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El Síndic recomienda a los ayuntamientos que suscriban un código de buenas prácticas en la contratación de la seguridad privada
Es necesario que el Acuerdo marco de contratación y el Código de buenas prácticas aprobados por la Generalitat el pasado mes de febrero se extiendan a la Administración local
La Generalitat debería tener más competencias en materia de seguridad privada así como la capacidad de acreditar a todos los agentes en sus respectivas funciones y empresas
La adhesión al Código de buenas prácticas de los servicios de seguridad privada debería ser considerado mérito o requisito para acceder a concursos de la Administración
Dos años y medio después de la aprobación de la Ley de seguridad privada, es prioritario regular las materias pendientes de desarrollo normativo
El Síndic de Greuges ha recomendado a los ayuntamientos catalanes que establezcan un acuerdo marco de buenas prácticas en la contratación de la seguridad privada, como ha hecho la Administración de la Generalitat. Esta es una de las recomendaciones más destacadas del Informe sobre la seguridad privada en Cataluña y las buenas prácticas, presentado este jueves 9 de marzo en el Parlamento de Cataluña.
El documento destaca que, dadas las limitadas competencias de la Generalitat en materia de seguridad privada (tan sólo ejecutivas), el Código de buenas prácticas, aprobado en el mes de febrero de 2017, es un buen instrumento para incidir en el sector. En este sentido, el hecho de que sea firmado de manera voluntaria por empresas prestamistas de seguridad privada y por las empresas contratantes de dichos servicios permite que los compromisos adquiridos devengan decisivos a la hora de contratar empresas de seguridad privada.
La elaboración del código debería concretarse en la creación de una mesa en la que participen la Generalitat de Cataluña, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios −y, por su entidad especial, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona−, las asociaciones de empresas de seguridad y los sindicatos. El Síndic propone que las administraciones y las empresas públicas incorporen la adhesión al Código de buenas prácticas de los servicios de seguridad privada como mérito o requisito para acceder a concursos.
En cuanto a las funciones de la Administración, el Síndic afirma que sería preciso que la Generalitat, en coherencia con su papel en la seguridad pública, pudiera disponer de competencias exclusivas en el ámbito de la seguridad privada, más allá del marco actual, que se reduce a competencias ejecutivas, según el Estatuto de 2006.
El desarrollo de la Ley y la capacitación del personal de control de acceso son dos asignaturas pendientes. Es urgente que el Estado apruebe el reglamento derivado de la Ley 5/2014, de seguridad privada. Han pasado casi tres años desde que se aprobó la Ley y el decreto es una reivindicación de todos los sectores afectados.
Cataluña cuenta con 12.393 personas habilitadas para trabajar como controladores de accesos. El controlador de acceso ejerce las funciones de admisión y control de acceso del público al interior de determinados establecimientos o espacios abiertos al público y está bajo dependencia contractual de la persona titular u organizadora de estas actividades. Las personas que quieran ejercer las funciones de personal de control de acceso deben hacer un curso de formación impartido por los centros de formación habilitada y superar las pruebas de selección. En el año 2011 la Generalitat renunció a la facultad de realizar las pruebas. El Síndic considera esencial que la Administración catalana recupere esta competencia y valora positivamente las modificaciones legales que se están gestando en este sentido.
También sugiere la posibilidad de incorporar profesionales de la seguridad pública como directivos o responsables de seguridad, hecho que puede contribuir a mejorar la seguridad privada. Sin embargo, cabe evitar que se produzcan tratos de favor y garantizar, en todo caso, una actuación correcta.
El informe da continuidad a otro estudio anterior sobre el tema, publicado en el mes de junio de 2016, que se centraba en el papel de la Administración catalana frente a este sector y recomendaba que se incrementara su implicación y competencias. El documento también abordaba el intrusismo, uno de los problemas más graves que sufre la seguridad privada. En forma de empresas no homologadas, personal no cualificado o negocios con fiscalidad opaca o dudosa, el intrusismo perjudica no solo la calidad del servicio sino también la imagen del sector.
