Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic alerta de deficiencias en el caso de la muerte de un recién nacido: en la detección del maltrato, la aplicación de los protocolos y la coordinación entre servicios

18/06/2019

foto (c) Gencat

Constata la aparición, como mínimo, de una situación de sospecha de maltrato infantil, que, aparentemente, fue minimizada y descartada sin activar el Protocolo contra el maltrato

El nuevo Protocolo de actuación de maltratos a la infancia y a la adolescencia en el ámbito de la salud, de marzo de 2019, incluye actuaciones de prevención prenatal y en recién nacidos, reclamadas por el Síndic desde el año 2015

La apertura de diferentes historias clínicas al recién nacido dificultó el traspaso de información y la coordinación entre los profesionales sanitarios

Es preciso garantizar una dotación de recursos humanos y económicos para los servicios sociales de atención primaria a fin de atender a las familias en situación de vulnerabilidad social

El Síndic ha finalizado la investigación iniciada al tener conocimiento del ingreso en la UCI del Hospital de la Vall d’Hebron de un recién nacido de dos meses por lesiones derivadas de un presunto maltrato por parte de su padre, el 11 de enero de 2019. En el marco de esta actuación, ha detectado déficits en la intervención de los diversos servicios que interactuaron con el niño y su familia, y que en mayor o menor medida podrían no haber contribuido a protegerlo.

En cuanto a los déficits de detección de signos compatibles con un maltrato infantil, el Síndic constata que el día 23 de diciembre surgió una sospecha de maltrato infantil durante la visita al Servicio de Urgencias del Hospital de Calella, a raíz de los signos de posible maltrato físico y de las dudas que había generado el relato de los progenitores, el cual fue descartado internamente por el mismo servicio de urgencias. El Síndic constata que se dio el alta hospitalaria del recién nacido el mismo día, sin comunicar inmediatamente el caso a la Unidad de Trabajo Social del hospital, a fin de instar una evaluación global de la situación familiar.

Además, durante la exploración en el Servicio de Urgencias del Hospital de Calella aquel día, se observaron otros signos de irritabilidad y de malestar en el recién nacido. Así mismo se detectan imprecisiones en el informe de asistencia sobre las pruebas practicadas. Por otra parte, no se utilizó la herramienta SMSGR (simulador RUMI) de maltrato (según el Protocolo marco) ni se llamó al teléfono Infancia Responde para que la DGAIA valorara si era conveniente activar el EVAMI (Equipo de valoración de maltratos infantiles detectados al ámbito sanitario).

Estas sospechas se evidencian no sólo en la diversa documentación de salud a la cual ha accedido el Síndic, sino en la comunicación del 4 de enero al teléfono Infancia Responde por parte del Servicio de Pediatría de la UCI Neonatal del Hospital de la Vall d’Hebron para notificar una posible situación de maltrato físico del recién nacido, y en que se deja constancia de que se tiene conocimiento que hace dos semanas el recién nacido ha sido atendido en el Hospital de Calella, donde ha habido sospechas de maltrato.

El Síndic también ha constatado que el circuito utilizado en este caso para descartar la sospecha de maltrato es improcedente: no se activa el Protocolo contra el maltrato infantil y la sospecha se descarta sin instar ninguna coordinación interna con la Unidad de Trabajo Social del hospital ni coordinaciones externas con ningún servicio (CAP de referencia, servicios sociales y DGAIA) el mismo día de la visita.

El Síndic valora que la aparición en un recién nacido tan pequeño de signos catalogados, bien de equimosis o bien de hematomas, no descartaba un hecho traumático y, por tanto, requería la activación del Protocolo de actuaciones ante la aparición de una sospecha de maltrato infantil. A criterio del Síndic, el protocolo debe ser un instrumento clave que se consulte y se utilice con frecuencia cuando aparece cualquier signo de sospecha, y en especial en las situaciones que afectan a recién nacidos, por su extrema fragilidad y alta vulnerabilidad.

