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El Síndic manifiesta que los avances en las políticas y recursos de atención a la infancia son insuficientes y hacen falta cambios de base

04/04/2017

Rafael Ribó y Maria Jesús Larios presentan a debate el Informe anual de infancia en la Comisión de Infancia del Parlamento

Destacan algunas recomendaciones formuladas, como la reducción del tamaño de los centros de protección a la infancia y ponen como ejemplo la proyectada ampliación del centro La Misericòrdiade Girona, que han solicitado que se detenga

Constatan mejoras específicas con referencia a las situaciones de más vulnerabilidad, como es el caso de la prevención del riesgo de maltrato y las medidas compensatorias en educación

Explican la entrega a la ONU del primer informe alternativo presentado por el Síndic, en el cual se destacan las carencias en prestaciones para combatir la pobreza infantil y en los servicios de salud mental infantil y juvenil

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes, Maria Jesús Larios, han presentado este martes, 4 de abril, a la Comisión de Infancia del Parlamento el Informe sobre los derechos del niño.

En su intervención ante los diputados, el síndic y la adjunta han hecho una valoración global del cumplimiento de la Convención de los derechos de los niños en Cataluña y han destacado los ámbitos donde ha habido progresos. Aun así, han añadido que estas mejoras resultan insuficientes y requieren una reforma más profunda en la estructura y los recursos.

También se ha puesto el acento en las principales recomendaciones incluidas en el Informe. Por ejemplo, el sistema o modelo de centros para la infancia protegida. Concretamente, la recomendación es reducir el tamaño de los recursos de atención residencial existentes, también en el caso de los centros de acogida, tanto los que atienden en su mayoría a niños extranjeros inmigrados no acompañados como el resto.

Un caso concreto en esta línea es el del centro de La Misericòrdiade Girona, con respecto al cual el Síndic ha recomendado que no se ubicaran dos centros de acogida en un mismo edificio para evitar la sobredimensión de este tipo de recurso. Los centros de acogida, igual que el resto, sonel hogar de estos niños mientras residen en ellos.

Entre los adelantos alcanzados una medida importante es la incorporación al reglamento de emergencias sociales de las recomendaciones del Síndic, en el sentido de priorizar la presencia de niños en situaciones de pérdida de vivienda y realojamiento de emergencia, y de dedicar-les una especial atención.

En relación a la provisión de becas, el Síndicdestaca la mejora en la dotación en becas de comedor escolar, así como en la subvención a los centros con situaciones de elevada complejidad derivada de las características socioeconómicas del alumnado y del entorno.

También valora positivamente el adelanto que supone la puesta en funcionamiento del Plan piloto de itinerarios formativos específicos (IFE), que permite disponer de una salida formativa para alumnos con discapacidad intelectual leve o moderada que no hayan obtenido el título de graduado en ESO o que lo hayan obtenido y no puedan acceder a las enseñanzas de formación profesional.

En cuanto a las asignaturas pendientes, el Síndic ha solicitado que se establezcan por norma los mínimos considerados esenciales para garantizar el derecho del niño a un nivel de vida adecuado, que se determine la renta de suficiencia económica de que debe disponer una familia para garantizar el acceso de cualquier niño a estos mínimos y que se cree una prestación específica condicionada a la renta para garantizar que las familias con niños que no disponen de los ingresos necesarios puedan cubrir los mínimos establecidos. Esta prestación aún no ha sido establecida.

En cuanto a las desigualdades en el sistema educativo, el Síndic insiste en la necesidad de aprobar un nuevo decreto de admisión del alumnado que amplíe los instrumentos para luchar contra la segregación y que desplieguen algunas medidas previstas en la LEC, como el establecimiento de una proporción máxima por centro del alumnado con necesidades educativas específicas.

El Síndic también constata que los centros de salud mental infantiles y juveniles no dan cobertura a las necesidades de atención a niños y jóvenes con problemas de salud mental.

El acogimiento familiar -según el Síndic- aún está infrautilizado como medida de protección y ha resultado casi subsidiario con respecto al acogimiento en centro. Así, hay un elevado número de niños tutelados que están a la espera de que se les asigne familia acogedora ajena. En septiembre de 2016, 523 niños tutelados estaban pendientes de una familia ajena.

El número de familias acogedoras ajenas y de UCAE está estancado y, por tanto, no se ha producido el incremento solicitado por el Síndic. Éste valora positivamente las campañas de promoción del acogimiento familiar en Cataluña y espera que éstas y otras medidas puedan revertir la situación.

El Síndic explica a la Comisión el informe alternativo sobre la aplicación de la Convención en Cataluña que ha presentado por primera vez al Comité de Derechos de los Niños de la ONU

En el transcurso de su comparecencia el síndic ha explicado la presentación del primer Informe sobre la aplicación de la Convención sobre los derechos de los niños. El documento, que se centra en la situación en Cataluña, es de carácter subestatal y, por tanto, es complementario a la información presentada por el Estado español en el V y VI informe de aplicación. Este informe fue entregado el pasado miércoles 1 de marzo al Comité de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, es la primera vez que se presenta desde Cataluña y abarca el período posterior a 2010, cuando el Comité emitió sus observaciones al Estado español.

Una de las conclusiones del informe, que hace un balance del período 2010-2016, es que, si bien la Ley de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia (LDOIA) de 2010 y el Pacto para la infancia de 2013 significaron un avance importante en las políticas de infancia, ni una ni el otro se han desplegado suficientemente. Además, tampoco se han impulsado las políticas transversales que garanticen los derechos y las oportunidades de los niños en todos los ámbitos y con la implicación de todas las administraciones.

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