Actualidad: noticias y notas de prensa
Reunión de los miembros europeos del Instituto Internacional del Ombudsman presidida por el síndic
07/05/2021
En la reunión se ha hablado de retos de futuro y del trabajo realizado durante los dos últimos años
Rafael Ribó, hasta ahora presidente del capítulo europeo, pasará el relevo al defensor griego, Andreas Potakkis
El síndic de greuges, Rafael Ribó, como presidente europeo, participó a lo largo de la mañana del jueves en una reunión de los miembros del IOI Europa y la asamblea europea del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), que, por el contexto de la pandemia de la COVID-19, ha tenido lugar telemáticamente.
Durante la reunión, el síndic trató la situación de los miembros integrantes, habló de retos de futuro y explicó el trabajo realizado durante los últimos dos años.
De los dos últimos años de mandato, el síndic ha querido poner énfasis en los seminarios realizados, entre los que destacó el de enero de 2018 en Tallin, sobre los derechos humanos en la era digital, que trató de los desafíos contemporáneos en la sociedad digital y el papel de los defensores en la protección de los derechos humanos. El taller de los derechos ambientales, organizado por el Ararteko, también en 2018, que permitió debatir sobre el papel de los defensores a la hora de afrontar los retos actuales, tales como la contaminación o el cambio climático. O el taller de inteligencia artificial, organizado por el propio Síndic, durante el 2020, que se convirtió en un punto de encuentro entre operadores y grandes empresas, instituciones internacionales, administraciones, defensores y sociedad civil, y que permitió debatir y diseñar una estrategia sobre la base del respeto a los derechos humanos.
Finalmente, en una última parte de la reunión se ha hablado sobre la próxima conferencia mundial, que tendrá lugar en Dublín, aunque por motivos de salud también tendrá lugar en formato virtual.
La reunión del jueves ha sido la última presidida por el síndic, quien ha sido presidente de la Junta Directiva Europea desde 2009, cargo que renovó el 11 de noviembre de 2016, con el apoyo de sus homólogos europeos. El nuevo presidente elegido del capítulo europeo será el ombudsman griego, Andreas Potakkis, quien tomará posesión del cargo durante la próxima conferencia mundial.
Actualmente, el IOI europeo está formado por unos ochenta miembros. El Instituto Internacional del Ombudsman fue creado en 1978 y es una organización internacional de instituciones de defensores que agrupa a ombudsman de todo el mundo. Está organizada en seis grandes regiones, que son: Europa, África, Asia, Australia y Pacífico, América del Sur y Caribe, y América del Norte. Tiene como objetivos principales promover el concepto y la institución del ombudsman en todo el mundo y potenciar el intercambio de información y experiencias entre las diferentes instituciones.
El Síndic presenta los informes anuales de los 40 entes locales con los que tiene convenio de supervisión
06/05/2021
El informe anual recoge las quejas y consultas recibidas del territorio, los principales datos estadísticos y las resoluciones aceptadas y no aceptadas
El convenio establece la posibilidad de debatir el contenido del informe en el pleno
El 14% de las actuaciones tienen su origen en el territorio donde el Síndic tiene convenio
A lo largo de esta semana, el Síndic ha entregado los informes anuales a todos los municipios y consejos comarcales con los que tiene firmado un convenio de colaboración para garantizar la defensa de las personas en el ámbito local.
Estos convenios, cuya finalidad es crear un marco de colaboración y facilitar la comunicación mutua, establecen que el Síndic debe facilitar al ayuntamiento o al consejo comarcal un informe con la visión singularizada de supervisión de las quejas y consultas tramitadas referentes a su ámbito competencial. El informe analiza la tipología de quejas recibidas y tramitadas durante el 2020 así como los motivos por los que las personas de ese territorio han presentado quejas y consultas. También recoge una serie de datos estadísticos sobre la tipología de las quejas y las resoluciones emitidas, en función de si han sido cumplidas, aceptadas o no aceptadas.
