Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic presenta los informes anuales a los entes locales con los que tiene convenio de supervisión

13/05/2022

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Los informes anuales recogen las quejas y consultas recibidas del territorio, los principales datos estadísticos y las resoluciones aceptadas y no aceptadas

Las quejas recogidas de los municipios con convenio representan ya el 17% del total
La semana pasada el Síndic culminó la entrega de los informes anuales a todos los municipios y consejos comarcales con los que tiene firmado un convenio de colaboración para garantizar la defensa de las personas en el ámbito local.

Estos convenios, cuya finalidad es crear un marco de colaboración y facilitar la comunicación mutua, establecen que el Síndic debe ofrecer al ayuntamiento o al consejo comarcal un informe con la visión singularizada de supervisión de las quejas y consultas tramitadas en lo referente a su ámbito competencial. El informe analiza la tipología de quejas recibidas y tramitadas durante 2021 y también los motivos por los que las personas de este territorio han presentado quejas y consultas. También recoge una serie de datos estadísticos sobre la tipología de las quejas y resoluciones emitidas, en función de si han sido cumplidas, aceptadas o no aceptadas.

En concreto, de la población que vive en las áreas en las que el Síndic tiene convenio, se han recibido 4.124 actuaciones, que se han materializado en 2.055 quejas y 2.069 consultas. Las actuaciones procedentes de personas que viven en territorios con convenio representan el 17% del total de las actuaciones del año 2021, que fueron 24.953.

Los tres municipios donde se han iniciado más actuaciones han sido Cerdanyola del Vallès (804 actuaciones), Tarragona (324) y Manresa (276). No obstante, si se tiene en cuenta el factor poblacional, Cerdanyola del Vallès sería el municipio que presenta más actuaciones por habitantes, una actuación por cada 71 habitantes, seguido de Castellbisbal, una por cada 151. Por el contrario, los municipios menos quejas por habitante serían Olot, con 552, y Salou, con 594.

El convenio también establece la obligación de que el equipo itinerante del Servicio de Atención a las Personas del Síndic realice dos visitas anuales al territorio. Teniendo en cuenta el contexto vivido, la mayoría se han hecho de forma telemática, telefónica o mediante una videollamada. En concreto, durante el 2021, el Síndic ha realizado 115 desplazamientos al territorio, 41 presenciales y 74 telemáticos.

El convenio también regula la posibilidad de que el síndico, o un representante de la institución, pueda asistir al Pleno para exponer con detalle este informe y debatirlo. En este contexto, durante este año, el síndico tiene previsto presentar el informe a los plenos municipales de Molins de Rei, de Santa Perpètua de la Mogoda, de Olot y de Castelló d'Empúries.

En el marco de los convenios, personal del Síndic también se ha reunido frecuentemente con representantes de la Administración para realizar un seguimiento de la aplicación de este convenio. Por su parte, el ente local se compromete a crear sistemas para divulgar la figura de la institución para que la población sea conocedora y se puedan habilitar mecanismos para hacer del todo accesible este convenio.

Actualmente son ya 42 los convenios de supervisión en funcionamiento. De estos 42, 39 son con municipios y 3, de características similares, con el Consejo Comarcal de la Cerdanya, el Consejo Comarcal del Alt Urgell y el Conselh Generau d'Aran.

Listado de entes locales con convenio y enlace a los informes

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El Síndic abre una actuación de oficio para estudiar el episodio de contaminación del agua potable en los municipios de Les Garrigues

11/05/2022

foto (c) Pixabay
Veinticinco municipios de Les Garrigues no pueden consumir agua del grifo desde el pasado 6 de mayo

El Síndic ha pedido información a la Agencia Catalana del Agua, a la Secretaría de Salud y a la Agencia Catalana de Consumo para estudiar el caso

El Síndic de Greuges de Cataluña ha tenido conocimiento por los medios de comunicación que desde el pasado 6 de mayo los veinticinco municipios que forman parte de la Mancomunidad de Aigües de les Garrigues no pueden consumir agua del grifo, después de que se hayan encontrado restos de pesticidas. La Mancomunidad ha explicado que se han instalado unos filtros de carbón activo para solucionar la incidencia, y que esperan que esté resuelta en breve. Según las informaciones de las que dispone la institución, las personas afectadas se ven obligadas a comprar agua embotellada, puesto que no se les ha ofrecido ningún tipo de suministro alternativo.

