Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic recomienda garantizar en el proceso de admisión para el curso 2021/2022 una plaza de ciclo formativo de grado medio a todo el alumnado preinscrito a estas enseñanzas

30/07/2021

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La medida sería aplicable a los menores de 24 años que no hayan superado estudios postobligatorios

Alerta de la falta de garantías de continuidad formativa para el alumnado escolarizado en las enseñanzas obligatorias y PFI y para los jóvenes menores de 24 años que en cursos precedentes abandonaron prematuramente el sistema educativo sin haberse graduado
 
Recuerda que la LEC prevé que los ciclos formativos de grado medio tienen la consideración de enseñanzas de provisión universal
 
Dado el contexto de crisis económica y pandémica, el Departamento de Educación habría podido prever con antelación el incremento de demanda y programar más adecuadamente la oferta para el curso 2021/2022
 
Es necesario combatir las desigualdades territoriales existentes en la oferta de formación profesional y priorizar la creación de plazas en las comarcas con más déficit de provisión

El Síndic ha recibido numerosas quejas relacionadas con la falta de oferta suficiente de plazas de ciclos formativos de grado medio (CFGM) para cubrir la demanda existente para el curso 2021/2022. El incremento de un 23% de la demanda, aproximadamente, experimentado en el proceso de admisión correspondiente al curso 2021/2022, ha provocado que una parte significativa de las solicitudes recibidas hayan quedado desatendidas a través de la oferta de plazas inicialmente aprobadas, sin una plaza asignada. En el conjunto de Cataluña, la diferencia entre oferta inicial y solicitudes recibidas ha sido de 14.788 (véase la tabla 1).

Ante esta situación, el Departamento de Educación ha anunciado que procederá a aumentar la oferta a través de los incrementos de ratio de los ciclos ya existentes y a través de la apertura de nuevos grupos para intentar dar respuesta a la mayor parte de la demanda no cubierta de formación profesional posible, al tiempo que parte del alumnado será derivado al bachillerato, a pesar de haber optado por acceder a un CFGM.

En total, el incremento de plazas respecto a la oferta inicial es de 4.215, 1.890 a través de la creación de 60 nuevos grupos de CFGM, y 2.325 más, a través de los incrementos de ratio. Estos incrementos se hacen fundamentalmente en los ciclos que presentan sobredemanda. Se trata de un incremento muy significativo de la oferta de plazas de primer de CFGM, de cerca de un 13%.

Este incremento excepcional de oferta, sin embargo, previsiblemente, no será suficiente para atender y ofrecer oportunidades formativas al conjunto de las solicitudes presentadas. De acuerdo con la información disponible, la diferencia entre solicitudes y oferta final sigue siendo elevado, de 10.573 solicitudes no atendidas (véase la tabla 1).

Las comarcas con una mayor diferencia entre oferta final (sin contabilizar las plazas ampliadas en centros privados) y solicitudes de preinscripción son el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Tarragonès, el Gironès, el Baix Llobregat y el Vallès Oriental.

En la práctica,cabe decir que el volumen real de déficit de plazas, que existe, es difícil de cuantificar con precisión, porque una parte del alumnado preinscrito, a pesar de tener plaza asignada, no se matricula y una parte de la alumnado preinscrito que aún no tiene plaza asignada, o bien ya se ha matriculado al ocupar plazas vacantes sobrevenidas tras el periodo ordinario de matrícula, o bien no quiere matricularse en caso de tener plaza, meses después de haber hecho la preinscripción, por cambios en las circunstancias personales o porque ya se ha matriculado en una oferta alternativa (bachillerato o PFI).

Ante esta cobertura insuficiente de la demanda existente, el Síndic manifiesta una especial preocupación por tres colectivos en concreto:

- el alumnado que ha finalizado la ESO en el curso 2020/2021 y que no puede continuar su trayectoria formativa en el marco de la formación profesional;        

- el alumnado que ha participado durante el curso 2020/2021 en programas de nuevas oportunidades, como los PFI, y que no encuentra la oportunidad de continuar los estudios;        

- los jóvenes menores de 24 años que en cursos precedentes abandonaron prematuramente el sistema educativo sin haberse graduado en enseñanzas secundarias postobligatorias y que deciden retornar al sistema educativo.

