Notas de prensa

Casi todos los municipios de Cataluña pueden tener amianto y las dificultades para retirarlo son considerables

29/07/2024

La presencia de amianto en nuestro entorno es un grave problema laboral, ambiental y de salud pública. Muy utilizado en la industria de la construcción entre los años 1960 y 1980, el amianto es un material que se deteriora con los años y, con el paso del tiempo, se incrementa el riesgo de que desprenda fibras peligrosas, muy perjudiciales para la salud.

Aunque se prohibió su uso en 2002, Cataluña tiene todavía una gran presencia de amianto en su territorio: cubiertas de edificaciones, depósitos de agua, tuberías... De hecho, en abril de 2024 la Generalitat hizo público el primer censo de cubiertas de fibrocemento, según el cual casi todos los municipios de Cataluña (945 de 947) tienen cubiertas de este tipo, con probable contenido de amianto.

La Unión Europea adoptó el compromiso de retirar al amianto de los edificios públicos antes de 2028 y, del resto, antes de finales del año 2032. Sin embargo, una de las conclusiones del informe que hoy presentamos es que actualmente no existe un marco jurídico claro que facilite ese objetivo. En el ámbito estatal solo existe la disposición adicional 14 de de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que traslada a los ayuntamientos la obligación de elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, y un calendario de retirada. En Cataluña se está haciendo un esfuerzo importante para conseguir el objetivo marcado y se ha elaborado un proyecto de ley pendiente de aprobación.

Nuestro informe emplaza a seguir trabajando para tener un marco normativo legislativo claro y exhaustivo, más allá de la disposición adicional mencionada. También se insta al gobierno que debe constituirse que la retirada del amianto sea una prioridad y que se avance en su regulación normativa en el Parlamento.

La disposición adicional 14 de la Ley 7/2022 daba de plazo a los ayuntamientos hasta abril de 2023 para finalizar la identificación y calendarización de la retirada del amianto. Sin embargo, hoy por hoy solo 259 municipios (el 27 % del total) disponen de este censo, y de estos, solo 27 (2,9 % del total) tienen fijado un calendario de retirada. Los ayuntamientos alegan dificultades para cumplir con esta obligación, dado que la ley no les ha dotado de recursos, ni técnicos ni materiales ni económicos. Por ello, la institución apela a la cooperación entre las administraciones, de modo que los entes supramunicipales apoyen activamente a los entes locales, especialmente a los más pequeños, en esta labor de identificación y retirada.

Nuestro informe revela asimismo que la normativa existente está centrada en las previsiones de seguridad y salud laboral cuando se manipula o retira el amianto. Este planteamiento es correcto, pero no es suficiente: es preciso ampliar la perspectiva a la protección del medio ambiente y la salud pública de las personas que están expuestas a este contaminante. Esto adquiere una especial relevancia si tenemos en cuenta que la mayoría del amianto de nuestro país ha agotado su vida útil y, en consecuencia, debería ser retirado.

En cuanto a los planes de retirada, la institución pide valorar de forma muy exigente el uso de técnicas alternativas a la retirada definitiva, sobre todo porque supone aplazar la solución del problema y trasladarla a las generaciones futuras, lo que perpetuaría el peligro por exposición. También señala la necesidad de priorizar su eliminación en los emplazamientos en los que pasan más tiempo colectivos vulnerables –niños y adolescentes, por ejemplo–, como escuelas, polideportivos, parques u otros espacios con gran concurrencia pública. 

Además, mientras no se haga efectiva su retirada total, el informe recomienda que se hagan pruebas –más allá de las inspecciones visuales– para confirmar que el material no requiere una intervención inmediata. En este sentido, recuerda que el amianto también está presente en las redes de suministro de agua.

Por último, considerando que buena parte del amianto se encuentra en propiedades privadas, el informe señala que es imprescindible contar con la colaboración ciudadana para conseguir erradicar este contaminante. Por ello, pide a las administraciones que convoquen ayudas para la retirada del amianto que proporcionen información clara y completa (tanto a la ciudadanía como a los ayuntamientos) y que se aseguren que las ayudas se conceden y se pagan de manera ágil y puntual.

• Infografía (en catalán)
• Acceso al informe en versión pdf

Interior modifica el protocolo de las ruedas de reconocimiento a instancia del Síndic

17/07/2024

El Departamento de Interior ha comunicado a la institución que ha modificado los protocolos referentes a las ruedas de reconocimiento para incorporar las recomendaciones de la síndica.

