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Comunicado sobre el primer aniversario de los atentados del 17-A
En la línea del informe Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña, entregado al Parlamento en noviembre de 2017 y en parte tratado en la Comisión parlamentaria de Investigación de los Atentados el día 24 de julio de este año, el Síndic reitera sus recomendaciones sobre aquellos acontecimientos en el sentido que son necesarias políticas de auténtica reparación para las víctimas y para la sociedad en general, tanto por lo que se refiere a medidas concretas y efectivas como explicaciones transparentes y profundas de lo que sucedió. En este sentido, queda aún mucho trabajo por hacer.
Por todo ello, el Síndic de Greuges manifiesta y reitera lo siguiente:
1. En cuanto a las víctimas, desde el primer momento la sociedad se movilizó apoyándolas de forma muy inmediata y positiva. No obstante, quedan aún aspectos muy precisos de apoyo a las víctimas que hay que desarrollar, como por ejemplo:
- Prolongar más allá de un año el plazo para poder solicitar formalmente el reconocimiento como víctima del terrorismo.
- Realizar un acompañamiento a las víctimas y facilitarles todos los trámites para el reconocimiento de su estatus de víctima.
- Velar para que todas las víctimas tengan acceso a asistencia psicológica y reconocer la condición de víctima de las personas que sufren secuelas psicológicas como consecuencia del atentado.
- Establecer un punto de atención y apoyo a las víctimas.
- Verificar y actualizar el registro oficial de víctimas de los atentados del 17 y 18 de agosto.
- Dar apoyo jurídico a las víctimas que quieran constituirse en acusación particular en el sumario de los atentados.
2. Sigue sin existir una explicación oficial, en sede gubernamental o parlamentaria, sobre los atentados. Más allá de los primeros trabajos de la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Cataluña, la ciudadanía no ha tenido información institucional sobre los atentados. Los poderes públicos, cada uno desde su nivel de responsabilidad, y sobre todo el gobierno del Estado y las Cortes Generales, deberían haber abordado el tema públicamente con celeridad y transparencia institucional.
3. Con independencia del curso de la investigación judicial, los gobiernos de Cataluña y del Estado tendrían que dar cuenta de lo que falló en la prevención de los ataques terroristas, incluyendo si hubo falta de coordinación entre cuerpos policiales o si la exclusión del cuerpo de Mossos d'Esquadra de órganos estatales (CITCO) e internacionales (Interpol y Europol) tuvo un impacto negativo a la hora de detectar los preparativos del atentado y prevenirlo.
Así mismo, resulta preocupante que, un año después de los atentados, aún no se haya materializado ninguna propuesta de participación del cuerpo de Mossos d'Esquadra en los organismos internacionales de coordinación antiterrorista, en aplicación de los acuerdos de la Junta de Seguridad de Cataluña de hace un año. Por otra parte, tampoco se han dilucidado responsabilidades políticas por haber bloqueado durante siete años las reuniones de la Junta de Seguridad.
4. Los programas de prevención de la radicalización extremista, sobre todo en el ámbito escolar (Proderai–comunidad educativa, ahora Proderae) contienen más elementos de detección e intervención en situaciones ya radicalizadas que medidas para evitar que se llegue a producir la radicalización. En opinión del Síndic, la prevención pasa por luchar decididamente contra la desigualdad y el racismo y garantizar la igualdad de oportunidades. Es necesario tomar también medidas inmediatas contra la segregación escolar y educar en valores.
5. El levantamiento parcial del secreto de sumario permite confirmar la existencia de vínculos entre el cerebro de los atentados, Abdelbaki Es Satty, y algunos aparatos de seguridad del Estado (CNI y Guardia Civil). No obstante, es preocupante que circulen diferentes versiones sobre este tema y que aún nadie, desde las responsabilidades del Estado, haya dado explicaciones claras, transparentes y convincentes sobre dicha relación y su incidencia en la detección de la célula terrorista.
6. Cabe destacar que la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra fue el cuerpo policial que actuó en primer lugar ante los atentados y que lo hizo con rapidez y profesionalidad. A pesar de que la operación policial posatentado no está exenta de críticas, se puede afirmar que este cuerpo policial salvó vidas y que estuvo al nivel de otras policías europeas. Resulta insólito, sin embargo, que este cuerpo, de profesionalidad contrastada, sea acusado de organización criminal por la jueza que instruye la causa contra los altos cargos del Departamento de Interior en la Audiencia Nacional.
Barcelona, 16 de agosto de 2018
