Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic abre una actuación de oficio por las posibles irregularidades en las últimas detenciones practicadas por la Policía Nacional en Cataluña

14/11/2018

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El Síndic de Greuges ha abierto una investigación para verificar y aclarar si en las recientes detenciones efectuadas por agentes de la Policía Nacional se han vulnerado los derechos de los detenidos, tal como apuntan hasta ahora las informaciones publicadas.

En concreto, el Síndic quiere pedir información sobre la posible vulneración del derecho de defensa. Según el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los miembros de la abogacía que llevan la defensa de los afectados deben ser informados de forma inmediata y deben poder visitarles en un plazo máximo de tres horas. Aparentemente, han existido irregularidades en este sentido, así como en relación con el cuerpo policial que ha efectuado la detención, la Policía Nacional, ante los indicios de haber actuado sin coordinación con los Mossos d’Esquadra.

Para conducir la investigación, el Síndic ha pedido información al Departamento de Interior de la Generalitat, a la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña y al Defensor del Pueblo, estos dos últimos para que trasladen su petición a los organismos pertinentes.

Las detenciones, según ha sabido el Síndic, han tenido lugar en el marco de los hechos relacionados con las manifestaciones del pasado fin de semana.

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El síndic y el resto de órganos estatutarios y de control formalizan la primera reunión con el presidente de la Generalitat

12/11/2018

Ruben Moreno
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó; el síndic major de la Sindicatura de Cuentas, Jaume Amat; el presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña, Roger Loppacher i el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno se han reunido este lunes 12 de noviembre con el presidente del Gobierno de Cataluña, Joaquim Torra, quien les ha recibido en el Palacio de la Generalitat.
La reunión se ha centrado en analizar cuestiones comunes que afectan a todos los órganos y sus relaciones con la Generalitat de Cataluña. Las instituciones de autogobierno, que se coordinan periódicamente sobre todo en lo que atañe a problemáticas comunes a fin de aprovechar sinergias, se han reunido hoy con carácter extraordinario y por primera vez con el actual presidente de la Generalitat.

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El síndic insta a las administraciones a que se coordinen para que la SAREB ceda un 30% de vivienda social

12/11/2018

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Comparecencia en el Parlamento informes sobre la vivienda de emergencia social y sobre la universalización del derecho a la salud

Reclama a la Generalitat y los ayuntamientos que materialicen las líneas de financiación recientemente aprobadas para construir viviendas de protección y para adquirir viviendas privadas por la vía del tanteo y el retracto

Reitera la defensa del derecho a la asistencia sanitaria universal y celebra que el Gobierno estatal y el catalán hayan legislado en este sentido

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha insistido una vez más en la necesidad de que la SAREB ceda un 30% de su parque de viviendas para el alquiler social. Ante la Comisión del Síndic en el Parlamento, donde ha comparecido este lunes 12 de noviembre de 2018, el síndic ha reiterado que el Gobierno del Estado debería emprender medidas legislativas para garantizar que la SAREB ceda al menos un 30% de sus viviendas para el alquiler social. Con este fin, ha añadido, es necesario impulsar una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para presentar en el Congreso.

El activo inmobiliario de la SAREB es de 54.000 viviendas, además de suelo susceptible de ser urbanizado y también suelo urbanizado, y las principales ubicaciones de los activos inmobiliarios de la SAREB están en Cataluña. El síndic considera que se está a tiempo de corregir la situación actual y de posibilitar que la plusvalía generada también revierta en el conjunto de la ciudadanía.

En opinión del síndic, es inaceptable que el derecho a la vivienda, reconocido por el Estatuto y la Constitución, se vulnere de forma reiterada y que al mismo tiempo el Gobierno estatal asuma con dinero público un rescate bancario que se eleva en el su balance a bordo 43 mil millones de euros.

Uno de los principales motivos que conllevan las dificultades de acceso a la vivienda es la falta de un parque de viviendas suficiente destinado al alquiler social (que, en Cataluña, no llega al 2% del parque de viviendas construido). Otros países europeos: Francia (16%), Reino Unido (17%), Suecia (19%), Dinamarca (20%), Austria (24%), Holanda (30%).

