Actualidad: noticias y notas de prensa

''El trabajo penitenciario es la gran asignatura pendiente''

27/02/2024

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El trabajo es una herramienta imprescindible para la reinserción social

La modalidad de trabajo en el exterior es un modelo de éxito

Los salarios actuales de los internos son insuficientes para contribuir a la economía familiar

La síndica está preocupada por el incremento de las contenciones mecánicas

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, han entregado a presidenta del Parlamento, Anna Erra, el Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura correspondiente al año 2023.

Este informe, que recoge la actividad llevada a cabo por el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT), es el decimotercero que se entrega al Parlamento.

Durante 2023 se visitaron 29 centros con personas privadas de libertad o institucionalizadas. La mayor parte de las visitas (18) corresponden a comisarías de policía, tanto de Mossos d'Esquadra (6) como, sobre todo, de policías locales (12). También se visitaron 7 centros penitenciarios, varios centros de internamiento de menores y otros centros residenciales y sociosanitarios. Como cada año, el informe contiene las fichas de todas las visitas, donde se recogen las principales observaciones y conclusiones que ha llevado a cabo el Equipo de Trabajo del MCPT para cada centro visitado, así como las recomendaciones realizadas.

El trabajo en los centros penitenciarios

El informe incluye un estudio monográfico sobre el trabajo productivo en el ámbito penitenciario, que es el resultado de las visitas que llevó a cabo el Equipo de Trabajo a los siete centros penitenciarios, de la documentación proporcionada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima y de las reuniones mantenidas con representantes del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE).

La síndica considera que el trabajo es una herramienta fundamental para la reinserción y, en consecuencia, solicita que se impulse. Los datos demuestran que  la ocupación está generalizada en todos los centros penitenciarios catalanes  y que las condiciones laborales son adecuadas: sobre la población reclusa que está en condiciones de trabajar, lo hacen el 79 % de las mujeres y el 60 % de los hombres. Esto representa solo el 44 % del total de la población masculina y el 40 % de la población femenina del sistema penitenciario catalán. Además, en muchos centros hay lista de espera para acceder a los talleres, porque la oferta de puestos de trabajo no es suficiente. Además, la mayoría de trabajos que se llevan a cabo son poco cualificados, y los trabajadores son fácilmente reemplazables por máquinas. En consecuencia, cada vez resulta más complicado conseguir nuevos contratos.

Ante esto, la síndica defiende que es necesario adaptar el empleo de la población reclusa a las nuevas demandas del mercado laboral. Así, propone complementar la oferta actual con trabajos más calificados y en la modalidad de trabajo en el exterior del centro, en ámbitos donde se necesite mano de obra, como la limpieza de bosques, el trabajo en el campo, etc. Y pone como modelo de éxito el taller exterior de Raïmat, donde los reclusos salen cada día para realizar trabajos industriales.

En cuanto a los salarios, el informe concluye que son bajos y no tienen como referencia el salario mínimo interprofesional (SMI). Se observa, por ejemplo, que la retribución por hora cotizada media es de 3,68 euros, muy por debajo del SMI, que es de 7,88 euros. Y los importes mensuales resultantes son claramente insuficientes para que los internos puedan responsabilizarse de sus cargas familiares, tal y como prevé la Ley orgánica general penitenciaria.

En la misma línea, la síndica pide que se pague siempre por hora y no por producto hecho, tal y como ya hacen los centros penitenciarios de Mujeres y Jóvenes y el taller exterior Raïmat.

En cuanto a los derechos laborales, el informe manifiesta que, dado que los internos no disponen de canales legales para la sindicación laboral, sería conveniente establecer un sistema de representación para que puedan participar en la organización y planificación del trabajo y puedan trasladar sus inquietudes.

Por último, el informe constata que las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a los talleres productivos (solo el 15 % trabajan en estos talleres), ya sea por la propia estructura arquitectónica del centro (como en el caso del Centro Penitenciario Mujeres, donde no pueden acceder los camiones), ya sea porque en ocasiones los talleres se ubican dentro de los módulos de hombres, lo que les impide acceder a ellos.

Seguimiento de recomendaciones anteriores

Las contenciones mecánicas

Finalmente, el informe incluye un apartado que recoge las principales recomendaciones que se emiten este año, y también hace un seguimiento de algunas de las recomendaciones formuladas por el MCPT en años anteriores.

A pesar de las recomendaciones reiteradas del Síndic de Greuges de que los medios coercitivos solo deben aplicarse cuando no haya otra medida menos lesiva, en el último año ha habido un incremento importante en el número de contenciones mecánicas respecto al año anterior: han pasado de 586 a 960, el número más elevado de los últimos cuatro años. La mayoría (631) se han llevado a cabo por motivos regimentales, no médicos. Por tanto, no se cumple el objetivo de reducir su aplicación hasta llegar a las cero contenciones mecánicas. En este contexto, la síndica recuerda que los medios coercitivos deben aplicarse solo cuando no haya otra medida menos lesiva.