En mayo de 2022, la institución tuvo conocimiento de que dos jóvenes –uno menor de edad y el otro de dieciocho años– fueron abordados por los Mossos d'Esquadra cuando se dirigían a sus centros educativos. Los eligieron por su perfil racial con el objetivo de hacerles participar como figurantes en una rueda de reconocimiento.

Ante estos hechos, la institución quiso examinar el procedimiento que se sigue cuando una autoridad judicial necesita figurantes para las ruedas de reconocimiento, y abrió dos actuaciones de oficio: una para evaluar el protocolo en general; y la otra para estudiar cómo se actúa cuando es necesario contar con menores de edad para las ruedas de reconocimiento.

A raíz de la información recibida, la síndica concluyó que el Departamento de Interior debía revisar el procedimiento para ofrecer mayores garantías jurídicas, minimizar perjuicios a la ciudadanía y evitar efectos discriminatorios.

Si bien es cierto que participar y comparecer como figurante en una rueda de reconocimiento es una obligación legal, la mayoría de personas no lo saben y pueden tener dudas y inquietudes cuando la policía les detiene en la vía pública para pedirles que participen en una rueda, sobre todo si no se les avisa con antelación. Esta situación es especialmente confusa cuando se trata de adolescentes o de personas de origen migrante, y puede tener un impacto personal que hay que evitar.

En respuesta a las recomendaciones hechas por la síndica, el Departamento de Interior ha modificado la actuación de los Mossos d'Esquadra y ha elaborado el documento "Notificación de citación para diligencia policial de reconocimiento en rueda", que recoge de forma clara los derechos y deberes de los participantes en las ruedas de reconocimiento y que está disponible en varias lenguas. Si se solicita a una persona que participe en una rueda, debe tener copia de este documento.

La resolución de la síndica destacaba que el abordaje de personas en la vía pública debe tener siempre un carácter excepcional y deben priorizarse otras formas de participación, con menos afectaciones. En cuanto a este punto, Interior ha respondido que, antes de buscar figurantes en la vía pública, promoverán la participación de miembros de asociaciones o voluntarios que se encuentren ya en sus sedes judiciales. 

En el caso de los adolescentes menores de edad, además, la síndica considera que es imprescindible que el cuerpo policial les informe de la situación y solicite la autorización previa de familias o tutores para que los menores puedan participar en estas ruedas. Así podrán tener información clara y las familias podrán acompañar a sus hijos si lo desean. Además, teniendo en cuenta el carácter excepcional de la citación de menores, se intentará citar a personas que ya se encuentren en dependencias de la Fiscalía de menores.

La síndica se muestra satisfecha con los cambios conseguidos y se compromete a realizar un seguimiento de la implementación de este documento y de los compromisos adquiridos.

Síndica: “Se hizo un diagnóstico equivocado del interno de Mas d’Enric, teniendo en cuenta su perfil”

05/07/2024

El pasado mes de marzo un interno del Centro Penitenciario Mas d'Enric, que realizaba funciones de auxiliar de cocina, mató con un cuchillo a Núria, una cocinera del centro, y a continuación se suicidó.

En señal de protesta e indignación, numerosos trabajadores penitenciarios protagonizaron bloqueos en los accesos a los centros penitenciarios de Cataluña que provocaron afectaciones al funcionamiento habitual de los centros. Ante estos hechos, organizaciones sociales de protección de derechos humanos, abogados y familiares de personas privadas de libertad se dirigieron a la institución del Síndic de Greuges para denunciar las afectaciones que sufrían los internos como consecuencia de este bloqueo.

La institución ha estudiado ambos temas y hoy ha emitido su resolución.

En el caso de la muerte de la cocinera, la síndica alerta de una actitud laxa por parte del Departamento de Justicia en relación con el retorno del autor de los hechos a su puesto de trabajo, tal y como demuestran los siguientes hechos:

En primer lugar, el autor de la muerte de la cocinera estaba pendiente de cumplir una sanción disciplinaria por un puñetazo que propició a un compañero de módulo, consistente en once días de aislamiento en una celda.

En segundo lugar, esta agresión supuso inicialmente la extinción de la relación laboral del interno con la cocina del centro, pero la Junta de Tratamiento consideró la falta cometida como un hecho aislado y le permitió reincorporarse al puesto de trabajo sin pasar por una lista de espera como se hace habitualmente.

En tercer lugar, a pesar de que no se podía saber que el interno cometería un nuevo delito, su perfil y su falta de voluntad para adherirse a los tratamientos propuestos relacionados con el delito cometido anteriormente (había sido condenado por haber matado a otra mujer) deberían haber puesto en alerta a la Administración, que debería haber emprendido acciones para minimizar los riesgos dentro del centro.

