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El Síndic alerta al Parlamento de los retos en políticas sociales, como la vivienda, y de las agresiones al territorio, y reitera que es necesario materializar el pacto contra la segregación escolar

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido este lunes 25 de junio ante la Comisión del Síndic en el Parlamento de Cataluña para explicar los temas más importantes incluidos en el Informe anual 2017. En su intervención también ha identificado diversos temas clave heredados del año pasado y que han devenido algunos de los principales retos actuales que deben encarar las administraciones y el Parlamento. El síndic ha destacado el pacto contra la segregación escolar como un reto inminente. Además, ha alertado del número emergente de quejas sobre la renta garantizada de ciudadanía y las relacionadas con las agresiones al territorio y las especulaciones inmobiliarias.

Los acontecimientos políticos y judiciales del último trimestre de 2017 han puesto de manifiesto los retrocesos democráticos y en la separación de poderes en el Estado español, que la institución ya había venido denunciando meses atrás. En el marco de un informe monográfico, se alertaba, como ha dicho el síndic en la comparecencia, de reiteradas vulneraciones de derechos humanos en el Estado español y de un uso excesivo de la vía penal.

La aplicación del artículo 155, la intervención financiera de la Generalitat y las trabas judiciales a numerosas leyes de carácter social han provocado un impacto negativo de cara al cumplimiento de derechos de carácter social y de sostenibilidad territorial y en las libertades en materia de igualdad.

Las cargas policiales del 1-O, el encarcelamiento preventivo de los líderes sociales y políticos del independentismo y los interrogantes en torno a los ataques terroristas del mes de agosto son temas que se tendrán que investigar a fondo y que, en opinión del síndic, no pueden quedar impunes ni sin resolver.

También resulta perturbadora la presencia reiterada en el debate político y en el lenguaje mediático de términos y expresiones como adoctrinamiento, ataques a la libertad de expresión y disidencia política. Conceptos que también se utilizan en los escritos de queja recibidos por el Síndic y que describen un contexto democrático muy debilitado.

En total, durante 2017 el Síndic ha recibido más de 10.000 quejas, ha abierto 281 actuaciones de oficio y ha incidido directamente en más de 60.000 personas. El porcentaje de resoluciones aceptadas de manera total o parcial supera el 98% de las emitidas. De hecho, tan sólo un 1,6% han sido rechazadas por la Administración, mientras que en otro 22,2% han sido aceptadas tan sólo parcialmente.

Asimismo, cabe hacer mención de la tarea de la oficina itinerante del Síndic, que ha realizado 144 desplazamientos y ha visitado 115 municipios diferentes. Se han firmado siete nuevos convenios de supervisión singular con los ayuntamientos de Sitges, Caldes de Montbui, Olèrdola, Santa Perpètua de Mogoda, Manresa, Castellbisbal y Òdena, hasta llegar a los 33 convenios vigentes. Este año se han tramitado más de 7.000 quejas y actuaciones de oficio relativas al mundo local, un 45% del total de la institución.

Temas destacados

El pacto contra la segregación escolar
El Síndic presentó en el año 2016 dos informes sobre la segregación escolar. A partir de estos, junto con el Departamento de Educación, ha promovido la elaboración de un pacto contra la segregación en Cataluña. El pacto se fundamenta en los principios de corresponsabilidad de todos los centros, independientemente de su titularidad, y el del derecho a la educación en igualdad de oportunidades.

Para garantizar el éxito del pacto contra la segregación escolar (aún en proceso de elaboración), tanto en cuanto a su suscripción como aplicación efectiva, el informe recomienda que se adopte una posición activa sobre las medidas normativas y organizativas que se deben adoptar, así como las previsiones presupuestarias.

Vivienda social
Como se evidencia en el reciente informe El derecho a la vivienda: cuestiones urgentes, la falta de un parque de viviendas sociales suficiente tiene como consecuencia directa que las principales vías de acceso a una vivienda social (Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial y mesas de emergencias) no dan respuesta a las necesidades actuales.

Además, la necesidad de atender con carácter prioritario las situaciones de emergencia residencial ha dado lugar a que determinados colectivos no obtengan la atención que también merecen por parte de los poderes públicos a la hora de garantizar su derecho a la vivienda (el derecho a la emancipación de los jóvenes, el derecho al realojamiento de los afectados urbanísticos, etc.).

En esta línea, se ha abordado la necesidad de prever unas políticas de vivienda más estructurales y a largo plazo que permitan dar respuesta a las necesidades de vivienda futuras. Para alcanzarlo, resulta imprescindible la aprobación del Plan territorial sectorial de vivienda.