El Síndic alerta de la falta de garantías de continuidad formativa para el alumnado escolarizado en las enseñanzas obligatorias y PFI en un contexto de déficit de oferta. En el caso de no disponer de oferta suficiente para atender la demanda, la normativa vigente que regula el acceso a la formación profesional prioriza la admisión en función del expediente académico del solicitante, no por otras circunstancias relacionadas con su trayectoria formativa o con sus condiciones educativas y de educabilidad. Esta previsión normativa en un contexto de falta de provisión universal provoca que, en función del expediente académico, las personas que están fuera del sistema educativo y que, a pesar de tener estudios de formación profesional completados, optan por retornar a la formación con la voluntad de recalificación o de mejora de la propia empleabilidad, pueden tener prioridad en el acceso respecto de los alumnos que han cursado cuarto de ESO, de acuerdo con el itinerario establecido, y que desean continuar sus estudios a través de la oferta de ciclos formativos.

El Síndic también alerta de la falta de garantías de continuidad formativa para los jóvenes menores de 24 años que en cursos precedentes abandonaron prematuramente el sistema educativo sin haberse graduado en enseñanzas secundarias postobligatorias.

Uno de los déficits estructurales de nuestro sistema educativo tiene que ver con la elevada prevalencia del abandono educativo prematuro (17,4%), con proporciones significativamente superiores a la media del conjunto de la Unión Europea (9,9%), y ligeramente superiores a la media española (16,0%). El análisis comparado sitúa Cataluña en cabeza de los países europeos con tasas de abandono escolar prematuro más elevadas y entre las comunidades autónomas también con una mayor prevalencia de este fenómeno, aunque a una cierta distancia de las comunidades punteras, las Islas Baleares y Andalucía.

El déficit de cobertura universal de la demanda de acceso a los ciclos formativos de grado medio se convierte en un factor clave para comprender estos elevados niveles de abandono educativo prematuro, y también las dificultades para reducirlos. La falta de oferta suficiente lleva al alumnado a abandonar el sistema educativo por el hecho no poder acceder a una formación que responda a sus intereses y necesidades, al tiempo que impide que jóvenes que han abandonado prematuramente el sistema educativo puedan retornar a dicha formación. 

La importancia de la formación profesional contrasta, sin embargo, con el hecho de que esta oferta aún hoy es cuantitativamente deficiente en Cataluña en términos comparativos con otros países europeos. Cataluña se sitúa aún hoy a gran distancia de los países europeos líderes en cuanto a la provisión de oferta de formación profesional, tanto si se mide en proporción al alumnado del resto de enseñanzas postobligatorias no universitarias como si se hace en relación con el alumnado matriculado en las enseñanzas obligatorias. El margen de crecimiento de qué dispone el sistema de formación profesional en Cataluña, pues, todavía es significativo.

La demanda de formación profesional para el curso 2021/2022 ha experimentado un fuerte incremento, de un 23%, que contrasta con la ralentización en el ritmo de creación de oferta de los últimos años. Sólo en la ciudad de Barcelona, ​​el incremento de las solicitudes de preinscripción en ciclos formativos de grado medio se sitúa en el 27,0% respecto al curso 2020/2021.

En los últimos años, la valoración social de la formación profesional ha ido aumentando, en parte por los buenos datos de inserción laboral que presentan los graduados en estas enseñanzas. Según datos difundidos por el Departamento de Educación correspondientes al año 2019, nueve meses después de graduarse el desempleo afecta sólo al 8,1% de los graduados medios, muy por debajo de la tasa de desempleo juvenil, que se sitúa por encima del 30%. Así, al finalizar cuarto de ESO, cada vez más alumnos optan por los ciclos formativos de grado medio, en comparación con el bachillerato. Tomando como referencia estas dos enseñanzas, mientras en el curso 2017/2018 el 25,4% del alumnado que terminó la ESO continuó su formación en un CFGM, el curso 2019/2020 esta proporción ya era del 27,9%. 

El incremento de la demanda también está vinculada con la evolución de la demografía educativa. El curso 2020/2021 hay 2.700 alumnos más matriculados en cuarto de ESO que en el curso 2019/2020. Esta evolución creciente del alumnado que finaliza la ESO está presente desde hace años, y se continuará produciendo en los próximos cuatro cursos. El curso 2020/2021, el nivel educativo con un número de alumnado más elevado se sitúa en primer de ESO.

Cabe añadir, además, que las tasas de graduación en la ESO presentan una tendencia también positiva desde hace años, de manera que cada año hay más alumnos que se encuentran en disposición de acceder al bachillerato o a los ciclos formativos de grado medio.

La crisis económica derivada de la pandemia ha provocado un incremento muy significativo de las tasas de paro juvenil. Sólo entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, según los datos de la Encuesta de población activa, hay 35.000 jóvenes de 16 a 24 años más en paro. 