Con el objetivo de estudiar el tema en profundidad, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y se ha dirigido a la Mancomunidad de Aigües de les Garrigues, a la Agencia Catalana del Agua, a la Secretaría de Salud Pública y en la Agencia Catalana de Consumo.

En concreto, la institución quiere conocer las causas y el origen de la contaminación, las posibles medidas de compensación previstas, las actuaciones preventivas y correctoras iniciadas o previstas, la información que se ha dado a las personas usuarias y las analíticas que se han llevado a cabo. El Síndic también ha preguntado a la Agència Catalana del Consum sobre las medidas de asistencia y colaboración que se han emprendido con los ayuntamientos y la Mancomunidad para garantizar los derechos de las personas consumidoras, dado que el agua es un servicio básico.

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Comunicado del Síndic de Greuges a raíz de la interlocutoria del TSJC que incoa un incidente de ejecución forzosa de la sentencia STSJ CAT 8675/2020

10/05/2022

foto (c) Pixabay
El Síndic recuerda que erosionar la vehicularidad del catalán en la enseñanza, en un contexto con déficits de normalización, va en detrimento especialmente de los derechos lingüísticos del alumnado castellanohablante y del bilingüismo social
 
No es el poder judicial quien debe determinar la definición del modelo lingüístico escolar
 
El modelo lingüístico escolar en Cataluña ayuda a reducir desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales

En fecha 9 de mayo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha publicado el auto que incoa un incidente de ejecución forzosa de la sentencia del TSJC (STSJ CAT 8675/2020), ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que establece un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas de las dos lenguas oficiales en el conjunto del sistema educativo. Este uso se concreta en la impartición de, al menos, una materia no lingüística íntegramente en cada una de las lenguas oficiales.

El modelo lingüístico del sistema educativo de Cataluña está regulado por el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006 (EAC), la Ley 1/1998, de política lingüística (LPL), y la Ley 12/2009, de educación (LEC). Este modelo lingüístico se basa, fundamentalmente, en la no separación de los alumnos en centros por razón de su lengua habitual; en la exigencia de que al finalizar la enseñanza obligatoria el alumnado debe poder tener el pleno dominio de las lenguas catalana y castellana, de acuerdo con el Marco europeo común de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas, y en el establecimiento del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje normalmente utilizada en el sistema educativo. El Tribunal Constitucional ha establecido, por medio de la Sentencia sobre el EAC (STC 31/2010), que las diversas lenguas oficiales deben tener un uso vehicular en la enseñanza.

Este ordenamiento jurídico está orientado a defender los derechos lingüísticos de los niños y adolescentes, y el único resultado exigido es la consecución del pleno dominio de las dos lenguas oficiales, sin que ningún porcentaje forme parte de este ordenamiento. El modelo lingüístico resulta de un mandato dirigido a los poderes públicos legislativo y ejecutivo, y no es el poder judicial quien debe determinar la definición, sin perjuicio de la defensa de los derechos de las personas que puedan llevar a cabo. 

Desde un punto de vista jurídico, conviene destacar la carencia de referencia legal actual a una “proporción razonable” del uso de las lenguas para el conjunto del sistema educativo. Esta jurisprudencia se fundamentó inicialmente en una previsión de la Ley orgánica de mejora de la calidad educativa 8/2013 (LOMCE, disposición adicional trigésimo octava) que obligaba a las administraciones educativas –en este caso a la Generalitat– a determinar una “proporción razonable” de la lengua castellana y de la cooficial cuando el sistema se basa en el modelo de conjunción lingüística, legislación que fue modificada por la Ley orgánica de educación 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). En las leyes actualmente ya no existe la obligación de las administraciones educativas de determinar una proporción fija del uso del castellano como lengua vehicular, ya que ambas tienen la condición de vehiculares de acuerdo con la Constitución, el Estatuto y las leyes.