En general, el 2020 ha sido el año en que se han presentado más quejas de toda la historia de la institución y, por primera vez, se han superado las 11.000 quejas. Se han tramitado más de 17.000 y se han abierto más de 300 actuaciones de oficio. Las actuaciones iniciadas en torno a las políticas sociales han representado cerca del 40% del volumen de intervención del Síndic, cifras comparables a los peores años de la crisis económica del decenio pasado, con un incremento significativo de todas las materias respecto del año anterior. Cabe decir que la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 también ha tenido un impacto en las quejas y consultas que se han tramitado con estos entes locales. En concreto, de la población que vive en las áreas en que el Síndic tiene convenio, se han recibido 3.080 actuaciones, que se han materializado en 1.551 quejas y 1.529 consultas. Las actuaciones procedentes de personas que viven en los territorios con convenio representan el 14% del total de las actuaciones del año 2020, que fueron 21.794.
Los tres municipios donde se han iniciado más actuaciones han sido Tarragona (242 actuaciones), Barberá del Vallés (239) y Manresa (221). No obstante, si se tiene en cuenta el factor poblacional, Barberá del Vallés sería el municipio que presenta más actuaciones por habitante, una actuación por cada 140 habitantes, seguido de Òdena, una por cada 175. Por el contrario, los municipios con menos quejas por habitante serían Roses y Salou, con 792 ambos.
El convenio también establece la obligación de que el equipo itinerante del Servicio de Atención a las Personas del Síndic realice dos visitas anuales al territorio que, dado el contexto vivido, la mayoría han sido telemáticas, por vía del teléfono o mediante una videollamada. En concreto, durante el 2020, el Síndic ha realizado 40 desplazamientos a los territorios con convenio, en los que ha recogido 305 quejas y 169 consultas. Estas visitas nacieron con la voluntad de convertirse en un canal de fácil acceso para personas del territorio y las entidades representantes pudieran plantear las quejas y las consultas o las inquietudes de aquella zona.
El convenio también regula la posibilidad de que el síndic, o un representante, puedan asistir al pleno para exponer con detalle este informe y debatirlo. En este contexto, durante este año, el síndic ya ha presentado el correspondiente informe al Pleno municipal de Molins de Rei y también tiene previsto hacerlo en Esparreguera y Manresa.
En el marco de los convenios, personal del Síndic también se ha venido reuniendo frecuentemente con representantes de la Administración para hacer seguimiento de la aplicación de este convenio.
Por su parte, el ente local se compromete a crear sistema para divulgar la figura de la institución a fin de que la población sea conocedora y se puedan habilitar mecanismos para hacer del todo accesible la operativa de este convenio.
Actualmente ya ascienden a 40 los convenios de supervisión en funcionamiento. Treinta ocho son con municipios y 2, de características similares, con consejos comarcales.
Listado de municipios y consejos comarcales con convenio y enlace a su informe respectivo (en breve disponible en castellano)
Consell Comarcal de la Cerdanya
El Síndic recuerda las insuficiencias en la atención a la salud mental infantil y juvenil
04/05/2021
Se hace eco del aumento de casos a raíz de la situación de pandemia y alerta sobre la edad en que se manifiestan algunos problemas graves de conducta y adicciones
Pide priorizar la prevención y la promoción de la salud mental a través de programas de parentalidad positiva y de la intervención familiar precoz, y también con el refuerzo del programa "Salud y Escuela" en escuelas e institutos de secundaria
Considera que el ingreso en centro residencial terapéutico debe ser garantizado por el sistema público sin requerir necesariamente la asunción de la tutela por parte de la Administración
En las últimas semanas los medios de comunicación se han hecho eco de casos de adolescentes que manifiestan problemas graves de salud mental y que denuncian no poder ser atendidos con la intensidad y la continuidad que requieren en el sistema público de salud por falta de recursos residenciales terapéuticos de media y larga duración.
El Síndic ya denunció esta problemática en su informe El derecho a la salud mental infantil y juvenil.Garantías en el acceso y la atención a los centros residenciales, que publicó y entregó al Parlamento el día 15 de noviembre de 2019. Este informe se elaboró a partir del análisis de las quejas recibidas, los intercambios con profesionales, así como de las visitas a centros llevadas a cabo por el equipo del Síndic y por el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) a los centros residenciales existentes.
