Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic señala vulneraciones de derechos en los autos del Tribunal Supremo que anulan los terceros grados penitenciarios

04/12/2020

Tribunal Supremo

COMUNICADO RELATIVO A LOS AUTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

  • Renunciar a la propia ideología debe considerarse una vulneración de la libertad ideológica, en el sentido que indican tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  • Mantiene que el tribunal sentenciador no es el juez predeterminado por ley para esta cuestión, ya que no está especializado en el control judicial de la ejecución penal 
En el día de hoy se han conocido los autos del Tribunal Supremo, que, ante los recursos presentados por el Ministerio Fiscal, anulan los terceros grados penitenciarios otorgados por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat de Cataluña a las nueve personas condenadas por la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre de 2019. También se deniega la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario "por falta de conexión de un programa de tratamiento de este tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos".

Entre los razonamientos que se conocen para denegar las medidas de ejecución penal a estas personas se encuentran la "falta de arrepentimiento" y que no han cumplido la mitad de la pena de privación de libertad impuesta.

El Síndic de Greuges publicó hace algunas semanas el informe Afectación de derechos en la ejecución penitenciaria de la Sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo. Sobre esta base, y a la vista de las decisiones adoptadas hoy por el Tribunal Supremo, el Síndic considera importante poner de manifiesto las siguientes consideraciones:

1. Juez predeterminado por ley

La decisión de otorgar el tercer grado penitenciario a las nueve personas ha pasado por un proceso técnico (las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios en los que están internadas) y ha sido avalada por dos juzgados de vigilancia penitenciaria diferentes. La existencia de estos órganos jurisdiccionales especializados en el ámbito penitenciario, como órganos especializados que tienen encomendado el control de la legalidad de las decisiones y medidas de la Administración penitenciaria, es una garantía para la ejecución penal de las sentencias. Con la intervención en temas de ejecución penal del tribunal que dictó la sentencia, que puede estar sesgado por este hecho, se desdibuja la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, consistente en un control judicial con un órgano judicial especializado y autónomo, que está en el espíritu de la Ley penitenciaria.

2. Libertad ideológica

En la medida en que se condiciona la situación penitenciaria al reconocimiento del delito, al arrepentimiento y a un programa de tratamiento conectado con el delito, los autos del Tribunal Supremo podrían atentar contra la libertad ideológica de las personas penadas. Estas personas nunca han negado los hechos y han acatado plenamente sus consecuencias penales. Exigir que se acepte el carácter delictivo de estos hechos o que se impongan como tratamiento penitenciario, como condición para obtener un régimen penitenciario determinado, programas dirigidos a cambiar sus ideas y creencias constituiría una vulneración de la libertad ideológica que reconoce el artículo 16.1 de la Constitución y de la libertad de pensamiento del artículo 9.1 del Convenio europeo de derechos humanos. Renunciar a la propia ideología debe considerarse una vulneración de la libertad ideológica, en el sentido que indican tanto el Tribunal Constitucional como el TEDH.

3. Duración de la pena

Ciertamente, la duración de la pena es una de las variables de los artículos 102 RP y 63 LOGP para otorgar o no un tercer grado penitenciario. Ahora bien, en el caso de las nueve personas condenadas, la revocación del tercer grado sobre la base del tiempo de cumplimiento o duración de la pena no tiene razón de ser, y todavía menos que se considere un trato privilegiado con respecto a otras personas condenadas a penas largas de privación de libertad. La praxis penitenciaria en Cataluña, amparada normativamente, no exige que para ser progresado a tercer grado se deba tener la cuarta parte de la condena cumplida, ni mucho menos la mitad, y haber gozado de permisos. La legislación penitenciaria solo exige que la persona privada de libertad tenga un entorno y un historial favorables. Cuando es así, la persona privada de libertad puede ser progresada a tercer grado sin la cuarta parte de la condena cumplida e incluso ser clasificada inicialmente en tercer grado.