En cuanto a la coordinación, son diversos los déficits detectados. Por un lado, el Departamento de Salud comunica que son diferentes las historias clínicas abiertas al recién nacido, por lo que los profesionales sanitarios no tuvieron acceso a toda la información y a todas las anotaciones que constaban, de manera que, por ejemplo, los profesionales que visitaron al recién nacido en fecha 29 de diciembre de 2018 no pudieron ver las anotaciones de Trabajo Social, por el hecho de que constaban en otra historia clínica y porque fueron escritas en fecha 31 de diciembre de 2018 (se hacía referencia a las lesiones presentadas por el recién nacido y al hecho de la falta de aclaración sobre las lesiones que presentaba el recién nacido).

En la documentación analizada también se observa una falta de coordinación adecuada entre los servicios de salud y los servicios del ámbito social. Si bien se constata la existencia de correos electrónicos entre Servicios Sociales de Pineda de Mar, Trabajo Social del Hospital de Calella y Trabajo Social del CAP de Pineda de Mar, esto no implica una coordinación efectiva entre los tres servicios a fin de citar a los progenitores, a pesar de que desde el día 28/12/2018 se consideraba adecuado realizar un seguimiento familiar. Dado que se trataba de un recién nacido, el trabajo en red conllevaba pautar quién, cuándo y cómo se tenía que reunir con los progenitores para iniciar el seguimiento de la situación familiar y valorar (por medio de entrevistas y, si procedía, haciendo alguna visita domiciliaria) si los progenitores garantizaban el bienestar del recién nacido.

Desde una vertiente preventiva, y teniendo en cuenta las listas de indicadores y de factores de protección de los niños y adolescentes aprobados por la Orden BSF/331/2013, de 18 de diciembre, la situación familiar habría requerido un seguimiento cercano para acompañar a la pareja en el cuidado del recién nacido, con los mecanismos previstos para esta finalidad. Los servicios sociales deberían haber activado medidas para valorar una posible vulnerabilidad del niño en el núcleo familiar, dados los aspectos sociofamiliares que se desprendían de las dos entrevistas con los progenitores, considerando especialmente que se trataba de un recién nacido con progenitores jóvenes en condiciones precarias.

En el año 2015, a raíz de otro caso similar, el Síndic pidió que se emprendieran medidas específicas para la protección de los recién nacidos. Desde entonces, el Síndic ha insistido en la necesidad de elaborar un protocolo de estudio, de intervención y de seguimiento de los recién nacidos (o niños pequeños) en situación de riesgo. Este año, el nuevo Protocolo de actuación de maltratos a la infancia y a la adolescencia en el ámbito de la salud, de marzo de 2019, da respuesta a la sugerencia del Síndic, incide en el buen trato al niño en su máxima amplitud, incluyendo actuaciones de prevención prenatal y en recién nacidos, y desarrolla características especiales que cabe tener en cuenta en la detección de maltratos en recién nacidos.

Principales recomendaciones:

Al Departamento de Salud:

  • Garantizar el conocimiento, la consulta y la aplicabilidad del protocolo frente a casos de sospecha y de certeza de maltrato infantil.
  • Emprender medidas para prevenir la duplicidad de historias clínicas, garantizando la apertura de una única historia clínica que recoja las observaciones de los profesionales de salud durante las visitas de los niños −y en especial de los recién nacidos− a todos los servicios de salud (servicios de urgencias, hospitales, CAP, etc.).
  • Incluir en el Plan de formación anual de los profesionales de salud procedimientos de atención sanitaria y de notificación (Salud-DGAIA) adecuados a los que establecen los protocolos.
  • Emprender medidas para fomentar el necesario trabajo multidisciplinario frente a casos de sospecha de maltrato infantil para incorporar el diagnóstico social sanitario (emitido desde una unidad de trabajo social) al diagnóstico pediátrico.
  • Intensificar la formación y la sensibilización de los profesionales sanitarios, con un énfasis especial en los de atención primaria, e incluir en los planes de formación que emprenda el Departamento de Salud las especificidades concretas referidas a la prevención y la detección del maltrato infantil en recién nacidos y niños pequeños, por su extrema vulnerabilidad.

