Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic investiga los presuntos acosos en el Instituto del Teatro

25/02/2021

El pasado fin de semana los medios de comunicación se hacían eco del testimonio de alumnado del Instituto del Teatro que denuncia situaciones de acoso sexual, maltrato psicológico y abuso de poder por parte de docentes; situaciones que, de acuerdo con su relato, habrían tenido lugar durante años en dicho centro.

La información publicada recoge una veintena de testigos que explican que numerosas estudiantes habían presentado quejas a los tutores y al jefe de estudios en relación con estas conductas y la situación era conocida, aunque consta una única denuncia formal ante el centro.

En este contexto, el Síndic ha decidido abrir una actuación de oficio y ha pedido información a la Diputación de Barcelona, como administración titular del centro educativo, y el Consorcio de Educación de Barcelona. Se quiere conocer qué medidas de prevención y detección del abuso sexual tiene implementadas el Instituto del Teatro, si dispone de un protocolo para la prevención, la detección, la atención y la reparación de las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, y si este es conocido por la comunidad escolar; los mecanismos de participación y escucha del alumnado existentes, y cuál es la supervisión que se lleva a cabo desde la Diputación del funcionamiento del centro.

En cuanto a las denuncias, el Síndic también quiere conocer si se han recibido denuncias formales, y si se han llevado a cabo actuaciones para dar respuesta y su resultado. Finalmente, el Síndic quiere conocer las actuaciones de comprobación que se han llevado a cabo desde la Inspección educativa a raíz de las informaciones aparecidas recientemente, el resultado de las investigaciones y las medidas que se prevé adoptar.

El Síndic también abrió una actuación de oficio a mediados de 2020, tras conocer la denuncia por abuso sexual que un grupo de nueve alumnos de la escuela Aula Municipal de Teatro de Lleida presentó contra el director de este centro, quien también ejercía labores de docente, y en breve hará pública su resolución.

El síndic se reúne con los mandos de la comisaría de Vic tras el ataque sufrido

24/02/2021

En el marco de las manifestaciones de apoyo al rapero Pablo Hasel, a raíz de su entrada en prisión, la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Vic sufrió un ataque por parte de diversas personas, que lanzaron objeto y piedras, rompieron los vidrios y las cámaras de videovigilancia, y accedieron a su interior. El ataque acabó con diversos mossos heridos y cuatro detenidos. 

En este contexto, el Síndic abrió una actuación de oficio con el objetivo de conocer las medidas de seguridad de qué disponen las comisarías del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de toda Cataluña. En este sentido, se ha dirigido a la Dirección General de la Policía para que le informe, a la mayor brevedad, sobre si existen protocolos de actuación ante los posibles ataques a comisarías de policía, si el conjunto de los agentes reciben formación en autodefensa  y sobre los plazos de reciclaje de formación o adquisición de nuevas técnicas, y acerca del dispositivo dispuesto en el caso de Vic durante los incidentes.

Paralelamente, el pasado lunes, 22 de febrero, el síndic Rafael Ribó se desplazó a Vic para mantener una reunión con el responsable de la comisaría, Joan Salamanya, y con el comisario Esquius, para analizar y realizar balance del operativo de seguridad desplegado y las medidas a adoptar a partir de ahora. Durante la reunión, el síndic les mostró todo su apoyo y condenó los hechos acaecidos. 

Los defensores del pueblo hacen frente común para pedir adecuar los requisitos de las autorizaciones de residencia de los menores migrantes

23/02/2021

Las exigencias administrativas para las renovaciones de las autorizaciones de residencia de los menores migrantes no acompañados que se convierten en mayores de edad han agravado la situación de vulnerabilidad en que se encuentra este colectivo.

Estos criterios se concretan, para la primera renovación de la autorización de residencia, en la exigencia de disponer de recursos económicos propios y niegan la existencia cuando el joven tenga las necesidades cubiertas por un centro asistencial o cuando sea beneficiario de una prestación asistencial. Cuando se tramita la segunda renovación, y las posteriores, las oficinas de extranjería exigen que el joven acredite unos ingresos del 400 por 100 del Iprem (2.100 euros mensuales). Según los defensores, estos criterios de solvencia les impide normalizar su residencia y propicia su exclusión social y laboral.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a consulta pública la elaboración de un proyecto normativo por el que se modificaría el Reglamento de la Ley orgánica 4/2000, sobre los derechos y las libertades de los extranjeros en España y su integración social. En este contexto, durante las 34 Jornadas de Coordinación de las defensorías del pueblo, que tuvieron lugar en octubre de 2019, se acordó recomendar la modificación del Reglamento de la Ley de extranjería con la idea de que eliminara esta interpretación restrictiva.

En este sentido, todas las defensorías del Estado comparten la necesidad de modificar los artículos 196, 197 y 198 del Real decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de extranjería, para adaptarlo a la Ley de protección jurídica del menor y a los criterios de la Observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

El Síndic propone someter a España a una auditoría internacional sobre el derecho a la libertad de expresión, y condena las muestras de violencia y actos vandálicos recientes

19/02/2021

El síndic de greuges, Rafael Ribó, se ha desplazado a Lleida esta misma mañana para reunirse con Pablo Hasel, a raíz de su ingreso en el Centro Penitenciario de Ponent.

En una comparecencia posterior ante los medios de comunicación, el síndic ha explicado que a lo largo del día de hoy se dirigirá por escrito a la comisaria europea para los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, al Secretario General del Consejo de Europa, al Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos, y a la presidencia de la Asamblea de Parlamentarios, así como a la relatora de Naciones Unidas para la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, para explicarles el caso, y para solicitar una auditoría sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en España, que consistiría en un examen monográfico por expertos independientes que evalúen su grado de respeto con los instrumentos normativos europeos relativos a los derechos y libertades fundamentales.