Por un lado, el Síndic destaca que la coyuntura actual supone una oportunidad para la Administración a la hora de retomar la tendencia de reducción de los niveles de abandono educativo prematuro existentes en Cataluña, estancados en los últimos años. Por otra parte, evidencia que, ante esta coyuntura económica, el Departamento de Educación habría podido prever adecuadamente este incremento de demanda y hacer una mejor programación de la oferta de cara al curso 2021/2022, sin necesidad de hacer un incremento sobrevenido de la oferta en condiciones no óptimas, dado que se desarrolla en parte con incrementos de ratio (2.415 personas) que no son positivos para la calidad de la enseñanza, en parte con la creación de grupos (60 nuevos grupos con 1.800 plazas) con tiempo limitado para los centros para poder organizar adecuadamente.

Esta necesidad de promoción de la formación profesional, además, también viene soportada por las importantes desigualdades territoriales existentes entre comarcas, lo que supone que las oportunidades educativas difieren sustancialmente en función del territorio de referencia.

Finalmente, el Síndic llama la atención sobre el riesgo de incrementar el abandono educativo prematuro por la falta de encaje entre oferta y demanda. Una de las vías para atender la demanda no cubierta consiste en derivar alumnado preinscrito en un CFGM hacia el bachillerato, que presenta más facilidades a la hora de incrementar la oferta de plazas. Asimismo, el alumnado preinscrito a ciclos con sobredemanda puede ser derivado a otros ciclos con plazas vacantes o a otros ciclos con más capacidad de incrementar la oferta de forma sobrevenida. Esto significa que una parte importante del alumnado preinscrito en la formación profesional no podrá estudiar ciclos formativos que respondan a sus intereses formativos iniciales, lo que puede suponer también un riesgo de abandono durante el primer año.

En vista de estas consideraciones, el Síndic ha dirigido las recomendaciones siguientes al Departamento de Educación:

- Con carácter general, garantizar una plaza de ciclo formativo de grado medio a todo el alumnado preinscrito en estas enseñanzas en el proceso de admisión para el curso 2021/2022, preferentemente en oferta vinculada directa o indirectamente a la familia profesional solicitada, sea a través de los incrementos de ratio, sea a través de la apertura de nuevos grupos, sea a través de la apertura de nuevos ciclos, con una especial atención al alumnado que ha finalizado la ESO o PFI el curso 2020/2021, o los jóvenes que en cursos precedentes abandonaron prematuramente el sistema educativo y quieren regresar a dicho sistema.          

- En el supuesto de no garantizar la provisión universal de estas enseñanzas, modificar el artículo 47.2 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, con el objetivo de garantizar la continuidad formativa al alumnado escolarizado las enseñanzas obligatorias o los PFI que sigue el itinerario formativo que establece la propia Administración educativa.        

- Reforzar los sistemas de orientación y acompañamiento a la escolaridad del alumnado matriculado en las enseñanzas secundarias postobligatorias, especialmente del alumnado que se ha preinscrito a determinados ciclos formativos y no ha podido acceder a la oferta que más se ajustaba a sus intereses y expectativas.        

- Combatir las desigualdades territoriales existentes en la provisión de la oferta de formación profesional y priorizar la creación de plazas en las comarcas con más déficit de provisión.        

- Planificar la creación de nueva oferta de primer de CFGM de cara al próximo proceso de admisión para el curso 2022/2023, con el crecimiento que corresponda al impacto de la crisis derivada de la pandemia en la demanda de formación profesional, y en esta línea, consolidar el incremento de oferta de nueva creación hecho este año con la previsión suficiente para evitar que parte de esta nueva oferta se cree a partir de incrementos de ratio (2.325 plazas de este año corresponden a incrementos de ratio).

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El Síndic reclama respeto a los derechos a la información, al autogobierno y al medio ambiente en materia aeroportuaria

28/07/2021

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Ofrece la institución para realizar una mediación ante el proyecto de ampliación de aeropuerto de Barcelona-El Prat

La resolución del Síndic reclama que se incremente en las medidas de publicidad activa y transparencia de AENA

Recomienda la participación de las administraciones de la Generalitat de Cataluña y locales en la gestión compartida de la infraestructura aeroportuaria

En cuanto a la protección del medio ambiente, sugiere la conveniencia de valorar la alternativa cero

Durante el mes de junio de 2021, los medios de comunicación destacaron la propuesta de AENA (ente dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) de ampliación del aeropuerto, que implicaría su expansión -entre otros enclaves- sobre espacios naturales de destacado valor ambiental del delta del Llobregat, como el lago de la Ricarda. El Síndic inició una actuación de oficio para analizar la actuación de las administraciones públicas afectadas en relación con esta propuesta, y solicitar información sobre el asunto a AENA, al Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio y al Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

