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El Síndic insta a mejorar los procedimientos para acceder al fondo social contra la pobreza energética y a una mayor difusión de éste
Señala las disfunciones que se están produciendo en este tema
Solicita a las suministradoras que faciliten el trabajo de los servicios sociales y de las entidades y les proporcionen información y formación
Recomienda la creación de una comisión de trabajo que coordine todas las iniciativas adoptadas por ayuntamientos, empresas y entidades
Sugiere que se apliquen las tarifas sociales de forma automática a los beneficiarios de la red de viviendas de inclusión social
Rafael Ribó ha participado este viernes, 4 de noviembre, en el primer Congreso de Pobreza Energética, celebrado en Sabadell, con una ponencia sobre la protección de las personas usuarias de energía. Durante su intervención ha puesto de manifiesto la complejidad que conlleva el procedimiento para acogerse al fondo de atención solidaria en materia de suministros básicos, que incluye repetidas comunicaciones oficiales entre los servicios sociales y las empresas suministradoras. En este sentido, las escasas 4.000 ayudas concedidas en 2015 sumaban poco más de 1,1 millones de euros, un 22,9% de la partida de 5 millones de euros presupuestada. Incluso una resolución del Parlamento insta al Gobierno a disponer de una cantidad no inferior a los 10 millones de euros para el fondo durante todo el año.
Tanto en cuanto al fondo social como a otras tarifas y bonos sociales es necesario facilitar una información clara sobre sobre la propia existencia de la ayuda y sobre los criterios de acceso a ella. Por este motivo, el Síndic recomienda que se incrementen las acciones de difusión, especialmente entre los potenciales beneficiarios. Es ilustrativo el hecho de que en 2015 solo se concedieran 3.770 ayudas.
A la complejidad de los procedimientos, hay que añadir la falta de coordinación entre las partes implicadas en la lucha contra la pobreza energética y de mayor difusión de las ayudas y bonificaciones existentes. Ayudas como el fondo de atención solidaria en materia de suministros básicos, que muchos afectados desconocen.
En cuanto a la coordinación, Ribó ha destacado que se deben articular las diversas iniciativas que actualmente están llevando a cabo las administraciones, empresas y entidades sociales con el objetivo de aumentar la eficiencia y evitar actuaciones dispersas y fragmentadas. El Síndic recomienda la creación de una comisión de trabajo impulsada por la Administración de la Generalitat.
En cuanto a la simplificación del procedimiento el Síndic se remite a las recomendaciones recogidas en su Informe sobre el derecho a los suministros básicos. Entre estas destaca las dirigidas a las empresas y a la responsabilidad social que éstas deberían ejercer. Por ejemplo, insta a las empresas a facilitar la tarea de los servicios sociales municipales por medio de la información y de la formación dirigida a su personal. También considera que las empresas deberían simplificar la gestión de las tarifas sociales en los suministros básicos y la tramitación del fondo social y de otras ayudas a fin de que puedan acogerse el máximo número de personas.
Por último, propone que las empresas establezcan criterios para la aplicación automática de las tarifas sociales en los sectores de la electricidad, el agua y el gas a los beneficiarios de viviendas de inclusión social, independientemente de la titularidad de estos.
Para luchar contra la pobreza energética, el Síndic recuerda que es urgente que el ordenamiento jurídico reconozca como titulares del derecho a los suministros básicos a todas las personas que cumplan los requisitos para ser definidas como consumidoras vulnerables, según los parámetros que establezca la norma.
En cuanto a las recientes sentencias del Tribunal Supremo, que anulan el Real decreto sobre la financiación del bono social eléctrico por parte de las empresas del sector, el Síndic ha criticado la falta de anticipación por parte del Gobierno del Estado en la defensa de los derechos de los consumidores más vulnerables. Reclama soluciones a corto plazo y considera que es urgente la redefinición legal de dicho bono, que comporta un descuento de un 25% en el recibo de la luz.
Miembro fundador de la Red Europea de Ombudsman de la Energía (NEON), el Síndic ha sido una de las primeras voces que ha hecho visible este nuevo fenómeno en Cataluña que cada vez afecta a más familias y que a largo plazo debe abordarse desde una perspectiva de ahorro energético. Algunas medidas sostenibles son la mejora de la eficiencia energética y el aislamiento térmico de las viviendas.
NEON es la interlocutora de los ombudsman del sector de la energía con la Comisión Europea por lo que participa en diversos grupos de trabajo de las direcciones generales de Energía y Justicia. También existe una relación de trabajo permanente con el Consejo de los Reguladores Europeos de la Energía (CEER) y la Agrupación Europea de Asociaciones de Consumidores (BEUC).
