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El Síndic investiga si la Fiscalía puede haber transgredido el marco legal vigente en sus recientes actuaciones
Ribó presenta un documento elaborado con la colaboración de juristas expertos en la materia en que cuestiona que la Fiscalía utilice la vía penal contra conductas no delictivas
Recuerda que, de acuerdo con el artículo 78 del Estatuto de autonomía de Cataluña, atiende todas las quejas y consultas para garantizar los derechos y libertades en Cataluña
El Síndic actuará frente a toda mala administración garantizando los derechos ante los poderes públicos y de todos los servidores públicos
Enlace al video de la rueda de prensa
El Síndic de Greuges de Cataluña ha destacado este martes 26 de septiembre que todo el mundo que tenga quejas o consultas relacionadas con los acontecimientos políticos de los últimos días puede presentarlas vía web a www.sindic.cat o presencialmente en la sede de la institución, en el paseo de Lluís Companys, 7, de Barcelona.
Rafael Ribó ha recordado que, de acuerdo con el artículo 78 del Estatuto de autonomía de Cataluña, está ejerciendo sus funciones de garantizar los derechos y libertades en Cataluña. En este sentido, ha concretado que atenderá todas las quejas procedentes de cargos públicos que consideren que las directrices que reciben, por parte también de cargos públicos, puedan conllevar una mala administración.
El Síndic también ha hecho público un comunicado (adjunto) en que cuestiona la actuación de la Fiscalía Superior de Cataluña en los recientes acontecimientos y avanza que está investigando si puede haberse transgredido el marco legal vigente.
Por un lado, como se explica en el comunicado está ejerciendo unas funciones que no le corresponden y que van más allá de sus competencias. En este mismo sentido, según el Síndic, la instrucción del Fiscal pretende ejercer una función de “coordinación”. “Coordinar” y “dirigir”, sin embargo, no son funciones equivalentes, como ha establecido una amplísima doctrina del propio Tribunal Constitucional. Y en ningún caso estaría justificado que las labores de mantenimiento de la seguridad y el orden público deban quedar a los órdenes del Ministerio del Interior por decisión de un fiscal.
Por último, ha puesto en duda el uso de la vía penal por parte de la Fiscalía para castigar conductas que no son delictivas.