4. Unidad de acción inadecuada

El Síndic no consideraba conveniente la aplicación de mecanismos de reinserción en unidad de acción (misma fecha y misma propuesta de mecanismo), puesto que es más habitual a la praxis penitenciaria que diferentes personas privadas de libertad condenadas en un mismo procedimiento sean valoradas por diferentes juntas de tratamiento, con diferentes fechas y propuestas de mecanismos, teniendo en cuenta el principio de individualización científica. Por la misma lógica argumental, los autos dados a conocer hoy por el Tribunal Supremo, aunque sean formalmente separados, tampoco obedecen al principio de individualización científica, puesto que son coincidentes en fecha, argumentos y resultado, y tratan a las nueve personas condenadas en unidad de acción y no de forma realmente individualizada.

Por todo lo anterior, el Síndic reafirma que la progresión a tercer grado que aprobó la Administración penitenciaria catalana era y es ajustada a derecho, y que su aplicación es coherente con la política penitenciaria catalana que promueve dichos mecanismos.

Para su conocimiento, y tal y como se hizo con el informe del 13 de noviembre, este comunicado se enviará al Comité Europeo de Prevención de la Tortura y al Defensor del Pueblo. 

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El Síndic y el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar firman un convenio para garantizar los derechos de las personas en el ámbito local

01/12/2020

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El convenio de colaboración prevé dar la máxima celeridad a la tramitación de las quejas presentadas al Síndic y que afecten a competencias municipales

Establece la elaboración de un informe anual de balance de la actividad realizada y la posibilidad de debatirlo en el Pleno

Este convenio reforzará la presencia de la institución en el territorio para recoger las quejas y consultas de las personas residentes

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, y el alcalde del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, Albert Zanca, han firmado un convenio de colaboración para garantizar la defensa de los derechos de las personas en el ámbito local. 

El convenio, que explicita las competencias del Síndic incluidas en el artículo 58 de la Ley del Síndic, prevé la suscripción de convenios y acuerdos entre la institución y la Administración local, a fin de crear un marco de colaboración y facilitar la comunicación mutua. Establece que la institución debe ofrecer al Ayuntamiento una visión singularizada de supervisión con el envío de un informe anual que recoja la situación de las quejas tramitadas por el Síndic referentes al municipio, la posibilidad de asistir a un pleno municipal para exponer con detalle el informe mencionado y debatir, y dos visitas anuales del equipo itinerante del Servicio de Atención a las Personas del Síndic de Greuges.

El acuerdo también garantiza dar la máxima celeridad a la tramitación de las quejas presentadas al Síndic que afecten a competencias municipales. En este sentido, el Ayuntamiento ha de crear sistemas para divulgar la figura de la institución para que la población del municipio sea conocedora y se puedan habilitar mecanismos para hacer del todo accesible la operativa de este convenio.

Con la firma de este convenio de hoy ya son 41 los convenios de supervisión en funcionamiento. Treinta nuevo son con municipios y 2, de características similares, con consejos comarcales. En esta ocasión, atendiendo a la contexto actual, la firma del convenio ha sido telemática.

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El síndic alerta sobre el fuerte impacto en los niños a causa de la crisis de la pandemia

30/11/2020

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Informe sobre los derechos del niño 2020 (en breve disponible en castellano)

El hecho de no asistir a los centros escolares o a los servicios de intervención socioeducativa incrementa las desigualdades sociales en el acceso al bienestar       

La crisis económica derivada de la pandemia puede introducir obstáculos en la participación de los niños socialmente menos favorecidos en las actividades de ocio       

La brecha ha resultado especialmente discriminatoria para el colectivo de alumnado que por razones socioeconómicas puede tener más problemas de conectividad y de provisión       

La pobreza aumenta el riesgo de sufrir trastornos y patologías de salud mental y al mismo tiempo impide el acceso a recursos complementarios en el ámbito de la salud mental de tipo privado

Se ha incrementado la probabilidad de que se den situaciones de violencia hacia los niños y adolescentes

Este lunes, 30 de noviembre, el síndic, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, M. Jesús Larios, han entregado al presidente del Parlamento, Roger Torrent, el Informe sobre los derechos del niño.

La pandemia de la COVID-19 y la situación de emergencia sanitaria global han tenido un impacto especialmente negativo entre los niños y en el ejercicio efectivo de sus derechos. El derecho a la movilidad, a la educación, a la atención a la salud mental, el desarrollo, entre muchos otros, han quedado condicionados por las decisiones tomadas en orden a la contención de la propagación del virus.

