Noticias
El Departamento de Educación y más de un centenar de ayuntamientos y agentes de la comunidad educativa firman el Pacto contra la segregación escolar impulsado por el Síndic
Desde el año 2017, el Síndic de Greuges ha estado trabajando para consensuar el acuerdo, en colaboración con el Departamento de Educación, con la voluntad de promover la corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen en el educativo
El documento incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas en nueve ámbitos que el Departamento de Educación se compromete a implementar, en la medida de lo posible, durante esta legislatura
Todas las propuestas están dirigidas al conjunto de centros que integran el Servicio de Educación de Cataluña y parten de la necesidad de incrementar el presupuesto en educación
El pacto prevé, entre otras medidas, la aprobación de un nuevo decreto de admisión de alumnado para el curso próximo, con medidas específicas para combatir la segregación, como el establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centros de una misma zona, la limitación de la escolarización de matrícula viva en centros de alta complejidad o la creación de una oficina virtual de escolarización
También se prevé promover garantías de gratuidad real para el alumnado socialmente desfavorecido y graduar la financiación pública de los centros en función de la corresponsabilidad en la escolarización equilibrada de alumnado
La sala Auditorio del Parlamento de Cataluña ha acogido este lunes 18 de marzo de 2019 el acto de la firma del Pacto contra la segregación escolar, al que se han adherido la mayoría de agentes de la comunidad educativa y del arco parlamentario e institucional, entre los que se cuentan más de veinticinco entidades del ámbito educativo y la inmensa mayoría de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. El acto ha estado presidido por el consejero de Educación, Josep Bargalló y por el síndic de greuges, Rafael Ribó, que ha sido el impulsor del pacto.
El Pacto, pionero en el Estado español, llega casi dos años después de que el Síndic presentara un doble informe monográfico sobre el fenómeno de la segregación y pusiera sobre la mesa la necesidad de llegar a un acuerdo y compromiso de país para combatirlo. Desde 2017 el Síndic de Greuges ha estado trabajando, en colaboración con el Departamento de Educación, con la voluntad de promover políticas de lucha contra la segregación escolar desde la corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen en el ámbito educativo.
Con esta firma, el Síndic se compromete a coordinar el seguimiento del Pacto, conjuntamente con el Departamento de Educación. En este sentido, mientras el Pacto esté vigente, elaborará un informe bianual de balance que se presentará en el Parlamento de Cataluña.
El documento incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas en nueve ámbitos que el Departamento de Educación se compromete a implementar, en la medida de lo posible, durante esta legislatura. Los ayuntamientos que se han adherido al pacto también asumirán durante los próximos tres años la adopción de las medidas consensuadas que correspondan a su marco competencial, y también los titulares de los centros concertados. Todas las propuestas están dirigidas al conjunto de centros que integran el Servicio de Educación de Cataluña y parten de la necesidad de incrementar el presupuesto en educación en torno del 6% del PIB, de acuerdo con lo establecido en la LEC.
Algunos de los ámbitos de actuación son la aprobación de un nuevo decreto en el proceso de admisión, las orientaciones relacionadas con la programación de la oferta, la promoción de acuerdos o pactos locales para alcanzar una escolarización equilibrada o las campañas de sensibilización sobre la calidad del Servicio de Educación de Cataluña.
El establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro en una misma zona, a través de una nueva normativa de admisión y mejora de la distribución de alumnado entre centros
El Pacto propone elaborar un nuevo decreto que regule la admisión de alumnado. Además de eliminar criterios complementarios por enfermedad digestiva crónica y por hermanos o progenitores exalumnos del centro, que ya se ha aprobado, también prevé el despliegue de medidas como la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro de una misma zona, la oficina electrónica de preinscripción, la publicación de cuotas y régimen legal y otras exigencias de transparencia (vacantes, etc.), la protección de los centros de alta complejidad (no-escolarización matrícula viva, etc.), la regulación de la detección de alumnado con necesidades educativas específicas o instrumentos dirigidos a evitar los fraudes, como prever mayores exigencias de acreditación del criterio de proximidad para el alumnado que modifica su residencia padronal justa antes de iniciar el curso escolar (actuación 1), por ejemplo.
Adicionalmente, el Pacto también prevé la puesta en marcha, en el marco del proceso de elaboración de un nuevo decreto, de dos comisiones de estudio estratégico desde la perspectiva de avanzar en los instrumentos de lucha contra la segregación escolar, y que puede alimentar el contenido del nuevo decreto (actuación 2): una comisión de estudio específico de buenas prácticas en regímenes de admisión de alumnado (donde se evaluará el impacto y la viabilidad de una posible política de admisión por cuotas en función del nivel de instrucción/nivel socioeconómico de los progenitores) y una comisión de estudio específico para analizar medidas efectivas de lucha contra la segregación escolar en municipios con una fuerte segregación residencial (donde se evaluará cómo combatir la segregación en territorios con una elevada composición social desfavorecida, donde las políticas de escolarización equilibrada dentro del barrio generan efectos limitados).
Al mismo tiempo, el Pacto prevé el diseño (e implementación) de un protocolo efectivo para el aprovechamiento de la reserva de plazas como medida de escolarización equilibrada, para garantizar la distribución equitativa de alumnado con necesidades educativas específicas entre centros (actuación 8).
Garantías de gratuidad real para el alumnado socialmente desfavorecido
Existe un amplio consenso dentro de la comunidad educativa a la hora de destacar la infrafinanciación del sistema educativo. El Servicio de Educación de Cataluña, integrado por centros públicos y concertados, presenta importantes déficits de inversión pública para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Hay centros públicos y concertados, especialmente los que tienen más complejidad educativa, que demandan una mayor dotación de recursos humanos, económicos y materiales para atender con más garantías las necesidades educativas específicas del alumnado.