Como criterio general, la síndica considera que cuando se hace la valoración para que un interno acceda a un puesto de trabajo, la Administración debería tener en cuenta todas las variables que tienen que ver con la evolución del tratamiento, el delito por el que cumple condena, los resultados del RisCanvi y los incidentes violentos que haya protagonizado.

En cuanto a las afectaciones por los bloqueos en los centros penitenciarios, la institución concluye que efectivamente más de 4.000 internos vivieron un confinamiento forzoso que afectó su rutina diaria y sus derechos y libertades fundamentales, incluidos el derecho de defensa y el derecho a comunicar con sus familias. Sin embargo, la síndica quiere poner en valor que, en este caso, la Administración respondió con todos los medios que tenía a su alcance para abordar la situación, buscando el diálogo con los colectivos que ejercían la protesta, y para minimizar las afectaciones a los internos.

• Resolución bloqueo centros penitenciarios (en catalán)
• Resolución muerte cocinera Mas Enric (en catalán)

Necesitamos revisar urgentemente el sistema tributario: no siempre es justo, igualitario y equitativo

05/07/2024

Las actuaciones en materia de tributos han sido una constante a lo largo de los años en el Síndic de Greuges. En 2023, por ejemplo, se tramitaron 1.000 expedientes de queja sobre esta materia, relacionados con la tecnicidad y rigidez del sistema actual.

A raíz del estudio de estas quejas, la institución ha podido detectar carencias y debilidades en el sistema, en las disposiciones normativas y en la actuación de la Administración, que hacen que se aleje de un sistema fiscal justo y garantista con los derechos y que no esté al servicio de las personas.

En primer lugar, la institución denuncia que a menudo las administraciones aplican los tributos de forma muy rígida, atendiendo solo a la literalidad del precepto y desatendiendo el espíritu de la norma. Esta asimetría en la relación entre la Administración y la ciudadanía genera indefensión, desconfianza y frustración.

En varios casos, los contribuyentes han tenido la voluntad de pagar, pero no pueden hacerlo con las condiciones establecidas, y la Administración no busca alternativas que resultarían favorables para ambas partes. También se hace evidente que muchos ciudadanos pierden el derecho a acogerse a beneficios fiscales porque la Administración les condiciona a que los soliciten de una forma muy concreta y en un plazo muy breve de tiempo, sin ni siquiera informarles adecuadamente, aunque podría aplicarlos de oficio. Es el caso, por ejemplo, de la bonificación del 95 % de la plusvalía municipal en las transmisiones del domicilio habitual por herencia, que deben solicitarse expresamente en un plazo corto de tiempo, aunque se hayan hecho todos los trámites anteriormente con un notario.

En segundo lugar, también se ha constatado que el sistema tributario actual no garantiza suficientemente que las personas dispongan de los medios económicos indispensables para mantener una vida digna. A modo de ejemplo, el Síndic debe intervenir en muchas ocasiones porque la Administración embarga la renta garantizada de ciudadanía. Pese a que la ley declara como inembargables algunos bienes y derechos, la previsión es insuficiente, por lo que en muchas de las quejas recibidas ante procesos de recaudación ejecutiva el embargo ha llevado las personas a una situación de vulnerabilidad que no tenían. Tampoco existen medidas de protección a los deudores tributarios y de segunda oportunidad, que les permitan superar las deudas con la Administración. Así, por ejemplo, la institución ha recibido numerosas quejas de personas que todavía arrastran deudas tributarias fruto de la crisis económica del 2008 y de la Covid, que les impiden rehacer su vida.

En tercer lugar, la síndica denuncia que el reparto de la carga tributaria no es suficientemente justo y equitativo, dado que la mayor parte de los ingresos son soportados por las personas físicas que obtienen rentas del trabajo, y las rentas bajas y medias acumulan una elevada presión fiscal. En este sentido, las familias aportan más del 80 % de la recaudación total, mientras que las grandes empresas, menos del 5 %.

También se vulnera el derecho a contribuir de acuerdo con la capacidad económica, que es el pilar fundamental de un sistema justo, igualitario y equitativo. De hecho, las rentas de las personas físicas tributan a un tipo de gravamen progresivo de hasta 300.000 euros. Más allá de esta renta, se aplica un tipo marginal fijo, de modo que las rentas más altas eluden la progresividad de la tarifa según su capacidad económica. En cuanto al beneficio de las empresas, aunque el tipo de gravamen general es del 25 %, el tipo efectivo se sitúa en torno al 15 %. Esta diferencia es más amplia en las grandes empresas, donde vemos un tipo medio del 3,5 % frente al 17 % de grupos no consolidados y pymes.