En la gestión de la crisis sanitaria, y en las medidas tomadas, se debe tener en consideración el interés superior del niño y que los niños son un colectivo especialmente vulnerable que está en pleno proceso de desarrollo.

Ante esta situación, el informe anual sobre los derechos de la Infancia del Síndic de este año expone 10 elementos clave sobre las políticas de infancia, partiendo de la situación de carencias estructurales, sobre los que el Síndic ha desplegado actuaciones específicas relacionadas con la situación generada por la crisis actual.

1. LA GESTIÓN ADULTOCÉNTRICA DE LA PANDEMIA

Durante la aplicación del estado de alarma, los niños y los adolescentes quedaron invisibilizados como sujetos de derecho. Sus necesidades y sus derechos no aparecen claramente especificados en los textos normativos que se aprobaron después de que se decretara el estado de alarma.

Es imprescindible promover la participación y la escucha de los niños, tanto en todas las decisiones que les afectan en la vida ordinaria como en situaciones de emergencia.

2. EL INCREMENTO DE LA POBREZA INFANTIL ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

El confinamiento domiciliario y el cierre temporal de los ámbitos de socialización habituales aún han hecho más dependiente el desarrollo de los niños de las oportunidades disponibles en su entorno familiar inmediato. Sin los beneficios sociales derivados de la participación de los centros escolares, los servicios de intervención socioeducativa, etc., las desigualdades sociales en el acceso al bienestar entre los niños que viven en estas condiciones materiales y los niños en una situación socialmente más favorecida son más elevadas.

En los últimos años, el Síndic ya ha destacado que la mejora de la coyuntura macroeconómica vivida en el periodo 2014-2019 no había supuesto una mejora de los indicadores de riesgo de pobreza en Cataluña. De hecho, en el año 2019 la tasa de riesgo de pobreza infantil se sitúa en el 31,1%, la cifra más elevada a lo largo de la última década, mientras que la privación material severa, alrededor del 9% de los niños.

Además, el incremento de la precariedad social en que se encuentran muchas familias tendrá afectaciones concretas sobre la calidad de vida de los niños, no sólo en las condiciones materiales de vida, sino que remite también a condiciones afectivas derivadas de situaciones de inestabilidad y de sufrimiento psicológico familiar crecientes. Por lo anterior, el Síndic pide articular un sistema integrado de prestaciones económicas para combatir la pobreza infantil que garantice la accesibilidad económica a los diferentes servicios sociales y educativos.

3. DEFICIENCIAS EN EL SOPORTE, ACOMPAÑAMIENTO Y CUIDADO DE LOS NIÑOS EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Durante el año 2020, los servicios sociales han tenido numerosas dificultades para ejercer su función de apoyo y acompañamiento a las familias. Las ratios de personal de los equipos básicos de atención social y los equipos especializados de atención a la infancia y la adolescencia no han sido suficientes para atender el incremento de necesidades manifestadas. Es necesario configurar los servicios sociales de atención primaria como servicios esenciales que deben garantizar, en todo momento, los servicios de atención directa de cuidado, acompañamiento y apoyo a las personas. El Síndic también pide valorar que incrementen la provisión y la dotación de prestaciones, programas y servicios de atención directa, así como de servicios terapéuticos para el acompañamiento psicológico de las familias y los niños que han visto deterioradas sus condiciones de vida.

El teletrabajo se ha establecido como una medida de conciliación, pero el Síndic quiere hacer notar que invisibiliza y menosprecia de nuevo las necesidades del niño, por una parte, y la tarea del cuidado de los niños, que es una tarea que requiere atención y dedicación plena por parte del adulto o adultos que lo asumen, por la otra. El Síndic insiste en que hay que prever permisos retribuidos para el cuidado de niños.

4. EL RETO DE LA PRESENCIALIDAD Y LA LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES EN LA ESCUELA

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un gran impacto sobre el ejercicio efectivo del derecho a la educación de los niños, sea porque ha comportado el cierre de centros, sea porque las medidas de prevención interfieren en la actividad docente y en la dinámica ordinaria de los centros. Estos obstáculos suponen un escenario propicio para la reproducción y la amplificación de las desigualdades educativas.