El déficit de financiación público provoca que parte del servicio educativo que prestan los centros se deba financiar por medio de las aportaciones de las familias, lo que resulta contradictorio con el principio de gratuidad que rige nuestro sistema educativo y supone un importante factor de desigualdad, tanto en el acceso a los diferentes centros como también en la configuración de los proyectos educativos, condicionados, en parte, por la financiación privada de las familias.
En este sentido, el Pacto prevé avanzar en la gratuidad de la enseñanza a través de la mejora de la financiación pública de los centros públicos y concertados, y discriminar positivamente en la trasferencia de recursos los centros y las familias socialmente menos favorecidas, con el objetivo de garantizar estándares de calidad equivalentes para el conjunto de centros del Servicio de Educación de Cataluña, así como de garantizar la gratuidad real de la enseñanza y que las cuotas no resulten un factor de segregación escolar tal y como sucede actualmente.
Entre otras medidas, el Pacto prevé la creación de una comisión de estudio del coste de la plaza (actuación 15), la adecuación de la financiación pública de los centros públicos y concertados en función de la corresponsabilidad en la escolarización equilibrada de alumnado (actuaciones 16 y 17), la elaboración de directrices sobre el pago de cuotas en centros públicos y concertados (actuación 19-20) y el establecimiento de una convocatoria de ayudas para libros de texto, material escolar, salidas y colonias escolares (centros públicos y concertados) (actuaciones 21 y 22).
Implicación y alineamiento de los actores que actúan en el territorio (centros, inspección, servicios municipales, etc.) en la lucha contra la segregación escolar
La lucha contra la segregación escolar implica, entre otros aspectos, mejorar la corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen en el ámbito educativo, y también la coordinación entre estos a la hora de desplegar los instrumentos disponibles para promover la escolarización equilibrada de alumnado.
Uno de los ámbitos de intervención clave, con más incidencia en la lucha contra la segregación escolar, tiene que ver con la programación de la oferta y la gestión del proceso de admisión de alumnado. A escala local, estas prácticas deben ser promovidas e implementadas especialmente por las mesas mixtas de planificación, las comisiones de garantías de admisión y las oficinas municipales de escolarización, además de otros dispositivos, si procede.
En esta línea, el Pacto prevé, entre otros, el desarrollo de orientaciones en la programación escolar (oferta, adscripciones, zonificación, y ampliaciones y reducciones de ratio, de grupos y de centros) y el establecimiento de criterios en la gestión de las solicitudes (actuaciones 3 y 4), así como la promoción de acuerdos o pactos locales entre centros dentro de una misma zona o municipio para la escolarización equilibrada de alumnado (actuación 10) y el diseño del modelo de intervención de los dispositivos para el fomento de la escolarización equilibrada de alumnado en el territorio, y la creación y dinamización de estos dispositivos donde no existan (actuación 6): clarificar y articular el papel que deben tener las OME, la Inspección de Educación, las comisiones de garantías de admisión, las mesas mixtas, los servicios educativos, los servicios municipales, etc. para combatir la segregación y hacer un uso efectivo de los instrumentos disponibles, y las pautas a aplicar.
Apoyo a los centros de alta complejida
El Pacto también prevé una batería de medidas dirigidas a mejorar la dotación de recursos de los centros con una composición social desfavorecida y la consolidación de sus proyectos educativos (actuaciones 26, 27, 28 y 29), como la promoción en los centros públicos y concertados con una composición social desfavorecida y con una demanda más débil proyectos en los ámbitos del aprendizaje de la lectura, las lenguas extranjeras, la tecnología, las ciencias, las artes o la educación en valores que homologuen las oportunidades educativas en los diferentes centros y programas de desegregación (proyectos magnet, etc.) o incrementar la provisión de recursos económicos y profesionales para el funcionamiento de los centros con una composición social menos favorecida y con mayor concentración de necesidades educativas específicas (más dotación de plantillas, plantillas más interdisciplinares, más apoyo de los servicios educativos, mecanismos de incentivos u otros para garantizar que el profesorado más cualificado para la tarea docente preste servicio en los centros públicos con una complejidad más elevada, etc.).
El Pacto como espacio de rendición de cuentas ante la comunidad educativa
Desde el momento de su aprobación, el Pacto prevé medidas de seguimiento por medio de reuniones semestrales con el conjunto de las entidades signatarias y también a través de comisiones temáticas o territoriales para abordar monográficamente el seguimiento de algunos de los ámbitos de actuación prevista.
En el marco de las reuniones de seguimiento, las administraciones y el resto de entidades signatarias rendirán cuentas del cumplimiento de los compromisos adquiridos, de los progresos alcanzados en el desarrollo de las medidas previstas en el Pacto, y también evaluarán y propondrán las necesidades de mejora de futuro pertinentes.
El Departamento de Educación y el Síndic de Greuges se comprometen a aportar informes con datos cualitativos y cuantitativos que contribuyan a la diagnosis objetiva de la lucha contra la segregación escolar. Adicionalmente, el Síndic de Greuges se compromete a elaborar un informe bianual de balance mientras el Pacto esté vigente, que se presentará en el Parlamento de Cataluña, y también a recibir comunicaciones relacionadas con los posibles incumplimientos del contenido del Pacto por parte de los diferentes actores (administraciones, centros, etc.), a fin de promover ante las administraciones competentes la implementación de las medidas acordadas.
