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El Síndic exige a la Administración estatal y autonómica que cumpla las recomendaciones sociales y educativas del informe de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños
Otras medidas urgentes exigidas hacen referencia al procedimiento de determinación de la edad de los menores de edad extranjeros no acompañados y su acogida.
El documento incorpora propuestas basadas en el Informe complementario al Informe de aplicación del Estado que el Síndic presentó en el mes de marzo de 2017
La adjunta de infancia, Maria Jesús Larios, participó en una sesión del Comité previa a la del Informe de aplicación del Estado, junto con diversas entidades
Tras analizar el contenido del Informe del Comité de Derechos del Niño (CDI) de Naciones Unidas, emitido en el mes de febrero de 2018, el Síndic exige a la Administración estatal y autonómica que cumpla las recomendaciones sociales y educativas incluidas en el documento.
El informe de la ONU recoge y reafirma la preocupación por los aspectos señalados por el Síndic en su informe alternativo que presentó a dicho organismo internacional en marzo de 2017. El documento complementa la información presentada por el Estado en el V y VI Informe de aplicación. Previamente a la sesión del Estado ante el CDI, la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, Maria Jesús Larios, participó en una comparecencia del mencionado comité junto con diversas entidades.
En el marco de este informe, el Síndic analizó los adelantos y retrocesos ocurridos en el período 2010-2016 en cuanto al cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas de los derechos de los niños (CDI), así como también formuló recomendaciones relativas a la mejora de la situación en el futuro.
El documento de las Naciones Unidas, hecho público recientemente, pone el acento en algunos de estos temas destacados, como los efectos de la crisis económica sobre el nivel de inversión en infancia y el impacto de las restricciones presupuestarias en la situación de los niños socialmente desfavorecidos. Constata además la existencia de desigualdades sociales en el sistema educativo, de un sistema de protección a la infancia masificado y centrado en la atención residencial y de una insuficiente o inadecuada atención de los niños extranjeros no acompañados, entre otros. En esta línea, el Comité insta al Estado a adoptar medidas urgentes, especialmente respecto a las problemáticas mencionadas.
Más allá de expresar su preocupación por la prevalencia de la pobreza infantil y por los efectos de las restricciones presupuestarias en las políticas sociales, el Comité reclama al Estado que simplifique los procedimientos para las familias con niños en situación vulnerable a fin de tener un acceso rápido y adecuado a las prestaciones sociales, si conviene con un incremento del personal y de la inversión.
En esta línea, el Síndic había pedido a las administraciones, a través de su informe complementario, configurar un sistema integrado de prestaciones económicas para combatir la pobreza infantil.
En relación con los niños privados del entorno familiar, tutelados por la Administración, el Comité recomienda, entre otras, aumentar la asignación de recursos de apoyo económico y profesional a las familias para evitar la separación de estos niños de su núcleo familiar y garantizar que la atención residencial sea el último recurso.
Entre las numerosas recomendaciones incluidas en el Informe alternativo del Síndic en este ámbito, destaca la de potenciar el acogimiento en familia y suprimir el ingreso en centros de los niños menores de seis años. La primera propuesta en este campo era, no obstante, garantizar la cobertura de los ingresos mínimos de las familias para poder llevar a cabo las tareas de crianza.
En relación con el ámbito educativo, el Comité insta al Estado a promover medidas para garantizar la cobertura de los costes indirectos relacionados con la enseñanza obligatoria, la escolarización adecuada de los niños de origen inmigrado y de etnia gitana, el acceso igualitario a la educación infantil de primer ciclo y la provisión de programas de refuerzo y apoyo para combatir el abandono escolar prematuro.
Desarrollar medidas normativas para combatir la segregación escolar e incrementar la inversión en becas dirigidas al alumnado socialmente desfavorecido constituye un ejemplo de las propuestas emitidas por el Síndic.
En lo que concierne al principio de no discriminación, específicamente en el caso de niños con discapacidad, el Comité insta al Estado a implementar medidas para garantizar su acceso igualitario a la educación e incrementar los recursos para hacer posible la inclusión escolar en centros ordinarios. El Síndic había propuesto definir las ratios de provisión de profesionales adecuadas para la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales en régimen de educación inclusiva.
Sobre los niños extranjeros no acompañados, el Comité expone la preocupación sobre el procedimiento de determinación de la edad prevista en la legislación española y la aplicación que realizan las administraciones competentes.
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para hacer el seguimiento del cumplimiento y aplicación por parte del Gobierno de las observaciones emitidas por el CDI.
