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El Síndic señala mala administración en la gestión del conflicto del taxi y las VTC

El Síndic de Greuges de Cataluña considera inadmisible la falta de previsión y antelación de las actuaciones por parte de las administraciones competentes en el conflicto del sector del taxi, para encontrar soluciones y evitar las graves alteraciones que está provocando la huelga en la ciudad de Barcelona. A pesar de que la complejidad del fenómeno es conocida desde hace tiempo, el Síndic critica que no se haya actuado con la celeridad, la cautela y el esfuerzo necesario para evitar las afectaciones a la movilidad ciudadana.

Los taxistas de Barcelona mantienen una parada del servicio desde el pasado el viernes 18 de enero y un bloqueo de la parte central de la Gran Via de las Corts Catalanes de Barcelona. Además, han realizado otros cortes de tráfico, por ejemplo, en la ronda Litoral. La movilidad de las personas para acudir a sus puestos de trabajo o para realizar su trabajo en la ciudad de Barcelona – y por ende en el área metropolitana− se ha visto gravemente alterada debido a las actuaciones y manifestaciones de los taxistas. La situación está afectando de manera más grave e irresponsable a todas las personas vulnerables, como por ejemplo el colectivo de personas con discapacidades, que necesitan el servicio de taxi, en algunos casos taxis adaptados, para trasladarse a los centros sanitarios. 

Por este motivo, el Síndic ha abierto una actuación de oficio, que dará continuidad a la que ya inició el pasado mes de julio, para supervisar la gestión de la huelga de taxistas, con el objetivo de pedir a las administraciones implicadas que le informen sobre las medidas previstas para garantizar el derecho a la movilidad de las personas en la ciudad de Barcelona y en el resto de municipios del área metropolitana, y sobre qué medidas piensan adoptar de forma inmediata.

Rafael Ribó insta a respetar el ejercicio del derecho a la huelga en el marco de la legalidad vigente y al mismo tiempo a garantizar el derecho a la movilidad de toda la población. Así, encuentra inaceptable que la administración competente, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, permita que se repitan situaciones que dificultan la movilidad y colapsan la ciudad a pocos días de celebrarse acontecimientos de relevancia internacional.

El Síndic investigará si las manifestaciones se han hecho de acuerdo con la preceptiva comunicación previa al Departamento de Interior y cual ha sido la valoración que se ha hecho de la alteración del orden público y la movilidad. En caso de que no se haya realizado la comunicación mencionada, igualmente es preciso conocer qué valoración ha hecho la Administración de la situación en cuanto a la alteración del orden público.

En opinión del Síndic, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y el Área Metropolitana de Barcelona deberían haber actuado con antelación y de forma proactiva. Especialmente porque la problemática del sector del taxi y la regulación de las VTC no es nueva, como lo evidencian las diversas regulaciones promulgadas hasta ahora, las decisiones emitidas por los tribunales de justicia o la anterior parada de verano de 2018. Las reuniones, contactos y mesas de encuentro entre los actores pertinentes y las administraciones no pueden ser intermitentes o esporádicas.

Por último, el Síndic constata que corresponde en la Autoridad Catalana de la Competencia la misión de velar por el correcto funcionamiento competitivo de los mercados en todos los sectores productivos de la economía en Cataluña y que, en este aspecto, “ha alertado de que los usuarios se verán gravemente perjudicados si se limita la competencia entre taxis y VTC, e insta a las administraciones a que, en vez de imponer restricciones a las VTC, modifiquen la regulación del taxi para que puedan competir en igualdad de condiciones”.

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