Establecer un modelo lingüístico basado en porcentajes mediante resolución judicial no sólo contraviene el ordenamiento jurídico ejerciendo potestades normativas que no corresponden a los tribunales, sino que también limita y condiciona la capacidad que tienen los centros escolares de trabajar a través de su práctica educativa el objetivo de la equidad en el dominio de ambas lenguas oficiales que debe inspirar el modelo lingüístico escolar en Cataluña.

Garantizar la vehicularidad de las lenguas oficiales, como se desprende de la sentencia STC 31/2010 del Tribunal Constitucional, no debe pasar necesariamente por la fijación de porcentajes o para determinar de forma lineal en qué horarios y materias debe utilizarse una lengua o la otra. La vehicularidad de las lenguas oficiales puede garantizarse a través de otros mecanismos.

El Síndic constata con preocupación que los tribunales persisten en un mecanismo para garantizar la vehicularidad de las lenguas oficiales que no tiene en cuenta criterios sociolingüísticos (realidad sociolingüística del entorno) y criterios pedagógicos (garantía de pleno dominio de las lenguas oficiales), que deberían guiar la toma de decisiones políticas en esta materia. La realidad heterogénica de las aulas, además, es contradictoria con la imposición de una proporción rígida de monolingüismo.

El Síndic también recuerda que el establecimiento de porcentajes mínimos persigue la defensa del status de la lengua castellana en el sistema educativo, que cuenta con un amplio conocimiento y uso social por parte de la población en Cataluña, sin ponderar adecuadamente el impacto de esta medida sobre los derechos lingüísticos del alumnado, especialmente del alumnado castellanohablante que reside en entornos donde el catalán tiene una presencia residual, que encuentra en la práctica más dificultades, dados los déficits de normalización lingüística todavía existentes, adquirir una plena competencia lingüística en una de las lenguas oficiales en Cataluña.

El análisis de la Encuesta sobre los derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña (EDIAC-2021), publicada en marzo de 2022 por el Síndic de Greuges por medio del informe Derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades, y que se basa en una amplia muestra de más de 50.000 alumnos de 5º de primaria y de 3º de ESO de cerca de 1.500 centros, evidencia que el uso de la lengua castellana es predominante en la mayoría de ámbitos de interacción social del alumnado, y que la lengua catalana es únicamente predominante en el aula, con fuertes diferencias entre centros en función de su complejidad y también del contexto sociolingüístico en el que se ubica.

El análisis de esta encuesta refuerza la importancia de mantener el catalán como lengua vehicular de uso normal en la escuela, como garantía principalmente de los derechos lingüísticos del alumnado castellanohablante, fundamentalmente por distintos motivos.

Los adolescentes castellanohablantes iniciales tienden más a la hibridación lingüística que a los adolescentes catalanohablantes iniciales. Poco más de la mitad del alumnado catalanohablante inicial mantiene el catalán como lengua habitual de uso exclusivo (56,9%), pero esta proporción alcanza el 80% en el caso del alumnado castellanohablante inicial (79,1 %). Más del 40% del alumnado catalanohablante inicial incorpora el castellano como lengua de uso habitual (42,9%), y sólo lo hace un 20% del alumnado castellanohablante inicial (20,5%).

Más allá del aula, la proporción de adolescentes que sólo tienen contacto activo con una lengua oficial es mayor en el caso del castellano que en el caso del catalán. En Cataluña, un 20,9% de los adolescentes manifiestan no tener ningún contacto activo con el catalán en su vida cotidiana fuera de la escuela, lo que representa a cerca de 17.000 alumnos de 3º de ESO, mientras que un 5,1 % manifiesta no tener ningún contacto activo con el español, cerca de 4.000.

El alumnado catalanohablante tiende a tener ámbitos de interacción social donde el castellano es lengua predominante, mientras que esta circunstancia tiende a ocurrir sólo en el aula en el caso del alumnado castellanohablante. En estos casos, la lengua de impartición de materia del profesorado y la lengua de interacción del profesorado con el alumnado contribuyen a compensar el carácter dominante del castellano en el resto de usos lingísticos dentro y fuera del centro.

