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El Síndic propone medidas concretas para reducir a la mitad la factura doméstica de la luz
La propuesta, incluida en un nuevo informe del Síndic, se centra principalmente en repartir de manera proporcional y más justa entre todas las tipologías o usos de consumo (doméstico, industrial, servicios, etc.) los cargos no relacionados con el consumo
Con referencia al caso del impuesto sobre generación eléctrica, que a partir de abril se volverá a repercutir en el recibo, Rafael Ribó ha destacado que va en la dirección contraria a las recomendaciones del Informe
En lo que concierne a la fiscalidad, se propone reducir las cargas impositivas que ya no están justificadas, como por ejemplo el impuesto eléctrico, y acercar el IVA del 21% a un tipo reducido, similar al que aplican los países de nuestro entorno
Recomienda a la Administración del Estado que redefina profundamente el procedimiento establecido para la solicitud y la renovación del bono social, teniendo presentes los derechos de las personas vulnerables y los principios de simplificación administrativa
El Síndic de Greuges de Cataluña ha sugerido que se tomen las medidas legales y políticas necesarias que permitan materializar una propuesta de rebaja del 50% en la factura de la luz para usos domésticos, es decir, en los contratos de suministro de electricidad para el consumo del hogar.
La propuesta, incluida en un nuevo informe del Síndic, se centra principalmente en repartir de manera proporcional y más justa entre todas las tipologías o usos de consumo (doméstico, industrial, servicios, etc.) los cargos no relacionados con los gastos directamente imputables al suministro o consumo. Son conceptos ajenos al servicio contratado, como por ejemplo el compromiso de retribución de las energías renovables y la cogeneración o el déficit de tarifa, y suponen cerca del 70% del total que se debe pagar.
Este también es el caso del impuesto sobre la generación eléctrica (técnicamente llamado impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica), que el próximo mes de abril, después de seis meses de exención decretada por el Gobierno español para amortiguar el incremento del precio de la electricidad, se volverá a repercutir en el recibo de la luz. En este sentido, y más allá de que podría incrementar la factura en un 4%, el síndic, Rafael Ribó, ha alertado de que esta medida va en la dirección contraria a las recomendaciones que se incluyen en el Informe. De hecho, este es un tema sobre el que el Síndic ya incidió el noviembre de 2015, cuando pedía que se excluyeran del recibo los conceptos ajenos al consumo e impuestos por la Administración.
El Informe, entregado al Parlamento este miércoles, 27 de marzo de 2019, realiza una diagnosis de la situación actual tras analizar el coste de la energía eléctrica basándose en los tres componentes que contribuyen, con un peso relativo similar, al importe final de la factura: en primer lugar, la energía eléctrica que se consume propiamente, coste que se deriva del precio resultante en el mercado mayorista, en que generadoras y comercializadoras negocian la compraventa de energía diariamente; el segundo componente, son los peajes de acceso que sirven para pagar, por un lado, los costes regulados del sistema como el transporte y la distribución de la energía, así como otros gastos no relacionados con el suministro, como las ayudas a la generación renovable o la financiación del déficit de tarifa (decisiones de política energética), y, por último, los impuestos que soporta la persona consumidora (como por ejemplo el impuesto electricidad e IVA).
En lo que concierne a la fiscalidad, se propone reducir las cargas impositivas que ya no están justificadas, como el impuesto eléctrico, y acercar el IVA del 21% a un tipo reducido, similar al que aplican los países de nuestro entorno. Otras medidas que se proponen es eliminar el concepto de alquiler del contador de la factura, dado que no se justifica económicamente (falta de análisis de coste-beneficio) y al hecho de que la persona consumidora ya lo paga por medio de los peajes en concepto de retribución a la actividad de distribución.
Los retos de las energías renovables
Más allá de la diagnosis de la situación actual, el estudio analiza los retos que el sector tiene planteados en un futuro inmediato, como por ejemplo la formación del precio del mercado mayorista en un escenario de alta penetración de energías renovables hacia el año 2030, considerando el efecto previsible de bajar el precio por el hecho de ser tecnologías de bajos costes de operación y de mantenimiento. Se propone, por un lado, aportar señales de precio a largo plazo para las renovables, como los contratos bilaterales entre productores y consumidores; y, por el otro, se apunta a la necesaria reforma del mercado eléctrico con vistas a los retos mencionados
Otras cuestiones
Por último, este informe trata otras cuestiones que pueden ser considerados obstáculos para el derecho al suministro de electricidad. Así, en cuanto al bono social eléctrico, se propone que la Administración del Estado redefina profundamente el procedimiento establecido para la solicitud y la renovación del bono social y adopte las medidas que sean necesarias para minimizar en la máxima dimensión posible la complejidad del procedimiento actualmente establecido, teniendo presentes los derechos de las personas vulnerables y los principios de simplificación administrativa. Cabe apuntar que el Síndic ya lo pidió en enero de 2018.
Así mismo, la Administración de la Generalitat debería afrontar con la máxima celeridad las medidas adecuadas para el despliegue reglamentario de la Ley 24/2015, que tendría que incluir el establecimiento de un modelo de informe de los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial determinadas por la Ley. El despliegue reglamentario también debería determinar el plazo de validez del informe anterior.
También se recuerda la obligación de las administraciones públicas de actuar contra las conductas delictivas en relación con las redes de electricidad y de las empresas distribuidoras de poner en conocimiento de las administraciones las irregularidades que detecten.
En último lugar, y para los casos de ocupaciones sin título habilitante de vivienda deshabitada, la Administración debería realizar un estudio socioeconómico acerca de la situación de exclusión residencial en que se encuentran las personas ocupantes para determinar si la ocupación ha sido motivada por razones de necesidad y, en su caso, dar la solución adecuada".
Aprobada la directiva y la regulación europea del mercado de la electricidad
El Parlamento Europeo aprobó este martes, 26 de marzo, la directiva y la regulación revisada del mercado de la electricidad. El texto reforzará las disposiciones de la UE sobre protección de las personas consumidoras y el derecho a la solución de conflictos extrajudiciales en el sector eléctrico.
El texto aprobado requiere que los estados miembros aseguren que los clientes finales tengan acceso a un mecanismo independiente, como un ombudsman energético, un organismo de consumo o una autoridad reguladora nacional para resolver conflictos sobre los derechos y las obligaciones establecidas en la Directiva sobre diseño de mercado (artículo 26). Por tanto, la Directiva amplía las competencias de las entidades de resolución de controversias hacia todos los clientes, incluidas las empresas y las pymes.
Además, la referencia a mecanismos independientes como los ombudsman energéticos y las autoridades reguladoras nacionales son una garantía de que los órganos extrajudiciales de resolución de conflictos no sólo respetan los requisitos generales de calidad establecida en la Directiva 2013/11 / UE (la Directiva ADR), sino que también deben informar a las autoridades públicas y son responsables ante el público y la ciudadanía en general. La rendición de cuentas es esencial para proteger eficazmente los derechos de la ciudadanía en los mercados de servicios públicos.