Una vez recibida y analizada toda la información solicitada, el Síndic considera que la enorme complejidad que conlleva la ampliación del aeropuerto requiere una metodología de trabajo adecuada al objeto en debate que no se corresponde con plazos prefijados y de duración limitada. Se hace necesario un debate sereno que analice de forma global las demandas del aeropuerto y su entorno y todas las consecuencias de una propuesta como la que se formula desde AENA. Este procedimiento de trabajo también debe permitir realizar un análisis ponderado de los derechos afectados y de las posibles alternativas de que se dispone, hecho que requiere la participación y el estudio detenido por parte de las administraciones afectadas, así como de representantes de la sociedad civil.

En este sentido, la constitución de una comisión de estudio formada por personas expertas propuestas por las diferentes administraciones y entidades de la sociedad civil debe facilitar la consecución de un mejor resultado final mejor, siempre en beneficio del interés general y con una evaluación equilibrada previa de las correspondientes consideraciones legales, económicas, ambientales, etc. Esta comisión de estudio debe disponer del tiempo suficiente para poder efectuar sus trabajos sin condicionamientos externos. Alternativamente, el Síndic ofrece la posibilidad a todas las administraciones públicas y partes actoras implicadas que sea esta institución la que promueva funciones de mediación en este asunto. En ejercicio de sus funciones de mediación, el Síndic de Greuges organiza el intercambio de puntos de vista entre las partes implicadas, propicia que lleguen a un acuerdo y formula propuestas de resolución del conflicto, carentes de carácter vinculante, para que los afectados puedan decidir libremente a partir de estas propuestas.

El derecho a la protección del medio ambiente

El Síndic estudia en el marco de una actuación de oficio la protección de los espacios naturales del delta del Llobregat a raíz de las informaciones sobre el requerimiento efectuado por la Comisión Europea y las carencias en su protección.

La resolución del Síndic aporta un análisis jurídico sobre la legislación de cambio climático y transición energética, y sus derivadas en el caso que nos ocupa. De este análisis se desprende que la ponderación de los efectos ambientales de una ampliación como la que se propone no debe ser vista como un "trámite" o un "obstáculo", sino como un ingrediente sustancial de la toma de decisiones por parte de las administraciones públicas competentes. El Síndic considera necesario proponer un abordaje desde la perspectiva de la evaluación de la alternativa cero, porque es necesario tomar en consideración la posibilidad de no intervención (es decir, de no llevar a cabo la ampliación) como la mejor opción desde un punto de vista estratégico o ambiental. Se debe poder elegir, entre diferentes alternativas posibles, la que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada, teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la infraestructura o actividad proyectada. Si se quiere conseguir este fin, esta elección debe poder recaer ─ como alternativa posible ─ en la opción de no realizarse y, por tanto, esta alternativa debe poder tener un espacio en el proceso de evaluación.

Si se parte de la base de que una economía basada en la depredación del medio natural es insostenible, hay que dar el valor que tiene a la alternativa cero, prevista por el ordenamiento como una manera de asegurar la conservación del patrimonio común ante intereses y actuaciones muchas veces carentes de justificación suficiente en un horizonte futuro. Ahora más que nunca, esta institución subraya que es el momento de poner la imaginación al servicio del desarrollo de soluciones para la satisfacción de las necesidades humanas sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades.

Sobre el acceso a la información ambiental, regulado por la Ley estatal 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la resolución hace hincapié en el derecho que tienen las personas a recibir información ambiental para cualquier canal solicitado, o bien de consultar -mediante la página web de las administraciones competentes, con el objetivo de poder disfrutar de un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo. La información ambiental engloba el estado del aire, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las playas; la diversidad biológica; las sustancias contaminantes; el fomento de las energías renovables, y ruidos, residuos, emisiones o vertidos que puedan afectar al medio ambiente.

Transparencia

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. La transparencia constituye un factor esencial de credibilidad, confianza y reputación, de indudable valor para las organizaciones que gestionan servicios públicos, pero también para la ciudadanía y los grupos de interés. Existe un consenso internacional en que la transparencia contribuye a estimular y reforzar las políticas de responsabilidad corporativa de las empresas y a potenciar las buenas prácticas corporativas. Por ello, garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la información pública no se puede disociar de la cultura de la empresa, y más aún cuando se trata de una empresa pública como AENA.