Atentados de Barcelona y Cambrils (pág. 251)
Los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado mes de agosto han reabierto el debate en torno a las medidas de prevención existentes y el análisis de las causas de estos hechos, de una violencia incomprensible. En este sentido, el Síndic presentó un informe al Parlamento en el mes de noviembre de 2017 en que se hacía eco de las políticas públicas en materia de prevención del terrorismo, el odio y la discriminación.

En el informe se exige el acceso de pleno derecho de la Policía de la Generalitat a los organismos estatales e internacionales de coordinación policial y el completo esclarecimiento de los vínculos entre el líder de la célula terrorista con los servicios secretos del Estado.

El bono social (pág. 191) y la renta garantizada de ciudadanía
El Síndic ha actuado de oficio para realizar el seguimiento del despliegue y la aplicación de la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, que entró en vigor en septiembre de 2017 y que conlleva cambios significativos en el régimen de protección y cobertura de necesidades básicas. En el año 2018 el Síndic de Greuges está recibiendo un gran volumen de quejas relacionadas con la renta garantizada, especialmente desde abril, con una media de 50 al mes.

Esta ley crea y regula una nueva prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica, y con carácter de derecho subjetivo, que tiene como fin asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y a las familias que se encuentran en situación de pobreza.

El Real decreto 897/2017, de 6 de octubre, regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Con respecto a la gestión de solicitud del bono, el Síndic se ha mostrado reticente por la posible sobrecarga de trabajo de los centros de servicios sociales que puede conllevar, dado al aumento de trámites que tendrán que afrontar los profesionales así como ante el incremento de las personas que acceden a la red de servicios sociales. La insuficiente dotación de recursos puede agravar la situación.

Saturación de los servicios de urgencias (pág. 91)
La situación de saturación que presentan algunos servicios de urgencias de los hospitales del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SIAP), aunque sea de manera puntual en determinadas épocas del año, es un asunto que preocupa tantos a los usuarios como al Síndic de Greuges. Este año se han continuado recibiendo quejas de personas que han tenido que acudir a un servicio de urgencias hospitalarias, o de sus familiares, principalmente por las horas que tienen que permanecer y por las condiciones en que deben hacerlo, a menudo en literas en los pasillos del servicio.

Por un lado, en relación al propio servicio de urgencias hospitalarias, el Síndic ha destacado la importancia de realizar una planificación adecuada del servicio que garantice una dotación suficiente de personal para atender la afluencia de pacientes en cada uno de los turnos que se establezcan; de potenciar la coordinación con el resto de los servicios del centro, puesto que se entiende que no se trata de un servicio aislado del resto del hospital; de estudiar la habilitación de más camas en los servicios del hospital que sean deficitarios, y de establecer circuitos de derivación ágil entre los centros hospitalarios y otros dispositivos para que la persona pueda ser atendida donde se le pueda dar con celeridad una respuesta más adecuada a la situación que presenta.

La protección de la infancia y los adolescentes migrantes no acompañados (pág. 113)
El informe pone de manifiesto las carencias estructurales del sistema de protección y también situaciones como por ejemplo la llegada de adolescentes extranjeros solos, que, si bien no son coyunturales, han experimentado una fuerte crecida en los últimos meses. Esta situación se debe abordar en el contexto de la regulación de los flujos migratorios de acuerdo con los convenios internacionales de derechos humanos.

Como carencias estructurales, cabe señalar que los esfuerzos de la Administración para promover el acogimiento familiar, si bien suponen una mejora en cuanto al apoyo a las familias acogedoras, aún no han dado los resultados que requeriría la necesidad de este recurso, puesto que no se ha incrementado de forma significativa el número de familias acogedoras.

Tan sólo un 46,8% de los niños tutelados están en acogimiento familiar, proporción muy similar al existente desde hace más de diez años. El informe constata, además, que sería necesario continuar avanzando en la promoción de una red de centros más pequeños, como ha empezado a hacer la DGAIA, si bien haría falta que estas dimensiones fueran aplicables a cualquier tipo de centro de protección. Así mismo, se debe avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los educadores.

El factor más determinante para entender el incremento de la presión sobre el sistema de protección tiene que ver con el incremento de la llegada de adolescentes migrantes no acompañados. En el mes de octubre de 2017 ya se habían alcanzado 1.116 nuevos casos, un 63,2% más que en todo el año 2016. Las dificultades del sistema de protección para atender esta realidad ha provocado que se mantuviera a numerosos niños, sin estar detenidos, más de cuatro días en las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.

