Rafael Ribó se ha desplazado a la zona para reunirse con diversos alcaldes, la Plataforma en Defensa de las Terres del Sénia y otras entidades afectadas.
Reclama que se compensen los daños materiales y morales y que se evalúe el impacto medioambiental.
Insta a la Generalitat a tomar la iniciativa y a ofrecer un servicio de asesoramiento y apoyo a los afectados.
El síndic de greuges, Rafael Ribó, se ha desplazado hoy a las Terres de l'Ebre con el objetivo de trabajar conjuntamente con los alcaldes de las localidades de Alcanar, Ulledecona y Sant Carles de la Ràpita las medidas que es necesario adoptar para exigir una restitución de derechos por el fiasco del proyecto Castor.
También se reúne con los representantes de la Plataforma en Defensa de las Terres del Sénia con otras entidades de la zona.
El Síndic considera que el Gobierno catalán debería asumir un papel activo y ofrecer un servicio de asesoramiento y apoyo a los afectados para que insten las reclamaciones que se consideren oportunas. Entre otras acciones, el Síndic insta a la Generalitat, en coordinación con el Gobierno del Estado, a llevar a cabo los peritajes pertinentes sin trámites previos.
Además de los daños materiales, el Síndic también destaca que es necesario compensar los daños morales sufridos con motivo del proyecto Castor y evaluar a las personas que los reclaman, en las mismas condiciones, apoyo y asesoramiento que los dedicados a los afectados por daños materiales.
Además de priorizar el pago y las indemnizaciones, el Síndic insiste en que es preciso que técnicos independientes realicen un estudio antes de seis meses para saber cómo la hibernación de la plataforma Castor puede afectar al medio ambiente. También será necesario que se estudie cómo afectará el mantenimiento de la estructura.
El Síndic hace más de un año que está investigando las posibles irregularidades en la gestión y las autorizaciones del almacén de gas, así como los daños materiales y los efectos de los movimientos sísmicos ocurridos en la zona más próxima a la estructura.
En septiembre de 2014, la Plataforma en Defensa de las Terres del Sénia entregó al Síndic más de 500 quejas, en las que expresaban su rechazo al proyecto y resaltaban la importancia de exigir responsabilidades a las administraciones que aprobaron el proyecto, a pesar de las advertencias y los informes técnicos de riesgo.
El Síndic también se reunió ayer con representantes de los consumidores, sindicatos y colegios profesionales para trabajar las medidas que es preciso adoptar para evitar que prospere el Decreto ley aprobado por el Gobierno español. Entre otros aspectos, este decreto estipula que sean los consumidores quienes asumen el coste de las indemnizaciones a las compañías concesionarias.