Actualidad: noticias y notas de prensa

La síndica pide más equilibrio entre la oferta y la demanda de la FP para prevenir el fracaso escolar prematuro

04/10/2022

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El desajuste actual entre la oferta y la demanda provoca que muchos alumnos abandonen prematuramente los estudios

A más de 3.700 personas no se les ha asignado plaza en los ciclos hasta el 21 de septiembre, cuando el curso ya había empezado

Hay que ampliar la condición de alumnado con prioridad en el acceso como mínimo a los menores de dieciocho años que no han completado estudios secundarios postobligatorios 

La semana pasada finalizó la segunda vuelta del proceso de asignación de las plazas de los ciclos formativos de grado medio (CFGM), y los datos del Departamento de Educación muestran que 638 personas no han podido acceder a la formación que deseaban. Aunque cerca de 35.000 alumnos han iniciado un CFGM el curso 2022/2023, la síndica recuerda que la Ley de educación establece el deber de la Administración de garantizar el acceso de cualquier persona que lo desee a estos estudios de formación profesional.

Un año más, el proceso de asignación de plazas muestra que existe un cierto desequilibrio entre la oferta de ciclos existentes y las demandas y necesidades que tienen los futuros alumnos, de modo que más de 600 personas no han obtenido plaza en el ciclo de grado medio solicitado, a pesar de haber vacantes en otros. Ante este hecho, la síndica insiste en la necesidad que de cara al futuro se continúe avanzando lo máximo posible en este reajuste de la oferta porque, de lo contrario, se podría condenar estos jóvenes al abandono escolar prematuro. Aunque han mejorado en los últimos años, las cifras de abandono prematuro del sistema educativo en Cataluña (14,8%) son superiores a las del resto del Estado (13,3%) y a las de Europa (9,27%), y, ante este hecho, la síndica considera que los CFGM pueden ser una buena herramienta para combatirlo.

Ante los desajustes de los años anteriores, el Departamento de Educación modificó los criterios y este año ha priorizado el acceso a estos ciclos del alumnado con continuidad de escolarización (alumnos de 4º de ESO, alumnos de FP de grado básico y alumnos que han superado este año el curso específico de acceso –CAM– o la prueba de acceso y que son menores de dieciocho años). Esta priorización puede dejar fuera jóvenes menores de dieciocho años que han abandonado prematuramente el sistema educativo o que están escolarizados en estudios postobligatorios que no les satisfacen.

En este contexto, la institución del Síndic de Greuges ha recibido quejas de personas que no provienen de la ESO, por ejemplo, que se sienten discriminadas porque no han tenido prioridad en el acceso. Entre las personas sin prioridad en el acceso hay los jóvenes menores de dieciocho años que en cursos precedentes abandonaron prematuramente el sistema educativo porque no pudieron acceder a uno de los ciclos formativos que habían solicitado. A criterio de la institución, como mínimo los jóvenes menores de dieciocho años deben pasar a tener prioridad en el acceso, dado que son un colectivo vulnerable que necesita una protección especial.

Varios alumnos sin prioridad en el acceso también han presentado quejas a la institución porque la fecha de asignación de las plazas de CFGM en segunda vuelta ha sido el 21 de septiembre, cuando ya se había iniciado el curso escolar. Según los datos del Departamento, esto ha afectado finalmente a 3.785 alumnos. Ante este hecho, la síndica pide que se incorporen los cambios necesarios para que todo el alumnado preinscrito disponga de la plaza antes del inicio del curso.

El 30 de julio del año pasado el Síndic de Greuges ya emitió una resolución relativa a la falta de oferta suficiente de ciclos formativos de grado medio en el proceso de admisión correspondiente al curso 2021/2022.

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Reunión de la síndica con la Junta del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya

03/10/2022

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Es imprescindible la colaboración mutua y el trabajo compartido entre instituciones de defensa de derechos para mejorar la atención a las personas y garantizar sus derechos

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y su adjunto general, Jaume Saura, se han reunido hoy con la Junta Directiva del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, para tratar temas de interés común.

El Fòrum es una asociación sin ánimo de lucro que reúne la mayor parte de sindicaturas y defensorías municipales y que tiene por objetivo crear una red de coordinación, información, apoyo, intercambio y asesoramiento entre las diferentes sindicaturas de proximidad.

Por parte del Fòrum han asistido Dolors Vallejo, síndica de Sant Boi de Llobregat y presidenta del Fòrum; Marta Alsina, defensora de la ciudadanía de Girona y vicepresidenta del Fòrum, los vocales Salvador Torres, defensor del ciudadano de Vidreres, y Josefina Camós, síndica de greuges de Palamós, y Francesc Mateu, director del Fòrum.

