En el marco de la situación económica actual, se ha hecho evidente un aumento del número de solicitudes de viviendas sociales y las situaciones de emergencia, hechos que han llevado al Síndic a hablar de las insuficiencias del parque público de viviendas.
Por este motivo, el Síndic ha planteado al Defensor del Pueblo, institución con competencias sobre el ámbito de gestión de la Guardia Civil, la apertura de una actuación de oficio para analizar si las viviendas de los cuarteles abandonados se pueden destinar a vivienda social.
Adigsa, la empresa que administra el patrimonio inmobiliario del Institut Català del Sòl, organismo autónomo de la Generalitat de Catalunya, y la Dirección General de la Guardia Civil ya han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de ceder los cuarteles y reutilizarlos como viviendas sociales para atender aquellas situaciones de riesgo de exclusión social derivada de la falta de vivienda.