El informe del Síndic alertaba de cuatro grandes problemas en la red de atención de salud mental infantojuvenil: las discriminaciones por razones económicas en la garantía del derecho a la salud mental; la insuficiencia de recursos para atender los problemas de salud mental, trastornos de conducta y adicciones de los adolescentes; la falta de garantías en el ingreso y de supervisión en la intervención de los recursos residenciales, y, finalmente, el uso disfuncional de los recursos del sistema de protección para cubrir la insuficiencia de recursos de salud mental.
En el año 2018 el Departamento de Salud creó el Programa de abordaje integral sobre los casos de salud mental de elevada complejidad para atender estas situaciones, y el mismo año 2018 se creó la primera unidad terapéutica educativa y residencial para niños y jóvenes, que pretende dar respuesta a la necesidad de atender casos de alta complejidad en salud mental de más larga estancia, con 30 plazas, 25 de las cuales están previstas para atender a niños y adolescentes tutelados por la Administración pública.
En este sentido, el sistema de protección social y el sistema catalán de salud se asientan sobre la base de que el ingreso terapéutico de más larga duración es indicado en casos en que la problemática social y familiar requiere el desamparo del niño y adolescente por desprotección por parte de sus padres, cuando a menudo esta situación de desprotección se debe a la falta de recursos públicos adecuados para atender una problemática que puede ser de tipo social, económico o de salud, pero que no necesariamente implica negligencia, abusos o maltrato en la atención y cuidado de este niño o adolescente.
Sin embargo, hay centros que ofrecen estos servicios de manera privada, con un coste inasumible para muchas familias, y a los que no se exigen las garantías que debería exigir la Administración pública en el ingreso de un niño o adolescente en un centro de estas características. Algunas plazas de estos centros privados terapéuticos son concertadas por la Dirección General de Atención a la In infancia y la Adolescencia para atender a niños y a adolescentes tutelados que requieren atención específica o son financiadas a través del seguro escolar obligatorio, que cubre a los estudiantes matriculados a partir de tercero de ESO.
A través del tratamiento de diversos casos y de la visita a los centros existentes recogidos en el informe publicado en 2019, el Síndic extrae las siguientes conclusiones:
- Faltan recursos suficientes en la prevención y la promoción de la salud mental, y también en la intervención precoz.
- Hay que regular y supervisar que todo internamiento en centro residencial especializado se lleva a cabo una vez agotadas todas las opciones alternativas disponibles y durante el menor tiempo posible.
- La falta de recursos residenciales públicos de salud mental de discapacidad provoca que algunos niños y adolescentes sean ingresados en centros privados sin las garantías necesarias.
-La falta de recursos públicos para atender estas necesidades no debe suponer la tutela de los niños y adolescentes.
A través del informe se hacían llegar las siguientes recomendaciones a las administraciones implicadas, entre otros:
- Promover programas de prevención y promoción de la salud mental, así como intervenciones de acompañamiento en la crianza y la parentalidad positiva a lo largo del ciclo vital del niño y adolescente, desde un modelo psicosocial y comunitario, y aumentar y extender los programas de detección precoz de trastornos y adicciones en los institutos y las escuelas.
- Hacer más accesibles los servicios actualmente existentes para dar cobertura a toda la población con una distribución territorial adecuada.
- Realizar un análisis de la cobertura de los recursos públicos existentes, tanto en el ámbito de salud como de servicios sociales, y valorar la pertinencia de proveer centros residenciales para niños y adolescentes menores dieciocho años que requieran intervenciones o tratamientos de desintoxicación y/o psicoterapia de manera intensiva con acompañamiento social.
- Garantizar el internamiento terapéutico de provisión pública con las garantías necesarias cuando las necesidades del niño o adolescente así lo exijan.
Los profesionales del sector alertan del aumento de casos en los que adolescentes, especialmente, expresan malestar psicoemocional a consecuencia de la pandemia, y también la aparición de casos graves en forma de trastornos de conducta alimentaria, adicciones, intentos de autolisis y suicidio en edades cada vez más tempranas que desbordan los recursos existentes.
