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El Síndic de Greuges de Cataluña defiende en Madrid el derecho a la libertad de expresión de opiniones y muestras de disidencia política
Rafael Ribó presenta en el Círculo de Bellas Artes un informe en que alerta del desgaste democrático que la judicialización de la política está causando en España
Defiende que las medidas penales por conflictos políticos contra cargos electos se limiten a situaciones de violencia o verdadero riesgo para la integridad del Estado
Constata que la Sentencia 42/2014 del Tribunal Constitucional significó el punto de partida a la hora de atribuir efectos jurídicos a una resolución parlamentaria de impulso político
Alerta de que el abuso del derecho penal en la esfera social y política, como en el caso de los titiriteros o en el de Cassandra en las redes sociales, conlleva una agresión a la libertad de expresión y una regresión del derecho a ejercerla.
Recuerda que el relator especial de la ONU evidencia que el Estado español no ha afrontado el pasado ni ha hecho suficiente justicia en materia de memoria democrática
El Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado este jueves 22 de junio de 2017 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el informe monográfico Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España. Además del síndic, Rafael Ribó, han intervenido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín y la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, de María Eugenia Rodríguez Palop.
También han participado Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y David Bondia, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Ambos han colaborado en la redacción del informe junto con el profesor de la Universidad de Barcelona, Joan Queralt y, puntualmente de José Maria Mena, ex fiscal jefe de Cataluña. La periodista Margarita Sáenz-Díaz Trias ha presentado el acto y moderado el turno de palabra.
El informe, que ya se presentó en Cataluña el pasado 29 de mayo en un acto celebrado en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), expone la regresión en materia de derechos que está ocurriendo en el Estado español, así como la instrumentalización política que se está haciendo del poder judicial.
El documento destaca que las manifestaciones de alerta por los retrocesos en derechos, impropios de un estado de derecho, han traspasado el ámbito estatal y han llegado a organismos internacionales, como el GRECO, la Comisión de Venecia y el relator de las Naciones Unidas, que han pedido reformas para garantizar la separación de poderes.
El informe denuncia la instrumentalización del poder judicial por parte del Gobierno español, especialmente evidente frente al conflicto político de los últimos años con las instituciones catalanas. En este sentido, recomienda que se vuelva a la jurisprudencia constitucional tradicional anterior a la Sentencia 42/2014 del Tribunal Constitucional, en que las resoluciones parlamentarias de impulso político no tenían efectos jurídicos y no eran impugnables jurisdiccionalmente.
A partir de aquí, se destaca que la reforma del Tribunal Constitucional impulsada en el año 2015 por el Partido Popular se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la desdibujada separación entre poderes en España, puesto que otorga potestad sancionadora al TC. Esta fórmula es prácticamente desconocida en derecho comparado, tal y como ha puesto de manifiesto la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, la cual ha criticado con claridad que el TC pueda llegar a decidir la separación de cargos electos.
En opinión del Síndic, la influencia que tiene el ejecutivo sobre la Fiscalía también se ha puesto de manifiesto en los procedimientos judiciales dirigidos contra políticos por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
El informe presentado por el Síndic también denuncia el abuso de la vía penal en supuestos casos de delitos de incitación a la violencia y al odio o por hacer apología del terrorismo. En cuanto a este último supuesto, el Síndic expone ejemplos como el de los titiriteros de Madrid o el de la tuitera Cassandra, condenada por hacer chistes del atentado en que murió Carrero Blanco. Según el Síndic, es necesario revisar la legislación vigente y la doctrina jurisprudencial para conseguir un perfecto equilibrio, con una especial atención a las redes sociales, entre los delitos de odio y apología del terrorismo y la libertad de expresión.
En cuanto a las iniciativas penales contra cargos electos vinculados al delito de desobediencia y la libertad de expresión el Síndic propone buscar interpretaciones posibles orientadas a evitar el recurso a la vía penal. Las medidas contra personas individuales, especialmente cuando ocupan un cargo electo, se deberían limitar tanto como fuera posible a escenarios de violencia, tumultos y, en general, a un verdadero riesgo para la integridad del Estado. Además, defiende la posibilidad de establecer que los imputados que voluntariamente no quieran comparecer puedan notificarlo al juzgado, de manera que este pueda continuar con las actuaciones y la instrucción sin necesidad de practicar una detención.
Frente a hechos como la revelación de conversaciones con contenido conspirador entre el entonces ministro del Interior y el anterior director de la Oficina Antifraude de Cataluña, tema sobre el que el Síndic abrió una actuación de oficio, recomienda que el Gobierno y las instituciones del Estado adopten todas las medidas para investigar lo sucedido, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan en el ámbito político y penal.
También se hace referencia al Informe del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición, en que constata que el Estado español no ha afrontado el pasado ni ha hecho la justicia suficiente en materia de memoria democrática.
Según de Greiff, los vacíos más grandes se manifiestan en cuanto a la verdad y la justicia. "No se estableció nunca una política de estado en materia de verdad, no hay información oficial, ni mecanismos para aclarar la verdad". En este sentido, el Estado debe mostrar un compromiso decidido para dar plena vigencia a los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos.
El documento también manifiesta que el aparente deterioro de la calidad democrática no es privativo de las instituciones del Estado. Así, a principios de 2017 el Síndic ha abierto dos actuaciones de oficio a raíz de las declaraciones, como mínimo desafortunadas, de cargos políticos catalanes en que se insinuaba que el Gobierno disponía de datos personales de la ciudadanía o se animaba a los funcionarios a dar apoyo al ex-presidente Mas.