Al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en coordinación con el Departamento de Salud:

  • Garantizar la coordinación entre los servicios sociales y los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA) y la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ante una sospecha de maltrato infantil.
  • Asegurar la aplicación efectiva de los protocolos de maltratos, haciendo difusión entre los profesionales y servicios, realizando un seguimiento y evaluando su aplicación.
  • Establecer, como mínimo, una persona de referencia en todos los centros sanitarios y centros de servicios sociales para la aplicación del protocolo que pueda recibir formación específica y actuar como referente frente a situaciones de sospecha o certeza de maltrato infantil.
  • Formar a los profesionales que trabajan con niños (salud, policía, enseñanza, tiempo libre, servicios sociales) en derechos de los niños e indicadores de riesgo (formación inicial y formación continua permanente).
  • Desarrollar y aplicar actuaciones preventivas desde los servicios de salud y del ámbito social para mejorar la detección precoz del maltrato infantil.
  • Garantizar la comunicación entre servicios frente a situaciones en que un niño sufre o puede estar sufriendo violencia.
  • Llevar a cabo campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y también para sectores profesionales.
  • Promover políticas de apoyo y educación a la crianza.

Al Ayuntamiento de Pineda de Mar:

  • Revisar los protocolos de estudio, de intervención y de seguimiento de los niños que se encuentran en situación de riesgo y de sus familias, especialmente de recién nacidos y niños pequeños.
  • Garantizar una dotación de recursos humanos y económicos a los servicios sociales de atención primaria suficiente para poder atender adecuadamente las necesidades existentes entre las familias en situación de vulnerabilidad social.
  • Que la Comisión Específica de Seguimiento del Protocolo de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Riesgo de Pineda de Mar evalúe el funcionamiento del protocolo.

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El Síndic comparece en el Parlamento para debatir los informes sobre los atentados del 17-A y sobre la actividad del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT)

17/06/2019

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Del informe sobre los atentados del 17-A ha recomendado a las administraciones que fomenten un discurso de integración y de prevención de conductas racistas y de discriminación, y también conseguir la presencia de los Mossos de Esquadra en la Europol

Del informe del MCPT 2018 ha destacado la necesidad de revisar la Instrucción sobre la inmovilización y contención mecánica, ajustar las instrucciones de las pistolas Taser, y su preocupación por la mayor ocupación de los centros de justicia juvenil

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, y el adjunto general, Jaume Saura, han comparecido este lunes, 17 de junio, ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para debatir la informe Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña y el Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura 2018, que ya habían sido entregados a la cámara en noviembre de 2017 y en diciembre de 2018, respectivamente.

En la línea del informe Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña, que también fue debatido en la Comisión Parlamentaria de Investigación de los Atentados (sesión del 24 de julio de 2018), el Síndic ha recomendado a las administraciones, con carácter general, que fomenten un discurso de integración y de prevención de conductas racistas, de discriminación, de ensalzamiento de la violencia y del odio, poniendo un énfasis especial en la población joven que está inmersa en un proceso de búsqueda de identidad, así como también prestar una atención especial a algunos procesos de integración y de socialización vinculada a la identidad basada en la religión y las dificultades vinculadas a los procesos migratorios.  

 

En cuanto a las explicaciones dadas en relación a los atentados, el Síndic continúa insistiendo en la falta de información institucional que ha tenido la ciudadanía. Los poderes públicos, cada uno desde su nivel de responsabilidad, y sobre todo el Gobierno del Estado y las Cortes Generales, deberían haber abordado el tema públicamente con celeridad y transparencia institucional. Si bien es cierto que en el Parlamento de Cataluña se creó la Comisión de Investigación en abril del 2018, en el Congreso de los Diputados se trató el tema en el marco de la Comisión de Gastos Reservados y, por tanto, no ha sido accesible para la ciudadanía.