Respecto a la salud mental, los últimos informes al Parlamento sobre los derechos del menor han incidido en la necesidad de dotar al sistema de salud mental infantojuvenil de más recursos y más adecuados a los problemas existentes. La salud mental y el bienestar emocional de los menores y adolescentes constituyen una esfera de una importancia relevante para garantizar el ejercicio del resto de derechos y el pleno desarrollo de la personalidad y la identidad del individuo, con una repercusión importante en su proceso de transición a la vida adulta.
Según datos del año 2019, en los últimos años se ha producido un aumento sostenido del número de menores y adolescentes atendidos por CSMIJ, de los 54.570 de 2010 a los 69.006 de 2019 (10 menores más por cada 1.000 en una década), y también un incremento sostenido de las visitas por paciente atendido, la cual cosa constata el incremento de recursos en este ámbito, a pesar de que el número de centros se haya mantenido estable.
El Síndic advierte al Pleno del Parlamento que las vulneraciones de derechos del Informe 2019 se han visto agravadas por la pandemia de la COVID-19
29/04/2021
Informe anual 2019
En el año 2019 se atendieron más de 30.000 personas, y se van incrementar mucho las quejas relativas a situaciones de emergencia social y residencial
Se firmó el Pacto contra la segregación escolar y se creó la comisión de expertos para la prevención y reparación de los abusos de niños en el ámbito de la Iglesia católica
Urge la creación de un plan de choque para dar una respuesta suficiente a las situaciones de emergencia residencial
El ámbito de los derechos civiles estuvo marcado por la Sentencia 459/2019, del Tribunal Supremo, por los hechos ocurridos alrededor del 1 de octubre de 2017
En el área de seguridad se analizaron los planes de emergencia nuclear, después de que alcaldes afectados denunciaran carencias en los planes de seguridad exterior de las centrales
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparecido en el Pleno del Parlamento para debatir el Informe al Parlamento correspondiente al año 2019. El informe, que fue entregado el 17 de febrero de 2020, recoge las actuaciones más relevantes llevadas a cabo durante 2019 y las cifras más destacadas en relación con la labor de defensa de los derechos encomendada a la institución.
Durante el año 2019 recibió un total de 10.543 quejas procedentes de 22.993 personas. También atendió 8.843 consultas e inició 222 actuaciones de oficio. Y, en global, se tramitaron 26.358 expedientes y se atendieron más de 30.000 personas. Por áreas, el 32% de las quejas y actuaciones de oficio estuvieron relacionadas con los derechos sociales, y el 30% con las políticas territoriales, que incluyen medio ambiente, urbanismo y movilidad.
Actuaciones del Síndic tramitadas durante el 2019 para materias
Educación
Durante el 2019 el más significativo en el ámbito de la educación fue la firma del Pacto contra la segregación escolar, que contó con la participación de la mayoría de agentes educativos y administraciones locales de municipios mayores de 10.000 habitantes. El mismo año ya se pusieron en marcha varias de las actuaciones previstas en este pacto, como la aprobación del Decreto 31/2019, que anula los criterios complementarios de enfermedad digestiva crónica y de ex alumnos; la elaboración del documento para la organización y la gestión de los centros, que limita el acceso a los datos de composición social y resultados académicos de los centros, o la creación de la comisión de estudio sobre regímenes de admisión y de la subcomisión de estudio sobre segregación residencial.
Otros aspectos importantes del Pacto fueron la elaboración del informe de estudio del coste de la plaza escolar.
Infancia
En cuanto a los niños migrantes sin referentes familiares, el Síndic destaca que hay que desplegar de manera urgente una estrategia de integración de estos adolescentes y jóvenes mediante programas de formación que ayuden a vehicular itinerarios individuales de transición hacia la autonomía. A las vulneraciones de derechos que sufren estos niños, se ha añadido la estigmatización de este colectivo y el rechazo de una parte de la población a la instalación de los equipamientos.
También tuvo conocimiento de varias situaciones de malos tratos a bebés en que se observaron déficits en la detección del maltrato, la aplicación de los protocolos y la coordinación entre los servicios. El Síndic considera imprescindible introducir cambios para garantizar unas actuaciones coordinadas entre el ámbito social y de la salud.