El síndic ha celebrado las líneas de financiación aprobadas recientemente por la Generalitat y los acuerdos para facilitar la inversión en viviendas con fines sociales. En este sentido, instó a las administraciones que sean consecuentes y actúen con agilidad desde una doble vertiente: la construcción de viviendas dirigidos al alquiler social y la adquisición de viviendas por la vía del tanteo y retracto para destinarlos a alquiler social.

Informe sobre la universalización del derecho a la salud

El síndic, que también ha comparecido para explicar el Informe sobre el derecho universal a la asistencia sanitaria, ha reiterado la defensa y ha celebrado que el Gobierno estatal y el catalán hayan legislado en este sentido.

Según datos de CatSalut, en abril de 2018 había 114.573 personas extranjeras empadronadas en Cataluña que no estaban acreditadas como aseguradas ni beneficiarias, ni se encontraban dentro de los supuestos de asistencia sanitaria en situaciones especiales que regula la norma estatal. Estas personas representan el 1,53% de la población residente en Cataluña. Además, en general son personas sanas (la mayoría entre 20 y 50 años) que utilizan un 50% menos que el total de población los recursos de salud (excepto el servicio de urgencias, del que hacen un uso similar). En cuanto al gasto sanitario, con datos de 2016, el gasto per cápita también es la mitad que el de la población total. En definitiva, se trata de un 0,9% de población que genera el 0,4% de gasto sanitario.

También desde una perspectiva económica, negar la cobertura de determinadas prestaciones a largo plazo puede ser perjudicial. Así, por ejemplo, de acuerdo con la normativa vigente cuando se realizó el informe, en ese momento estas personas no podían beneficiarse de los programas de salud preventivos, que suponían un gasto muy inferior a los tratamientos de urgencia de enfermedades graves o de carácter crónico. El Informe incide en superar la vinculación del derecho a la cobertura con el factor contributivo.

Sobre el turismo sanitario fraudulento, el síndic ha señalado que hay que combatir, pero que no debe confundirse con el acceso universal a la asistencia sanitaria.

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El Síndic explica en Bruselas su papel pacificador en el contexto de crisis entre España y Cataluña

08/11/2018

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Rafael Ribó es uno de los ponentes que han intervenido en el décimo Congreso de la Asociación de Ombudsman y Mediadores de la Francofonía

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha explicado este jueves 8 de noviembre de 2018 ante los defensores de habla francesa de todo el mundo, miembros de la AOMF, el papel conciliador que, en ejercicio de sus funciones de defensor, ha estado ejerciendo durante la crisis política en Cataluña.

La AOMF es la Asociación de Ombudsman y Mediadores de la Francofonía y el Síndic es uno de los ponentes que ha intervenido en el X Congreso que este organismo ha celebrado este jueves en el Parlamento de la Federación Valona de la capital belga.

El tema central de la mesa en la que ha participado el síndic era “El ombudsman, pacificador en tiempo de crisis”.

Rafael Ribó se ha centrado en los acontecimientos que han tenido lugar a raíz de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, que han desencadenado una serie de reacciones por parte del Estado español. Después de hacer un resumen cronológico de los hechos de los últimos años, Ribó ha destacado la dimensión penal que ha adoptado una crisis eminentemente política.

La intervención del síndic se ha basado en los informes y resoluciones en que ha alertado de las vulneraciones de derechos que se están cometiendo y que  ha hecho llegar también a las máximas autoridades europeas en materia de derechos humanos. Entre los temas tratados, ha destacado el de los derechos políticos y de participación y la libertad de expresión, así como el abuso de la prisión preventiva.

