El Síndic de Greuges solicitó medidas para garantizar el derecho de estas familias a una vivienda digna.
A raíz del desalojo de familias de origen galaicoportugués en el distrito de Sant Martí, el Síndic propuso al Ayuntamiento un compendio de buenas prácticas para la inclusión social y no-discriminación de la población romaní.
El Síndic de Greuges recuerda que en su día insistió ante el Ayuntamiento para que concretara las medidas que se adoptarían parar garantizar el derecho de estas familias a una vivienda digna. El Síndic actuó y formuló esta sugerencia al Ayuntamiento puesto que la Asociación de Amigos del Movimiento Quart Món Catalunya presentó una queja a consecuencia de un primer desalojo de alguna de estas familias, entre los días 5 y 6 de septiembre de 2010.
Así, el 14 de julio de 2011 el Síndic sugirió al Ayuntamiento de Barcelona que adoptara medidas para garantizar el derecho a una vivienda digna de las citadas familias, de manera que se asegurasen las condiciones de dignidad y salubridad de los espacios donde viven estas familias desde hace años, con el acceso a los servicios básicos (agua potable, luz, alcantarillado) y con un disfrute estable de estos solares, sin perjuicio de un objetivo a largo plazo de integración de este colectivo en la sociedad y la de consecución de una vivienda digna, en el calendario y la planificación que se determinasen.
El 29 de diciembre de 2011 el Ayuntamiento comunicó al Síndic que tenía dificultades objetivas para garantizar la salubridad y la dignidad de los espacios donde se encuentran los asentamientos porque en muchos casos se trataba de espacios de propiedad privada. También expuso que las características de este colectivo hace que las viviendas de inclusiuón social no sean una solución apropiada en muchos casos.
La situación del colectivo de familias de origen galaicoportugués, integrado también por menores y asentado principalmente en el distrito de Sant Martí de Barcelona, está condicionada por procesos de desalojo de los solares que ocupan los camiones y las caravanas donde viven y por posteriores realojos en otros solares o naves de la ciudad que vuelven a ocupar de manera irregular.
El Síndic también estableció contactos con los profesionales implicados en el plan de trabajo con este colectivo y con las familias afectadas. De la información obtenida no se desprende que exista ninguna intervención que permita abordar la falta de vivienda digna.
Se constataron cambios sustanciales en lo que respecta al compromiso de las familias hacia la educación de sus hijos, un incremento importante de personas que siguen un itinerario de inserción sociolaboral personalizado y la integración en las entidades del barrio. A pesar de ello, el Síndic considera que este trabajo municipal con el colectivo debe enfocarse hacia la consecución de la integración definitiva, para lo cual es básica la resolución del problema de la vivienda.
Por ello, en esta sugerencia el Síndic propuso al Ayuntamiento un compendio de buenas prácticas para la inclusión social y no-discriminación de la población romaní en la Unión Europea, publicado por la Comisión Europea en junio de 2010, que relata diversos proyectos con resultados positivos para garantizar el derecho a una vivienda digna para este colectivo. En la sugerencia también se mencionan algunas actuaciones incluidas en el Plan integral del pueblo gitano en Cataluña 2009-2013 como posibles instrumentos de mejora que se pueden aplicar.