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Se incrementan en un 34 % las solicitudes de acceso a la información pública durante el 2023
En casi la mitad de los casos evaluados, ha sido necesario reclamar para que las administraciones entreguen la información solicitada
Es necesario mejorar el sistema de notificaciones para dotarlo de más garantías
La mayoría de las administraciones aún no han aprobado un procedimiento adaptado a su organización para tramitar las solicitudes que reciben
El Síndic de Greuges de Cataluña tiene el encargo de evaluar la implementación de la Ley 19/2024, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El informe que se presenta hoy hace el seguimiento de uno de los ámbitos de esta ley, el del acceso a la información pública, que consiste en el derecho subjetivo de las personas a solicitar y obtener la información que está en poder de las administraciones.
Para obtener los datos del estudio, se han utilizado, al igual que en años anteriores, dos técnicas: por un lado, se ha enviado un cuestionario a 1.007 sujetos (entre ellos, administraciones locales, la Generalitat de Cataluña, instituciones estatutarias y universidades) para que expliquen cómo se organizan cuando les llega una solicitud de acceso. Por otro lado, se ha evaluado a 732 sujetos mediante la técnica del ciudadano oculto, que consiste en formular una solicitud de acceso sin identificarse como evaluador y valorar el resultado obtenido a partir de la propia experiencia.
Los resultados de la evaluación llevan a concluir que, aunque se han producido avances, pasados nueve años de la aprobación de la Ley de transparencia todavía hay muchos aspectos que pueden mejorarse. Los datos demuestran que solo el 5 % de las administraciones disponen de un procedimiento adaptado a su organización para tramitar las solicitudes de acceso a la información pública que reciben.
También se ha constatado que solo el 17,4 % dispone de una unidad de información, que es el órgano encargado de tramitar y gestionar estas solicitudes, según la normativa. Esto es importante si tenemos en cuenta que cada año se presentan más solicitudes de acceso a la información pública (por ejemplo, en 2023 hubo un incremento del 34 % respecto al año anterior), y ello se explica porque es un derecho cada vez más conocido por la ciudadanía.
Teniendo en cuenta que el incremento de las solicitudes se ha producido sobre todo en el ámbito municipal –en ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes–, la síndica apela al apoyo de los entes supramunicipales para conseguir aprobar estos procedimientos pautados y también para formar al personal que trabaja en estas administraciones.
Otro elemento que debe mejorarse es que el 84 % de las administraciones no tienen clasificadas de forma temática las peticiones de acceso, por lo que no pueden detectar las solicitudes más recurrentes. En este sentido, la síndica recuerda que las solicitudes de acceso a la información pública son una reacción ante el hecho de que la información que la persona necesita no aparece en el portal de transparencia de la administración en cuestión, y que registrarlas temáticamente permite identificar la información más solicitada y publicarla en los portales.
El informe señala también que el 15 % de las solicitudes no se resuelven, y que en el 42 % de los casos evaluados se ha tenido que reclamar la entrega de la información después de que la Administración no respondiera a la solicitud.
También se detectan deficiencias en las notificaciones de estas resoluciones, porque a menudo se envían por correo electrónico y no cumplen los requisitos establecidos por la normativa ni facilitan toda la información que debe incorporar cualquier comunicación. Así, por ejemplo, en el 63 % de los casos no se informa a la persona de las vías de recurso de que dispone en caso de no estar de acuerdo con la resolución.
Además, la síndica manifiesta que, si se desea una administración más transparente y accesible, la resolución y la documentación entregada deben estar redactadas con un lenguaje mucho más claro y comprensible. También apunta que las resoluciones deberían incorporar información sobre la persona o la unidad con la que poder comunicarse en caso de necesitar asistencia o asesoramiento. Actualmente, esto solo sucede en el 18 % de los casos.
Por último, cabe destacar que en el 100 % de las administraciones analizadas la solicitud se puede presentar de forma presencial, aunque el 14 % exigen tener cita previa para ello. En este sentido, la síndica pide reforzar el canal presencial y eliminar este requisito, con el objetivo de evitar excluir a muchas personas debido a la brecha digital.
