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El Síndic reclama un plan específico para abordar la llegada de los adolescentes extranjeros no acompañados más allá de las mejoras estructurales del sistema protector

El síndic, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, M. Jesús Larios, han presentado este martes 10 de julio el Informe anual sobre los derechos de los niños 2017 ante la Comisión de Infancia del Parlamento de Cataluña.

A pesar de que el informe reconoce los adelantos y los esfuerzos de la Administración en cuanto al sistema de protección de la infancia (se han creado 242 plazas nuevas para atender a los migrantes no acompañados), aún es uno de los ámbitos que más preocupan al Síndic respecto a los derechos de los niños. Más concretamente, el Síndic destaca la necesidad de adoptar un plan específico para abordar el gran número de adolescentes extranjeros no acompañados que llegan a Cataluña en los últimos tiempos. Un incremento que empezó en el año 2016 y que en el año 2017 fue exponencial.

Este plan debe ser complementario a las medidas de mejora del sistema protector. En este sentido, se debe abordar el aún insuficiente número de familias acogedoras y la falta de despliegue del acogimiento profesional. El informe constata, además, que sería necesario continuar avanzando en la promoción de una red de centros más pequeños, como ha empezado a hacer la DGAIA, si bien estas dimensiones deberían ser aplicables a cualquier tipo de centro de protección. Así mismo, cabe avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal educador.

También en el ámbito social el informe incluye una lista de recomendaciones para combatir la pobreza infantil y recopila la tarea impulsada por el Síndic para alcanzar la firma, de momento en suspenso, de un pacto contra la segregación escolar. En cuanto a los derechos civiles, destacan las actuaciones para garantizar los derechos del colectivo LGTBI y las sugerencias para proteger y regular los derechos de imagen de los niños.

Un sistema de protección condicionado por la falta de acogimiento familiar, la situación laboral del personal educador y la llegada de adolescentes extranjeros no acompañados (pág. 25 y 91)

Los esfuerzos de la Administración para promover el acogimiento familiar, si bien suponen una mejora en cuanto al apoyo a las familias acogedoras, aún no han dado los resultados que requeriría la necesidad de este recurso, puesto que no se ha incrementado de forma significativa el número de familias acogedoras. Tan sólo un 46,8% de los niños tutelados están en acogimiento familiar, proporción muy similar a la existente desde hace más de diez años.

El factor más determinante para entender el incremento de la presión sobre el sistema de protección tiene que ver con el incremento de la llegada de adolescentes migrantes no acompañados. En el mes de octubre de 2017 ya se habían alcanzado 1.116 nuevos casos, un 63,2% más que en todo el año 2016. Las dificultades del sistema de protección para atender esta realidad han provocado que en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat se mantuviera a numerosos niños, sin estar detenidos, más de cuatro días.

El colectivo de los educadores ha planteado al Síndic déficits que afectan directamente a la efectividad y a la garantía de los derechos de los niños. Entre las recomendaciones en este sentido destaca revisar el número y el perfil de profesionales que son necesarios en cada uno de los centros de acuerdo con las necesidades detectadas y expresadas por los mismos profesionales y las evaluaciones de riesgos psicosociales.

La pobreza infantil: un problema estructural (pág. 111)

En el año 2016 los datos sobre el índice de pobreza infantil mejoraron, pero aún existe cerca de un 25% de niños en riesgo de pobreza y un 6% de niños que sufren una situación de privación material severa, indicadores significativamente superiores a los datos para el conjunto de la población. A pesar de la constatación de que la prevalencia de pobreza es más alta en niños que en otros colectivos, el informe denuncia que la renta garantizada de ciudadanía, que se aprobó en el año 2017, protege a las familias con menos ingresos, pero no realiza una discriminación positiva suficiente de las familias con niños a cargo. Los importes previstos varían en función de los miembros de la unidad familiar, pero no distinguen si son niños o adultos.

En este sentido, el Síndic ha recomendado que se establezcan prestaciones regulares y eficaces dirigidas a niños y adolescentes que les den la máxima cobertura y cuyo acceso a las mismas no se acondicione a las necesidades de los demás, o también que el derecho a un nivel de vida adecuada de los niños sea un derecho subjetivo exigible frente a las administraciones y en sede judicial.

El pacto contra la segregación: un reto pendiente (pág. 61 y 128)

El Síndic presentó en el año 2016 dos informes sobre la segregación escolar. A partir de estos, junto con el Departamento de Educación, ha promovido la elaboración de un pacto contra la segregación en Cataluña. El pacto se fundamenta en los principios de corresponsabilidad de todos los centros, independientemente de la titularidad, y el del derecho a la educación con igualdad de oportunidades. Para garantizar el éxito del pacto contra la segregación escolar (aún en proceso de elaboración), tanto en cuanto a su suscripción como en cuanto a su aplicación efectiva, el informe recomienda que se adopte una posición activa sobre las medidas normativas y organizativas que se deben adoptar así como sobre las previsiones presupuestarias.

El informe pone de manifiesto el conflicto existente entre los efectos negativos en cuanto a la segregación de la difusión de datos de resultados académicos y el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) ha recibido demandas de acceso a datos de resultados. Para evitar esta situación, el Síndic recomienda que se regule la privacidad de esta información mediante un decreto.

Más control del uso de la imagen de los niños (pág. 17)

El Síndic destaca en su informe la falta de concienciación generalizada en cuanto a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los niños. Así, señala que no se tiene lo suficientemente presente que la difusión de la identidad o de la imagen del niño no sólo lesiona sus derechos, sino que, además, puede perturbar su correcto desarrollo físico, mental, moral y social.

Una de las recomendaciones que efectúa el Síndic es garantizar con rigor que el derecho a la información y a la libertad de expresión no pase los límites que impone el ordenamiento jurídico de preservar los derechos mencionados, especialmente si los niños han sido víctimas de un delito o de maltrato.

Más recursos para las familias refugiadas (pág. 75)

Es preciso garantizar que los servicios sociales dispongan de los recursos para poder llevar a cabo una intervención adecuada en casos de familias refugiadas de reciente llegada y de especial vulnerabilidad a fin de puedan tener éxito en llegar a ser autónomos.

También es necesario crear centros o recursos para atender a familias con niños de reciente llegada que presentan una situación compleja y que requiere ser abordada de manera específica con planes de trabajo concreto y un seguimiento intensivo.

Otros temas

#LGTBI Déficits de la Administración en cuanto a las políticas de coeducación y visibilización de los niños LGTBI (pág. 11).

#Salut Insuficiencia de profesionales de pediatría (pág. 52). Consumo de tabaco en instalaciones deportivas donde los niños desarrollan actividades (pág. 54)

Discapacidad Programa respiro para niños con discapacidad intelectual (pág. 39) 

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