Esta apuesta por la transparencia contribuye a fomentar el diálogo, la colaboración y la rendición de cuentas, y al mismo tiempo ayuda a evaluar y reforzar permanentemente el compromiso con la ciudadanía de una empresa pública que gestiona infraestructuras públicas y esenciales. Impulsar la consolidación de una sociedad informada y participativa ayuda a AENA (y a cualquier entidad pública) a cumplir mejor la misión que tiene legalmente encomendada, además de ser más eficiente y a crecer como empresa o entidad responsable.

La Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es de aplicación a AENA. Sin embargo, en la actualidad no se posibilita que la ciudadanía tenga conocimiento de las cuentas y resultados económicos segregados por cada uno de los aeropuertos que gestiona AENA. Para el asunto que ahora nos ocupa, disponer de esta información también sería útil para conocer hoy cuál es la contribución del aeropuerto de Barcelona-El Prat al beneficio que anualmente declara AENA.

También es necesario que esta publicidad activa se extienda a los proyectos y a las inversiones llevadas a cabo en el aeropuerto, con el detalle de las inversiones previstas y las finalmente ejecutadas según los calendarios respectivos.

Autogobierno y la necesaria gestión compartida del aeropuerto

El artículo 140 del Estatuto de autonomía de Cataluña, dedicado a las infraestructuras del transporte y de las comunicaciones, determina que la Generalitat participa en los organismos de ámbito supraautonómico que ejercen funciones sobre las infraestructuras de transporte situadas en Cataluña que son de titularidad estatal. El Estatuto determina que corresponde a la Generalitat la participación en la planificación y la programación de puertos y aeropuertos de interés general, en los términos que determine la normativa estatal. En el mismo sentido está regulado en la Ley estatal 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que recoge los principios generales que deben respetar todas las administraciones públicas en su actuación y en sus relaciones recíprocas, y cita los de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, y sometimiento pleno a la ley y al derecho. La Ley, además, destaca la incorporación de los principios de transparencia y de planificación y dirección por objetivos, como exponentes los nuevos criterios que deben guiar la actuación de todas las unidades administrativas.

Sin embargo, el modelo actualmente vigente en España concentra en AENA la gestión centralizada de todos los aeropuertos de interés general, entre los que incluye el de Barcelona-El Prat. AENA es una sociedad mercantil estatal en la que la participación estatal es del 51%. Desde el 11 de febrero de 2015, AENA cotiza en bolsa. Un cambio de modelo de gestión de los aeropuertos de interés general pasaría para superar el actual modelo centralizado de gestión de AENA y avanzar hacia un modelo descentralizado en el que cada aeropuerto de interés general, con capacidad suficiente para asumir las responsabilidades que esto conlleva, se constituyera como entidad gestora con personalidad jurídica propia.

La gestión descentralizada del aeropuerto, además de acercar la gestión de la infraestructura en el territorio (Generalitat, pero también los municipios afectados), permitiría aumentar la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas, y ofrecer resultados y datos individualizados por cada aeropuerto. En especial, se posibilitaría el conocimiento de la ciudadanía sobre las cuentas y los resultados económicos segregados por aeropuerto, información que también sería útil conocer hoy para saber cuál es la contribución de cada aeropuerto de interés general (y, en concreto, el de Barcelona-el Prat) al beneficio que anualmente declara AENA.

Conclusiones y recomendaciones

El Síndic recuerda a las administraciones públicas:

  1. El derecho de las personas a acceder a la información ya la participación pública en materia de medio ambiente.
  2. El derecho al autogobierno y a la gestión compartida del aeropuerto, con la participación de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de los entes locales.
  3. El derecho de todas las personas a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.

El Síndic se ha dirigido al presidente de la Generalitat y a la ministra de Fomento, y ha informado al Parlamento de Cataluña, y al Defensor del Pueblo y a las administraciones locales afectadas, a fin de que, en los ámbitos competenciales respectivos, adopten las decisiones pertinentes en relación con la propuesta de ampliación del aeropuerto de Barcelona-el Prat teniendo presentes las siguientes consideraciones:

  1. Sugiere que la propuesta de AENA estudie en profundidad por parte de una comisión de personas expertas nombradas por las administraciones públicas afectadas y entidades de la sociedad civil, y ofrece la posibilidad de que sea la institución del Síndic de Greuges de Cataluña la que promueva actuaciones de mediación en este asunto.
  2. Propone incrementar las medidas de publicidad activa y transparencia de AENA a fin de que la ciudadanía pueda conocer las cuentas y los resultados económicos segregados por cada uno de los aeropuertos de interés general que gestiona y su contribución al beneficio que anualmente declara la empresa pública.
  3. Recomienda la participación de las administraciones de la Generalitat de Cataluña y locales en la gestión compartida de la infraestructura aeroportuaria.
  4. En cuanto a la protección del medio ambiente:

a) Subraya la vigencia de los derechos de las personas al acceso a la información y la participación en materia de medio ambiente.      

