Notas de prensa

El Síndic de Greuges firma dos nuevos convenios para garantizar los derechos de las personas en el ámbito local

31/07/2026

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha firmado recientemente dos nuevos convenios con dos ayuntamientos que tienen por objeto garantizar la defensa de los derechos de las personas del municipio: uno con el Ayuntamiento de Les Borges Blanques y el otro con el Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat.

Estos convenios tienen una vigencia de cuatro años y buscan reforzar los servicios de defensoría que se ofrecen en los municipios, con un enfoque más específico y singular, y una mejor accesibilidad para la ciudadanía.

En las poblaciones con convenio, el Síndic de Greuges de Catalunya se compromete a presentar anualmente un informe que recoja la situación de las quejas tramitadas con el municipio, y ofrece la posibilidad de asistir a un pleno municipal para exponerlo con detalle y debatirlo. Además, representantes de la institución del Síndic se desplazan a los municipios con convenio al menos una vez al año para recoger las quejas y consultas de los vecinos. Por último, como novedad, la institución puede proponer vías de mediación y conciliación para favorecer la resolución positiva de los casos planteados.

La síndica destaca el valor de estos convenios, puesto que las administraciones locales son las primeras garantes de los derechos humanos. De hecho, los datos de la actividad del año 2025 señalan que el 42 % de las quejas recibidas se tramitan con ayuntamientos.

La síndica actúa de oficio para esclarecer las incidencias detectadas en la participación de Cataluña en las pruebas PISA 2025

30/07/2026

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha abierto una actuación de oficio a raíz de las incidencias detectadas en la participación de Cataluña en la edición 2025 de las pruebas PISA. Dichas incidencias han llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a considerar que los resultados obtenidos no son representativos ni comparables con los de otros territorios ni con los de ediciones anteriores.

Según los datos proporcionados por el Departamento de Educación y Formación Profesional, el 23,2 % del alumnado seleccionado para participar en las pruebas quedó exento de realizarlas, una proporción muy superior al límite máximo del 5 % establecido por la OCDE para garantizar la validez estadística de los resultados. En total, se excluyó a 591 alumnos de una muestra de 2.545.

La mayor parte de las exenciones se justificaron por discapacidades cognitivas, emocionales o conductuales, mientras que una proporción menor se atribuyó a discapacidades físicas o al insuficiente conocimiento de la lengua de la evaluación.

Ante estos hechos, el Departamento ha anunciado la apertura de actuaciones internas para determinar las causas de la incidencia y esclarecer por qué no se aplicaron correctamente los criterios de exención. También ha informado de la puesta en marcha de medidas para reforzar los mecanismos de supervisión, entre las que destaca la creación de una comisión específica encargada de validar y coordinar las pruebas y los estudios de evaluación.

La síndica considera necesario profundizar en el análisis de estos hechos, especialmente teniendo en cuenta que la proporción de alumnado excluido por motivos relacionados con discapacidades físicas, cognitivas, emocionales o conductuales representa el 19,6 % del total de la muestra, una cifra muy superior a la prevalencia de estos perfiles entre el alumnado de 4.º de ESO. Según los datos disponibles, los alumnos con necesidades educativas especiales representan aproximadamente el 5 % del total. Además, cerca de un 10 % de los alumnos presentan necesidades de apoyo educativo derivadas de trastornos o retrasos en el aprendizaje, aunque no tienen necesidades educativas especiales.

Entre las hipótesis planteadas por el Departamento, se encuentra la posibilidad de que algún centro hubiera aplicado a los procesos de selección de las pruebas PISA los criterios de exención previstos para las pruebas de competencias básicas de 4.º de ESO. No obstante, la institución ha observado que el porcentaje de alumnado exento de las pruebas de competencias básicas, que tuvieron lugar en abril de 2025, al igual que las pruebas PISA, fue del 9,7 %, cifra considerablemente inferior al 23,2 % registrado en las pruebas PISA. De hecho, solo en 2024 el porcentaje de alumnado que no hizo las pruebas de competencias básicas, ya fuera por ausencia o exención, superó el 10 %.

Por este motivo, la institución ha solicitado al Departamento información detallada sobre los 51 centros que formaban parte de la muestra, las características del alumnado exento, los mecanismos de acompañamiento y supervisión aplicados por los centros participantes, la verificación posterior de los criterios aplicados y las causas que explican el error detectado. También ha solicitado la documentación enviada a los centros antes de las pruebas y una copia del informe elaborado a raíz de las diligencias informativas abiertas para esclarecer los hechos.

La síndica insiste en que las pruebas PISA son una herramienta de referencia para evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y orientar las políticas públicas. Por este motivo, considera imprescindible aclarar lo sucedido y garantizar que los procesos de selección y participación del alumnado se ajusten a los criterios establecidos con las máximas garantías de transparencia y rigor.

