Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic investiga de oficio el diagnóstico de ''conducta homosexual de alto riesgo'' a una paciente

20/10/2021

El Síndic de Greuges ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la denuncia de una mujer a quien durante una visita médica rutinaria en una consulta ginecológica le diagnosticaron "conducta homosexual de alto riesgo". Según la noticia, este diagnóstico consta en un análisis de sangre que le practicaron en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Vic Nord. También de acuerdo con la información recogida en la noticia, ante este hecho, la persona afectada ha interpuesto una denuncia administrativa a través del Servicio de Atención Integral LGTBI de Osona.

En la misma línea, hace unos días también se hizo viral en las redes sociales otro caso de una mujer a quien también le habían diagnosticado la homosexualidad como enfermedad en un informe ginecológico, en este caso, sin embargo, en Murcia. 

Ante la noticia, el Instituto Catalán de la Salud parece haber iniciado el estudio de la aplicación médica y del sistema de codificación de procedimientos, además de haberse puesto en contacto con la usuaria para pedirle disculpas.

En tanto que el Síndic de Greuges ostenta el mandato de supervisar la Administración en cuanto al cumplimiento del derecho de las personas LGBTI y de luchar contra la LGTBI-fobia, ha decidido abrir una actuación de oficio.

En concreto se ha dirigido al Instituto Catalán de la Salud para pedir información sobre los hechos que han tenido lugar, las medidas que se han adoptado para corregir los parámetros de la aplicación médica que se estaría utilizando actualmente y las propuestas de mejora para evitar que se vuelvan a reproducir hechos como los descritos, así como las acciones que se han llevado a cabo tanto con respecto a la víctima como con el personal del CAP.

También se ha dirigido a la Secretaría de Igualdad y Feminismos para solicitar información acerca de cuál ha sido su actuación ante la denuncia presentada por la víctima.

El Síndic considera imprescindible que se aborde definitivamente la promulgación de una ley electoral catalana

18/10/2021

El síndic, el adjunto general y el gerente y responsable del Área de Administración Pública han comparecido en la Comisión del Síndic de Greuges del Parlamento de Cataluña para los debates del Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de abril de 2021, y del informe La garantía del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento de febrero de 2021 en el marco actual de pandemia, de noviembre de 2021.

La garantía del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento

El informe se presentó en noviembre de 2020, cuando las elecciones todavía no se habían convocado, y analizaba cómo garantizar el derecho de sufragio de las personas y cómo se podía ver restringido pocos días antes de la jornada electoral. En este contexto, proponía crear una comisión de expertos para valorar la idoneidad de la celebración de las elecciones, establecer unos criterios objetivos, sanitarios y constitucionales para decidir si se daban las condiciones para continuar con el proceso electoral, y explorar si se podría elaborar un trabajo legislativo inmediato, como la promulgación de una ley catalana electoral de carácter parcial o realizar una interpretación extensiva de la LOREG. 

Si bien este informe fue elaborado en el marco de la celebración de unas elecciones concretas en medio de la pandemia de la COVID-19, tiene un valor más allá de esta coyuntura, ya que se dirigen a cuestiones tales como la ponderación de derechos (sufragio y salud) o la necesidad de disponer de una nueva ley electoral catalana.

Dado que no se asumió la recomendación, el propio Síndic creó una comisión asesora independiente sobre la garantía del derecho de sufragio activo, y emitió varios comunicados y se añadieron dos adendas al informe, una, en el mes de enero de 2021, y la otra, en el mes de abril de 2021.

Finalmente, las elecciones se celebraron el 14 de febrero, en la fecha prevista en el Decreto de convocatoria, en virtud de una decisión judicial que estimó el recurso presentado por un particular. La legislación electoral vigente (LOREG) no prevé la posibilidad de suspensión o aplazamiento de un proceso electoral ya convocado, y esta carencia provocó que la efectiva suspensión o aplazamiento dependiera de la impugnación, o no, del decreto correspondiente ante la jurisdicción competente. En este sentido, el Síndic considera que habría que prever que este aplazamiento sólo se pudiera decretar por causa de fuerza mayor, si bien no sería conveniente intentar concretar los motivos o supuestos específicos.