El Síndic continúa reclamando una investigación exhaustiva y transparente sobre la condición, o no, de Abdelbaki Es Satty como confidente policial y si esto afectó de alguna manera a la coordinación entre cuerpos. Por último, pide que se haga posible de forma inmediata la presencia del Cuerpo de los Mossos de Esquadra, con la consideración de autoridad competente, dentro de Europol y el resto de organismos de coordinación y de intercambio de información a escala internacional. Si bien es cierto que se han dado pasos en este sentido, esta demanda aún no se ha conseguido.

Sobre el Informe del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura 2018, el Síndic ha señalado que se visitaron 45 centros de privación de libertad, una cifra muy similar a la de años anteriores. En cuanto a los centros penitenciarios, el Síndic ha insistido en que es necesaria una revisión en profundidad de la Instrucción sobre inmovilizaciones y contención mecánica vigente que tienda a una política de contención cero, y que se potencien protocolos de prevención general y específicos. En este contexto, la contención mecánica debería ser una medida exclusivamente sanitaria por los riesgos que conlleva para la salud de las personas y, en caso de que se llegue a producir, debe tener una duración mínima, limitada al estado de alteración de la persona inmovilizada, y debe estar exclusivamente supervisada por los servicios sanitarios. La otra recomendación que el Síndic hace tiempo señala es que cabría revisar de manera urgente y a la baja los importes de todos los productos que se comercializan en los economatos de los centros penitenciarios.

En relación a la Policía de la Generalitat-Mossos de Escuadra, el Síndic ha destacado la necesidad de ajustar las instrucciones de uso de las pistolas Taser, en el sentido de prohibir su uso en niños y adolescentes menores de 18 años y de garantizar que en todos los casos exista un registro audiovisual de su utilización. En cuanto al derecho a la asistencia sanitaria durante la detención, ha remarcado la necesidad de que la visita médica se realice en privado.

En relación con las policías locales, continúa reclamando que todas las áreas de custodia de la policía local que no cumplan las condiciones materiales de detención sean inmediatamente clausuradas. También ha destacado la necesidad de que los departamentos de Justicia e Interior de la Generalitat realicen un recordatorio a los responsables de las comisarías de policía y de los centros penitenciarios sobre los derechos que asisten a las personas extranjeras en relación con la comunicación con sus consulados porque no siempre se informa adecuadamente de estos derechos.

En cuanto a los centros de justicia juvenil, se detecta una mayor ocupación y el Síndic expresa su preocupación por cómo esta circunstancia puede afectar a la tarea educativa que se realiza en estos centros, puesto que a menudo puede conllevar un cambio en la dinámica educativa y de reinserción hacia una intervención más disciplinaria.

El Síndic, por último, ha puesto en conocimiento de la Comisión que en algún caso concreto se efectúa una intervención incompatible con los derechos de los niños, como por ejemplo el derecho a la intimidad y dignidad, y el derecho al mantenimiento del vínculo y las relaciones con sus familiares. También son inadecuadas la práctica de contenciones y las sanciones y medidas correctoras, muchas de las cuales no ofrecen las garantías necesarias.

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Apelación del Síndic de Greuges al diálogo político, la participación y la libertad

14/06/2019

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A raíz de la culminación de la fase oral de la causa especial 20907/2017 del Tribunal Supremo, una vez fijada la vista para sentencia, el Síndic de Greuges de Cataluña realiza una serie de consideraciones.

1. Una cuestión política. Un conflicto político debe resolverse por la vía política

Como ha hecho en otras ocasiones a lo largo de los últimos meses, el Síndic pone de manifiesto que el conflicto territorial que se vive entre Cataluña y el resto del Estado tiene carácter eminentemente político y de una interpretación restrictiva de los preceptos constitucionales sobre autogobierno territorial (entre otros, los artículos 2, 3, 149 y 156 CE, relativos a nacionalidades, diversidad lingüística, diálogo territorial y financiación), que tiene como punto de inflexión la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña.

Este conflicto eminentemente político está produciendo graves afectaciones a derechos fundamentales, incluyendo los derechos de participación política a través de los representantes elegidos, la libertad de expresión y manifestación, y el derecho a la libertad individual.