En el ámbito de los abusos, el Síndic creó la comisión de expertos para la prevención y la reparación de los abusos de niños en el ámbito de la Iglesia católica, que entregó su informe durante el 2020. Hoy en día el Síndic continúa recibiendo solicitudes de intervención por parte de víctimas.
En cuanto a la pobreza infantil, el Síndic denunciaba que cerca del 25% de los niños sufrían pobreza infantil, a pesar de que eran años de mejora de la coyuntura macroeconómica. El Síndic alerta de que la crisis económica y social derivada de la pandemia hará imprescindible incrementar la inversión pública en políticas de transferencia económica focalizadas en la infancia.
Servicios sociales
En cuanto a la renta garantizada de ciudadanía, el Síndic cuestiona que deba contabilizarse como ingreso cualquier aportación o ayuda económica que hagan otras personas del núcleo familiar, o que se dé el mismo tratamiento a los ingresos derivados de un préstamo que los ingresos provenientes de rentas del trabajo o una prestación, sin tener en cuenta que en el caso de los préstamos no sólo deberá devolver el importe, sino también los intereses generados. En cuanto al procedimiento, el Síndic insiste en la necesidad de una mejor y más clara información sobre los deberes de los beneficiarios de la prestación y destaca la importancia de la incorporación del trámite de audiencia previo a la resolución, especialmente en los supuestos de resoluciones que extinguen la prestación.
Otro tema relevante del Informe es en relación con la demora con que se encuentran las personas con discapacidad para acceder al servicio residencial que se ha determinado como más idóneo. El Síndic insiste en la necesidad de incrementar la dotación de plazas residenciales para atender las demandas existentes, y de características adecuadas a los diversos perfiles.
Salud
Un año más el Síndic ha destacado las consecuencias directas que pueden tener las listas de espera en la calidad de vida de una persona, en su salud o en su trabajo. También alerta de que la atención a los paciente afectados de COVID-19 no tiene que ir en detrimento de la atención del resto de patologías que se siguen presentando y que, a veces, además, se pueden ver agravadas si no se atienden dentro de un plazo razonable.
Vivienda
Hace años que el Síndic destaca la falta de respuesta suficiente por parte de la Administración a las situaciones de emergencia social y económica en materia de vivienda. En 2019 el Síndic insistió en pedir un plan de choque para dar una respuesta suficiente a las situaciones de emergencia, que, principalmente, tienen su causa en los elevados precios de la vivienda del mercado privado y en la insuficiencia del parque de viviendas con destino a alquiler social que gestiona la Administración. Y la llegada de la pandemia ha tenido consecuencias devastadoras, que se concretan en las dificultades para mantener la vivienda habitual. El Síndic se ve obligado a recordar que estas situaciones, si no se corrigen, darán lugar a situaciones de emergencia residencial y desahucios.
Paralelamente, el Síndic también alerta sobre la inadecuación del realojamiento de urgencia que garantizan los servicios sociales en hostales y pensiones, sobre todo con relación a las familias con niños y adolescentes a cargo.
Consumo
En relación con el derecho a los suministros básicos y el necesario desarrollo de la Ley 24/2015, el Síndic celebra el acuerdo que debe permitir resolver la deuda acumulada de las familias que no pueden pagar los suministros ya las que no se les ha cortado. Este acuerdo también prevé poder poner contadores provisionales.
Por el contrario, el Síndic denuncia nuevamente el retraso que sufre la T-Movilidad, que debe permitir resolver una queja recurrente como es la negativa de la ATM a emitir duplicados de las tarjetas de transporte personalizadas en caso de robo o pérdida.
En relación con las facturas de suministros, el Síndic también recuerda que hay que garantizar una clara comprensión de todas las facturas que se emitan, que los mensajes informativos que se incluyan contengan información útil y relevante, y que hay que incluir la justificación de los precios que se apliquen. Además, en el caso de las facturas del agua, a criterio del Síndic, no se deberían incluir conceptos no relacionados con el ciclo hídrico.