b) Sugiere la conveniencia de valorar la alternativa cero.      

c) Destaca que el desarrollo sostenible es uno de los principios rectores de la actuación de todas las administraciones públicas, sin perjuicio de la necesidad de tener en cuenta el equilibrio territorial.      

d) Recalca el mandato del legislador para reducir el impacto de las actividades humanas sobre el cambio climático.      

e) Pide analizar cuidadosamente la documentación sobre emisiones atmosféricas de la propuesta de ampliación del aeropuerto.      

f) Recuerda la necesidad de tener presentes los especiales valores naturales de los espacios afectados por las propuestas de ampliación del aeropuerto.

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El Síndic señala la posible afectación de derechos en las nuevas medidas para prevenir la COVID en centros residenciales para personas mayores

23/07/2021

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La entrada en vigor del Plan de intensificación de las medidas de control en el entorno residencial vuelve a imponer limitaciones en las visitas que reciben las personas internas

Recuerda que cualquier restricción a los derechos de las personas mayores debe ser legal, necesaria y proporcionada

El Consejo de Europa manifestó que las personas mayores tienen derecho a la dignidad y al respeto de su vida privada y familiar, y también a la libertad de movimiento


El pasado 20 de julio entró en vigor el Plan de intensificación de las medidas de control en el entorno residencial, que tiene por objetivo reducir las posibilidades de que el virus llegue al interior de las residencias e intensificar las medidas de protección, prevención y control para minimizar al máximo la entrada del virus en los centros residenciales con la idea de evitar al máximo los ingresos hospitalarios. El documento incluye medidas dirigidas a los profesionales, medidas referentes a casos/brotes de los residentes, medidas referentes a las visitas, salidas y nuevos ingresos de los residentes, y también una intensificación de las medidas de protección y prevención en las residencias. En la misma línea, la prensa ha apuntado que habrá más control al personal de las residencias y menos visitas de los familiares. Según ha constado el Síndic, el nuevo plan prevé novedades en diversos aspectos de prevención y protección, tales como:
  • Un cribado periódico a todo el personal, los no vacunados (3 PCR a la semana), los vacunados (1 PCR a la semana) y a los trabajadores externos test rápido de antígenos (TAR) antes de entrar.
  • Un TAR a los familiares que visiten la residencia. Asimismo, el número de personas que pueden hacer visitas simultáneas baja de 3 a 2.
  • Un TAR a los familiares que recojan al residente en las salidas independientemente del estado de vacunación. Si la salida es de menos de dos días se harán TAR seriados a los residentes a los 4, 7 y 10 días de regreso, mientras que, si es superior a dos días, se seguirá el mismo proceso que en el anterior caso más la realización de un TAR al residente a la vuelta.

Con el objetivo de valorar las medidas de control que incluye este nuevo plan y sus afectaciones en cuanto a derechos y libertades, el Síndic ha abierto una actuación de oficio. En concreto, se ha dirigido al Departamento de Derechos Sociales para pedir información sobre si las pruebas diagnósticas (PCR/TAR) estarán disponibles en los mismos centros residenciales, quien asume el coste de la prueba, si se ha planteado la posibilidad de vacunar a los hijos del personal de las residencias, el proceso de recogida de datos, y sobre si se ha previsto la posibilidad de prórroga del plan, en principio establecido para 14 días. También se dirigirá al Departamento de Salud, para solicitarle información sobre el Plan de intensificación de las medidas de control en el entorno residencial y su implementación.

 

El Síndic recuerda que el Consejo de Europa, en una recomendación del año 2014, manifestó que las personas mayores tienen derecho a la dignidad y al respeto de su vida privada y familiar, y también a la libertad de movimiento. Cualquier restricción de estos derechos debe ser legal, necesaria y proporcionada, y debe haber medidas de control adecuadas para revisar estas decisiones. Además, los estados deben garantizar que cualquier limitación individual para una persona mayor se implemente con el consentimiento previo libre informado o como respuesta proporcional a un riesgo de sufrir daños.