Por último, la síndica recuerda la importancia de otorgar un papel central en la gestión de las pruebas PISA a la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, organismo público creado recientemente para impulsar la evaluación independiente y el análisis del sistema educativo.

El Ayuntamiento de Sant Cugat acepta reducir un 50 % el precio de las entradas para personas con movilidad reducida y acompañantes en su Teatro-Auditorio

28/07/2026

El Ayuntamiento de Sant Cugat ha aceptado una recomendación de la síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, para poner fin a una discriminación de hecho que se estaba produciendo en el Teatro-Auditorio Emma Vilarasau Sant Cugat. Para las funciones a partir de septiembre, y mientras la zona del anfiteatro no sea accesible, las personas con movilidad reducida en silla de ruedas podrán acceder a las localidades de platea a un precio asimilable al de la zona de anfiteatro, más económico.

La resolución de la institución del Síndic se enmarca en una queja presentada por un ciudadano sobre la falta de accesibilidad de la zona del anfiteatro. En el análisis del caso, la institución constató que el Teatro-Auditorio cumplía los requisitos mínimos legales de accesibilidad con los espacios reservados a la platea. Sin embargo, las personas con movilidad reducida se veían obligadas a adquirir las entradas de platea, que tienen un mayor coste, y no podían optar a las localidades más económicas del anfiteatro porque no eran accesibles.

La síndica consideró que esta situación generaba una discriminación de hecho, puesto que limitaba el acceso en igualdad de condiciones a la oferta cultural del equipamiento. Por este motivo, recomendó de forma urgente que los precios de las localidades reservadas a personas con movilidad reducida debían equipararse a los de la zona de anfiteatro hasta que se garantizara la accesibilidad de esta zona más económica. Además, la recomendación incluía que estas condiciones también se aplicasen a una persona acompañante.

En respuesta a la resolución de la síndica, el Ayuntamiento ha comunicado que ya está aplicando medidas de reducción tarifaria para las personas en silla de ruedas y sus acompañantes (un 50 %) y que los nuevos precios públicos están en proceso de aprobación. Además, el consistorio ha informado de que también se han implementado medidas para mejorar la accesibilidad del edificio: un nuevo aseo adaptado, una nueva puerta automática de acceso a taquillas y una recepción sin barreras arquitectónicas.

La aceptación de esta recomendación es un paso adelante para la garantía del derecho de acceso a la cultura en condiciones de igualdad, y refuerza el compromiso de las instituciones con la eliminación de las barreras que todavía afectan a las personas con movilidad reducida.

El Síndic de Greuges refuerza la supervisión de los derechos de las personas en los municipios con convenio de colaboración

27/07/2026

La institución del Síndic de Greuges de Cataluña sigue consolidando el modelo de supervisión de los derechos de la ciudadanía en el ámbito local a través de los convenios de colaboración firmados con ayuntamientos y consejos comarcales. Estos acuerdos establecen un marco estable de trabajo entre la institución y los entes locales para garantizar una defensa más cercana, eficaz y adaptada a la realidad de cada territorio.

En virtud de estos convenios, la institución elabora anualmente un informe individualizado para cada ente local que resume y analiza las quejas y consultas relacionadas con sus competencias. Como una radiografía de los principales problemas detectados, los documentos identifican las materias que generan mayores incidencias, ofrecen datos estadísticos sobre la actividad desarrollada y explicitan el grado de aceptación y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la institución.

Este ejercicio de rendición de cuentas contribuye a reforzar la transparencia institucional y ofrece a los gobiernos locales una herramienta de diagnosis para identificar ámbitos de mejora en la prestación de servicios públicos y la protección de los derechos de las personas.

Otra de las ventajas de los convenios es que prevén que el Servicio de Atención a las Personas se traslade a los municipios dos veces al año para facilitar que las personas de la zona puedan presentar consultas o quejas sin necesidad de desplazarse a Barcelona. Además, los acuerdos contemplan asimismo la posibilidad de que la síndica o representantes de la institución presenten estos informes ante los plenos municipales, lo cual favorece el debate público sobre la calidad de los servicios, la garantía de los derechos y las oportunidades de mejora de la actuación administrativa.

La actividad desarrollada en el marco de estos convenios tiene un peso cada vez más relevante en el conjunto de la actuación de nuestra sindicatura. En concreto, se han hecho 3.530 actuaciones en las zonas con convenio, lo que se ha materializado en 2.001 quejas y 1.529 consultas, un 14 % del total de las actuaciones del Síndic de Greuges en 2025 (25.287).