Medio ambiente
Antes de la pandemia, muchas quejas de esta área estaban relacionadas con el derecho al descanso y el Síndic pedía repensar los horarios y una nueva ordenación horaria básica en el ámbito nocturno. Hoy, sin embargo, las restricciones aplicadas para gestionar la pandemia han hecho que las quejas se hayan reducido de forma drástica. Lo mismo ha sucedido con la calidad del aire, que también ha mejorado mucho a raíz de la pandemia, o con la generación de residuos.
No obstante lo anterior, el Síndic recuerda la imposibilidad de conseguir la reparación de los daños ambientales una vez se han producido, y también el coste que implica la reparación en caso de que fuera posible, por lo que pide a los poderes públicos dar prioridad y eficacia a la intervención previa en el diseño y la aplicación de instrumentos preventivos.
Derechos civiles
El ámbito de los derechos civiles estuvo marcado por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, que condena nuevo dirigentes políticos y sociales a penas de prisión de entre 9 y 13 años por hechos ocurridos alrededor del 1 de octubre de 2017. Ante estos hechos, el Síndic quiere reiterar que los hechos ocurridos en Cataluña durante el otoño de 2017 constituyeron el ejercicio de los derechos fundamentales de expresión y de manifestación, y que la consideración de estas expresiones dentro del tipo penal de sedición y las penas impuestas por estos hechos resultan manifiestamente desproporcionadas.
En cuanto al voto de las personas discapacitadas, el Síndic consideró que la Instrucción de la JEC comportaba una situación de discriminación y estigmatización de este colectivo, ya que facultaba a los miembros de las mesas a hacer una valoración subjetiva, lo cosa infringía cualquiera de los preceptos de la LOREG.
Seguridad
El Síndic elaboró un informe sobre la situación de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña que concluía que se necesitan actuaciones inmediatas para dotar al Cuerpo de Bomberos de los recursos humanos, materiales y para disponer de las infraestructuras necesarias para el logro del cometido encomendada.
También se analizaron los planes de emergencia nuclear y se recomendó adaptar el PENTA, del año 2009, y el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN), de 2004, a las nuevas directivas europeas EURATOM, que incorporan buenas prácticas derivadas del accidente en la central japonesa de Fukushima en 2011 y mejorar las redes de telecomunicaciones y la infraestructura ferroviaria.
Igualdad
En el ámbito de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Síndic aprobó su primer Plan de igualdad para el período 2019 hasta 2022. El Plan promueve la transversalización de la perspectiva de género y la perspectiva LGBTI en el conjunto de actuaciones del Síndic, incluyendo la política comunicativa y las actividades de proximidad hacia las mujeres y el colectivo LGBTI, con una referencia especial a todas las manifestaciones de violencia machista y LGTBI- fóbica.
Transparencia
En cuanto a la transparencia, el Informe 2019 ya hacía referencia a la percepción de ralentización en el desarrollo de la Ley 19/2014 y la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación para que las administraciones con menos recursos puedan cumplir las obligaciones que fija la Ley.
El Síndic también destaca la importancia de que la información que se publica en los portales de transparencia sea comprensible, completa, estructurada, actualizada y en formato reutilizable.
Tributos
En cuanto a los tributos, el Síndic destaca la importancia de garantizar un sistema de defensa eficaz, como condición de seguridad y justicia tributarias. La efectividad del derecho de defensa requiere una buena administración; un sistema de recursos accesible, capaz de dar respuestas ágiles, adecuadas y motivadas y de homogeneizar criterios y actuaciones de información y asistencia, con el objetivo de reducir la conflictividad y litigiosidad tributarias. En materia de tributos locales, sugiere que se instaure un órgano para las resoluciones económico.
El Síndic alerta sobre la necesidad de incrementar la vivienda pública y mejorar la coordinación entre las administraciones para proteger a los colectivos vulnerabilizados, especialmente a los menores
27/04/2021
El Síndic ha detectado disfunciones y carencias importantes en la coordinación administrativa a la hora de dar soluciones urgentes a la emergencia residencial
Es imprescindible incluir la perspectiva de género en relación con la problemática de la vulnerabilidad habitacional
La provisionalidad del recurso residencial asignado mientras se espera un vivienda social, provoca sufrimiento emocional en los menores
En los últimos años, el Síndic sigue recibiendo un número importante de quejas derivadas de la situación de falta de vivienda, entre las cuales se encuentran muchas familias con menores a cargo.