En abril de 2020, en el marco de la primera ola de la COVID, y después de la aplicación de las primeras medidas para prevenir a los centros residenciales, el Síndic ya recomendó a las autoridades competentes la necesidad de tomar las medidas necesarias para mantener a los familiares de las personas residentes puntualmente informados, a través de un protocolo de actuación general claro en el que se dispense la información a los familiares. En cuanto al acompañamiento de las familias y el duelo, hay que articular mecanismos de comunicación por vía telemática o telefónica de los familiares con los residentes para poder garantizar el vínculo familiar. Habría que prever un protocolo de comunicación y ayuda a los familiares en caso de muerte y un acompañamiento. El Síndic también planteó que se estudiara la posibilidad de ofrecer un apoyo psicológico a las familias que tienen que despedir a sus familiares sin poderles acompañar en los últimos momentos. Además, el Síndic recomendaba al Departamento que hiciera una recopilación de buenas prácticas en los centros que hayan superado con éxito la gestión de la crisis del coronavirus, para velar de cara al futuro para que estas buenas prácticas se extiendan al máximo por el territorio.

Finalmente, el Síndic también recomendaba velar por la necesaria dotación de los equipos de los diversos centros residenciales, así como establecer directrices claras en cuanto a la desinfección de centros, sobre su necesidad y oportunidad, y también la forma en la que debe llevarse a cabo, de manera que se garantice la desinfección de los centros que lo requieran

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El Síndic recomienda una mayor implementación de la Recomendación del Consejo de Europa sobre los derechos de los menores con padres encarcelados

16/07/2021

Foto centro penitenciario

Los menores con padres en prisión pueden experimentar traumas, estigma, ansiedad y pérdida de atención parental que pueden ser perjudiciales para su bienestar

Estos menores tienen derecho a tener un contacto regular con sus progenitores

Se observan diferencias entre los centros penitenciarios a la hora de ofrecer programas de responsabilidad parental

El Departamento de Justicia ha tenido en cuenta las recomendaciones del Síndic y ha considerado la creación de estructuras participativas donde los menores puedan aportar ideas en los procesos de elaboración de la normativa penitenciaria.


En 2018, el Consejo de Europa emitió la Recomendación CM/Rec (2018) 5 del Comité de Ministros a los Estados miembros, relativa a los menores con padres encarcelados. Esta recomendación aconseja a los 47 Estados miembros que faciliten las visitas y el contacto regular entre niños, niñas y adolescentes con sus padres cuando se encuentren privados de libertad, entre otros medios, por vía telemática o por vía telefónica, con el fin de proteger los derechos de los menores siempre que ello no vaya en contra de su interés superior.

Según la resolución, los menores que tienen a uno o ambos padres en prisión pueden experimentar traumas, estigma, ansiedad y pérdida del cuidado de los padres y del estado material que pueden ser perjudiciales para su bienestar, desarrollo personal y, algunas veces, para la vida.

Esta recomendación también proporciona directrices específicas para evitar la detención de los padres en presencia de los menores y demuestra la necesidad de que los menores visiten normalmente a sus padres en la cárcel, sin interferir en la vida del menor, como en el caso de la asistencia a la escuela. También establece que las visitas deben realizarse en un espacio adecuado para los menores, y que deben poder comunicarse regularmente a través de una cámara web, chat, teléfono u otras tecnologías.

En este contexto, el Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de estudiar las medidas existentes actualmente en las cárceles de toda Cataluña para garantizar con condiciones adecuadas el derecho de relación de los niños, niñas y adolescentes con padres encarcelados. En el marco de esta actuación, antes de que se decretara el estado de alarma, el equipo del Síndic visitó las cárceles de Lledoners, Quatre Camins y Wad-Ras. Del resultado de estas visitas se extraen notables diferencias en los espacios de las cárceles para garantizar el derecho de relación de los menores con los progenitores en prisión.

Por un lado, se observó que las infraestructuras de los centros condicionan en gran medida la calidad y las oportunidades de relación entre los menores y sus padres. Por otro lado, también se detectaron diferencias entre las cárceles a la hora de ofrecer programas de responsabilidad parental. Además, en general, se detectaron dificultades de cumplimiento en muchos de los puntos incluidos en esta recomendación, así como un débil conocimiento de esta recomendación por parte de los profesionales de las cárceles responsables del apoyo, protección y cuidado de los menores y sus familias.

La resolución, que agrupaba una serie de recomendaciones, se transfirió al Defensor del Pueblo, para que valorara las posibles medidas a tener en cuenta en la preparación de nuevos reglamentos, y al Departamento de Justicia para su consideración.

