Noticias
El Síndic insta a la Generalitat a definir el papel de la seguridad privada así como la colaboración y vinculación con el sector público
>Informe sobre la seguridad privada en Cataluña
Reclama acciones decididas de la Administración contra el intrusismo y las malas prácticas que afectan al sector privado
Sugiere que el Instituto de Seguridad Pública participe en la formación del personal de seguridad privada
Recuerda que es necesario realizar el desarrollo reglamentario previsto en la Ley de seguridad privada y también plantea la necesidad de un código deontológico
En Cataluña trabajan 320 empresas de seguridad privada y 12.537 vigilantes de seguridad
El Síndic de Greuges ha recomendado a la Administración catalana que defina mejor el papel de la seguridad privada dentro del modelo de seguridad de Cataluña y que concrete los mecanismos de colaboración entre la seguridad pública y la privada. Esta es una de las principales propuestas incluidas en el Informe sobre la seguridad privada en Cataluña, presentado por el Síndic este viernes 3 de junio.
Teniendo en cuenta que la Generalitat posee las competencias en el ámbito de la seguridad pública, el Informe del Síndic también recomienda que el Gobierno catalán asuma estas funciones en lo que respecta al sector privado. Concretamente, sugiere que se haga una interpretación lo más extensiva posible en cuanto a las facultades de la Generalitat, a través de una negociación con el Gobierno del Estado. Por ejemplo, una de las funciones que se podría negociar sería la asunción por parte de la Generalitat de la realización de los exámenes que otorgan la categoría de vigilante de seguridad, que ahora depende del Ministerio del Interior.
El Informe también aborda el intrusismo, uno de los problemas más graves que sufre la seguridad privada. En forma de empresas no homologadas, personal no cualificado o negocios con fiscalidad opaca o dudosa, el intrusismo perjudica a la calidad del servicio y a la imagen del sector. Para combatir este fenómeno, el Síndic también recomienda a la Generalitat que emprenda acciones decididas.
El acuerdo marco de vigilancia y seguridad y el Código de buenas prácticas en la contratación pública, impulsado por la Generalitat, son instrumentos de utilidad en este sentido. El Síndic recomienda que se realice un seguimiento y una actualización periódica de este Código. También es partidario de extender su filosofía al mundo local, donde el intrusismo es una práctica especialmente común, y se ofrece a los ayuntamientos, empresas, sindicatos y Generalitat para impulsar un código de buenas prácticas propio del ámbito local.
Otras recomendaciones destacadas son que el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) participe en la formación del personal de seguridad privada, tal como prevé la ley, que se elabore un código ético o deontológico del sector y que se realice el desarrollo reglamentario previsto en la Ley de seguridad privada.
El objetivo del Síndic con este informe no es hacer un diagnóstico de la situación de la seguridad privada en Cataluña sino fijar un texto referente en la garantía de los derechos de las personas ante la prestación de un servicio de seguridad de titularidad privada. La seguridad privada es claramente un servicio de interés general que puede ser sujeto de investigación por parte del Síndic, a pesar de ser una actividad que está en manos privadas, de acuerdo con las competencias que el Estatuto de autonomía de Cataluña otorga a la institución.
Según datos de la Generalitat, en el año 2015 en Cataluña trabajaban 320 empresas de seguridad privada (196 con domicilio social y ámbito de actuación limitado a Cataluña) y se contaba con 12.537 vigilantes de seguridad.
Para elaborar el informe se han mantenido reuniones, durante los meses de septiembre y octubre de 2015, con una amplia representación de los sectores afectados.
