El Gobierno español deberá devolver a cada consumidor los importes repercutidos indebidamente
Reclama una auditoría objetiva sobre las condiciones técnicas de la plataforma
Es preciso un peritaje oficial de los daños provocados por los terremotos en edificios y equipamientos de las tierras del Sénia y, en función de los resultados, revisar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial
Video Rueda de prensa
El Síndic de Greuges de Cataluña destaca que la Sentencia 152/2017 del Tribunal Constitucional sobre la plataforma Castor declara nulas de pleno derecho, por inconstitucionales, las normas que amparaban el pago de la compensación a la empresa que gestionaba la plataforma y el hecho de que esta compensación se pagara con cargo a los consumidores de gas. Por esta razón, recordará por carta al Gobierno del Estado que debe hacer efectiva en su totalidad la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plataforma de gas Castor. Este hecho implica que el ejecutivo reclame a la compañía Escal UGS, SL, concesionaria del fallido almacén de gas subterráneo, la devolución de la indemnización de 1.350.729 euros que cobró a finales de 2014. Esta devolución también debe incluir los intereses devengados desde que se pagó la compensación hasta que se devuelva. También conlleva que se deba devolver a los consumidores de gas dinero extra que se les ha venido cargando desde el año 2016 en el total de la factura en concepto de indemnización y mantenimiento del Castor.
Este es el primer paso que el ejecutivo español debe llevar a cabo tras acatar la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 21 de diciembre. De esta forma podría revertir una situación que ha devenido inconstitucional y que desde el primer momento el Síndic calificó de totalmente injusta para los consumidores.
Con esta sentencia, y a partir de un recurso presentado por el Gobierno de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en el mes de diciembre de 2017 el TC declara inconstitucionales y nulos de pleno derecho los artículos 4, 5 y 6 del Real decreto por medio del cual se aprobó la mencionada indemnización para la compañía y la obligación de los usuarios de asumir su pago durante 30 años. Rafael Ribó también se dirigirá a los promotores de los recursos que han dado lugar a la sentencia para pedirles que soliciten al TC la ejecución total de la sentencia.
El Síndic argumenta que el Gobierno español no puede huir de estas obligaciones, tal y como parece que pretendía hacer el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, cuando hace dos días declaró que la indemnización estaba acordada previamente con la empresa, que era una de las condiciones que se fijaron a su día cuando se otorgó la concesión para construir y explotar la plataforma Castor y que el Tribunal Supremo avaló en el año 2013. En este sentido, el Síndic destaca que cuando se acordó al pago de la compensación a Escal no se comprobó si se cumplían los dos requisitos establecidos en la resolución del Tribunal Supremo del año 2013 a qué hacía referencia el ministro: que la plataforma fuera operativa en un futuro y que en caso de parada esta no fuera causada por una actuación negligente de la empresa.
Precisamente para detectar posibles negligencias y responsabilidades, el Síndic también prevé pedir al ejecutivo español que encargue una auditoría objetiva sobre las condiciones técnicas de la plataforma Castor. El informe debe dictaminar si se cumplieron los requisitos necesarios para garantizar que el proyecto era plenamente viable. Además deberá analizar si cumplía las condiciones de la legislación medioambiental.
Los informes a que ha tenido acceso el Síndic, entre ellos el del Massachusetts Institute of Technology (MIT), exponen que se dan indicios suficientes que indican que los seísmos que tuvieron lugar en el año 2013 son el resultado final de la secuencia de decisiones empresariales y técnicas tomadas por la compañía Escal UGS. Dicho esto, el Síndic afirma que es preciso solicitar un peritaje oficial de los daños provocados por los terremotos en edificios e instalaciones en las tierras del Sénia. Y en función de los resultados, cabrá revisar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
El Síndic cuenta con la colaboración de un grupo de trabajo creado especialmente para realizar el seguimiento de las actuaciones y las novedades relacionadas con el Castor. Actualmente, colaboran los representantes de los colegios profesionales de geólogos, ambientólogos e ingenieros de caminos. La Plataforma por las Tierras del Sénia también participa en este grupo de trabajo.
En el mes de noviembre de 2014 el Síndic presentó un informe monográfico acerca del proyecto Castor. Desde el inicio de la plataforma, y a partir de las quejas recibidas con referencia al Castor, un total de 714 hasta hoy, el Síndic ha insistido en que es necesario aclarar hechos y resarcir tanto el coste asumido por los usuarios como los daños provocados por los seísmos en las Tierras del Ebro.