El colectivo de los educadores ha planteado en el Síndic de Greuges déficits que afectan directamente a la efectividad y a la garantía de los derechos de los niños. Entre las recomendaciones en este sentido destaca revisar el número y el perfil de profesionales que son necesarios en cada uno de los centros de acuerdo con las necesidades detectadas y expresadas por los mismos profesionales y las evaluaciones de riesgos psicosociales.

Más control del uso de la imagen de los niños (pág. 116)
En la comparecencia, el síndic también ha destacado la falta de concienciación generalizada en cuanto a los derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen de los niños. Así, ha señalado que no se tiene lo suficiente presente que la difusión de la identidad o de la imagen del niño no sólo lesiona sus derechos, sino que, además, puede perturbar su correcto desarrollo físico, mental, moral y social.

Una de las recomendaciones de la institución es garantizar con rigor que el derecho a la información y a la libertad de expresión no pase los límites que impone el ordenamiento jurídico de preservar los mencionados derechos, especialmente si los niños han sido víctimas de un delito o de maltrato.

Defensa del territorio (pág. 167)
Por medio de las quejas el Síndic de Greuges constata la presión que se va despertando sobre el territorio a raíz de los primeros indicios de recuperación económica en Cataluña. La crisis inmobiliaria puso sobre la mesa la peligrosidad del modelo de urbanismo depredador del suelo que se había seguido hasta el año 2009.

El pasado 5 de junio el Síndic presentó al Parlamento el informe con título El aumento de los conflictos en materia ambiental y urbanística en Cataluña, que pretende analizar cuales han sido las actuaciones de las administraciones en un contexto de aumento de conflictividad territorial, a través de los instrumentos de planificación urbanística y territorial, que inevitablemente afectan al medio ambiente. El informe hace un diagnóstico y analiza también posibles vías de solución a este tipo de conflictos.

La aprobación de la ley del territorio como marco integral en materia de ordenación del territorio y la necesidad que la implantación de infraestructuras en el territorio esté justificada por necesidades acreditadas son parte de las recomendaciones que realiza el Síndic en el informe presentado.

El caso de la afectación de 3.700 metros de camino forestal justo en el medio del Parque Natural del Montseny por la ejecución de la II fase de arreglo y pavimentación del camino de conexión de la carretera BV-5301 con la BV-5114 o la construcción de un puerto, sus accesos, un hotel de cinco estrellas y cuatro viviendas en Tossa de Mar son ejemplos claros de intentos de intervención en el territorio que lo pueden degradar. En ambos supuestos el Síndic de Greuges ha puesto de manifiesto en sus resoluciones la necesidad que los poderes públicos velen por la protección del medio ambiente mediante la adopción de políticas públicas basadas en el desarrollo sostenible y con la mínima intervención.

Es tarea de las administraciones garantizar la preservación y la sostenibilidad del territorio en tanto que afecta a los derechos de las personas.

Igualdad entre hombres y mujeres (pág. 117)
En materia de igualdad entre mujeres y hombres, este año cabe destacar la actuación de oficio iniciada para investigar si se respeta el principio de paridad en los cargos electos y órganos directivos de las instituciones catalanas. De la información obtenida, se desprende que la paridad hombre-mujer en los cargos electos, obligatoria en las listas electorales, desaparece progresivamente en los lugares de responsabilidad política de más relevancia. Así, por ejemplo, el Parlamento de Cataluña escogido en el año 2015 tenía un nivel aceptable de paridad, pero esto no se tradujo en un consejo ejecutivo paritario. Por el contrario, en el momento de su destitución, el consejo ejecutivo estaba integrado por nueve hombres y cuatro mujeres. Cabe decir que la elección de la nueva Mesa del Parlamento fruto de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, con seis hombres y una mujer, supone una regresión en términos de paridad de hombres y mujeres en órganos representativos.

Así mismo, a pesar del aumento constante de mujeres en el ámbito municipal (concejalas y alcaldesas), los ayuntamientos, con carácter general, continúan lejos de ser paritarios, situación que se agrava en los gobiernos locales de segundo nivel (diputaciones y consejos comarcales). En este sentido, es especialmente grave la situación de falta de diputadas provinciales en las diputaciones de Tarragona y Girona.

Tampoco es ejemplar la situación de las instituciones estatutarias, particularmente en cuanto a los órganos colegiados escogidos políticamente, particularmente el Consejo de Garantías Estatutarias, donde la presencia de mujeres entre los cargos electos es absolutamente testimonial, como lo ha sido históricamente en la Sindicatura de Cuentas. La situación mejora, no obstante, en cuanto a los altos cargos de estas instituciones.

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