Las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica empujan a menudo a muchas familias a la falta de pago de alquileres o cuotas hipotecarias que acaban derivando en procesos de desahucio. Ante la situación de pérdida inminente de la vivienda, se inicia la solicitud de una vivienda social, con un precio de alquiler asequible, bien a la Mesa de valoración de situaciones de emergencias económicas y sociales de Cataluña (Mesa de emergencia de Cataluña), bien a las mesas de emergencia locales en los municipios que disponen de dicho servicio. Si la valoración de la correspondiente mesa de emergencias es favorable, la persona o la familia entra en una lista a la espera con el objetivo de que se le asigne una vivienda compatible con las necesidades del núcleo familiar. Estas listas, sin embargo, cada vez son más largas no solo por la insuficiencia del parque público de vivienda sino también por la evidente situación de emergencia habitacional que se vive en el país. En la mayoría de casos, el tiempo de espera para la adjudicación de la vivienda supera ampliamente un año.
A pesar de que la casuística es muy variada, del análisis de las quejas el Síndic ha detectado algunos rasgos comunes, tales como disfunciones y carencias importantes en la coordinación administrativa que cabría resolver de manera inmediata.
En un caso estudiado que afectaba a una familia de l'Hospitalet, la Administración municipal derivó la responsabilidad a la Agencia de Vivienda de Cataluña y esta, a su vez, recordó que la familia vive en un municipio que dispone de mesa de emergencias propia y que la Agencia ya había cedido a este municipio varios pisos del parque público. En Barcelona ciudad destaca el caso de una familia monoparental y víctima de violencia que entró a ocupar un piso vacío de la Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona. Desde los servicios sociales municipales se pidió detener el desahucio que se había solicitado, como medida de protección de la familia, dada su situación de especial vulnerabilidad y realizando una valoración muy positiva de la estabilidad y la seguridad del menor en el barrio, así como el inicio de los trámites para regularizar el alquiler. Sin embargo, parece ser que estos trámites aún no se han hecho efectivos.
En otros casos estudiados, como uno en Badalona, el Síndic ha detectado que el Ayuntamiento no estaba siguiendo el protocolo acordado con la empresa Aguas de Barcelona para garantizar la instalación de contadores provisionales en casos de acreditada vulnerabilidad social.
En varios casos estudiados, la Agencia de Vivienda de Cataluña deriva la solución del caso al programa 60/40 pero, en cambio, desde los servicios municipales se informa al Síndic que este programa no ha sido desplegado ni está dotado presupuestariamente.
El Síndic también ha detectado la existencia de muchas familias con dos, tres o más menores que viven en el Área Metropolitana y que están a la espera de la adjudicación de una vivienda en alojamientos temporales (habitaciones de hostales, pensiones, o similares). Esta situación de inestabilidad y de temporalidad, que a menudo se prolonga mucho más allá de seis meses, también prolonga el sufrimiento emocional de los menores.
El este contexto, el Síndic quiere hacer un llamamiento a todas las administraciones locales y al Departamento de Territorio y Sostenibilidad para que trabajen de manera más proactiva en la aplicación de todos los instrumentos que tienen su alcance (ayudas de emergencia, apoyos sociales, mediación, ayudas de las Mesas de emergencia, programa Reallotgem.cat, etc) para favorecer la adjudicación de viviendas dignas a todas las familias con una situación de vulnerabilidad socioeconómica.
El Síndic reitera que la incertidumbre sobre la posible adjudicación de una vivienda social en el caso de menores que sufren un riesgo de exclusión residencial provoca, aunque sea indirectamente, su victimización secundaria e insta a todas las administraciones a trabajar juntas a fin de que en los procedimientos de asignación de recursos residenciales se proteja especialmente a los menores de la victimización secundaria.
Finalmente, pide a las administraciones que apliquen la perspectiva de género en relación con la vulnerabilidad habitacional de las familias que viven en Cataluña, que en una proporción importante afecta a familias monoparentales femeninas con menores a cargo.
