Rafael Ribó ha hecho esta petición en la presentación del informe extraodinario "El derecho a la vivienda: obstáculos y límites".
La concertación de la actividad pública y privada tendría que incluir los siguientes protagonistas: el Gobierno de Cataluña, los ayuntamientos, el sector financiero, las entidades sociales y el conjunto de operadores jurídicos (abogados, notarios, registradores y jueces) para eliminar los obstáculos en el ejercicio del derecho a la vivienda.
Este es un derecho de carácter básico, imprescindible para el desarrollo integral de la persona. Según el Síndic, para garantizar su ejercicio, es preciso disponer de más suelo, más vivienda social y más dotaciones financieras, y es en este objetivo que es preciso concertar la actividad pública y privada.
El informe también recoge un estudio de las quejas tratadas por el Síndic sobre vivienda durante los años 2005 y 2006 y una encuesta a 41 municipios de más de 10.000 habitantes sobre la percepción que tienen de esta problemática.