20/05/2026
Este índice formará parte del índice de transparencia en Cataluña que se presentará a finales de año
La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy el índice de evaluación del derecho de acceso a la información pública (IADAIP), una herramienta que analiza cómo responden las administraciones cuando la ciudadanía solicita información pública. Esta iniciativa se enmarca en la Semana del Gobierno Abierto, que pone el foco en la transparencia, participación y rendición de cuentas.
La evaluación continua de los servicios públicos es clave para mejorar el funcionamiento de las administraciones y garantizar los derechos de las personas. En este sentido, el Síndic aplica desde 2021 una metodología basada en la técnica del solicitante oculto con el objetivo de evaluar a las administraciones públicas desde que reciben una solicitud real de acceso a información pública hasta que emiten su resolución.
Principales resultados
Durante 2025 se evaluó en este sentido a 1.070 administraciones públicas, que han obtenido una puntuación media de 73 sobre 100. Como novedad, se ha creado una web interactiva que permite ver los resultados diferenciados por Administración y establecer comparaciones con entes de características similares.
Por categorías, las máximas puntuaciones las ha obtenido la Generalitat de Cataluña (100 puntos para los departamentos y 97,5 para los entes dependientes). En cuanto a los organismos de control y supervisión, también han tenido muy buenos resultados, con un 92,2 de media. Por el contrario, en general, las universidades todavía tienen margen de mejora (76,9), si bien cabe destacar el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña, con un 93,8.
En los ayuntamientos, la puntuación media ha sido de 71,6 y, en función de la población, los que han obtenido mejores resultados son los de más de 50.000 habitantes (83,1). Presentamos, a continuación, los consistorios con mejores datos:
Municipios de más de 50.000 habitantes (puntación mediana 83,68)
Municipios 20.001 - 50.000 habitantes ( 73,23)
Municipios 501 - 5.000 habitantes (72,23)
Municipios de menos de 500 habitantes (72,80)
Más solicitudes y mejoras del sistema
Las solicitudes de acceso a la información pública presentan un aumento constante (+30 % anual) y solo en 2024 se registraron 30.315 solicitudes. Esto significa que el acceso a información pública es un derecho que cada vez se conoce más y por eso los ciudadanos lo aplican.
El incremento del número de solicitudes ha ido acompañado asimismo de mejoras concretas en el funcionamiento del sistema, y la evaluación individualizada elaborada por el Síndic se ha traducido en avances significativos:
Estas mejoras contribuyen a que la solicitud de acceso a la información pública –un derecho esencial para la transparencia y el control democrático– sea más accesible y efectiva.
Además, hay que destacar como novedad que, este año, el Síndic ha elaborado dos guías metodológicas diferenciadas teniendo en cuenta la realidad del territorio: una para los municipios rurales y otra para los municipios no rurales. Este enfoque permite adaptar las recomendaciones a las capacidades y características de cada administración pública.
Margen de mejora
A pesar de los avances, ciertamente todavía es necesario reforzar algunos aspectos, como la información sobre los recursos de las resoluciones o la transparencia sobre el funcionamiento de los servicios (indicadores y satisfacción de la ciudadanía).
En cualquier caso, en la evaluación de 2025, las administraciones han aceptado y cumplido 1.587 recomendaciones del Síndic durante el período de alegaciones, lo cual significa que se van a producir cambios reales en el funcionamiento de los procedimientos de las administraciones.
Hacia un sistema integral de transparencia
El IADAIP formará parte de un futuro índice de transparencia en Cataluña, junto con otras herramientas de análisis. Este sistema global, que en principio se publicará a finales de año, permitirá tener una visión más completa de cómo se garantiza el derecho a la información y la publicidad activa en las administraciones catalanas.
El Síndic de Greuges reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos de las personas y con la mejora continua de las instituciones públicas.
13/05/2026
El encuentro ha servido para impulsar prácticas que ayuden a prevenir conflictos y buscar soluciones con perspectiva restaurativa
Barcelona ha sido la sede de un seminario internacional centrado en la justicia restaurativa como herramienta para mejorar la respuesta de las instituciones frente a los conflictos y las vulneraciones de derechos. El encuentro, celebrado los días 11 y 12 de mayo, ha sido coorganizado por el Síndic de Greuges de Cataluña, la Asociación de Ombudsman y Mediadores de la Francofonía (AOMF) y la Asociación Internacional de Fiscales de la Francofonía (AIPPF), y ha reunido a defensores del pueblo, magistrados y expertos de todo el mundo. Parte de las sesiones se han llevado a cabo en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE).
En el marco del seminario, los participantes también visitaron el Parlamento de Cataluña y se reunieron con su presidente, Josep Rull. Este encuentro institucional ha permitido compartir reflexiones sobre el papel de los parlamentos y las instituciones de garantía en la defensa de los derechos de las personas y en el fortalecimiento de la calidad democrática.
