Noticias
El Síndic se dirige a la alcaldesa de Barcelona y al consejero de Interior por saber qué medidas se están adoptando para garantizar el derecho a la movilidad
Pedirá conocer qué medidas se han tomado o se tomarán para conciliar derechos, y si las manifestaciones y concentraciones se han comunicado previamente a la Administración
A pesar de que las protestas son expresiones legítimas de los derechos de expresión y de manifestación están provocando incidentes en la circulación en diferentes lugares de la ciudad de Barcelona y en otras vías del país.
El Síndic ha abierto una actuación de oficio para contribuir a conciliar el ejercicio de los derechos de manifestación con los de movilidad. En concreto, para tratar los problemas derivados de las manifestaciones de protesta y concentraciones en la vía pública que tienen lugar en Cataluña desde que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa especial 20907/17.
El Síndic pedirá información para conocer los datos y las constataciones de qué disponen las administraciones correspondientes, para saber qué medidas se han tomado, y si las manifestaciones y concentraciones se han comunicado previamente a la Administración. En concreto, preguntará cuáles han sido las intervenciones llevadas a cabo hasta ahora para garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la movilidad, y todo lo que ello conlleva, así como procederá a la investigación de cualquier otro incidente.
Por último, quiere averiguar qué medidas se tienen previstas a fin de conciliar al máximo los derechos de todo el mundo, tanto de quienes se manifiestan como los del resto de personas.
A pesar de que, en opinión del Síndic, las protestas son expresiones legítimas de los derechos de expresión y de manifestación, dichas protestas están provocando incidentes en la circulación en diferentes lugares de la ciudad de Barcelona y en otras vías del país. Este es el caso, por ejemplo, de la acampada en la plaza Universidad, que bloquea una vía principal, como es la Gran Via de les Corts Catalanes.
Esta situación conlleva una vulneración del derecho a la movilidad y libre circulación de las personas para ir a sus puestos de trabajo o de estudio o para hacer su trabajo o actividades cotidianas en diferentes lugares del país, que también suponen un ejercicio de derechos fundamentales (como por ejemplo el derecho a la educación o a la atención sanitaria).
Por todo ello el Síndic se dirige a la alcaldesa de Barcelona, responsable de estas cuestiones en la ciudad, y al consejero de interior, para toda Catalunya.
