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El Síndic reclama una nueva ley de resolución de conflictos que garantice la independencia del organismo mediador
Jornada sobre la Directiva europea de resolución de conflictos en el ámbito de consumo
Se propone para asumir la competencia en los casos de arbitraje sobre los servicios básicos, que pueden afectar a los derechos de los consumidores
Insta las administraciones a agilizar los trámites de este nuevo marco legal de acuerdo con la Directiva europea de 2013
Organiza una jornada con Fomento del Trabajo para analizar la situación actual y la necesidad de trasposición de las directivas
La necesidad de que la Administración del Estado español, y si corresponde la de la Generalitat, agilicen la trasposición de la Directiva europea sobre la resolución alternativa de conflictos en el ámbito del consumo (ADR) se ha puesto de manifiesto este jueves 19 de enero en una Jornada organizada por el Síndic y Fomento del Trabajo en la sede de esta última entidad en Barcelona.
A tenor de la protección especial que precisan los consumidores de los servicios de interés general o básicos, en el marco de la Jornada también se ha querido abordar el papel destacado que debe tener el Síndic en la resolución alternativa de los conflictos (ADR) que afectan a los consumidores de los servicios servicios básicos y de interés general y/o universal.
La nueva ley, además, deberá preservar el carácter independiente de los organismos que actúan como mediadores.
Según el Síndic, es necesario reflexionar sobre la incidencia de la nueva normativa en los derechos de las personas que tienen los servicios básicos y de interés general y/o universal, dado que la posición del consumidor no es la misma que en una relación de consumo “estándar”. El legislador catalán ha tenido en cuenta esta particularidad en el Código de consumo, que atribuye a los consumidores de los servicios básicos una protección especial.
La Directiva pretende que los estados aseguren que los consumidores puedan recurrir a entidades de resolución alternativa de conflictos que sean 1) de calidad, 2) para todo tipo de controversias contractuales que puedan surgir con los comerciantes, 3) sin que importe lo que compraron (salvo contadas excepciones) y 4) tanto si la compra se realizó por Internet o como si no, y en el propio estado o en cualquier otro de la UE.
Como consecuencia de la falta de trasposición de la Directiva los consumidores del estado español no pueden acceder a los organismos de resolución alternativa de conflictos, así como tampoco los consumidores de Croacia, Rumania y Polonia.
La Jornada ha contado con la participación del síndic, Rafael Ribó, con una ponencia sobre el objetivo de las directivas y la necesidad de trasponer la ley, y de la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y árbitro de consumo, Imma Barral, con la ponencia La resolución de los conflictos con consumidores: ¿hacia dónde nos lleva el nuevo marco legal?". Completan el programa, Sergi Sanchis, defensor del cliente de AGBAR y Carlos Ruiz Benito, del Servicio de apoyo a las políticas de Consumo de la Diputación de Barcelona, para hablar de experiencias concretas.
Por último, Joan Pujol, secretario general de Fomento del Trabajo también figura entre los ponentes para presentar y exponer las conclusiones de la Jornada, junto con el síndic.
