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El Síndic exige medidas que ayuden a reducir la contaminación

Este miércoles, 5 de junio de 2019, el Síndic de Greuges de Cataluña ha entregado en el Parlamento de Cataluña su informe monográfico La calidad del aire en Cataluña: déficits y recomendaciones,cuyo objetivo es analizar las políticas públicas impulsadas en Cataluña en materia de calidad del aire, determinar su concordancia con las directrices europeas e internacionales, y elaborar una matriz de posibles amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas en este ámbito para señalar las necesidades que debe cubrir la Administración.

En estos años, el Síndic ha llevado a cabo diversas actuaciones sobre aspectos relativos a la contaminación del aire y sobre la inactividad de las administraciones ante molestias por hedores, humos y ruidos provocados por granjas, industrias u otras actividades próximas a las viviendas o por la contaminación lumínica, y en todos los casos ha destacado la necesidad de que las administraciones públicas implicadas adopten medidas adecuadas para evitar, prevenir y reducir el impacto de las actividades en el medio ambiente y en las personas.

En el caso concreto de la contaminación del aire, el Síndic señala que es estrictamente necesario que la Administración pública tome la iniciativa en la adopción de medidas que ayuden a reducir la contaminación y que todas trabajen conjuntamente para encontrar soluciones. Y los procedimientos sancionadores que ha abierto la Comisión Europea confirman estas necesidades, así como las debilidades del sistema de prevención de la contaminación atmosférica existente. Ya en el año 2014, la Comisión Europea alertó al Estado español de que no protegía lo suficiente a la ciudadanía de la contaminación por partículas finas y pidió a todos los estados miembros que incumplían los límites que actuaran de manera prospectiva, rápida y eficaz para que el período de incumplimiento fuera lo más breve posible.

En el mes de julio del 2015 la misma Comisión abrió un expediente contra España por haber superado los límites de dióxido de nitrógeno en algunas aglomeraciones urbanas, como por ejemplo Barcelona. Así mismo, en febrero de 2017, la Comisión volvió a advertir a diversos estados miembros por la constante superación de los niveles de contaminación atmosférica, en particular en áreas urbanas de Madrid y Barcelona.

Frente a estos hechos, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha un programa con 58 medidas estructurales para luchar contra la contaminación del aire, que se deben llevar a cabo entre el período 2017-2020. Además, también adoptó un protocolo en casos de episodio ambiental de contaminación. Este hecho hace evidente la voluntad política de las administraciones de trabajar en la línea de mejorar la calidad del aire. No obstante, el Síndic considera que las medidas aún no son suficientes y que algunas presentan déficits importantes, y así lo avalan los niveles de contaminación actuales. Las principales recomendaciones del informe son las siguientes:

- El vehículo privado ha tenido un papel relevante en las políticas de transporte y movilidad. Y es necesario revertir esta situación, a pesar de ser consciente de que no se puede cambiar de forma inmediata. Por esta razón, el Síndic pide que se promueva una política de transporte y movilidad sostenible.

- También pide que se mejore la conexión en la red de transporte público en el área metropolitana de Barcelona, para facilitar las conexiones entre los municipios de la conurbación y el centro de la ciudad.

- El Síndic ya hace tiempo que reclama la necesidad de poner en funcionamiento un nuevo sistema de tarjeta única para el uso del transporte para el público, la T-movilidad, que debería servir para adaptar el precio del transporte público a la movilidad real de cada persona y, por tanto, facilitaría la aplicación de las tarifas sociales que le correspondan en todo el ámbito del transporte público, de manera que se superen los obstáculos existentes actualmente. Así, se incentivaría el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado

- Otra recomendación del Síndic implica promover de manera decidida acciones para fomentar el uso del vehículo eléctrico, con la creación de una red suficiente de puntos de recarga en la ciudad, y con ayudas para la compra y la sustitución de vehículos convencionales por este tipo de vehículo.

- También destaca la necesidad de impulsar una integración de la información relativa a la calidad del aire, así como una ampliación del tipo de información proporcionada (que integre inmisiones y emisiones).

- En cuanto a las restricciones a la circulación de vehículos en los casos de episodios de alta contaminación, el Síndic entiende que son reacciones puntuales y, más allá de esto, es necesario que las administraciones diseñen políticas a largo plazo que permitan a las personas conocer con la suficiente antelación las decisiones en este ámbito que más pueden afectarles en su día a día.

Así mismo, de acuerdo con los índices más altos de contaminación de algunos distritos y zonas de la ciudad de Barcelona y de otros municipios, el Síndic es partidario de valorar la restricción del acceso a estas zonas más contaminadas, y la posibilidad de cerrarlas en días alternos o con carácter permanente durante los días laborables. También propone crear un peaje de congestión en el que se aplique una tasa diaria que deba ser abonada para poder conducir dentro de las zonas que establezca el área metropolitana. Potenciar los park&ride en el área metropolitana, que en todo caso deberían estar próximos a las estaciones de tren o de ferrocarriles y a las entradas de las zonas delimitadas por la AMB a partir de análisis técnicos, es otra de las medidas recomendadas.

Y, en cuanto a la contaminación odorífera, que también es en parte objeto de estudio en este informe, el Síndic recuerda que, tal y como ya recoge en el Informe al Parlamento 2017, continúa pendiente una normativa reguladora en esta materia, a pesar de que Cataluña tiene competencias para legislar. Hasta ahora las únicas iniciativas han sido un borrador de anteproyecto de ley contra la contaminación odorífera, elaborado por el entonces Departamento de Medio Ambiente y Vivienda en el año 2005, y la Resolución 403/XI, de 14 de diciembre de 2016, del Parlamento de Cataluña, que instaba a incluir regulaciones específicas para combatir los problemas de olores en el marco de la futura ley de calidad ambiental.

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