Por el contrario, se someten a tributación ayudas y prestaciones otorgadas para atender necesidades básicas o de carácter social. En este punto, la institución denuncia que ha tramitado casos en los que, por razón de la fiscalidad asociada a una prestación de atención social a las personas con discapacidad (PUA), las personas acaban teniendo un resultado económico final más desfavorable que si no la hubiesen percibido.

También se han tramitado casos en los que la obligación de pago de un tributo recae en personas en situación de vulnerabilidad que es evidente que no pueden asumir. Esto les genera una deuda tributaria que, al mismo tiempo, les impide acceder a nuevas ayudas o prestaciones. En este sentido, hemos recibido quejas, por ejemplo, de niños que no pueden acceder a ayudas para la escolarización o para la participación en actividades de ocio por la existencia de deudas tributarias de sus progenitores.

También se constata un incremento de impuestos indirectos, que están desvinculados de la capacidad económica y que, por tanto, hacen que el sistema fiscal sea cada vez más regresivo y con menos capacidad de distribuir la riqueza.

En el ámbito local, la síndica denuncia que las tasas municipales no suelen prever sistemas de tarificación social, por lo que los ciudadanos que no pueden pagar quedan excluidos del acceso a los bienes y servicios públicos básicos.

A partir de ahí, la institución hace una serie de recomendaciones, con la voluntad de conseguir una Administración tributaria centrada en el contribuyente:

• Aprobar medidas de política fiscal, beneficios e incentivos fiscales para proteger y ayudar a las personas y colectivos vulnerables. 

• Adoptar medidas legislativas de segunda oportunidad y fijar límites de inembargabilidad, universales y generales. 

• Promover una administración tributaria más humana, amable y empática. 

• Garantizar una información y una comunicación tributaria claras, amplias, transparentes y comprensibles, además de una asistencia a la ciudadanía de calidad y eficaz. 

• Garantizar que la Administración tributaria trabaje de la forma menos perjudicial, con proporcionalidad, evitando la lesión de derechos, perjuicios gratuitos y costes innecesarios, habilitando mecanismos de reparación inmediata en caso de daños. 

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, valorando las circunstancias personales y económicas para adoptar la solución idónea y más eficaz. 

• Elaborar códigos de buenas prácticas administrativas tanto en la ordenación y aplicación de los tributos como en las relaciones con los contribuyentes para hacer plenamente efectivo el ejercicio de los derechos y garantizar un sistema fiscal justo.

La síndica pide información a los ayuntamientos sobre los protocolos de actuación ante el riesgo de suicidio por desahucios

02/07/2024

La institución ha abierto una actuación de oficio a raíz de la noticia del suicidio de dos hermanas horas antes de ser desahuciadas de su vivienda, en la calle Navas de Tolosa de Barcelona.

De acuerdo con la información publicada, el juzgado competente comunicó a los servicios sociales municipales la situación de desahucio y estos intentaron, sin éxito, contactar con las personas afectadas.

La síndica se ha dirigido al Comisionado de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona para conocer las actuaciones concretas que se llevaron a cabo para contactar con las hermanas y garantizarles un acompañamiento social y la cobertura de sus necesidades básicas.

Las situaciones de pérdida de vivienda o el riesgo de sufrirlas tienen claras consecuencias en la salud física y psíquica de las personas. Desde principios de año, ya son cinco las personas que se han quitado la vida en Cataluña frente a la amenaza de la pérdida de la vivienda. La última, el pasado mes de marzo en Sabadell. La institución defiende que los ayuntamientos deberían disponer de un protocolo de prevención de suicidios en situaciones de pérdida o riesgo de pérdida de la vivienda habitual. En este contexto, la Síndica quiere saber si el Ayuntamiento de Barcelona dispone de este protocolo y, en caso contrario, si tiene previsto elaborarlo.

También se pedirá información a los principales ayuntamientos de Cataluña (Lleida, Tarragona, Girona, Reus, Badalona, ​​Sabadell, Terrassa, Cornellà, Mataró, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs) para conocer sus protocolos, el vínculo y la coordinación con los agentes de salud pública del territorio y la formación que han recibido estos agentes para detectar situaciones de riesgo de suicidio ante la inminencia de desahucios.