron el ejercicio de los derechos fundamentales de expresión y de manifestación, y que la consideración de estas expresiones dentro del tipo penal de sedición y las penas impuestas por estos hechos resultan manifiestamente desproporcionadas. En este sentido, el Síndic ha elaborado un informe para analizar el posible impacto de la Sentencia 459/2019 en la interpretación del alcance de los derechos y las libertades fundamentales, que se ha presentado en el mes de enero de 2020.

Transparencia

El informe de evaluación de la Ley de transparencia insiste en que es preciso reforzar los mecanismos de apoyo de las administraciones con más capacidad a las que disponen de menos recursos, y que también es necesario fortalecer los espacios de cooperación entre administraciones para poder articular de forma conjunta los instrumentos que prevé la Ley. Ante una ley que requiere esfuerzos organizativos y recursos sostenidos en el tiempo, y en un contexto en que es difícilmente viable generar estructuras adicionales, para una buena parte de las administraciones obligadas tan sólo será posible dar cumplimiento si se articulan estos mecanismos de apoyo y cooperación que lo faciliten.

Tributos

El Síndic destaca la importancia de garantizar un sistema de defensa eficaz, como condición de seguridad y justicia tributaria. La efectividad del derecho de defensa requiere de una buena administración; un sistema de recursos accesibles, capaz de dar respuestas ágiles y adecuadas, motivadas y homogeneizar criterios y actuaciones de información y asistencia con el objetivo de reducir la conflictividad y litigiosidad tributarias. En materia de tributos locales, sugiere que se instaure un órgano para las resoluciones económico-administrativas.

Seguridad

Este año, el Síndic ha elaborado informes sobre la situación de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y sobre los planes de emergencia nuclear. Sobre los primeros, el Síndic apreció que son necesarias actuaciones inmediatas para dotar al Cuerpo de Bomberos de los recursos humanos, materiales y para disponer de las infraestructuras necesarias a fin de alcanzar el cometido encomendado. Se debe fortalecer el papel del cuerpo, tanto de colaboración con las instituciones más próximas, como con la misma ciudadanía y dotarles de un papel más activo y constante en la elaboración de las políticas públicas de prevención.

En cuanto a las nucleares, el Síndic recoge la propuesta de establecer un órgano permanente de coordinación entre estos municipios, las administraciones del Estado y de la Generalitat y la empresa explotadora de las centrales nucleares. Además, también considera que es imprescindible adaptar el PENTA, del año 2009, y el Plan básico de emergencia nuclear (PLABEN), de 2004, a las nuevas directivas europeas EURATOM, que incorporan buenas prácticas derivadas del accidente a la central japonesa de Fukushima en 2011. Asimismo es indispensable mejorar las redes de telecomunicaciones, especialmente a los núcleos de población donde aún se dan carencias de cobertura de telefonía móvil, y la infraestructura ferroviaria (líneas R15 y R16) como vía esencial de evacuación en caso de emergencia.

Plan de derechos humanos de Cataluña

En los informes anuales de 2017 y 2018 se explicaba la creación, por resolución del Síndic y convenio con el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, de la Estructura Catalana de Derechos Humanos, inspirada en los Principios de París de la ONU de 1991, y el encargo recibido por parte del Gobierno de la Generalitat de preparar un proyecto de plan de derechos humanos.

Durante el año 2019, la Estructura ha desarrollado un proceso de debate y participación con decenas de entidades y de colectivos que han organizado en torno a 100 ágoras relativas a los diversos derechos a lo largo y ancho del territorio. Este proceso ha culminado con la aprobación del Plan de derechos humanos de Cataluña, que se entregó al Gobierno y al Parlamento el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

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El Síndic investiga las recientes agresiones homófobas en el barrio de Gràcia de Barcelona y en Esparreguera

12/02/2020

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La investigación se fundamenta en el ejercicio del mandato parlamentario de supervisión y defensa de los derechos de las personas LGTBI, de acuerdo con la Ley 11/2014

Está firmemente comprometido con la tolerancia cero ante las situaciones de LGTBIfobia

El Síndic de Greuges, en ejercicio del mandato del Parlamento de Cataluña de supervisar la Administración en cuanto al cumplimiento del derecho de las personas LGTBI y de luchar contra la homofobia, ha abierto dos actuaciones de oficio en relación con las agresiones homófobas que han tenido lugar durante el pasado fin de semana en el barrio de Gràcia de Barcelona y en Esparreguera.