A lo largo de las distintas sesiones, los participantes han compartido experiencias sobre cómo situar a las personas afectadas en el centro, promover el diálogo y favorecer soluciones más justas y reparadoras, tanto en el ámbito de la justicia como en la relación entre la Administración y la ciudadanía. También se han analizado casos concretos de búsqueda de responsabilidades y reconciliación en contextos diversos.
El encuentro ha servido para reforzar el papel de los defensores en la protección de los derechos humanos y para impulsar prácticas que ayuden a prevenir conflictos, reparar el daño causado y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Además, se ha aprobado la Declaración de Barcelona sobre justicia restaurativa, que pone el acento en la necesidad de situar a las personas y sus derechos en el centro del sistema de justicia. El texto defiende que, además de sancionar los hechos, es necesario escuchar a las víctimas, reconocer el daño causado y promover espacios de diálogo que contribuyan a repararlo y a reconstruir los vínculos sociales. En este sentido, se destaca el papel de la mediación y de las instituciones de garantía como puente entre la ciudadanía y la Administración, y se subraya que solo con una respuesta más humana, participativa y orientada a la reparación se puede garantizar una protección completa y efectiva de los derechos.
En este contexto, todos los participantes se han comprometido a trabajar para promover la justicia restaurativa en sus países y a apoyar las acciones de difusión y formación de los profesionales, tanto en el ámbito institucional como en la sociedad civil.
11/05/2026
El nombre del documental ganador se ha revelado hoy, en la gala final que ha tenido lugar en el auditorio del CosmoCaixa
El documental “La porta que resisteix davant els desnonaments” (La puerta que resiste a los desahucios), del grupo Génesis de la escuela IPSI de Barcelona, es el ganador de la muestra 10 min por los Derechos Humanos, organizada por el Síndic de Greuges de Catalunya.
El jurado está formado por dos expertas del mundo del cine (Júlia Betrian, de la Filmoteca de Cataluña, y Jana Montllor, directora de cine), dos representantes de la institución del Síndic (Mónica Arbeláez y Núria Pernas) y una representante del Consejo Asesor Joven (Dèlia Miró), y del documental ganador han valorado especialmente el gran trabajo de documentación e investigación, la pluralidad de las voces que recoge, y la profundidad y sensibilidad con que trata un tema tan recurrente como los desahucios. “Este documental es una inmersión total en el cine. Hacer cine es observar, interpelar la realidad. Y vosotros lo habéis hecho todo”, afirmaba una de las personas del jurado.
El segundo premio ha sido para el documental “Sense fronteres, el dret a estar junts” (Sin fronteras, el derecho a estar juntos) y el tercero, para el documental i el tercer, per al documental “Nosaltres també hem sigut infants” (Nosotros también fuimos niños). Ambos documentales son del instituto Lluís Domènech i Montaner.
El acto, que ha tenido lugar en el auditorio del CosmoCaixa, ha sido presentado por la creadora de contenido Kamala Prió y ha reunido a más de 150 personas, entre miembros de la comunidad educativa de los tres centros finalistas y representantes institucionales.
La adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, en su intervención, ha querido destacar que los 26 documentales participantes merecen un gran reconocimiento, porque se trata de un proyecto ambicioso que requería mucho esfuerzo y dedicación.
La adjunta ha hecho hincapié asimismo en que estos documentales obligan a reflexionar sobre temas muy actuales, como la vivienda, la inmigración o las afectaciones de la inteligencia artificial, y han sido una herramienta para que los jóvenes puedan hacer llegar su opinión sobre la realidad social en la que viven y sobre cómo valoran el estado actual de los derechos humanos. “No puedes transformar el mundo si antes no aprendes a mirarlo”, afirmaba Aida C. Rodríguez, que ha dejado claro que estos documentales transmiten valores y reivindicaciones que la institución comparte plenamente: “la defensa de los derechos humanos es algo compartido, que debemos hacer entre todos”.
Durante el acto también se ha dado la palabra a los autores de los documentales ganadores, alumnos de primero de bachillerato, y al profesorado que los ha acompañado durante el proceso de elaboración.
El proyecto se puso en marcha a principios de septiembre, con el inicio del curso escolar, e iba dirigido a todo el alumnado de 3.º y 4.º de ESO y 1.º y 2.º de bachillerato o ciclos formativos de grado medio de todos los centros educativos de Cataluña. Se recibieron 26 documentales, que se han publicado en la web de la muestra.
