Rafael Ribó ha sugerido esta medida para cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa 2020 (banda ancha rápida y ultrarrápida) y la universalización de la banda ancha básica el año 2013.
Constata que hay situaciones de desigualdad y exclusión digitales a causa de las diferencias de acceso y de velocidades de transmisión de datos por Internet de banda ancha que afectan al derecho a la igualdad digital.
Recomienda que se elabore una nueva ley de telecomunicaciones que otorgue seguridad jurídica a los operadores, a los consumidores y a los terceros afectados por el desarrollo de infraestructuras de redes de nueva generación
El síndic, Rafael Ribó, ha presentado hoy a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el informe extraordinario Internet de banda ancha como servicio universal: derecho a la igualdad digital. Concebido como una continuación del informe del 2006 El acceso a Internet mediante la conexión de banda ancha: un derecho que es preciso universalizar, el documento repasa la normativa autonómica, estatal y europea en el ámbito de las comunicaciones electrónicas e incluye algunas recomendaciones para preservar los derechos de todas las partes implicadas.
Así, el Síndic pide al Gobierno del Estado que revise el elemento del servicio universal “conexión a Internet por banda ancha” al efecto de valorar la necesidad de aumentar la velocidad de la banda ancha básica de un megabit a dos megabits (o más) para cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa 2020 (banda ancha rápida y ultrarrápida) y la universalización de la banda ancha básica en el año 2013.
Del mismo modo, propone que se valoren sistemas alternativos de consecución y financiación del acceso universal a las comunicaciones electrónicas por tecnologías de banda ancha más allá de la categoría del servicio universal, como se plantea la Comisión Europea.
Consciente de que se producen situaciones de desigualdad i exclusión digitales a causa de las diferencias de acceso y de velocidades de transmisión de datos por Internet de banda ancha que afectan al derecho a la igualdad digital, el Síndic recomienda al Gobierno del Estado y al Gobierno de la Generalitat que valoren y cuantifiquen el coste de las inversiones necesarias para el establecimiento de las redes de acceso de nueva generación en Cataluña.
Y, al tiempo, les insta a priorizar el desarrollo en las zonas en las que son más necesarias para paliar diferencias territoriales y sociales en el acceso a Internet por banda ancha.
En el informe también se sugiere al Gobierno del Estado y al de la Generalitat que identifiquen y modifiquen, en la medida que sea necesario, las normas legales y reglamentarias que han de facilitar el establecimiento y el desarrollo de las redes de acceso de nueva generación. En esta línea, se pide al Gobierno central que elabore una nueva ley de telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas que incluya las últimas modificaciones y cualquier otra que sea indispensable para otorgar seguridad jurídica a los operadores, a los consumidores y a los terceros afectados por el despliegue de infraestructuras de redes de nueva generación.
Finalmente, ante la crisis económica actual y la incidencia que está teniendo entre las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, Rafael Ribó solicita que se tome en consideración la actuación del Síndic, en colaboración con las asociaciones empresariales competentes en Cataluña, en defensa de los derechos de los pequeños y jóvenes empresarios frente a los diversos operadores del sector de las comunicaciones electrónicas.
Informe sobre Internet de banda ancha como servicio universal: el derecho a la igualdad digital