Según la información de qué dispone el Síndic, en el primer caso, un grupo de cinco personas increpó y agredió físicamente a una pareja gay que se disponía a tomar un taxi para ir al aeropuerto. Los miembros de la pareja requirieron asistencia médica. En el segundo, un vigilante de seguridad de una discoteca agredió y expulsó del local a una pareja gay mientras profería insultos homófobos.

El Síndic de Greuges está firmemente comprometido con la promoción de políticas de igualdad entre mujeres y hombres y con los derechos de las personas LGTBI, así como en mostrar tolerancia cero ante las situaciones de LGTBIfobia y de violencia contra las mujeres.

Por este motivo, ha solicitado conocer cuál ha sido la intervención del Cuerpo de Mossos de Esquadra y las acciones que se han llevado a cabo en relación con los hechos descritos, tanto en cuanto a las víctimas como en la identificación de las personas agresoras.

Así mismo, también ha pedido información acerca de si se ha realizado alguna acción de coordinación con el Observatorio Contra la Homofobia o cualquier otra entidad de defensa del colectivo, y/o con los servicios municipales que actúan y trabajan en este ámbito.

El Síndic también se ha dirigido a la Dirección de Igualdad de la Generalitat para que le informe sobre las acciones de coordinación e intercambio de información que ha llevado a cabo en relación a los hechos descritos.

Por último, el Síndic continúa reclamando a la Administración el pleno despliegue de la Ley 11/2014 y, en particular, la adopción de su reglamento sancionador.

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El síndic comparece en el Parlamento para el debate sobre el sistema de salud en Cataluña

10/02/2020

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La comparecencia se sustancia a solicitud del propio síndic

Se destaca que, en proporción, el ámbito de la salud ha recibido pocas quejas, en parte gracias a la alta calidad del sistema público de salud en Cataluña

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, comparece este lunes 10 de febrero, en la Comisión del Síndic de Greuges del Parlamento de Cataluña, a solicitud propia, para explicar las actuaciones llevadas a cabo en la institución en materia de salud.

A pesar de que se destaca que el ámbito de la salud no es el que, en proporción, haya recibido el número más alto de quejas, en parte gracias a la alta calidad del sistema público de salud en Cataluña, el Síndic ha trabajado a través de las quejas los problemas que se han analizado en la institución a lo largo de esta pasada década en materia de salud, principalmente: la gestión de las listas de espera, la dificultad para acceder al historial clínico de un paciente, las negligencias médicas, la situación de la atención primaria o el trato deficiente, vejatorio o humillante que han recibido a algunos pacientes, por ejemplo.

De forma monográfica, se destaca la tarea específica realizada en materia de salud en cuanto a los niños y adolescentes, en que también se ha abordado la gestión de las listas de espera así como la atención en los centros de salud mental infantil y juvenil, o la atención pediátrica, y se ha destacado la insuficiencia de profesionales de pediatría y de enfermería pediátrica.

La institución constata que a menudo las quejas recibidas aparecen en mayor magnitud cuando se viven episodios puntuales que afectan a un número más alto de población; en el caso de los servicios de urgencias, por ejemplo, momentos puntuales de episodios de gripe concentran una recepción más alta de quejas, las cuales, mayoritariamente, no ponen en cuestión el buen funcionamiento de los servicios de urgencia, sino la inadecuada planificación, que tanto debería ir dirigida a la atención como a la información.

Sobre las listas de espera, a lo largo de los años se han ido formulando recomendaciones y sugerencias con el fin de mejorar su gestión. Cabe destacar especialmente las demoras para acceder a los tratamientos de reproducción humana asistida, en que el límite de edad fijado para poder acceder a dicho tratamiento hace que el paso del tiempo sea especialmente significativo; en cirugía bariátrica (obesidad mórbida), por los diversos problemas de salud que lleva asociados; las cirugías de espalda en algunos centros, con esperas que superan con creces una espera razonable, o las demoras para una primera visita con el especialista, a pesar de que se haya fijado un tiempo de referencia.

Con carácter general, el Síndic considera que aún existe margen de mejora en la gestión de las listas de espera y que es preciso continuar trabajando para acercar tanto como sea posible los tiempos de espera reales a aquellos que se han fijado como razonables.

Sobre las urgencias, en las quejas se pone de manifiesto tiempos de espera importantes para ser atendido, una vez realizada la selección, a menudo muy superior a aquellos que se asocian al nivel determinado y/o para hacer y/o recibir resultado de pruebas prescritas. La ubicación en que se debe permanecer en muchos casos no es óptima (incluso en pasillos) ni las condiciones las adecuadas, con afectaciones importantes al derecho a la intimidad y a la confidencialidad. El drenaje de pacientes una vez han sido atendidos constituye un problema importante.