 

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El defensor de las personas reclama al Pleno del Parlamento la necesidad de trabajar por las libertades, el diálogo y el autogobierno, de acuerdo con la voluntad ciudadana

07/11/2018

Pleno del Parlamento

Debate en el Pleno del Parlament del informe La vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión de la reacción penal al 1-O y la aplicación del artículo 155 CE

La restricción de la libertad personal de diversos dirigentes políticos y sociales por la medida cautelar de privación de libertad constituye una vulneración de derechos fundamentales

Las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 y el uso desproporcionado del Código penal no permiten avanzar hacia la solución de los problemas

Es necesario reforzar las garantías democráticas que aseguren el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de manifestación

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparecido este miércoles 7 de noviembre de 2018 en el Pleno del Parlamento de Cataluña para debatir el informe La vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión de la reacción penal al 1-O y la aplicación del artículo 155 CE.

En el marco de la presentación en la cámara del informe hecho público el pasado mes de mayo sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 y la persecución judicial derivada del 1-O, el síndic ha efectuado un repaso de las actuaciones de oficio y quejas investigadas durante el último año relacionadas con esta materia. Rafael Ribó ha considerado graves las vulneraciones de derechos que se han venido produciendo en nombre de la inviolabilidad de la unidad de España y ha recordado que el Estado dispone de instrumentos legales eficaces para dar una respuesta ante posibles infracciones del ordenamiento jurídico, sin necesidad de recurrir al Código Penal. En este sentido, el síndic ha considerado desmesurada la respuesta del Estado español a la celebración del referéndum del 1 de octubre del año 2017,

Un año después de los hechos descritos en el informe, la actuación de los tres poderes del Estado se ha caracterizado por la aplicación de medidas excepcionales que han limitado, vulnerado e, incluso, criminalizado el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión. Así mismo, la restricción de la libertad personal de diversos dirigentes políticos y sociales por la vía de un uso abusivo y desproporcionado de la medida cautelar de privación de libertad constituye quizá la vulneración más flagrante de derechos fundamentales que se ha producido.

El informe también aborda la disolución por medio del artículo 155 CE del Parlamento y la destitución de más de 250 altos cargos del Govern, y concluye que se ha afectado de manera directa al derecho de participación política que reconoce el artículo 23 CE, en un doble sentido: por un lado, resulta afectado el derecho de los altos cargos públicos destituidos y el de los representantes cesados forzosamente por la disolución anticipada del Parlamento; y, por el otro, también resulta afectado el derecho de participación política de la ciudadanía, en general, en la medida que los representantes que han elegido no han podido ejercer su función por el tiempo por el que fueron elegidos.

El derecho de participación política del artículo 23 CE también se ve afectado por los actos que, tras las elecciones celebradas el día 21 de diciembre de 2017, impiden sin base legal que personas que han sido elegidas como diputadas al Parlamento de Cataluña y que están en posesión de sus derechos políticos puedan ser candidatas a la presidencia de la Generalitat.

Los ataques o regresiones a la libertad no se circunscriben a las expresiones o manifestaciones de carácter independentista en Cataluña, sino que tienen un alcance más amplio y se están aplicando a diferentes formas de protesta y disidencia.

El informe alerta de que en el marco de los procesos penales que se siguen en diferentes instancias jurisdiccionales por causas derivadas de la consulta del 1 de octubre y la declaración del 27 de octubre las posibles afectaciones a derechos fundamentales resultan muy preocupantes. Una de las más notables es el que hace referencia al principio de legalidad penal, cuando se formulan acusaciones desproporcionadas, basadas en unos hechos manifiestamente distorsionados, sin la inseparable previsión legal típica. Esta vulneración del principio de legalidad penal en la instrucción de delitos como la rebelión, sedición, terrorismo u organización criminal, entre otros, parece buscar castigos ejemplarizantes y un efecto disuasorio de determinadas posiciones políticas en el futuro.

Así mismo, desde el punto de vista procesal, también son graves las posibles vulneraciones del derecho de defensa, así como las manifestaciones públicas que se han producido a lo largo de los últimos tiempos y que ponen en cuestión la necesaria imparcialidad judicial.

Finalmente, en diversas ocasiones durante el período sobre el que trata el informe, y en especial durante la jornada del primero de octubre de 2017, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía actuaron de manera desproporcionada, y provocaron un daño superior al mal que supuestamente querían evitar. Especialmente preocupante e inaceptable fue el uso de pelotas de goma.

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