En el caso de los adolescentes castellanohablantes iniciales, que representan el 45,4% del total, la presencia del catalán en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana es mucho menor que la presencia del castellano en el caso del alumnado catalanohablante inicial, y sólo en el aula hay una presencia mayoritaria del catalán. En el resto de ámbitos (familia, amigos, ocio, consumo audiovisual, lectura, etc.) existe una presencia del castellano claramente mayoritaria. Esta realidad también se produce, aunque de forma más matizada, en el caso de los adolescentes que tienen el catalán y el castellano como lengua inicial, que representan el 14,4%, o que tienen otras lenguas como lengua inicial, que representan el 9,0%.

En el caso de los adolescentes catalanohablantes iniciales, que representan el 31,2%, en cambio, existen ámbitos donde el castellano sigue siendo dominante, como el del consumo audiovisual, y otros donde la presencia del catalán y del castellano está bastante equilibrada, como los de las redes sociales, la lectura y el patio.

El modelo lingüístico escolar en Cataluña ayuda a reducir desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales porque el nivel de competencia en castellano del alumnado catalanohablante es más elevado que el nivel de competencia en catalán del alumnado hablando de otras lenguas. Por efecto fundamentalmente del impacto de factores socioeconómicos y socioculturales en los resultados educativos, el análisis de las pruebas de competencias que desarrolla el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo evidencia que el alumnado catalanohablante habitual obtiene resultados similares en lengua catalana y lengua castellana (81 y 82 respectivamente), por encima del alumnado que menos utiliza el catalán habitualmente, que obtiene mejores resultados en lengua castellana que en lengua catalana (79 y 75, respectivamente).

Recomendaciones

El Síndic pide al Parlamento de Cataluña y al Departamento de Educación que adopten las medidas legislativas y políticas necesarias para consolidar el modelo lingüístico escolar en Cataluña, que garanticen la presencia del catalán como lengua normalmente utilizada en la enseñanza como instrumento básico para a su normalización entre el conjunto del alumnado, y que establezcan los criterios pedagógicos y sociolingüísticos que correspondan para los centros para determinar la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza en función del contexto y de los usos lingüísticos del alumnado en el aula, en el centro y en el entorno, desde una concepción holística de la vehicularidad.

El Síndic pone a disposición del Departamento de Educación, de los grupos parlamentarios, del TSJC y de los agentes de la comunidad educativa el contenido del informe Derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades, para que puedan desarrollar estas recomendaciones con un mayor conocimiento de la realidad sociolingüística de los centros.

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El Síndic comparece en el Parlamento para debatir la Proposición de ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios

04/05/2022

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En urbanismo, ha destacado la problemática que sufren las urbanizaciones con déficits

En medio ambiente, ha querido destacar que es necesario promover el sistema de recogida puerta a puerta

En cuanto a la vivienda, ha recordado que es un derecho supramunicipal que requiere una actuación conjunta y coordinada de la administración local y autonómica
Hoy, el síndico, Rafael Ribó, acompañado del adjunto general, Jaume Saura, ha comparecido ante la Comisión de Políticas Digitales y Territorio para presentar una ponencia sobre la Proposición de ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios y villas, que se está tramitando en el Parlamento de Cataluña.

En relación con la temática de urbanismo, el Síndic ha querido destacar la problemática de las urbanizaciones con déficits y la necesidad de que la Generalitat colabore de forma activa con los municipios, tanto desde el punto de vista institucional como desde una perspectiva económica. En este sentido, Rafael Ribó ha valorado positivamente la creación del Fondo de recuperación social, urbana y ambiental que prevé la Proposición de ley, que, además de incluir aportaciones estatales, de la Unión Europea y de la Generalitat, supone la recuperación de esta colaboración.

El Síndic también se muestra satisfecho con el hecho de que la Proposición de ley recoja en su articulado principios que deben regir las actuaciones urbanísticas para tender hacia un modelo de ciudad sostenible, y a los que el Síndic ya se ha referido en sus informes anuales, en el Plan de derechos humanos y en el Informe sobre las urbanizaciones con déficits.