Algunas de las recomendaciones más destacadas que se hicieron son:

1. Promover un enfoque multidisciplinario, multiservicio y multisectorial en el ámbito penitenciario para promover y proteger eficazmente los derechos de los menores con padres encarcelados, con la promoción de proyectos de responsabilidad parental y crianza positiva que trabajen en cooperación con las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los menores y sus familias en estas situaciones.

2. Ofrecer capacitación a los profesionales encargados de apoyar, proteger y cuidar a los menores y sus familias sobre la Recomendación, así como sobre los derechos de los menores y sobre ejemplos de prácticas y procedimientos aplicables para mejorar las relaciones de los menores con los padres en prisión.

3. Escuchar a los menores y hacer que participen en las decisiones que les afectan con respecto a la relación y las comunicaciones con sus padres en prisión.

4. Proporcionar un espacio dedicado a los menores en las salas de espera y salas de visitas de los establecimientos penitenciarios, y repensar los espacios interiores y exteriores para garantizar que las visitas se lleven a cabo en un ambiente propicio para el juego y la interacción con los padres.

5. Avanzar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (videoconferencias, móviles u otros sistemas de Internet, incluyendo webcam y/o chats, etc.) para facilitar el contacto de los menores que viven lejos de la prisión, especialmente cuando viven en el extranjero.

6. Recordar que las políticas penitenciarias son susceptibles de tener incidencia en la relación de los menores con sus padres, y que se debe evaluar el impacto de cualquier decisión sobre las necesidades y los derechos de los menores.

7. Incorporar la participación de los niños, niñas y adolescentes dentro del procedimiento de elaboración de normas que afecten a cualquiera de las áreas de su vida, a través de estructuras de participación preestablecidas u otros medios que aseguren que disponen de la información adecuada y necesaria para hacerla efectiva.

El Departamento de Justicia, en respuesta a este conjunto de sugerencias, ha informado al Síndic de las acciones emprendidas para incorporar la perspectiva de los menores en su derecho de relación con sus padres encarcelados. En concreto, el Departamento se compromete a estudiar la posibilidad de crear un grupo de trabajo en colaboración con entidades de la Mesa de Participación Social (TPS) para elaborar un documento de buenas prácticas y evaluar la creación de estructuras participativas donde los niños, niñas y adolescentes puedan dar opiniones y aportar ideas en los procesos de elaboración de la normativa penitenciaria.

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El Síndic pide que se hagan evaluaciones previas de impacto en todas las decisiones que afectan a los menores

15/07/2021

Comunicado conjunto
El proceso de evaluación permite anticipar consecuencias negativas antes de la aplicación de una norma y mejorar la coordinación de las políticas públicas

Con este fin ha traducido al catalán la guía elaborada por la Red europea de defensores de los menores

Las evaluaciones de impacto permiten una mejor garantía del interés superior de los menores


El Síndic de Greuges de Cataluña, junto con el Defensor del Menor de Andalucía y el Ararteko del País Vasco, han firmado una declaración de posicionamiento impulsada por la Red Europea de los Defensores de la Infancia (ENOC), sobre la "Evaluación del impacto sobre los derechos de los menores"(CRIA, Child Rights Impact Assessment) la cual insta a los Estados, a las autoridades nacionales, regionales, europeas e internacionales, y a todas aquellas autoridades competentes, a aplicar los procesos de evaluación de los derechos de los menores y el análisis de impacto sobre estos derechos.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya manifestó la importancia de establecer un proceso continuado de valoración de los efectos que generan las disposiciones legislativas sobre los menores para que se respete su interés superior.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los procesos de evaluación del impacto sobre los derechos de los menores, ENOC también ha elaborado una guía que contiene las pautas para realizar una adecuada evaluación que permita examinar el potencial impacto sobre los menores de las leyes, las decisiones presupuestarias, políticas, y cualquier otra medida que se adopte. Este documento, que ha sido traducido al catalán, euskera y castellano, con el objetivo de facilitar su difusión, explica el concepto CRIA, quién es el responsable de llevar a cabo la evaluación, las etapas clave y proporciona los recursos para que se pueda utilizar.

ENOC es una red formada por instituciones independientes de defensa de los derechos de los menores que tiene como tareas principales, impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, apoyar a los colectivos que trabajan para la defensa de los derechos de los menores, compartir informaciones y estrategias entre los estados miembros y promover el desarrollo de oficinas de ombudsman para menores. De acuerdo con sus estatutos sólo pueden ser miembros instituciones que se ocupen exclusivamente de la protección y la promoción de los derechos de los menores o que tengan estructuras internas que tengan estas características. Actualmente forman parte 43 instituciones de 34 estados.


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