30/04/2026
Los documentales finalistas son del instituto Domènech i Muntaner y de la escuela IPSI
El jurado de la muestra 10 min por los Derechos Humanos se reunió ayer, 29 de abril, por la tarde para decidir los tres documentales finalistas que pasan a la gala final. El jurado está integrado por dos expertas del mundo del cine (Júlia Betrian, de la Filmoteca de Cataluña, y Jana Montllor, directora de cine); dos representantes de la institución del Síndic (Mónica Arbeláez y Núria Pernas), y una representante del Consejo Asesor Joven (Dèlia Miró).
Los documentales finalistas son los siguientes:
Los tres documentales se proyectarán en una gala final que tendrá lugar el 11 de mayo a las 18 h en el CosmoCaixa. Durante el acto, presentado por Kamala Prió, se revelará el nombre del documental ganador.
El proyecto estaba dirigido al alumnado de 3.º y 4.º de ESO, y 1.º y 2.º de bachillerato o ciclos formativos de grado medio de todos los centros educativos de Cataluña, e invitaba a reflexionar, con la elaboración de un documental, sobre la realidad social y el estado de los derechos humanos en su entorno. Veintiséis grupos presentaron sus obras, que han tratado temas tan diversos como las afectaciones de la inteligencia artificial, la soledad de las personas mayores, las dificultades para acceder a la vivienda o el sinhogarismo.
Los grupos participantes recibieron material didáctico especialmente creado para el proyecto y contaron con el apoyo de profesionales del mundo del cine y el documental.
29/04/2026
Se solicitará información a las administraciones competentes en vivienda, salud y servicios sociales, y se recogerán aportaciones de entidades especializadas y de profesionales del sector, así como de familias afectadas.
El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio para analizar si las ayudas y los beneficios existentes en materia de vivienda –incluido el acceso a vivienda pública, las subvenciones o las medidas de adaptación de las viviendas– responden de forma efectiva a las necesidades de las familias con niños y adolescentes con enfermedades crónicas, avanzadas o terminales.
Estas situaciones a menudo requieren condiciones residenciales específicas para seguir los tratamientos médicos y la decisión de abrir esta actuación de oficio se ha tomado después de estudiar casos concretos que evidencian el impacto de la precariedad residencial en la salud de estos niños y jóvenes, y después de mantener reuniones con trabajadores sociales de referencia de los servicios de crónicos y paliativos pediátricos.
Estos profesionales alertan de las crecientes dificultades para que estas familias tengan unas condiciones de vida adecuadas. Si no se tiene un domicilio estable, por ejemplo, no se pueden garantizar las condiciones básicas para el tratamiento, como la conservación de medicación que requiera refrigeración, el uso de dispositivos de soporte respiratorio o la realización de terapias diarias. Estas situaciones pueden derivar en ingresos hospitalarios que podrían evitarse o en un deterioro acelerado de la salud de estos niños y adolescentes.
En este contexto, la síndica, Esther Giménez-Salinas, señala que “el acceso a una vivienda digna es un elemento imprescindible para garantizar el derecho a la salud, especialmente en situaciones de máxima vulnerabilidad como las de niños con enfermedades graves, que dependen de cuidados y condiciones materiales muy específicas”.
La actuación de oficio tiene por objeto analizar si los protocolos de intervención frente a situaciones de riesgo de desahucio tienen en cuenta estos casos, si los recursos residenciales disponibles permiten garantizar la continuidad de los tratamientos y si existe una coordinación efectiva entre los servicios sociales, sanitarios y de vivienda. Además, se valorará si es necesario establecer mecanismos específicos de priorización o ayudas para estas familias, en la línea de otras medidas del ámbito sanitario, como son las facilidades de desplazamiento en tratamientos especializados.
Una vez finalizada la actuación, la institución podrá formular recomendaciones para reforzar las políticas públicas y garantizar que ningún niño o adolescente vea comprometido su derecho a la salud por no tener una vivienda adecuada.
Uno de los casos en los que se está trabajando en la institución es el de una familia con un joven de diecisiete años que tiene una enfermedad neurodegenerativa. La familia fue desahuciada en noviembre de 2025 y, seis meses después, sigue sin alojamiento estable. Esto compromete seriamente el seguimiento de los tratamientos médicos y ha provocado un empeoramiento del estado de salud del menor, con posibles consecuencias irreversibles.
La síndica recuerda que el último informe anual sobre los derechos de los niños ya denunciaba que la legislación actual en materia de vivienda no da un tratamiento específico ni prioritario a los niños ni a sus necesidades residenciales. De hecho, el tiempo medio de adjudicación de una vivienda social es más largo para las familias con niños a cargo. Aunque los reglamentos de las mesas de emergencia consideran la presencia de niños como un criterio para el reconocimiento de las situaciones de emergencia residencial, no existe una priorización real en el acceso ni protocolos de atención especial de las situaciones de exclusión residencial o pérdida de la vivienda para las familias con niños a cargo.