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El Síndic insta a adoptar medidas inmediatas para proteger la inserción laboral de las personas con discapacidad y trastorno mental
El síndic de greuges, Rafael Ribó, considera que la reducción de la partida destinada a la integración laboral de personas con discapacidad y trastorno mental tiene efectos sustanciales sobre el derecho al trabajo de este colectivo y puede entrar en conflicto con el marco legal vigente.
Estas consideraciones se desprenden del estudio realizado por el Síndic sobre los posibles efectos de la reducción de la partida presupuestaria, prevista en el Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, destinada a políticas activas de ocupación de personas con discapacidad y trastorno mental. El estudio incluye las cuestiones planteadas por las entidades sin ánimo de lucro más representativas que trabajan para la integración de estos colectivos, a las que el Síndic convocó a una reunión el pasado 6 de junio.
Según el estudio, la reducción del crédito presupuestario correspondiente significa una modificación sustancial de la Ley de integración social de minusválidos (LISMI) y, si es necesario adoptar esta medida, se debería hacer mediante el instrumento normativo necesario y una inserción adecuada en el marco normativo preexistente, con garantía de un debate público y democrático de la decisión y sus consecuencias. Además, a pesar de la coyuntura económica actual, el Síndic recuerda que los poderes públicos deben continuar trabajando para la participación e inclusión plena y efectiva de todas las personas en la sociedad.
Por este motivo, el Síndic ha pedido a la Generalitat que adopte, de manera inmediata, todas las medidas a su alcance para continuar con la política de subvenciones y ayudas encaminadas a la inserción laboral de las personas con discapacidad y trastorno mental. En este sentido, ha recordado que los poderes públicos deben ser especialmente cuidadosos en la reducción presupuestaria por las consecuencias que este hecho puede tener para los colectivos más vulnerables y que deben preservar el cumplimiento de la ley.
Puesto que la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación laboral, el Síndic ha enviado estas consideraciones al Defensor del Pueblo, al presidente del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios del Congreso que han obtenido representación en Cataluña para que sean conocedores de esta circunstancia y puedan actuar en consecuencia.
Asimismo, dada la competencia ejecutiva de las comunidades autónomas sobre esta materia, y de acuerdo con el Estatuto de autonomía de Cataluña, que determina que corresponde a la Generalitat de Cataluña la competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales, que incluye de forma expresa las políticas activas de ocupación y la gestión de las subvenciones correspondientes, también ha enviado el informe a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, a los grupos parlamentarios y al Departamento de Empresa y Ocupación.