Un conflicto de este tipo solo puede tener una solución política, basada en la diversidad lingüística, cultural y nacional del Reino de España. Hay que iniciar un diálogo constructivo para conseguir una solución política al conflicto; un diálogo atrevido e imaginativo, como el que se produjo durante la Transición, que incluya una consulta al pueblo de Cataluña.

En este sentido, el artículo 4 de la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, prevé, entre las competencias del Síndic, promover la conciliación y llevar a cabo, en su caso, dentro de su ámbito de actuación, funciones de mediación o de composición de controversias. Por ello, el Síndic pone a disposición de las autoridades públicas y la sociedad civil la institución del Síndic de Greuges de Cataluña, en su función de mediación, para organizar una mesa de entendimiento y de acuerdo, desde la responsabilidad institucional y con pleno respeto a los derechos humanos.

2. Derecho de participación. La ciudadanía tiene el derecho a elegir representantes populares, que tienen el derecho a desempeñar la función de representación

El Síndic ha manifestado reiteradamente que el artículo 23 de la Constitución y el artículo 3 del Protocolo adicional n. 1 al Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), cuando reconocen el derecho al sufragio activo y pasivo, determinan que las personas que no incurren en causa de ineligibilidad pueden ser elegidas como representantes populares. Sin embargo, el derecho de sufragio pasivo no se limita al derecho a ser votado o a ser elegido, sino que se desarrolla, una vez elegido, en el derecho a desempeñar la función de representación para la que se ha sido elegido. Ya lo manifestó en su día la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el año 1984, al considerar que “no es suficiente que una persona tenga el derecho a ser candidata, también tiene que tener el derecho a ejercer como parlamentaria una vez elegida. Adoptar una opinión contraria significaría vaciar de contenido el sentido del derecho a ser candidato en unas elecciones” (Caso M. contra el Reino Unido, decisión de la Comisión de 7 de marzo de 1984, n. 10316/83).

a) Tal y como señalamos en el comunicado publicado hace cerca de un año (29 de junio de 2018), una interpretación del artículo 384 bis LECrim que sea conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 199/1987) hace inaplicable la suspensión automática de cargo o función pública de las personas procesadas y encarceladas por los delitos de los que se acusa a los diputados y senador suspendidos, dado que en este caso no se ha producido en ningún momento la utilización de armas o explosivos, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la vista oral y reconocía el propio Tribunal Supremo en su auto de 26 de junio de 2018. Por este motivo, el Síndic considera se han visto afectados los derechos de los diputados y del senador a la participación en igualdad de condiciones, lo que también afecta al derecho del electorado, y que, en consecuencia, se abren las vías para recurrir esta decisión ante las instancias jurisdiccionales competentes, incluyendo el amparo constitucional.

b) Además, es preciso recordar que la aplicación del artículo 384 bis corresponde exclusivamente al juez instructor y que debe tomarse, en su caso, inmediatamente después de haber dictado el procesamiento de una persona imputada, si esta se encuentra privada de libertad por aquella causa. Ninguna otra autoridad pública, ni judicial ni de ningún otro tipo, puede ampararse en este precepto procesal penal extraordinario.

c) Cabe efectuar las mismas consideraciones en cuanto a las personas que han sido elegidas como diputadas al Parlamento Europeo y como regidor en el Ayuntamiento de Barcelona, de forma que deben poder disfrutar plena y efectivamente de este estatuto y de sus respectivas prerrogativas.

d) El artículo 99 de la Constitución establece que, después de la renovación del Congreso de los Diputados, el rey “previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria [...] propondrá a un candidato a la Presidencia del Gobierno”. Resulta completamente impropio, y vulnera el principio de separación de poderes, que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya impedido al diputado designado por un grupo político con representación parlamentaria acudir a la consulta con el jefe del estado, aduciendo que lo puede hacer otra persona diputada.


