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El Síndic reclama nuevamente al Defensor del Pueblo que intervenga para facilitar el proceso para acceder al bono social
El Síndic de Greuges de Cataluña ha reclamado de nuevo al Defensor del Pueblo español que intervenga ante la Administración del Estado para que esta adopte las medidas necesarias para simplificar los pasos y condicionantes relacionados con la solicitud del bono social de energía eléctrica, tanto por lo que se refiere a la normativa como al procedimiento de tramitación.
Desde enero de 2018, cuando le envió un documento con 14 propuestas de actuación, se ha evidenciado que los obstáculos denunciados se mantienen y que la complejidad del procedimiento es un freno para que las personas vulnerables se acojan al bono social, y de hecho muy poca gente lo está haciendo.
Aplicar el bono social de forma directa a todas las personas que viven en viviendas sociales, incorporar las familias monoparentales y las unidades de convivencia entre los colectivos de posibles beneficiarios y suprimir la obligación de prorratear el límite de consumo de igual forma entre todos los meses del año. Estas son algunas de las propuestas de mejora del bono social que el Síndic trasladó a más de treinta entes públicos del Estado español. Entre los destinatarios, destacan el Defensor del Pueblo estatal y los defensores autonómicos, los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y varios ministerios y consejerías.
El documento es el resultado de una investigación llevada a cabo en el marco de una actuación de oficio sobre el nuevo decreto que regula el bono social (Real decreto 897/217, de 6 de octubre).
En el BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017, se publicó el Real decreto 897/217, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. El Real decreto 897/2017 define la figura del consumidor vulnerable y, con carácter general, lo asocia a unos determinados umbrales de renta en función del número de personas de la unidad familiar, aparte de incluir otros colectivos como las familias numerosas, las personas consumidoras pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacitado permanente o las víctimas de violencia de género o terrorismo. Esta definición del consumidor vulnerable hace que se establezcan subdefiniciones que incluyen a los consumidores vulnerables especiales, a los severos y a los que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Una lectura inicial del contenido del Real decreto 897/2017 pone de relieve una evidente complejidad de gestión, tanto por lo que se refiere al bono social como a la suspensión del suministro, teniendo en cuenta que se trata de procedimientos y actuaciones que tendrán que ser impulsados por personas vulnerables y que implican a administraciones de diferentes niveles y competencias.
El Síndic también se dirigió a la Agencia Catalana del Consumo y al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para que le informaran de las actuaciones que está previsto llevar a cabo en relación con los derechos de las personas afectadas por el Real decreto 897/2017.
La institución hace años que trabaja con las administraciones, empresas suministradoras y entidades sociales en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Como resultado de este trabajo, el Síndic ha elaborado informes pioneros, como por ejemplo La pobreza energética en Cataluña, de octubre de 2013; La prestación privada de servicios de interés general y las buenas prácticas corporativas, de febrero de 2014, y El derecho a los suministros básicos (electricidad, agua, gas), de diciembre de 2014.
El Síndic también es miembro fundador de la Red Europea de Ombudsman de la Energía (NEON). Esta entidad es la interlocutora de los ombudsman del sector de la energía con la Comisión Europea y, de acuerdo con ello, participa en diferentes grupos de trabajo de las direcciones generales de Energía y Justicia. También mantiene una relación de trabajo permanente con el Consejo de los Reguladores Europeos de la Energía CEER) y la Agrupación Europea de Asociaciones de Consumidores (BEUC).