Por lo anterior, el Síndic ya destacó la necesaria presencialidad en el nuevo curso 2020/2021 en su informe Los centros educativos con elevada complejidad ante la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19a pesar de los retos que pueda implicar, especialmente en los centros con alta complejidad. En este apartado el Síndic recomienda convocatorias de ayudas a la escolaridad para el alumnado socialmente desfavorecido, medidas de apoyo a los centros con elevada complejidad y programas de refuerzo escolar y de acompañamiento familiar a través de los planes educativos de entorno y de los servicios de intervención socioeducativa para prevenir el absentismo y la desconexión.

5. LA PARTICIPACIÓN AL OCIO EDUCATIVO EN UN CONTEXTO DE DESIGUALDAD Y DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO

La participación en las actividades de ocio durante el verano se ha reducido en un 34,5%. La crisis económica derivada de la pandemia puede introducir obstáculos a la participación de los niños socialmente menos favorecidos a la hora de participar en actividades que requieren un coste de acceso por parte de las familias, como son las de ocio. Para contrarrestar este hecho, el Síndic pide que se promuevan medidas de accesibilidad económica (ayudas económicas, bonificaciones y exenciones, sistemas de tarificación social, etc.)

6. DESIGUALDADES Y RIESGOS EN EL USO DE LAS TIC PARA LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ANTE EL CONFINAMIENTO

Durante el confinamiento, en el que el seguimiento del curso escolar ha sido telemático, la brecha digital ya existente ha resultado especialmente discriminatoria para el colectivo de alumnado que por razones socioeconómicas puede tener más problemas de conectividad y de provisión de equipamientos adecuados. A pesar del esfuerzo del Departamento de Educación y las administraciones locales todavía hay algunos alumnos sin un dispositivo electrónico para desarrollar la actividad lectiva.

El Síndic también se muestra preocupado por los excesos y las adicciones en el uso de las pantallas y manifiesta la necesidad urgente de establecer medidas de control y supervisión del uso que las empresas que se lucran en el ámbito digital hacen los niños y adolescentes en beneficio propio (tanto de sus datos personales, como de su tiempo y las vulnerabilidades que presentan por razón de edad).

7. SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

El Síndic ha recibido quejas de muchas familias de niños con discapacidad y dependencia reconocidas que ponen de manifiesto la falta casi absoluta de apoyo y de atención por parte de los profesionales y los servicios que habitualmente les atienden. Ante este hecho, el Síndic manifiesta que es preciso reforzar y ampliar el alcance de algunos de los servicios, prestaciones básicas servicios y recursos especializados y adoptar medidas excepcionales de apoyo al domicilio.

8. LA SALUD INTEGRAL DEL NIÑO MÁS ALLÁ DE LA COVID-19

Otro tema que el Síndic ha denunciado han sido las carencias en la atención pediátrica que se sufren desde hace años, lo que afecta la calidad de la atención sanitaria que reciben los niños y adolescentes. En esta línea se deberá estudiar el impacto que habrá tenido la gestión de la pandemia, por ejemplo, en las listas de espera. También pide que se inviertan esfuerzos para poder garantizar la presencialidad del servicio y la aplicación del protocolo de actividades preventivas y de promoción de la salud en la edad pediátrica.

El Síndic también se muestra preocupado por el incremento de los problemas de salud mental infantojuvenil en tiempos de pandemia, ya que, por un lado, la pobreza constituye un factor de vulnerabilidad y aumenta el riesgo de sufrir trastornos y patologías de salud mental y, por otro, impide el acceso a recursos complementarios en el ámbito de la salud mental de tipo privado.

9. LA INCIDENCIA DE LA CRISIS DE LA COVID-19 EN EL SISTEMA PROTECTOR

En Cataluña la acogida familiar se ha convertido en una medida casi subsidiaria respecto de la acogida en centro. El alargamiento de la crisis y situaciones puntuales de contagio en centros obligaron inicialmente a adoptar medidas urgentes para desinternar niños y puede ser una oportunidad para impulsar definitivamente el acogimiento en familia ajena.