3. Derecho a la libertad. La prisión provisional durante 20 meses ha sido abusiva y es preciso restaurar la libertad de los presos vinculados al proceso

El Síndic ha manifestado reiteradamente que la restricción a la libertad personal de varios dirigentes políticos y sociales por la vía de un uso abusivo y desproporcionado de la medida cautelar de privación de libertad constituye una vulneración flagrante de derechos fundamentales. Una demanda política a un problema político nunca puede ser confrontada ni solucionada por vía penal.

También ha manifestado que la cualificación del hecho objeto de los diferentes procesos judiciales como rebelión o sedición resulta manifiestamente inadecuada y puede ser contraria al principio de legalidad. Además, podría entenderse como una criminalización de la libertad de expresión y manifestación, en tanto que las manifestaciones pacíficas de la población, tal y como ha acreditado un informe de dos exmandos de Scotland Yard, nunca pueden entenderse como sustrato de delitos tan graves. La liberación de estas personas supondría una contribución decisiva a la convivencia y facilitaría el diálogo político. Además, su puesta en libertad tendría como efecto automático la inaplicabilidad del artículo 384 bis LECrim por parte de cualquier instancia, incluida la judicial.

En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, en su Opinión 6/2017, de 27 de mayo de 2019, y con argumentos similares a los que el Síndic  ha ido poniendo de manifiesto en informes y comunicados emitidos en el último año y medio, ha establecido que la detención de los señores Cuixart, Sànchez y Junqueras fue arbitraria, concluyendo que el Reino de España debería liberarlos inmediatamente y compensarles por el tiempo que llevan privados de libertad. Los argumentos del Grupo de Trabajo son extensibles al resto de personas privadas de libertad en el marco de la causa especial 20907/2017.

Según Síndic, el valor jurídico de la Opinión 6/2017 es equiparable a la que emiten los comités vinculados a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así lo afirmó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la decisión de admisibilidad del caso Peraldi c. Francia (7 abril 2009), al catalogar a este Grupo de Trabajo, en virtud del artículo 35. 2 CEDH, como “una instancia internacional de investigación o de arreglo”.

En este contexto, hay que recordar que el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de julio de 2018 (STS 2747/2018), ha afirmado que, a pesar de que en el ordenamiento jurídico español no existe un procedimiento específico y autónomo para hacer efectivas las recomendaciones de un comité de las Naciones Unidas por vulneración de derechos fundamentales, “no puede dudarse” de que sus dictámenes “tendrán carácter vinculante/obligatorio para el Estado”.

Coherentemente con esta jurisprudencia, el Estado debería dar cumplimiento inmediato a la Opinión 6/2017 del Grupo de Trabajo. En este sentido, el cuestionamiento que ha efectuado el Gobierno del Reino de España sobre la imparcialidad de dos de los miembros del Grupo de Trabajo no se ha realizado en el momento procesal oportuno, que habría sido en el marco de la respuesta a la queja formulada por los demandantes.

Por último, cabe señalar que el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias no cierra la puerta a plantear en el futuro demandas ante el TEDH por otros hechos relacionados con la vulneración de derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Convenio europeo y que afecten a temas relacionados con el proceso más allá de estas detenciones consideradas como arbitrarias (Savda c. Turquía, de 12 de junio de 2012, párrafos 64-70).

4. Conclusiones

En consecuencia, el Síndic apela:

  • a los representantes políticos, grupos parlamentarios y gobernantes elegidos  a promover, desde sus responsabilidades institucionales, un diálogo democrático que busque una solución pactada al conflicto constitucional;
  • a los líderes sociales a impulsar este diálogo, poniendo la institución a su disposición para ayudar a posibilitarlo;
  • a considerar como elemento positivo la liberación inmediata de las personas vinculadas al proceso que están en prisión provisional;
  • a considerar la reversión de la suspensión de los diputados y senadores, habida cuenta de que esta medida vulnera el derecho de sufragio pasivo y de participación en igualdad de condiciones de los diputados y senadores suspendidos, así como –indirectamente– el de la ciudadanía catalana que participó en los comicios de 26 de abril de 2019.