Los tres municipios con convenio con más actuaciones han sido Manresa (319), Tarragona (264) y Granollers (201). Sin embargo, si se tiene en cuenta el factor poblacional, Cardedeu y Olèrdola son los municipios que presentan más quejas por cada 1.000 habitantes (6,3), seguidos de Sant Pol de Mar (5,9) y Sant Sadurní d'Anoia (4,6).

Actualmente, el Síndic tiene firmados 43 convenios de supervisión: 39 con municipios y 4 con entes supramunicipales (Consejo Comarcal de La Cerdanya, Consejo Comarcal de L'Anoia, Consejo Comarcal de El Alt Urgell y Conselh Generau d’Aran). Con esta red de colaboración institucional, la institución afianza su compromiso con la defensa de los derechos de las personas, la buena administración y la mejora continua de los servicios públicos desde la proximidad con los territorios.

Pueden consultar aquí todos los informes de los entes locales con los que existe convenio.

La síndica considera que es necesario reforzar las oficinas de atención a la víctima del delito en toda Cataluña

23/07/2026

El informe Oficinas de atención a las víctimas del delito en Cataluña: evolución y situación actual, elaborado por la institución del Síndic de Greuges de Cataluña, constata que, en 2025, las OAVD atendieron a más de 17.700 personas, lo que supone un aumento del 44,6 % con respecto a 2019. A pesar de este crecimiento, el estudio concluye que muchas víctimas todavía desconocen este servicio gratuito de información, orientación y apoyo psicológico, social y jurídico.

El informe destaca la necesidad de que las OAVD se consoliden como servicio de referencia para todas las víctimas de delitos y no solo para los casos de violencia machista. Actualmente, gran parte de la actividad de estas oficinas se centra en este ámbito: en 2025, el 72,6 % de las personas atendidas eran víctimas de violencia de género o de delitos contra la libertad sexual, mientras que en 2019 esta proporción era del 38,4 %.

El informe también alerta de las limitaciones en la cobertura del servicio, ya que solo el 1 % de las personas que han sufrido un hecho delictivo son atendidas por las OAVD. Además, señala que existe una gran disparidad de servicios especializados que atienden a las víctimas, lo que dificulta la comprensión de los circuitos de atención. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, existen una serie de servicios gestionados por diferentes departamentos y administraciones que no siempre trabajan en coordinación.

Otro aspecto que pone de manifiesto el informe es que la atención a las OAVD está condicionada por el lugar de residencia de la víctima, especialmente por la proximidad de las sedes de las oficinas a los partidos judiciales. En este sentido, la OAVD de Terres de l'Ebre es la que tienen un mayor nivel de accesibilidad, a pesar de ser el territorio con el menor nivel de victimización y de actividad delictiva conocida (24,5 víctimas atendidas por cada 1.000 víctimas). La OAVD de Barcelona Comarcas, en cambio, es la que registra niveles más bajos de accesibilidad, al contrario de lo que cabría esperar por su peso poblacional y la incidencia delictiva (3,3 víctimas atendidas por cada 1.000 víctimas).

Por último, la síndica alerta de que las OAVD se mantienen en gran medida gracias a programas temporales. Por este motivo, defiende que estos recursos pasen a ser estructurales, dada su relevancia en la atención y el apoyo a las víctimas. También pide que las plantillas se adapten al crecimiento de la demanda, sobre todo en lo referente a los perfiles profesionales más necesarios para atender las necesidades existentes.

En cuanto al personal, el informe constata que hay un desajuste entre las categorías profesionales y las tareas desempeñadas, lo que provoca inestabilidad en los equipos y repercute en la calidad de la atención. En este sentido, la institución defiende que se reconozca la labor de los profesionales de las OAVD y que se proporcionen más recursos personales y materiales.

Recomendaciones principales

Entre las medidas propuestas para mejorar la atención a las víctimas, la institución pide:

• Dar a conocer mejor las OAVD entre la ciudadanía y los profesionales, para que más víctimas puedan acceder a sus servicios y ejercer sus derechos.
• Convertir las OAVD en la puerta de entrada principal al sistema de atención a las víctimas, simplificando los circuitos actuales.
• Mejorar la cobertura territorial, acercando los servicios a las personas que viven lejos de las sedes actuales y reforzando la movilidad de los equipos profesionales.
• Incrementar la coordinación entre juzgados, fiscalías, cuerpos policiales y demás servicios especializados para evitar que las víctimas deban repetir trámites o explicaciones.
• Reforzar las plantillas, especialmente con profesionales de la psicología y de soporte administrativo, y garantizar la estabilidad de los equipos.
• Impulsar una formación especializada y continuada para todos los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas.

La institución considera que reforzar las OAVD es una medida clave para garantizar los derechos de las víctimas y ofrecerles el acompañamiento necesario durante todo el proceso de recuperación y relación con el sistema judicial.