En relación con la temática de medio ambiente, el Síndic también ha tratado a lo largo de varios informes, por ejemplo, la contaminación atmosférica, concretando una serie de propuestas con la idea de reducirla, como crear un peaje de congestión o aplicar una tasa diaria que deba pagarse por conducir dentro de la ciudad y potenciar los aparcamientos de enlace (park & ​​ride). La Proposición de ley también hace referencia a la prevención, minimización y mejora de la eficiencia de la gestión de residuos, incluida la implantación de sistemas más eficientes de recogida y las medidas dirigidas a la reducción y reutilización. En este sentido el Síndic se ha manifestado favorable al sistema puerta a puerta, dado que se ha demostrado que es el más adecuado para garantizar la separación de residuos municipales y, por tanto, es del criterio a promover. Sin embargo, la implantación de este sistema es compleja, ya que implica imponer nuevos hábitos en la ciudadanía en un contexto de emergencia climática y de exigencias de resultados introducidos por la Unión Europea con vista a los próximos años; por tanto, esta no es sencilla ni se puede abordar desde un solo punto de vista, puesto que son diversas las posibles afectaciones a los derechos de la ciudadanía.

En cuanto al tema de la vivienda, el Síndic ha querido destacar que la mayoría de los objetivos que persigue la citada Proposición ya han sido ampliamente reivindicados por la institución en los últimos años, como la necesidad de luchar contra la segregación residencial y la gentrificación, de garantizar los principios de promoción de la diversidad y la lucha contra la exclusión social, de favorecer el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, de garantizar una respuesta pública y suficiente ante las situaciones de emergencia residencial y de considerar el derecho a la vivienda como derecho supramunicipal que requiere una actuación conjunta y coordinada de la Administración local y autonómica.

Por último, en cuanto al ámbito de consumo, la Proposición de ley habla de pobreza energética e incluye la transición energética como uno de los objetivos a conseguir en las actuaciones en el ámbito de urbanismo, vivienda y eficiencia energética. Sin embargo, a criterio del Síndic la reducción de la pobreza energética también debería añadirse como uno de los objetivos del Fondo de recuperación social, urbana y ambiental de barrios y villas de Cataluña, previsto en el artículo 1 de la Proposición de ley, puesto que habría que no sólo hacer unos barrios más eficientes desde el punto de vista energético, sino también que los suministros básicos sean asequibles para las personas que viven en ellos.

En relación con la gestión del agua, la Proposición de ley dispone que es necesario fomentar acciones destinadas a mejorar su eficiencia. Desde este punto de vista, el Síndic ha insistido en que es necesario que se regule un tratamiento tarifario excepcional para los casos de escape en las instalaciones interiores y que cuando se detecte un escape se avise de forma inmediata al receptor del servicio. También se ha destacado la necesidad de promover la implantación de sistemas de telelectura de los contadores de agua en los municipios, porque, entre otras ventajas, permiten detectar con mayor celeridad supuestos de escape y, en consecuencia, evitar el desperdicio de agua.

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El síndic denuncia que el impacto de la pandemia en la salud mental evidencia carencias existentes y no resueltas

04/05/2022

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Se han detectado desigualdades por razones socioeconómicas a la hora de gozar de una salud mental plena y de acceder a los servicios

Es necesaria una coordinación interdepartamental para mejorar la salud mental de la ciudadanía

Existen problemas derivados de la organización, la provisión y la accesibilidad de los recursos existentes

La pandemia ha tenido graves efectos en la salud mental de los más jóvenes
Esta mañana el síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido en la Comisión de Estudio sobre la Salud Mental y las Adicciones, que se constituyó en noviembre de 2021 con el objetivo de garantizar un modelo público e integrado de atención a la salud mental y adicciones, con un marcado carácter preventivo, de asistencia, rehabilitación, bienestar, enfoque comunitario y proximidad.

Durante su intervención, Rafael Ribó ha explicado el trabajo de la institución a lo largo de los años en esta materia y ha hecho hincapié en los principales problemáticas y carencias que se han detectado.

