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El Síndic reclama una acción contundente hacia el top manta que comporte una salida a la precariedad de los manteros

El Síndic ha criticado con dureza la inactividad de las administraciones públicas para abordar el fenómeno de la venta ambulante irregular en la calle conocida popularmente como "top manta". Rafael Ribó considera intolerable la permisividad de las autoridades con esta actividad ilegal, más cercana a las tramas mafiosas que a la pobreza de los más vulnerables.

Por este motivo, ha recomendado una acción precisa y decidida contra las organizaciones que importan y controlan las logísticas de distribución de productos falsificados. La lucha contra esta práctica criminalizada requiere la intervención coordinada de la Administración tributaria y de las fuerzas de seguridad de la Generalitat y estatal.

Según el Síndic, las principales víctimas del “top manta" son los vendedores o  manteros y el hecho de que las autoridades miren hacia otro lado les perjudica más que les beneficia. Recomienda, por tanto, abordar este fenómeno de manera integral e incluir medidas que supongan una alternativa legal y mejorada al trabajo que desempeñan actualmente para ganarse la vida. Todo ello significa, si es preciso, proporcionarles alojamiento, formación ocupacional y adoptar medidas para regularizar la situación administrativa de aquellos que lo requieran.

En el marco de esta investigación, y de acuerdo con la demanda de algunas voces pertenecientes al sector afectado, el síndic ha decidido reunir a las partes implicadas para concretar y proponer al Gobierno catalán soluciones factibles para que este las ejecute. En concreto, este lunes 8 de febrero ha invitado a una reunión a representantes de las entidades sociales y de los gremios de comerciantes, a los miembros de varias asociaciones afectadas y a algunos responsables de la Administración y de las entidades municipalistas. El objetivo es analizar conjuntamente salidas para las personas que se han visto en la necesidad de subsistir económicamente con esta práctica ilegal.

Estas son las principales conclusiones del informe presentado por el Síndic sobre la actuación de oficio iniciada en el mes de octubre de 2015 en relación a la venta ambulante ilegal en la calle. La investigación ya tenía el precedente de otra actuación abierta pocos meses antes con motivo de la muerte de un vendedor del “top manta” en Salou durante una operación policial, incidente que situó el problema en el centro del interés mediático y de la opinión pública.

El informe del Síndic destaca sobretodo que es necesario diferenciar la situación de los venedores del “top manta” de la de los entramados mafiosos o redes de crimen organizado que les explotan y que promueven la falsificación y la importación ilegal de los productos que distribuyen los manteros.

Los vendedores de “top manta” acostumbran a ser personas inmigrantes que intentan ganarse la vida vendiendo los productos en la calle y que se encuentran en una situación social muy precaria o directamente de exclusión total.

Rafael Ribó plantea la necesidad de hacer campañas informativas y de sensibilización del consumidor sobre sus derechos y sus obligaciones, y también sobre las repercusiones negativas que supone adquirir productos falsificados en el “top manta”.

Además de las implicaciones sociales y de consumo, el fenómeno tiene implicaciones desde el punto de vista penal, ya que comporta mayoritariamente la venta de productos falsificados y, en este sentido, no se puede ignorar que la falsificación es un delito contra la propiedad industrial e intelectual.

El “top manta” también comporta una ocupación irregular del espacio público, ya que no se dispone de la licencia municipal necesaria para la ocupación temporal de la vía pública. La cadena de ilegalidad implica que tampoco exista recaudación del IVA ni de tasa o impuesto municipal alguno. Finalmente, desde el punto de vista de la competencia, representa una competencia desleal respecto a la de las empresas y los comercios que operan de acuerdo  con la normativa.

Con motivo de la investigación, el Síndic ha solicitado información a diversas administraciones de la Generalitat con competencias en los ámbitos de comercio, consumo, inmigración y servicios sociales, tributos y fuerzas de seguridad. También se han mantenido reuniones con representantes de la Confederación de Comercio de Cataluña y de ANDEMA (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca).

La investigación abarca toda Cataluña, así como los casos concretos de Barcelona, Salou, Sitges, Roses y el Vendrell. El Síndic ha solicitado información a todos estos ayuntamientos, a la Diputación de Barcelona, a la Autoridad Portuaria de Barcelona, a la Federación de Municipios de Cataluña y a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas.

Sobre la capacidad de actuación de las administraciones locales, el Síndic considera que los municipios deben poder asumir la atención social con el pleno apoyo de la Administración de la Generalitat y de la Administración del Estado. 

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