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El Síndic reclama a las administraciones que destinen más recursos a desplegar la Ley de transparencia

08/10/2018

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Comparecencia al Parlamento: Informe sobre transparencia, acceso a la información y buen gobierno (2017 y 2018)

Presenta frente a la Comisión del Síndic al Parlamento los dos últimos informes sobre transparencia, correspondientes a los años 2017 y 2018

Después de tres años de vigencia de la Ley, el Síndic observa una cierta ralentización en su despliegue y ha recomendado que las administraciones refuercen las herramientas de colaboración y plataformas compartidas

Insta a potenciar las solicitudes de acceso a la información por vía electrónica sin exigir la firma electrónica

El Síndic de Greuges de Cataluña ha instado a los responsables en materia de transparencia de todas las administraciones catalanas a destinar más recursos en los ámbitos respectivos con más carencias en el cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Tras tres años de vigencia de la Ley, el Síndic observa una cierta ralentización en su despliegue y ha recomendado que las administraciones refuercen las herramientas de colaboración y plataformas compartidas, iniciativa que beneficiaría al conjunto de las instituciones públicas, especialmente a las más pequeñas. Rafael Ribó ha presentado este lunes 8 de octubre frente la Comisión del Síndic en el Parlamento sus dos últimos informes sobre transparencia, correspondientes a los años 2017 y 2018.

El año 2017 ha venido marcado por la excepcional situación institucional vivida en Cataluña, que también ha afectado a la aplicación de la Ley de transparencia, sobre todo en el ámbito de la Administración de la Generalitat, y ha retrasado iniciativas que requerían impulso político. Este es el caso del despliegue reglamentario de la Ley, aunque, en cuanto a las obligaciones de transparencia y en materia de participación ciudadana, se encuentra en fase avanzada de elaboración.

En cuanto al derecho de acceso a la información pública, los datos aportados por las administraciones parecen indicar oscilaciones considerables en el número de solicitudes de acceso planteado por la ciudadanía. En este sentido, el Síndic ha reclamado medidas para difundir el derecho de acceso entre la ciudadanía: “Las personas deben saber que tienen derecho a pedir la información que la Administración gestiona y este es un derecho básico para avanzar hacia un modelo más participativo”.

En los dos últimos años, el Síndic ha destacado que la solicitud por vía electrónica sería la opción preferente de las personas para pedir información y, por tanto, es preciso que esta vía se pueda utilizar sin dificultades. Más allá de las mejoras en este ámbito, en el último informe presentado se propone que el ejercicio del derecho de acceso no esté sujeto a identificación formal por firma o certificado digital.

También es necesario dotar a la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) de los recursos necesarios para ejercer su función. El órgano de garantía es una pieza básica en la configuración del derecho de acceso, tanto para resolver las reclamaciones como para fijar pautas y criterios de aplicación. Y no es admisible la situación actual, con un número de miembros inferior al previsto como mínimo en la Ley y sin los recursos adecuados para ejercer de forma plena todas sus funciones.

En cuanto a la calidad de la información que se publica en los portales, a medida que aumenta el volumen de información publicada, si no se hace de manera organizada y comprensible para las personas, se puede generar una percepción de desinformación y de ineficacia de la publicidad, contraria a la finalidad pretendida. Es necesario que la información se publique de manera estructurada, completa y actualizada y que, cuando haga falta, se incorporen guías para que sea entendible para todo el mundo.

Según el Síndic, también se debe revisar el régimen sancionador de la Ley. Tal y como ha sido concebido, difícilmente podrá funcionar como garantía del cumplimiento de la Ley y, pasados tres años de la vigencia, es oportuno revisarlo.

Los informes incluyen un anexo con la relación de administraciones que no han dado respuesta a las solicitudes planteadas en el marco del test del ciudadano oculto, entre las que hay ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. En algunos casos, este comportamiento se repite por tercer año consecutivo.

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