El síndic ha empezado hablando del aumento de los problemas relacionados con la salud mental de la población, especialmente a raíz de la pandemia, lo que ha exigido una respuesta de la Administración, que se ha materializado en el Pacto nacional de salud mental y en un incremento del presupuesto destinado a este campo. A pesar de que las medidas emprendidas son positivas, el síndico ha querido destacar que las políticas dirigidas a atender la salud mental, que aquí representan un 5% del presupuesto del Departamento de Salud, en otros países del entorno son de entre el 8 y 9%. En esta línea, el síndic también ha destacado que aparte del incremento presupuestario en recursos sanitarios, es necesaria una apuesta clara por la prevención y la atención comunitaria, una cooperación interadministrativa y el establecimiento de protocolos de detección y traspaso de información, y también la actualización de programas como el calendario de seguimiento del niño sano en la atención primaria pediátrica.

Otro tema que preocupa al síndic es que existe una doble discriminación por razones socioeconómicas a la hora de hacer efectivo el derecho a gozar de una salud mental plena. Por un lado, existe una mayor prevalencia entre la población más desfavorecida a sufrir problemas de salud mental, y por otro, existe dificultad para acceder a recursos privados complementarios a la atención pública garantizada.

El síndic también ha querido poner de manifiesto que la mayoría de las quejas planteadas en la institución a lo largo de los años han estado relacionadas con problemas derivados de la organización, la provisión y la accesibilidad de los recursos existentes para atender a los problemas de salud mental. En concreto, son destacables las quejas por las grandes demoras en la programación de visitas a los CDIAP (centros de detección e intervención de atención precoz), a los CSMIJ (centros de atención a la salud mental infantil y juvenil) ya los CSMA (centros salud mental para adultos). También se han recibido numerosas quejas por temas relacionados con el acceso a recursos de hospitalización para pacientes agudos y la duración de los tratamientos. En este sentido, el síndico plantea que un nuevo modelo de hospitalización y la atención a domicilio podría ayudar a aliviar la presión y mejorar el acompañamiento al paciente. El síndic también ha pedido que es necesario garantizar la equidad territorial en el acceso a la salud, ya que a raíz de las quejas recibidas se han detectado carencias de cobertura en algunos puntos.

Durante la intervención, el síndic también se mostró preocupado por la salud mental infantil y juvenil, que empeoró en el último quinquenio, pero sobre todo a raíz de la pandemia, y recomendó promover campañas de sensibilización para evitar el estigma. En este sentido, ha querido recuperar la problemática en cuanto a los ingresos residenciales terapéuticos, que ya fue denunciada en un informe monográfico que se presentó en 2018 y que llevaba por título El derecho a la salud mental infantil y juvenil. Garantías en el acceso y atención a los centros residenciales. Ante las problemáticas recogidas en el informe, el síndico insiste en que es necesario realizar un análisis de la cobertura de los recursos públicos existentes, tanto en el ámbito de salud como de servicios sociales, y valorar la pertinencia de proveer centros residenciales para niños y adolescentes menores dieciocho años que requieran intervenciones o tratamientos de desintoxicación y/o psicoterapia de forma intensiva con acompañamiento social. También manifiesta que es necesario regular y supervisar que todo internamiento de un niño en un centro residencial especializado se lleve a cabo una vez agotadas todas las opciones alternativas disponibles y durante el menor tiempo posible.

Por último, ante las nuevas formas de adicción entre jóvenes y adolescentes (juegos online, redes sociales), el síndic reclama dotar a las familias de herramientas de capacitación en la parentalidad positiva y la alfabetización digital, incluir en el sistema educativo formación sobre uso de la tecnología y educación mediática y crear programas de acompañamiento en el ámbito sociosanitario para prevenir y detectar comportamientos adictivos. En este contexto, Rafael Ribó ha avanzado que la institución está trabajando en la elaboración de un informe monográfico sobre la protección de niños y adolescentes en el uso de internet y que se ha iniciado de oficio una investigación sobre el fenómeno de las criptomonedas, a raíz de una convención sobre criptomonedas en el Palau Olímpic de Badalona organizada por IM Academy, una empresa norteamericana que está siendo investigada por estafa piramidal en todo el mundo; de acuerdo con las informaciones publicadas, parece que la empresa se dedica a captar adolescentes y jóvenes que, a cambio de una inversión económica, entran a formar parte de una organización con un funcionamiento de carácter sectario, la cual, a base de publicidad engañosa, promete el enriquecimiento fácil mediante la adquisición de criptomonedas.

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