Otras recomendaciones

También se constata que el perfil de mujeres que ingresan en prisión es de personas que cumplen condenas muy cortas y que presentan un estado de salud muy deteriorado. Ante estos casos, la síndica quiere poner de manifiesto los efectos negativos de estas condenas y la escasa eficacia desde el punto de vista de la reinserción.

En el ámbito del aislamiento, se pone nuevamente de relieve que algunos departamentos especiales de régimen cerrado están al límite de su ocupación y, aunque no hay indicadores de conflictividad, se insiste en que habría que vaciarlos para poder llevar a cabo una gestión óptima de los mismos, entendiendo que es necesario abordar las causas de este incremento y adoptar medidas.

En cuanto a los centros educativos de justicia juvenil, se sigue recordando que es necesario crear centros más reducidos, ya que son más efectivos para asegurar la atención individualizada de adolescentes y jóvenes.

En relación con los niños y adolescentes ingresados en centros residenciales de acción educativa, se constata que hay muchos y que permanecen mucho tiempo en el centro. Por ello, la síndica recuerda el enorme impacto que tiene el paso del tiempo en la vida de los niños, y la necesidad de adoptar medidas para evitar que las estancias se alarguen, con el fin último de garantizar a estos niños un entorno familiar.

En cuanto a la relación de los niños con sus progenitores cuando estos están internos en centros penitenciarios, se constata que, aunque se ha avanzado en el objetivo de generar una atmósfera más acogedora para los niños, todavía es necesario trabajar más e invertir esfuerzos para adecuar los espacios con el fin de reducir el impacto que supone para los niños el encarcelamiento de un familiar.

Por último, la síndica ha querido poner en valor el trabajo del MCPT, como herramienta de supervisión del trato y las condiciones de detención y estancia de las personas privadas de libertad. Por ello, insistió en que la transparencia y el control independiente de la Administración pública forman parte de cualquier sistema que esté basado en los principios de la democracia y el estado de derecho. Por tanto, defiende que cualquier estado preocupado por asegurar que se respeten los derechos humanos debe disponer de un mecanismo de prevención de la tortura.

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El Síndic de Greuges da un paso más en la defensa de la mediación

19/02/2024

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La síndica firma un convenio de colaboración con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con la presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España (GEMME), Carme Guil.

El GEMME es una asociación de jueces, magistrados y otros profesionales del ámbito jurídico y de la mediación cuyo objetivo principal es el impulso de los métodos alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación, en el ámbito de los tribunales.

El convenio recoge el compromiso de ambas instituciones de trabajar para concienciar al sector público sobre cómo el paradigma restaurativo es una fórmula idónea para gestionar conflictos y resolver las quejas de personas que hayan visto vulnerados sus derechos por las administraciones.

En este contexto, ambas partes se comprometen a llevar a cabo acciones de formación sobre mediación, y a impulsar la investigación sobre cómo implementar la mediación pública y el paradigma restaurativo a la hora de abordar los conflictos surgidos entre personas y Administración.

Este convenio se enmarca en el compromiso de la síndica, que defiende que los conflictos que llegan a la institución deben poder resolverse desde el acuerdo y el pacto, y no desde la imposición. También ha manifestado la necesidad de desjudicializar los conflictos, muchos de los cuales podrían resolverse mediante soluciones pactadas.

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La síndica recuerda la obligación de los agentes de los Mossos d'Esquadra de ir correctamente identificados

09/02/2024

foto (c) gencat

Entidades defensoras de los derechos humanos denuncian una cierta relajación en el cumplimiento de esta obligación

La síndica defiende que la identificación es un sistema de garantía para los ciudadanos, pero también para la propia policía

Cuatro asociaciones de defensa de los derechos humanos (Amnistia Internacional, Som Defensores, Novact y Irídia) se han dirigido a la institución para exponer su preocupación ante un supuesto relajamiento de las obligaciones de identificación de los agentes de los Mossos d'Esquadra cuando llevan a cabo funciones de orden público.

En concreto, las asociaciones denuncian que, en al menos ocho ocasiones desde septiembre de 2023, en el transcurso de movilizaciones sociales, una parte importante de los agentes no iban correctamente identificados con su correspondiente número de operativo policial (NOP) en la parte posterior del chaleco.

La obligatoriedad de llevar el NOP en la parte posterior está vigente desde 2013, y se han ido haciendo avances significativos: en la actualidad se prevé que el código NOP debe ser visible en 360 grados, es decir, que debe estar situado en la parte delantera, trasera y en el lateral del uniforme.

La identificación visible de los miembros de los cuerpos policiales lleva tiempo defendiéndose desde la institución del Síndic de Greuges, ya que es un sistema de garantía tanto para la ciudadanía como para los agentes. En los casos en los que las funciones de orden público supongan tener que hacer uso de la fuerza, la identificación correcta de los agentes permite poder depurar responsabilidades en caso de mala praxis y no dejar causas impunes por falta de identificación. Asimismo, también puede ser una garantía para los propios agentes ante posibles denuncias falsas.