Una vez celebradas las elecciones, los datos demostraron que más de 70.000 electores, que deberían haber sido confinados, sólo tuvieron la opción de votar presencialmente, en principio en la franja horaria recomendada al efecto, dado que ya habían finalizado los diez días anteriores para solicitar el voto por correo. El Síndic también ha querido destacar que los días anteriores a la celebración de las elecciones se recibieron más de 2.000 quejas de personas que habían sido designadas mediante sorteo para integrar las mesas electorales y que no obtuvieron ninguna respuesta a las solicitudes de exención que habían presentado. El Síndic ha insistido en la necesidad de adecuar los medios personales y materiales necesarios para satisfacer el derecho de las personas que participan en el proceso electoral a una respuesta rápida y justificada a sus alegaciones.

Además, el Síndic ha destacado que el 14F ha evidenciado de nuevo los problemas que tiene el sistema del voto por correo, claramente obsoleto. Respecto de este instrumento, el Síndic manifiesta que convendría estudiar la conveniencia de introducir otras fórmulas de voto anticipado (como el voto presencial anticipado en determinados colegios o locales como los ayuntamientos o sedes judiciales que se habiliten al efecto) o de voto fuera del colegio electoral (como el voto mediante urna móvil o domiciliaria, que podría ser especialmente indicado en determinadas situaciones, como residencias u hospitales). Y, en segundo lugar, convendría revisar a fondo el sistema de voto por correo para hacerlo mucho más accesible y útil.

En la misma línea, el voto desde el extranjero de los residentes temporalmente ausentes y de los residentes en el exterior ha continuado presentando problemas muy importantes, agravados aún más por la situación de pandemia. Por ello, más que nunca, es necesario revisar a fondo la normativa de este método de votación urgentemente, con el objetivo de hacerlo accesible y efectivo, con todas las garantías.

Por todo lo anterior, a criterio del Síndic es imprescindible que el Parlamento de Cataluña, en la legislatura que ahora ha comenzado, aborde definitivamente la promulgación de una ley electoral propia de Cataluña.

Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

En relación con el quinto informe de evaluación de la transparencia, el Síndic ha podido constatar que la aplicación de la ley avanza a dos velocidades, y el factor principal que determina esta dualidad es el tamaño y capacidad de cada administración. Esta es una realidad que se consolida en el tiempo y que pide esfuerzos sostenidos de cooperación para revertirla. Con todo, no es sólo una cuestión de recursos, ya que los informes de evaluación también encuentran diferencias significativas entre administraciones con capacidades similares. Por tanto, el Síndic pide un compromiso firme de los responsables de cada administración para aplicar la ley.

En cuanto a la transparencia, la ralentización en el desarrollo de la Ley es especialmente visible en el análisis de los portales de transparencia, y conlleva la necesidad de que el Síndic reitere la recomendación de intensificar todas las herramientas de cooperación para hacer posible la aplicación plena de la ley en aquellas administraciones que no pueden avanzar sustancialmente sin apoyo.

Y para las administraciones con más capacidad y que ya publican casi todos los contenidos previstos en la ley, el Síndic destaca que el reto de futuro inmediato es que la información se publique de forma estructurada, que sea comprensible y que incorporen herramientas que faciliten el análisis y el uso de los datos publicados.

En cuanto al derecho de acceso a la información pública, el Síndic quiere destacar que las cifras de denegaciones de acceso que identifican las administraciones son bajas (un 0,69% del total de solicitudes tramitadas), lo que parece indicar que se consolida entre los responsables de las administraciones la percepción del acceso a la información como un verdadero derecho ciudadano. Sin embargo, esta tendencia positiva convive con una cifra indeterminada de solicitudes que no reciben respuesta. El Síndic insiste en que es preciso que el derecho de acceso a la información pública reciba una atención preferente de todas las administraciones, como derecho vinculado a la participación democrática.

Además, el Síndic realiza un llamamiento a reclamar acciones conjuntas de las diversas administraciones para difundir el derecho de acceso, el cual debe tener un impacto más elevado en la ciudadanía.

Por último, el Síndic ha puesto en conocimiento de la comisión que este año para la elaboración del informe se mantiene la aplicación del sistema del solicitante oculto como herramienta de evaluación del derecho de acceso pero se añade, por primera vez, y en forma de prueba piloto, un formato de informe individual de los resultados, que pretende detectar carencias pero también identificar buenas prácticas y conceder un reconocimiento explícito.

