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El síndic se reúne con la comisaria europea de Derechos Humanos para exponerle la situación de conculcación de los derechos en el Estado español
En el encuentro, el síndic ha puesto el acento en la afectación del derecho de los cargos públicos destituidos y los de los representantes obligados a cesar por la disolución del Parlamento, del derecho de participación política de la ciudadanía y del derecho a la libertad de e
Solicita a lo organismos europeos coon lo que se ha reunido que verifiquen que el Estado español haga efectivo el compromisó asumido de realizar una investigación por las cargas policiales del 1-O
El síndic también ha mantenido reuniones con la Dirección de Derechos Humanos y Estado de Derecho y con el Comité de Prevención de la Tortura, ambos también del Consejo de Europa
El síndic de greuges, Rafael Ribó, se ha desplazado este martes 19 de junio a Estrasburgo para reunirse con la nueva comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović. El síndic ha aprovechado la reunión para expresar su preocupación por la precariedad democrática en el Estado español durante los últimos años, y especialmente con referencia al conflicto catalán. Concretamente, le ha entregado el informe que ha presentado recientemente en el Parlamento de Cataluña. Informe La vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión de la reacción penal a partir del 1-O y la aplicación del 155 CE
Ribó también ha explicado los puntos más destacados del informe a diversos miembros del Consejo de Europa con quien se ha reunido previamente: Günter Schirmer, responsable de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Secretariado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; Christos Giakoumpoulos, de la Dirección de Derechos Humanos y Estado de Derecho, y Hugh Chetwynd, jefe de sección del Comité de Prevención de la Tortura
Además, ha solicitado a lo organismos europeos coon lo que se ha reunido que verifiquen que el Estado español haga efectivo el compromisó asumido de realizar una investigación por las cargas policiales del 1-O. En concreto, se refiere al compromiso que el entonces ministro de Asuntos Exteriores español Alfonso Dastis, adquirió con el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, en el marco de una reunió.
Según el informe, la restricción a la libertad personal de diversos dirigentes políticos y sociales por la vía de un uso abusivo y desproporcionado de la medida cautelar de privación de libertad constituye quizás la vulneración más flagrante de derechos fundamentales que se ha producido.
Así mismo, la disolución por medio del artículo 155 CE del Parlamento y la destitución de más de 250 altos cargos del Gobierno han afectado de forma directa al derecho de participación política que reconoce el artículo 23 CE, en un doble sentido: por un lado, resulta afectado el derecho de los cargos públicos destituidos y el de los representantes obligados a cesar por la disolución anticipada del Parlamento; y, por otra parte, también resulta afectada el derecho de participación política de la ciudadanía, en general, en la medida en que los representantes que han elegido no han podido ejercer su función por el tiempo por el que fueron elegidos.
El derecho de participación política del artículo 23 CE también se ve afectado por los actos que, tras las elecciones celebradas el día 21 de diciembre de 2017, impiden sin base legal que personas que han sido elegidas como diputadas al Parlamento de Cataluña y que están en posesión de sus derechos políticos puedan ser candidatas a la presidencia de la Generalitat.
Los ataques o regresiones a la libertad no se circunscriben a las expresiones o manifestaciones de carácter independentista en Cataluña, sino que tienen un alcance más amplio y se están aplicando a diferentes formas de protesta y disidencia.
Por último, en diversas ocasiones durante el período sobre el que trata el informe, y en especial durante la jornada del primero de octubre de 2017, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía actuaron de una manera desproporcionada, y provocaron un daño superior al mal que supuestamente querían evitar. Especialmente preocupante e inaceptable fue el uso de pelotas de goma.
En el informe Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España, el Síndic ya alertaba en el mes de abril de 2017 de la erosión de la separación de poderes en España y de sus efectos contra los principios democráticos.