Esta apelación se ha enviado al Parlamento de Cataluña (presidencia y grupos parlamentarios), al Gobierno de la Generalitat, al presidente del Gobierno español, a la presidenta del Congreso de los Diputados, al Defensor del Pueblo, al Defensor del Pueblo Europeo, a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, a la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y a todos los miembros europeos del Instituto Internacional del Ombudsman. También se hará extensiva a los dirigentes sociales que puedan facilitar e impulsar este diálogo.

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Personas mayores o con enfermedades graves en situación de privación de libertad: cuestiones pendientes

12/06/2019

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El Síndic ha organizado una Jornada para conmemorar, el próximo 1 de julio de 2019, el Día de las Víctimas de la Tortura. El acto tendrá lugar en la sede del Síndic y estará dedicado al respeto a los derechos de las personas mayores o con enfermedades graves en situación de privación de libertad.

1 de julio de 2019
Hora: de 17.30 a 19.30 h
Lugar: sede del Síndic de Greuges de Cataluña
(Paseo Lluís Companys, 7 08003 Barcelona)
Motivo: Conmemoración del Día de las Víctimas de la Tortura

Programa

Introducción de la Jornada
Jaume Saura, adjunto general al síndic

Ponencias
Prof. David Bondia
Sra. Susanna Solé Sabaté
Dr. Joan Garcia
Sra. Viqui Molins

Clausura 
Rafael Ribó, síndic de greuges de Cataluña

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El Síndic reitera la necesidad de un compromiso de todas las administraciones en la cuestión de la acogida de los temporeros

11/06/2019

(c) Paco Nieto/Pixabay

Pide al Ayuntamiento de Lleida que continúe y refuerce las medidas contenidas en el proyecto de atención y acogida

Es necesaria una intervención integral que implique a todas las administraciones públicas.

El Síndic de Greuges estudia desde hace tiempo la situación en que se encuentran las personas que se desplazan a las comarcas de Lleida para trabajar en las campañas de recogida de fruta. En muchos casos, estas personas son contratadas en los países de origen y, en el marco de las condiciones laborales previstas, se les facilita un alojamiento durante el tiempo de contrato. Sin embargo, también existe un buen número de personas que se desplazan con la intención de encontrar trabajo y que no disponen de ningún alojamiento ni de los recursos necesarios para conseguirlo y que, por último, se ven obligadas a pernoctar al aire libre o en asentamientos en condiciones extremadamente precarias.

El Síndic recibió diversas quejas por la actuación del Ayuntamiento de Lleida, en que se indicaba que el consistorio no atendía correctamente las necesidades de estas personas y que los servicios de alojamiento que se les ofrecían eran insuficientes.

En todos estos casos, el Síndic se dirigió al Ayuntamiento con el objetivo de obtener información sobre las actuaciones que había llevado a cabo en relación a esta cuestión y sobre los programas de atención y los recursos habilitados por la Administración municipal para atender a las personas temporeras. La respuesta del Ayuntamiento de Lleida argumentaba que se trata de un fenómeno inabarcable tan sólo con recursos locales, pero que la voluntad del Ayuntamiento siempre ha sido poner a disposición de este colectivo la mejor atención posible. Y con este objetivo ya puso en marcha hace unos años un proyecto municipal en red de acogida a las personas temporeras, que incide, sobre todo, en la vertiente social.

El Síndic coincide con el Ayuntamiento en que el abordaje de los problemas que comporta esta situación requiere una intervención integral que implique a todas las administraciones públicas. En opinión del Síndic, es necesaria una actuación coordinada en diversos ámbitos relacionados con la programación y el desarrollo de la campaña de recogida de fruta, así como un indispensable apoyo económico específico para tener más disponibilidad de alojamientos, mediante la recuperación de líneas de financiación a los entes locales para la construcción o habilitación de dicho alojamiento. También considera que es indispensable que el Ayuntamiento dé continuidad a las iniciativas encauzadas en años anteriores a la atención de las personas que se desplazan al municipio, mediante los servicios de una oficina única y otros servicios que permitan una atención integral.

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