El Síndic plantea al Consejo de Europa el posible atentado de derechos de la decisión del Tribunal de Cuentas

15/10/2021

El Síndic de Greuges de Cataluña, ante la noticia de la decisión de la ponente del Tribunal de Cuentas de negarse a aceptar los avales públicos establecidos en una decisión con rango de ley para afrontar la fianza impuesta a 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por valor de 5,4 millones de euros por supuestos gastos indebidos:

Primero, manifiesta su sorpresa por el hecho de que un órgano administrativo no respete una norma con rango de ley plenamente vigente como es un decreto ley ya convalidado por el Parlamento de Cataluña.

Segundo, recuerda el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias en favor de la constitucionalidad del aval.

Tercero, recuerda que, según la ley procesal civil, a la cual remite la del Tribunal de Cuentas, el aval tiene que ser solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate, requisitos que cumple el aval del Instituto Catalán de Finanzas.

Cuarto, actuará ante el Defensor del Pueblo para que intervenga a raíz de la grave lesión de derechos y de la indefensión que esta decisión representa.

Quinto, elevará esta situación a instancias del Consejo de Europa, y en concreto de la Asamblea Parlamentaria y la Comisaria Europea de Derechos Humanos, para que intervengan en favor de los derechos y de la defensa del estado de derecho.

El Síndic recuerda la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, según la cual hay que asegurar que las previsiones legales de malversación de fondo público se apliquen de modo que las responsabilidades sean solamente exigibles cuando pueden establecerse pérdidas reales cuantificadas al presupuesto o a los activos del Estado.

Así mismo, el Síndic recuerda que en su reciente informe relativo a La concesión del indulto parcial a las personas condenadas por la Sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo, ha advertido que las sanciones económicas del Tribunal de Cuentas implican condenar a la ruina las personas investigadas, antes incluso de una sentencia y aunque muchas de las personas ahora perseguidas ya han sido juzgadas al máximo nivel jurisdiccional por el delito de malversación. Por este motivo, y en sintonía con las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Síndic considera que el Tribunal de Cuentas debería suspender la tramitación de estos expedientes.

El Síndic detecta irregularidades en el procedimiento de las prestaciones de los jóvenes extutelados

13/10/2021

El Síndic recibió una queja de una familia acogedora de un joven extutelado por la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), en desacuerdo con el tiempo de tramitación de la solicitud de prestación económica como joven extutelado y con el momento del inicio de los efectos tras su reconocimiento.

Las personas jóvenes que han sido tuteladas tienen derecho a pedir apoyo económico para facilitar el paso hacia su autonomía. Los programas de autonomía personal tienen como objetivo ofrecer a los jóvenes extutelados los recursos de apoyo personal, de vivienda, formativos y laborales necesarios para asesorarles y acompañarles en el ejercicio de la plena ciudadanía en condiciones de igualdad, con responsabilidad y con el máximo grado de integración en la sociedad donde viven.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, en su redacción a partir de la modificación por la Ley 4/2019, de 24 de julio, la prestación para jóvenes extutelados es de derecho subjetivo, de carácter temporal, para atender situaciones de necesidad de los jóvenes que han sido tutelados por el organismo público competente en materia de protección de menores de la Generalitat. Esta prestación es aplicable a los jóvenes extutelados desde los dieciocho años y hasta que cumplan veintitrés. La cuantía de la prestación para jóvenes extutelados es el equivalente al indicador de renta de suficiencia y se percibe en pagos mensuales. La prestación para jóvenes extutelados puede incrementarse con otras prestaciones económicas o complementar con prestaciones de servicios de la Administración de la Generalitat cuya finalidad sea la formación, la integración social y la plena inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo.

En el caso concreto, el joven solicitó la prestación poco antes de cumplir los 18 años pero cuatro meses después aún no tenía respuesta por parte de la Administración.

Según el artículo 16 del capítulo III de la Ley 13/2006, la concesión de esta prestación tiene efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la fecha de la resolución de reconocimiento del derecho a la prestación o de la fecha en que se produjo el silencio administrativo. Si una vez transcurrido el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la solicitud no se ha notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, el derecho de acceso a la prestación económica, en caso de que sea reconocida, se genera desde el primer día del mes siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado. 

En respuesta a las peticiones de información del Síndic, la DGAIA indica que, de acuerdo con esta normativa, no se pueden retrotraer los efectos de la prestación a la fecha de su solicitud o en la fecha de la mayoría de edad del joven (cuando ha presentado la solicitud antes de los 18 años) porque sería contrario a lo establecido legalmente.