En el transcurso de la reunión, la síndica ha querido destacar el papel de las defensorías locales como parte fundamental de la red de defensa de los derechos de la ciudadanía. En este sentido, ve imprescindible la colaboración mutua y el trabajo compartido para mejorar la atención a las personas y garantizar sus derechos.

Los temas tratados durante el encuentro han sido la proposición de ley sobre las defensorías o sindicaturas de greuges de ámbito local de Cataluña, los convenios de colaboración entre las instituciones locales y el Síndic de Greuges y el compromiso de la síndica de contribuir a la formación en el ámbito restaurativo de las sindicaturas locales.

Actualmente, el Síndic de Greuges de Cataluña tiene firmados casi cuarenta convenios con sindicaturas o defensorías locales. Estos convenios tienen por objetivo evitar duplicidades, aprovechar sinergias y recursos y, sobre todo, mejorar el servicio de defensa de derechos y facilitar su acceso a la ciudadanía. De acuerdo con estos convenios, cuando una persona presenta una queja al Síndic de Greuges de Cataluña, esta institución se compromete a informarle de la posibilidad de presentarla ante la oficina de la sindicatura municipal en caso de que la queja esté relacionada con el funcionamiento de la administración municipal. Por su parte, la sindicatura local se compromete a enviar al Síndic de Greuges de Cataluña las quejas que afecten a administraciones fuera del ámbito municipal, siempre con la conformidad de la persona interesada.

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La síndica pide a los ayuntamientos de los municipios grandes que aprueben planes de emergencia ante la sequía

22/09/2022

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La Ley del Plan Hidrológico Nacional establece la obligación de disponer de este documento para los municipios de más de 20.000 habitantes

Ante el episodio de sequía que está sufriendo Cataluña, el equipo de la síndica de greuges ha abierto una actuación de oficio para analizar la actuación de las administraciones públicas en relación con este fenómeno.

La síndica se muestra preocupada por la evolución de los indicadores de sequía hidrológica y de pluviometría, que han empeorado significativamente; por la situación en la que se encuentran las reservas de los embalses (al 38% de su capacidad, 37% en las cuencas internas de Cataluña, según el Portal de la Sequía de la Agencia Catalana del Agua), y porque algunos municipios se han visto obligados a suspender el suministro ante la falta de potabilidad del agua debido a la disminución del nivel de los ríos, las fuentes o los pozos de los que se abastecen.

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que regula la gestión de la sequía, establece la obligación de los municipios de más de 20.000 habitantes de disponer de un plan de emergencia ante situaciones de sequía, y da un plazo de cuatro años para aprobarlos.

En este contexto, la síndica quiere conocer el estado de los planes de emergencia en Cataluña, y por ello se ha dirigido a varios municipios catalanes de más 20.000 habitantes que no consta que dispongan de dichos planes. En concreto, se ha pedido información sobre la fase de elaboración en la que se encuentran y sobre el calendario previsto para aprobarlos, y también sobre la difusión que se hará de los planes entre la ciudadanía.

Paralelamente, la institución también se ha dirigido a la Agencia Catalana del Agua para saber qué municipios han comunicado que están elaborando estos planes. También ha pedido información sobre la publicación de esta lista de municipios en su web, en el apartado “Planes de emergencia y ahorro de ayuntamientos”.

La actuación de oficio pretende valorar la actuación de las administraciones públicas competentes, tanto desde un punto de vista ambiental como del de las personas consumidoras. Por este motivo, la investigación de la institución se llevará a cabo de forma transversal y conjunta entre las áreas de medio ambiente y de consumo. Puesto que de manera frecuente muchos municipios no pueden garantizar la continuidad del suministro o la calidad del agua, y puesto que se trata de un servicio básico e imprescindible para la vida cotidiana, la síndica quiere analizar cómo repercute este hecho en las facturas que abonan las personas consumidoras.

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La ENOC pide políticas adecuadas para hacer efectivo el derecho de los niños a un medio ambiente saludable

21/09/2022

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La 26ª Reunión Anual ha tratado sobre la justicia climática

Las recomendaciones aportadas por los jóvenes han quedado recogidas en una declaración final, que ha sido aprobada por la Asamblea General


La adjunta de infancia de la síndica, Maria Jesús Larios; una asesora del área de infancia, Eva Querol, y una representante del Consejo Asesor Jove, Iriza Noor, se han desplazado esta semana a Reikiavik (Islandia) para participar en la 26ª Reunión Anual de la ENOC (European Network of Ombudspersons for Children, Red Europea de Defensores de la Infancia), que en esta ocasión ha abordado el tema de la justicia climática.