En este sentido hay que desarrollar una estrategia de desinstitucionalización de los niños y adolescentes, con el objetivo de que el ingreso en el centro tenga lugar únicamente cuando se considere el recurso más adecuado para el niño; Promover el acogimiento en familia ajena, incluyendo la acogida en unidad convivencial de acción educativa (profesional) y la acogida de urgencia y diagnóstico y adoptar medidas se para prohibir y eliminar el ingreso en el centro de los niños de menos de seis años.

10. LA INVISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE LA COVID

La situación de confinamiento y las diferentes medidas tomadas para contener el avance de la COVID-19 han incrementado la probabilidad de que se den situaciones de violencia hacia los niños y adolescentes, y que la detección, sobre todo en los meses de estricto confinamiento domiciliario y de cierre de escuelas, fuera más baja de lo habitual. De hecho, los datos avalan un descenso en las notificaciones al Registro unificado de maltrato o el número de intervenciones de la UDEPMI.

En este contexto el Síndic solicita que de manera urgente se tomen medidas para priorizar la prevención, detección e intervención inmediata de las situaciones de violencia que se pueden estar produciendo en niños durante la crisis de la COVID-19.

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El Síndic investiga de oficio el uso de la pistola eléctrica para reducir una chica en Sabadell

27/11/2020

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La chica fue reducida con una pistola eléctrica a la entrada de un centro médico

El Síndic quiere conocer si se hizo uso del protocolo de utilización de los dispositivos electrónicos de control de que disponen los Mossos

El Síndic se ha dirigido a la Dirección General de la Policía para pedir información sobre la actuación

El Síndic de Greuges ha tenido conocimiento a través de las redes sociales y los medios de comunicación de los hechos sucedidos el pasado miércoles día 25 de noviembre en Sabadell, en los que unos agentes de los Mossos redujeron con una pistola eléctrica una chica, a la entrada de un centro médico.

Según las informaciones aparecidas, los Mossos recibieron un aviso de los trabajadores del centro que pedían la presencia policial puesto que la chica, quien tenía visita, quería entrar con su madre pero el protocolo por COVID-19 se lo impedía. Dado que no atendía a los requerimientos de los agentes, la acabaron reduciendo con la pistola eléctrica y fue trasladada por el Sistema de Emergencias Médicas a un centro sanitario. Finalmente, la chica terminó detenida, acusada de un presunto delito de atentado contra la autoridad y daños.

El Síndic se ha dirigido a la Dirección General de la Policía para pedirles información sobre las circunstancias que motivaron el desplazamiento de los agentes hasta el lugar de los hechos, los motivos por los que se inmovilizó a la chica y se decidió hacer uso del dispositivo eléctrico, el número de veces que se disparó, si se valoró emplear otras vías alternativas para reconducir la situación, si se pidieron refuerzos a otras unidades y si se ha abierto una investigación interna para evaluar la actuación policial realizada y las conclusiones que se desprenden.

Además, el Síndic solicita conocer si se hizo uso del protocolo de utilización de los dispositivos electrónicos de control de que disponen los Mossos.

El Síndic recuerda que en el año 2016 recomendó la suspensión del uso de las pistolas eléctricas hasta que el Parlamento hubiera debatido el modelo de seguridad de Cata lunya y el uso de estas.

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La Mesa de Emergencia Social expone a los representantes políticos un documento de propuestas para hacer frente a la crisis derivada de la COVID-19

26/11/2020

Taula Emergència Social

Las entidades sociales han dado cobertura, en el ámbito de sus actuaciones, a las necesidades más básicas de las personas vulnerables de forma más intensa durante la pandemia

El documento recoge propuestas y recomendaciones que afectan sobretodo a los ámbitos de servicios sociales, residencias, vivivenda, educación y ocupación

El Síndic ha abierto una actuación de oficio para hacer el seguimiento de las peticiones y medidas adoptadas

El síndic, Rafael Ribó, ha convocado esta mañana la Mesa de Emergencia Social, formada por representantes de las entidades sociales Mesa del Tercer Sector, DINCAT, Cáritas Cataluña, Cruz Roja, Amigos de los Mayores, Banco de Alimentos, Comunidad de Sant'Egidio y Fundesplai, para entregar a las administraciones el documento de propuestas y recomendaciones para hacer frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia de la COVID-19.