Sin embargo, el Síndic insiste en la necesidad de que los efectos de la prestación económica para jóvenes extutelados genere efectos desde la fecha de la solicitud o desde la fecha de la mayoría de edad del joven (cuando ha presentado la solicitud licitud antes de los 18 años), sobre todo atendiendo a las especiales necesidades y a la alta vulnerabilidad social de este colectivo y las implicaciones que implica para un joven de 18 años el cese de las funciones tutelares de la DGAIA.

Además, el Síndic recuerda que existen normativas de otros ámbitos que sí permiten que los beneficios concedidos produzcan efectos desde la misma fecha de la solicitud de reconocimiento del derecho, como los beneficios concedidos a las familias numerosas y a las familias monoparentales.

Por todo lo anterior, el Síndic pide que el Departamento de Derechos Sociales estudie este asunto en el marco de una comisión específica creada a tal efecto, para instar la modificación parlamentaria de la normativa, con el objetivo de garantizar que los efectos de la prestación económica para jóvenes extutelados, una vez reconocida, se generen desde la fecha de su solicitud o desde la fecha de la mayoría de edad del joven, cuando la solicitud la ha presentado antes de cumplir los 18 años (dado que esta prestación se puede solicitar desde tres meses antes de la mayoría de edad).

El Síndic investiga los problemas de la implementación de la T-Movilidad

08/10/2021

El pasado mes de marzo, el Síndic tuvo conocimiento a través de varios medios de comunicación de la voluntad de poner en marcha de la T-Movilidad durante el mes de abril, aunque de manera limitada a los municipios del área metropolitana de Barcelona y para las personas usuarias de la T-Usual y la T-Joven.

La T-Movilidad, el nuevo título de transporte integrado de Cataluña, ha sufrido muchos retrasos y aplazamientos en su implementación y ha sido objeto de estudio por parte del Síndic en numerosas ocasiones, a través de quejas, informes anuales e informes monográficos. De todo este trabajo previo el Síndic pone de relieve que los retrasos y aplazamientos constantes afectan, especialmente, a dos cuestiones que hay que resolver. Por un lado, la necesaria homogeneización de las tarifas o títulos sociales entre los diferentes municipios y empresas operadoras; y, por otro, la falta de emisión de duplicados en caso de robo o pérdida de las tarjetas de transporte personalizadas.

Con el objetivo de hacer el seguimiento de la implementación del proyecto, abrió una actuación de oficio y se dirigió a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) para pedir información sobre la puesta en marcha del proyecto, el alcance de esta primera etapa, el calendario con el que se trabajaba y las medidas de información que pensaban llevar a cabo con las personas usuarias.

De la respuesta que la ATM dirigió al Síndic, se desprende que no era posible avanzar ningún tipo de previsión de calendario. Sin embargo, esta semana, el Síndic ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que se ha iniciado una nueva fase de prueba de desarrollo del proyecto que permitía a cualquier persona darse de alta en el sistema, obtener la nueva tarjeta recargable (haciendo este trámite de forma telemática) y viajar en condiciones especiales durante los días de la prueba. También por informaciones aparecidas en prensa, el Síndic ha sido conocedor de que en fecha 6 de octubre de 2021 se procedió al cierre de la web T-movilidad por un supuesto error de seguridad que afectaba a los datos personales de las personas que se habían registrado para obtener la nueva tarjeta.

Por lo anterior, el Síndic se ha dirigido de nuevo a la ATM y ha pedido información en relación con las diferentes etapas o fases de pruebas que se prevén llevar a cabo, los motivos que llevaron al cierre de la web T-movilidad, las categorías de datos personales que presumiblemente resultaron afectadas por la incidencia detectada y, finalmente, las actuaciones llevadas a cabo por la ATM (o su delegado de protección de datos) ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos. El Síndic también quiere conocer el sistema de identificación que se pide a los interesados ​​para poder dar de alta en el sistema de la T-Movilidad y los motivos por los que se exige el DNI/NIE/CIF o pasaporte.

El Síndic recuerda que la T-Movilidad resolvería la necesaria homogeneización de las tarifas o títulos sociales entre los diferentes municipios. La institución ha seguido de cerca el proyecto de la T-Movilidad desde sus inicios, como se ha recogido en la actuación de oficio AO 8218/14, en el Informe sobre el precio de los transportes públicos (julio 2014), en el Informe sobre los derechos de las personas en los servicios ferroviarios (octubre 2016) o en los informes anuales que presenta en el Parlamento.