El consistorio ya ha enviado el proyecto a la Dirección General de Políticas Ambientales para que determine si es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental.
Las obras que pueden afectar a los espacios protegidos de Xarxa Natura 2000 deben someterse por ley a un estudio del órgano ambiental.
El Síndic ha acruado de oficio dado que el proyecto prevé pavimentar 3.700 metros de pista forestal del Parque Natural del Montseny
El Ayuntamiento del Montseny ha coincidido con la sugerencia del Síndic de Greuges de Catalunya de detener la ejecución del proyecto de acondicionamiento y pavimentación de una pista forestal en el Parque Natural del Montseny hasta que la Dirección General de Políticas Ambientales efectúe una valoración. El alcalde, Alfons Planas, ha informado al Síndic de que ya se ha dirigido a la citada administración para que, en calidad de órgano ambiental, determine si es preciso someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental.
Las obras de conexión de la carretera BV-5301 con la BV-5114 afectan a 3.700 metros de pista forestal del Parque Natural del Montseny, concretamente el tramo que comprende de Sant Marçal a Les Illes, por lo que el Síndic abrió una actuación de oficio. Tras solicitar información a todas las partes implicadas, emitió la resolución en la que sugiere se detenga su ejecución hasta que la Generalitat haya evaluado la incidencia, si así lo determina.
En el marco de esta investigación el Síndic ha recordado al Consistorio del Montseny que la Ley 21/2013 de evaluación ambiental establece que los proyectos que puedan afectar de manera apreciable, directa o indirectamente, a espacios protegidos de Xarxa Natura 2000, como es este caso, deberán ser objeto de una evaluación del impacto ambiental simplificada. La normativa estatal también exige que los ejecutores de este tipo de proyectos soliciten al organismo competente que se pronuncie sobre la necesidad o no de hacer una evaluación de impacto ambiental.
El anuncio de la ejecución de estas obras ha generado movimientos de protesta por el supuesto impacto ambiental de la vía en la cabecera del río Tordera. Los grupos ecologistas denuncian que el proyecto incumple diversas normativas europeas y alertan de que las obras comportarían la entrada de maquinaria pesada, tala de árboles, apertura de zanjas, movimientos de tierras, desvío y canalización de aguas.