Durante este año, todos los participantes han estado trabajando intensamente en el tema de la justicia climática con el fin de aportar conocimientos valiosos. Las recomendaciones presentadas se han reflejado en la Declaración de la ENOC 2022, aprobada por la Asamblea General, que pide a las instituciones europeas, estatales y autonómicas que dediquen esfuerzos para hacer realidad los derechos de los niños y jóvenes a un medio ambiente saludable y que tomen las medidas necesarias para mitigar los efectos de la crisis climática en el futuro.

En concreto, la ENOC insta las autoridades nacionales, regionales y europeas a adoptar las recomendaciones siguientes:

  • El diseño de políticas ambientales debe tener en cuenta el impacto en las generaciones futuras.
  • Hay que garantizar una educación integral y obligatoria en derechos humanos, incluido el medio ambiente, en todas las etapas educativas.
  • Hay que garantizar que todos los niños puedan buscar, recibir y difundir información fiable sobre el medio ambiente y el cambio climático.
  • Hay que exigir que todas las consultas sobre políticas ambientales incluyan la perspectiva de la infancia.
  • Hay que asegurarse de que todos los niños y jóvenes que participan en la defensa del medio ambiente puedan disfrutar de su derecho de libertad de asociación y reunión.

En años anteriores, las reuniones anuales abordaron el impacto de la pandemia en la infancia y los derechos de los niños en los entornos digitales.

La ENOC fue fundada en 1997 y actualmente son miembros de esta red cuarenta y tres instituciones de treinta y cuatro estados.

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El Departamento de Derechos Sociales atiende la recomendación de la síndica y reducirá el plazo de tramitación de los títulos de familia monoparental

15/09/2022

La demora en la tramitación de los títulos de familia monoparental es uno de los temas recurrentes en las quejas de la institución

Este título es de gran ayuda en el acceso a varios servicios, y cualquier demora en su tramitación afecta a las familias, sobre todo a las mujeres

Hace tiempo que la institución del Síndic recibe quejas de familias monoparentales por la demora en las tramitaciones de las solicitudes de alta o de renovación de los títulos de familia monoparental. Para resolver este procedimiento, el Departamento de Derechos Sociales dispone de seis meses. Sin embargo, a criterio de la síndica, este plazo es excesivo desde el punto de vista del derecho a una buena administración, sobre todo si tenemos en cuenta los avances en la gestión telemática de los procedimientos administrativos.

El Departamento ha reconocido retrasos de hasta seis meses, y los atribuye a las demoras que se arrastran desde la pandemia. Estos plazos son especialmente preocupantes desde la perspectiva de género, dado que la mayoría de solicitantes son mujeres, que tienen un mayor riesgo de pobreza precisamente por su situación de monoparentalidad femenina, lo cual afecta en última instancia al interés superior del menor que viven en estos núcleos.

El título de familia monoparental proporciona ventajas como por ejemplo descuentos en el uso del transporte público o reducciones en el pago de tributos, y cualquier demora en su tramitación afecta a las familias. El Decreto 151/2009 establece que los beneficios derivados de la posesión de este título se producen desde el momento de la presentación de la solicitud. Sin embargo, las personas que se han dirigido a la institución se quejan de que durante el tiempo del que la Administración dispone para tramitarlo no han podido acreditar que eran familias monoparentales y, una vez la Administración lo ha reconocido, no han podido disfrutar retroactivamente de los beneficios que les corresponden

En este contexto, la institución del Síndic pidió al Departamento de Derechos Sociales que estudiara la posibilidad de reducir el plazo de seis meses a uno, y que la solicitud sirva de garantía para disfrutar de los beneficios.

Este mes de septiembre el Departamento de Derechos Sociales ha comunicado a la institución que su objetivo es agilizar la gestión de estos títulos para que no sea necesaria ninguna modificación de la normativa, y que ya se están impulsando cambios estructurales para obtener el título en un plazo muy breve. También ha trasladado su voluntad de que las ventajas y las bonificaciones sean aplicables desde el primer momento. Por todo ello, se ha puesto en marcha un plan piloto de descentralización en las oficinas del territorio con el objetivo que puedan resolverse los expedientes presencialmente y de forma más ágil con el fin de dar un mejor servicio a las personas.

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