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COMUNICADO DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUÑA
El Síndic pide que las actuaciones del Gobierno Español respeten el código de derechos internacionales y el marco legal establecido en el Estado democrático y constitucional
A raíz de los acontecimientos sucedidos en Cataluña durante las últimas horas, y como continuación de la carta que dirigí el pasado 15 de septiembre a diversas instituciones europeas instando al diálogo entre todas las instituciones implicadas, como Síndic de Greuges de Cataluña, emito este comunicado para manifestar públicamente diversos hechos recientes que considero que pueden haber transgredido la legalidad vigente, con posibles nuevas agresiones a derechos fundamentales.
En primer lugar, en cuanto al registro de Departamentos de la Generalitat de Cataluña y detención de personas, es destacable que ha sido el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, en el marco del caso que analiza unas declaraciones del señor Santi Vidal, quien ha dictado estos registros. Por tanto, parece que es a partir de una causa en dicho Juzgado que se ha acabado actuando de forma indiscriminada y decidiendo la intervención sobre un conjunto de departamentos y de dependencias del Gobierno de Cataluña. Cabe añadir que son especialmente graves las detenciones de personas que se han producido en el marco de estos registros, quienes no han opuesto resistencia ni al registro ni a la actuación policial. En algunos casos, se trata de cargos y servidores públicos. Ambas acciones son actuaciones inmensamente desproporcionadas.
En segundo lugar, en cuanto al bloqueo de las cuentas de la Generalitat, es preciso apuntar que, a nivel constitucional, el gobierno español ha ignorado en su proceder por un lado, los mecanismos previstos de control de la actividad de los órganos de las Comunidades autónomas establecidos en el artículo 153 de la Constitución española como mecanismos de control ordinario y por otro, las formalidades legales necesarias para el uso del mecanismo extraordinario previstas en el artículo 155 de la Constitución Española. Esta acción realizada por parte del gobierno español representa de facto la suspensión del autogobierno de Cataluña, transgrediendo la Constitución Española, en concreto los mecanismos previstos en el artículo 155 el cual estipula específicamente un requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y la aprobación por mayoría absoluta del Senado, trámites que no se han realizado.
Además, durante los últimos días han continuado las citaciones a más de 700 alcaldes, motivadas por la suspensión de unas leyes sobre las que aún no existe una sentencia que las declare ilegales, de modo que no pueden ser considerados delitos haciendo uso, por tanto, de la vía penal.
También se han producido, a instancias del Estado Español, nuevas transgresiones de derechos fundamentales, como inspeccionar locales de partidos políticos e imprentas por parte de la Guardia Civil, puesto que estas restricciones al derecho de reunión y de expresión, particularmente graves cuando el colectivo afectado es la prensa, no se han realizado respetando las posibles limitaciones aceptadas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que son de capital importancia en este asunto.
El Síndic vuelve a apelar al diálogo para la resolución democrática de esta situación y a que no se emplee la vía penal para solucionar cuestiones de derecho.