En la carta, el Síndic recuerda que ya durante el año 2017 advirtió de las vulneraciones graves de derechos y libertad que se estaban produciendo en España, a través del informe Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España, el cual le fue entregado en junio de 2018.

Las vulneraciones detectadas entonces se han ido incrementando en los últimos años. La reciente condena e ingreso en prisión por delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo de Pablo Hasel constituye un eslabón más en esta regresión. También han sido perseguidos, y en algunos casos condenados, artistas alternativos (Valtónic, La insurgencia, Evaristo Páramo), humoristas satíricos (El Jueves, Toni Albà), o tuiteros (Cassandra, César Strawberry).

A juicio del Síndic, una parte del problema radica en un Poder Judicial anclado en dinámicas más propias del pasado que de un Estado democrático y social y a un déficit democrático de la composición y nombramiento de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder judicial (CGPJ), denunciado pero aún no resuelto en la Cuarta Ronda de evaluación del GRECO.

En la misma línea, el Síndic también ha manifestado la voluntad de dirigirse al gobierno del Estado y al Congreso para pedir la reforma del Poder judicial, a fin de solicitar una reforma en profundidad del Código Penal y de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que vaya en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con las consideraciones del Consejo de Europa, y la reforma del CGPJ.

En cuanto a los disturbios producidos estos días en las manifestaciones de apoyo a Pablo Hasel el Síndic también informa que ha abierto una actuación de oficio relativa al operativo desplegado por el cuerpo de Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

El Síndic condena firmemente la violencia protagonizada estos días por un grupo de manifestantes, a menudo focalizada hacia los agentes policiales, y considera que las situaciones vividas en esta y otras ocasiones hacen necesario una revisión del modelo de orden público del cuerpo de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Por consiguiente, el Síndic solicita que tanto el nuevo Parlamento como el nuevo Gobierno que se ha de constituir acometan con prioridad este debate. También tiene previsto abrir una actuación de oficio por los presuntos malos tratos relatados en las detenciones, así como por la detención de un menor.

En relación con los disturbios el Síndic también sigue investigando sobre las actuaciones policiales que supuestamente llevaron a una joven a perder un ojo por el disparo de una bala de foam.

Vídeo comparecencia síndic ante medios de comunicación 

El Síndic pide activar de manera inmediata la valoración de la reapertura del sector del juego

19/02/2021

El pasado mes de diciembre miembros del Colectivo Catalán de Trabajadores del Juego se dirigieron al Síndic para comunicarle la situación de angustia y malestar que vive el sector de las actividades relacionadas con el sector del juego (salones de juego, casinos y salas de bingo) a causa del mantenimiento indefinido de la suspensión de la apertura al público a raíz de la pandemia.

En el Plan de apertura progresiva de actividades aprobado por el Departamento de Salud, de 19 de noviembre de 2020, este sector no aparece recogido en ninguno de los cuatro tramos del plan, lo que constituye, a criterio del sector, una decisión inaceptable y discriminatoria y que les condena a no poder trabajar. El sector también denunció que la Generalitat no había tomado en consideración un plan sectorial para la reanudación de la actividad que habían elaborado.

El Síndic pidió información al Departamento de Salud y al Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda para conocer las razones que habían motivado la decisión de excluirlos del Plan de reapertura y el tratamiento diferente que está recibiendo este sector en relación con otros. En sus respuestas la Generalitat manifestaba que el control de la transmisión del virus pasa por regular las actividades de ocio no esenciales, como los establecimientos de juego, que sean propicios a las interacciones sociales y a la movilidad, y que esta es una medida aplicada por varios países europeos que debe seguir manteniéndose en tanto que son espacios cerrados que favorecen la relación social, donde se concentran personas de diversas burbujas y en los que se tiende a relajar las medidas de distancia y el uso de mascarilla.

El Síndic manifiesta que es incuestionable que la situación de la pandemia deba comportar necesariamente medidas restrictivas en el ejercicio de actividades pero que estas medidas deben ser suficientemente ponderadas y equilibradas.

En este sentido, en el ámbito de las actividades de ocio y restauración han pasado de fijar su suspensión a permitir el desarrollo con condiciones, tales como el establecimiento de porcentajes de aforo máximo permitido y medidas de ventilación y calidad del aire reforzadas en lugares cerrados. Por el contrario, no se observa que en el sector del juego la Administración haya valorado la posibilidad de facilitar la reapertura con medidas de corrección, como aforo, ventilación, limitación horaria, por ejemplo, para minimizar los riesgos para la salud pública. Además, a juicio del Síndic, el hecho de que la normativa del sector del juego exija unos sistemas de control de admisión y de registro de acceso contribuirían a facilitar las cumplimiento de medidas de aforo y de trazabilidades.

Otro de los factores que no se ha tenido en cuenta para que las medidas tomadas sean ponderadas y proporcionadas es el impacto que puede tener el mantenimiento de las restricciones a nivel de la pérdida de ingresos para sus empleados.

Por consiguiente, el síndic entiende que en este caso la Administración no parece haber realizado una evaluación cuidadosa del criterio de proporcionalidad a la hora de mantener la medida de suspensión en el sector del juego, ya que no ha quedado acreditado que ésta sea una medida imprescindible e indispensable para el control de la pandemia dada la existencia de medidas restrictivas alternativas menos gravosas que podrían lograr el mismo fin.

Por todo lo anterior, recomienda al Departamento de Salud y al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que se active cuanto antes la valoración de la reapertura del sector del juego con la aplicación de las condiciones que se estimen oportunas.

Además, el Síndic también informa que otras comunidades autónomas, como Galicia, Murcia, La Rioja o el País Vasco ya han permitido la apertura con restricciones del sector del juego.