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Rafael Ribó evidencia ante la Comisión del Síndic el desgaste democrático que están causando los ataques a la libertad de expresión y la penalización de la disidencia política

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha presentado y debatido este lunes 12 de junio ante la Comisión del Síndic en el Parlamento el informe monográfico Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España. El documento, que entregó al Parlamento a finales de abril, se ha presentado recientemente en el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el próximo 22 de junio se presentará en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes.

El informe confirma que en España se detectan regresiones democráticas que afectan a los derechos y las libertades fundamentales reconocidas, tanto en el marco jurídico estatal como internacional, y que tienen una incidencia especial en Cataluña. Los pronunciamientos de alerta por estos retrocesos, impropios de un estado de derecho, han traspasado el ámbito estatal y han tenido eco en destacados organismos internacionales, como por ejemplo el GRECO, la Comisión de Venecia y el relator de las Naciones Unidas, que han pedido reformas para garantizar la separación de poderes.

Sobre esta cuestión, especialmente evidente frente al conflicto político de los últimos años con las instituciones catalanas, es preciso poner de relieve la Sentencia 42/2014 del TC, que permite someter a control jurisdiccional las resoluciones parlamentarias de carácter estrictamente político, previamente no impugnables.

También ha sido un factor clave la reforma, en el año 2014, de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que le dota de capacidad sancionadora. Ambas medidas han cambiado el rol inicialmente concebido y han deteriorado la independencia.

El abuso de las iniciativas penales contra cargos electos vinculados al delito de desobediencia y a la libertad de expresión, como por ejemplo el caso del regidor de Vic, Joan Coma; la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, y diversos concejales del Ayuntamiento de Badalona, conlleva un alto riesgo de desgaste democrático. Por un lado, porque las muestras o actos de disidencia política en un estado de derecho se deberían poder ejercer libremente. Por otra parte, porque aplicar el derecho penal en estos casos puede tener un efecto silenciador o disuasivo más propio de regímenes opresores que no democráticos.

El síndic ha recordado que el deterioro de la calidad democrática no es privativo de las instituciones del Estado. Así, a principios del año 2017 también ha iniciado dos actuaciones de oficio a raíz de las declaraciones, como mínimo desafortunadas, de cargos políticos catalanes en que se insinuaba que el Gobierno disponía de datos personales de la ciudadanía o se animaba a los funcionarios a dar apoyo al ex presidente Mas, también recogidas en el informe.

El informe también aborda la revelación de conversaciones con contenido conspirador entre el entonces ministro del Interior y el anterior director de la Oficina Antifraude de Cataluña, cuestión sobre la que el Síndic abrió una actuación de oficio, en que recomienda que el Gobierno y las instituciones del Estado adopten todas las medidas para investigar lo sucedido, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan en el ámbito político y penal.

En cuanto a las interferencias y deficiencias en los procesos electorales del año 2012 y 2015, que afectaban gravemente el derecho de voto, Rafael Ribó considera que deben tener una respuesta adecuada por parte de los órganos competentes (Fiscalía y juntas electorales, según el caso).

El informe se ha elaborado con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) y con las contribuciones singulares de los profesores Joan Queralt y Joan Vintró, de la Universidad de Barcelona. José María Mena, ex-fiscal en jefe de Cataluña, también ha colaborado de manera puntual en la elaboración del documento.

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