Esta situación pone de manifiesto cuestiones relacionadas que cabe tratar: coordinación con otros servicios del centro hospitalario, insuficiencia de camas en determinados servicios del centro, dispositivos extrahospitalarios de atención a urgencias, dotación insuficiente de recursos humanos, atención a pacientes crónicos y pluripatológicos de edad avanzada, efectos de las listas de espera en las urgencias, y derivaciones a otros dispositivos sanitarios o sociosanitarios.

Sobre la atención en el proceso final de la vida, las quejas recibidas ponen de manifiesto el dolor y la impotencia con qué los familiares han vivido la situación que ha rodeado la muerte de un ser querido en un centro sanitario. Se hace imprescindible mejorar considerablemente la atención a la persona y a sus familiares, mucho más allá de la asistencia estrictamente asistencial, y trabajar en medidas paliativas y de confort, con una sensibilidad especial. Es necesario prever medidas para que el proceso de la muerte pueda ser vivido con dignidad, con la adopción de un enfoque integral.

Sobre el transporte sanitario, mayoritariamente las quejas hacen referencia a demoras en las horas de recogida del transporte programado y/o a las demoras, tras  recibir la asistencia sanitaria, para volver al domicilio o en el centro en que la persona está ingresada o trayectos excesivamente largos. Asimismo se dan algunas incidencias en relación a quien debe ser el responsable de pedirlo. Cabe recordar que el Servicio Catalán de Salud, como responsable de la prestación de los servicios sanitarios a los ciudadanos, tiene que llevar a cabo las actividades de control y supervisión de las entidades proveedoras, como lo es el servicio de transporte sanitario, y debe ir más allá de trasladar la queja al proveedor.

Por último, pero no menos importante, al margen de la tarea realizada por la institución en la última década en materia de salud, se ha querido hacer referencia a dos publicaciones de contexto: por un lado, el informe del Consejo Económico y Social (Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión Social al Sistema Sanitario); y, por el otro, al recientemente publicado informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del Sistema de Compensación del gasto por asistencia sanitaria gestionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, correspondiente al ejercicio 2017.

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El Síndic acoge la reunión general de la NEON en Barcelona

05/02/2020

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La reunión ha reunido a defensores de la energía de Bélgica, Reino Unido o Italia, entre otros

La reunión general de la Red de Defensores de la Energía, NEON, ha tenido lugar hoy en la sede del Síndic de Greuges de Cataluña. Compuesta por miembros de Bélgica, Reino Unido o Polonia, por ejemplo, el objetivo principal de la red es el intercambio y la profundización en la gestión y la resolución de las quejas en materia energética y de servicios, así como devenir un mecanismo de seguimiento y presión frente a los organismos reguladores.

La reunión de hoy ha centrado la atención en cuestiones internas de la red, como la revisión de los estatutos, el plan de trabajo y la elección de cargos, y también cuestiones de carácter abierto o externo, como las actividades previstas en conjunto o de forma individual por parte de los miembros que la conforman.

A la reunión de Barcelona, ha acudido el presidente de la Neon, Janusz Gwiazdowski, coordinador para negociaciones del presidente de la Oficina Reguladora de la Energía (Polonia); el vicepresidente, Roberto Malaman, de la Autoridad de la regulación de la energía de Italia, y la tesorera, Sabine Keirse, de la Comisión por la Energía (Walonia). El resto de miembros asistentes han sido Eric Houtman, del Servicio de Mediación de la Energía (Bélgica); Ed Dodman, de la Oficina del Ombudsman de los Servicios (Reino Unido); Tara O’beirne, de la Comisión para la Regulación de los Servicios (CRU, Irlanda), y Salome Vardiashvili, defensora del sector de la energía y el agua.

NEON es la red europea de servicios independientes, sin ánimo de lucro, de resolución de conflictos y de defensores en el sector energético. Sus miembros tienen el mandato público de proporcionar una forma fácilmente accesible y gratuita de resolver conflictos entre personas consumidoras y empresas. Su objetivo principal es el trabajo para garantizar los derechos de todas las personas consumidoras, incluidas las más vulnerables, mediante la promoción de organismos independientes de resolución de quejas de interés público. Así, se promueve un modelo específico de resolución alternativa de conflictos públicos (ADR), basado en servicios ADR independiente, nacionales y regionales, que defiendan el interés general y los derechos de todas las personas consumidoras. La red facilita el intercambio de información, experiencia y buenas prácticas entre sus miembros.

El Síndic de Greuges de Cataluña es miembro de pleno derecho desde 2012, y esta es la tercera vez que acoge una reunión de la red en Barcelona.

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