A la reunión ha asistido el vicepresidente del Gobierno en funciones de presidente, la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, el consejero de Educación, el consejero de Empresa y Conocimiento, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y los presidentes de las diputaciones Girona, Lleida y Tarragona.

La Mesa se constituyó el pasado 11 de junio con la voluntad de abordar la urgencia asistencial y la detección de necesidades y prioridades para formular las recomendaciones de cambio y mejora a las administraciones afectadas y al Parlamento en el marco del contexto actual de la pandemia de la COVID-19. El 30 de junio se presentó una declaración que pretendía fijar las bases sobre las que deberían girar el conjunto de medidas que deberían implementarse para hacer frente a la situación sanitaria, social y económica, que se ha visto muy agravada por la pandemia.

Al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y a las administraciones locales les recuerda que la cooperación y la coordinación interadministrativa son indispensables para la atención de las necesidades sociales derivadas de la situación de emergencia social. También les pide asegurar que todas las personas tengan las necesidades básicas cubiertas, especialmente en el ámbito de la alimentación, la vivienda y los suministros básicos, y les recuerda que se debe garantizar de forma urgente e inmediata el acceso de las personas a rentas para cubrir las necesidades básicas previstas por el IMV y el RGC. Asimismo manifiesta que los servicios sociales son un servicio esencial y se debe garantizar de manera presencial, dada la dificultad añadida que supone para algunos colectivos vulnerables el acceso a las prestaciones y los servicios con atención telemática. Además, hay que dotarlos de los recursos necesarios para garantizar su correcto y pleno funcionamiento.

En cuanto a los niños, la Mesa recomienda aumentar los recursos de ocio educativo para los colectivos más vulnerables y mejorar el sistema de protección social, para prevenir y proteger niños en riesgo de desprotección y maltrato.

En cuanto a las prestaciones sociales, la Mesa destaca la necesidad de ampliar la cobertura para incluir las situaciones de los jóvenes entre los 18 y 22 años, las personas con situación administrativa irregular y las personas sin hogar no institucionalizadas. También valora la necesidad de impulsar la ley del Tercer Sector Social y unas líneas de ayudas y/o fórmulas de compensación al sector en relación con los sobrecostes derivados de la pandemia.

Las personas mayores, uno de los colectivos más afectados por la pandemia, han sufrido una discriminación directa e indirecta. En este sentido, se pide reforzar los servicios de acompañamiento y atención a domicilio para evitar la soledad y el distanciamiento social no deseados y avanzar en un modelo de atención y cuidado de las personas mayores basado en la escucha y el respeto de la voluntad y en el que la institucionalización sea una opción residual y en todo caso deseada.

En el ámbito de las residencias, la Mesa hace hincapié en que es necesario reforzar la coordinación entre los servicios sanitarios de base y los servicios residenciales de las personas con discapacidad y establecer protocolos y emergencias adaptados a las necesidades del colectivo, fortalecer la conexión entre el Departamento de Salud y las residencias, y favorecer la relación de las personas internas en centros residenciales o aisladas en el domicilio con el exterior.

En relación con la vivienda, la Mesa pide al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de regular el precio del alquiler y establecer medidas de incremento del parque de vivienda social a través de un nuevo plan nacional de la vivienda en Cataluña. En la misma línea, resalta que es necesario garantizar que todos los desahucios dispongan de una orden judicial expresa.

En cuanto a la educación, la Mesa manifiesta que es preciso mejorar la inversión en educación para resolver las desigualdades existentes y que, ante la posibilidad de que se requiera seguir con la formación a distancia, se vele por la equidad entre el alumnado.

La Mesa también ha hecho hincapié en la necesidad de promover ayudas para el mantenimiento del empleo en la pequeña y mediana empresa a fin de evitar el desempleo, medidas de apoyo para el colectivo de autónomos, y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, como un permiso retribuido cuando se deba tener cuidado de una persona dependiente o niño a cargo y éste no pueda asistir al centro o una mayor flexibilidad horaria.

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