Para estudiar a fondo las denuncias de estas cuatro entidades, la síndica se ha dirigido a la Dirección General de la Policía y ha pedido información sobre los motivos por los que los agentes no iban correctamente identificados durante las movilizaciones sociales a las que se referían las entidades. También ha recordado la normativa aplicable y ha pedido que se adopten las medidas oportunas para respetarla.

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''Es imprescindible romper el círculo de la vulnerabilidad para garantizar los derechos de los niños''

05/02/2024

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Alrededor de 400.000 niños catalanes se encuentran en situación de vulnerabilidad

La síndica propone trece acciones transformadoras para mejorar los déficits de las políticas públicas de infancia

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, han presentado esta mañana el Informe sobre los derechos del niño del 2023 a la presidenta del Parlamento, Anna Erra. 

Este informe da cumplimiento a la previsión establecida en la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, de elaborar anualmente un informe específico sobre la situación de la infancia en Cataluña­. Este año se proponen trece acciones transformadoras para romper el círculo de la vulnerabilidad e incorporar a la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil en Cataluña, que fue aprobada por el Gobierno el pasado mes de octubre.

Alrededor de 400.000 niños se encuentran en situación de vulnerabilidad, con limitaciones en sus oportunidades de desarrollo, lo que les hace merecedores de una atención prioritaria

El informe analiza la evolución de los principales indicadores de vulnerabilidad y se constata su mejora en algunos: se han reducido el abandono escolar prematuro y los problemas de salud mental. Sin embargo, el informe pone el foco en el 30 % de niños que todavía se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el informe parte de la concepción de que la vulnerabilidad supone una limitación en las oportunidades de desarrollo de niños y adolescentes, más allá de la ausencia de recursos económicos. Esta vulnerabilidad es especialmente elevada en determinados colectivos, como los niños en situación de pobreza, los niños migrantes, los niños en situación de riesgo o desamparo, los niños con discapacidad y los niños con problemas de salud mental, especialmente los adolescentes. La situación de estos niños se ve agravada por las desigualdades sociales, que impactan en cada caso en los ámbitos específicos que les afectan: salud mental, dificultades en el aprendizaje, acceso a la educación y el ocio, abuso de los dispositivos electrónicos...

Así, por ejemplo, los niños entre cero y tres años de nacionalidad extranjera tienen una menor escolarización (14,9 %) que los niños de nacionalidad española (52,4 %). Además, los niños socialmente desfavorecidos tienen un menor rendimiento en las pruebas de competencias (48,2 %) que los niños socialmente favorecidos (10,5 %), tienen más problemas de salud mental (16,2 % frente a 9,7 %), acceden menos al ocio (solo el 26,8 % de los niños socialmente desfavorecidos participan en actividades no deportivas, contra el 54,9 % de los niños socialmente favorecidos) o hacen un uso más abusivo de la tecnología (el 52 % pasan más de dos horas diarias en las pantallas contra el 37% de los niños socialmente favorecidos).

A pesar de la atención prioritaria que requieren, las actuales políticas de infancia tienen dificultades para dar respuesta a esta realidad, por tres motivos principales: déficits de focalización, déficits de cobertura y déficits de consistencia.

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La síndica investiga posibles irregularidades en el examen del proceso de estabilización del cuerpo de ingenieros técnicos forestales

16/01/2024

foto (c) gencat

Según un medio de comunicación, los aspirantes pueden haber accedido al examen antes de la prueba

La síndica pide que se suspenda el proceso de adjudicación de las plazas mientras no se cierre la investigación interna

La institución del Síndic ha tenido conocimiento, a través de un medio de comunicación, de presuntas irregularidades en un examen de oposición del cuerpo de ingenieros técnicos forestales. Parece que el examen en cuestión formaba parte del proceso de estabilización de interinos, que ya sufrió incidencias que obligaron a la Generalitat a repetir las pruebas porque los principios de igualdad, mérito y capacidad habían quedado en entredicho.

En el caso concreto del cuerpo de ingenieros técnicos forestales, según se ha publicado, cabe la posibilidad de que los interinos aspirantes a las cinco plazas convocadas accedieran al modelo de examen, con las preguntas y respuestas, antes de que se hiciera la prueba. Al parecer, el tribunal calificador lo tenía colgado en una carpeta abierta de la aplicación Teams, que utilizaban como herramienta de trabajo.

De acuerdo con la noticia, varios aspirantes denunciaron los hechos a los sindicatos y presentaron un recurso de alzada a la Dirección General de Función Pública para que lo investigara. De hecho, parece que Función Pública ha abierto una investigación interna para averiguar quién tuvo acceso a la prueba, pero los denunciantes no conocen ni su resolución ni su estado. Aunque esta investigación en principio no está cerrada, los aspirantes afirman que la adjudicación de plazas se ha convocado para el 23 de enero.

Ante estos hechos, la síndica ha abierto una actuación de oficio para esclarecer los acontecimientos. De ser ciertos, habría fallado el control de todo el proceso y posiblemente habría que invalidarlo.

La síndica ha pedido que se suspenda el proceso de adjudicación de la convocatoria mientras no se dicte la resolución que ponga fin a las investigaciones internas y, por tanto, se conozca el alcance y la certeza de la denuncia.

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