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El Síndic exige que se potencien las políticas de primera acogida de niños y adolescentes y el acogimiento familiar

El Síndic de Greuges ha presentado este jueves 30 de noviembre en el Parlamento de Cataluña su Informe anual sobre los derechos del niño 2017. El síndic, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, Maria Jesús Larios, han entregado el documento a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. El mismo día 30 a las 18 horas está previsto un acto de presentación pública del informe en la sede del Síndic dirigida a entidades y personas interesadas en este ámbito.

A pesar de que el informe reconoce los adelantos y los esfuerzos de la Administración con referencia al sistema de protección de la infancia (se han creado 242 plazas nuevas para atender a los migrantes no acompañados), aún es uno de los ámbitos que más preocupan al Síndic en cuanto a los derechos de los niños. Más concretamente, el Síndic destaca como principal reto en esta cuestión el aún insuficiente número de familias acogedoras y falta de despliegue del acogimiento profesional. El informe constata, además, que se debería continuar avanzando en la promoción de una red de centros más pequeños, como ha empezado a hacer la DGAIA, si bien sería necesario que estas dimensiones fueran aplicables a cualquier tipo de centro de protección. Así mismo, es preciso avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los educadores.

También en el ámbito social el informe incluye una lista de recomendaciones para combatir la pobreza infantil y recopila la tarea impulsada por el Síndic para alcanzar la firma, de momento parada, de un pacto contra la segregación escolar. Una iniciativa nueva de este año es la creación de una carta específica de derechos de la salud de los niños y adolescentes. En cuanto a los derechos civiles, destacan las actuaciones para garantizar los derechos del colectivo LGTBI y las sugerencias para proteger y regular los derechos de imagen de los niños.

Un sistema de protección condicionado por la falta de acogimiento familiar, la situación laboral de los educadores y la llegada de menores extranjeros no acompañados (pág. 25 y 91)

Los esfuerzos de la Administración para promover el acogimiento familiar, si bien suponen una mejora en cuanto al apoyo a las familias acogedoras, aún no han dado los resultados que requeriría la necesidad de este recurso, puesto que no se ha incrementado de forma significativa el número de familias acogedoras. Tan sólo un 46,8% de los niños tutelados están en acogimiento familiar, proporción muy similar al existente hace más de diez años.

El factor más determinante para entender el incremento de la presión sobre el sistema de protección tiene que ver con el incremento de la llegada de adolescentes migrantes no acompañados. El mes de octubre de 2017 ya se habían alcanzado 1.116 nuevos casos, un 63,2% más que en todo el año 2016. Las dificultades del sistema de protección para atender esta realidad ha provocado que la Ciudad de la Justicia de Barcelona y el Hospitalet de Llobregat mantuviera numerosos niños, sin estar detenidos, más de cuatro días.

El colectivo de los educadores ha planteado al Síndic déficits que afectan directamente la efectividad y la garantía de los derechos de los niños. Entre las recomendaciones en este sentido destaca revisar el número y el perfil de profesionales que son necesarios en cada uno de los centros de acuerdo con las necesidades detectadas y expresadas por los mismos profesionales y las evaluaciones de riesgos psicosociales.

La pobreza infantil: un problema estructural (pág. 111)

En 2016 los datos sobre el índice de pobreza infantil mejoraron pero aún existe cerca de un 25% de niños en riesgo de pobreza y un 6% de ellos sufren una situación de privación material severa, indicadores significativamente superiores a los datos para el conjunto de la población. A pesar de la constatación de que la prevalencia de pobreza es más alta en niños que en otros colectivos, el informe denuncia que la renta garantizada de ciudadanía, que se ha aprobado este año, protege a las familias con menos ingresos, pero no hace una discriminación positiva suficiente de las familias con hijos a cargo. Los importes previstos varían en función de los miembros de la unidad familiar, pero no distingue si son niños o adultos.

En este sentido, el Síndic ha recomendado que se establezcan prestaciones regulares y eficaces dirigidas a niños y adolescentes que les den la máxima cobertura y el acceso a las cuales no se condicione a las necesidades de los otros, o también que el derecho a un nivel de vida adecuada de los niños sea un derecho subjetivo exigible frente las administraciones y en sede judicial.

Carta de servicio de salud de los niños (pág. 49 y 121)

El Síndic ha pedido que se promueva, conjuntamente con el Departamento de Salud, la elaboración de una carta de servicios de atención sanitaria para niños y adolescentes. Esta carta debería incluir, entre otros aspectos, la cobertura de la atención bucodental y oftalmológica integral, actualmente no prevista entre los servicios de salud públicos. El informe también evidencia la existencia de listas de espera y recuerda que los niños deben tener un tratamiento preferencial, que se debe prever en la normativa.

El pacto contra la segregación: un reto pendiente (pág. 61 y 128)

El Síndic presentó durante el año 2016 dos informes sobre la segregación escolar. A partir de ellos, junto con el Departamento de Educación, ha promovido la elaboración de un pacto contra la segregación en Cataluña. El pacto se fundamenta en los principios de co-responsabilidad de todos los centros, independientemente de la titularidad, y el del derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Para garantizar el éxito del pacto contra la segregación escolar (aún en proceso de elaboración), tanto en cuanto a su suscripción como aplicación efectiva, el informe recomienda que se adopte una posición activa sobre las medidas normativas y organizativas que se deben adoptar, y también las previsiones presupuestarias.

El informe pone de manifiesto el conflicto existente entre los efectos negativos en cuanto a la segregación de la difusión de datos de resultados académicos y el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) ha recibido demandas de acceso a datos de resultados. Para evitar esta situación, el Síndic recomienda que se regule con un decreto la privacidad de esta información.

Más control del uso de la imagen de los niños (pág. 17)

El Síndic destaca en su informe la falta de concienciación generalizada en cuanto a los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los niños. Así, señala que no se tiene suficientemente presente que la difusión de la identidad o de la imagen del niño no sólo lesiona sus derechos, sino que, además, puede perturbar su correcto desarrollo físico, mental, moral y social.

Una de las recomendaciones que efectúa el Síndic es garantizar con rigor que el derecho a la información y a la libertad de expresión no pase los límites que impone el ordenamiento jurídico a fin de preservar los mencionados derechos, especialmente si los niños han sido víctimas de un delito o de maltrato.

Otros temas

#LGTBI Carencias de la Administración en cuanto a las políticas de coeducación y visibilización de los niños LGTBI (pág. 11).

#Refugiados Falta de recursos para familias refugiadas de reciente llegada con necesidad de un seguimiento intensivo en Barcelona (pág. 75).

#Salud Insuficiencia de profesionales de pediatría (pág. 52). Consumo de tabaco en instalaciones deportivas donde los niños desarrollan actividades (pág. 54)

#Discapacidad Programa respiro para niños con discapacidad intelectual (pág. 39).

• Resumen ejecutivo del Informe sobre los derechos del niño 2017 (en catalán)

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