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El Síndic reivindica la garantía de los derechos sociales, la sostenibilidad y la defensa de las libertades ante la vulnerabilidad creciente, el cambio climático y la erosión de derechos civiles

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado de los dos adjuntos, Jaume Saura, y M. Jesús Larios, ha entregado hoy al presidente del Parlamento, Roger Torrent, el informe anual de la institución correspondiente al año 2019.

Este año, las quejas y las actuaciones de oficio en torno a la protección de derechos sociales han vuelto a constituir el bloque de actuaciones recibidas más numeroso, con un 32% de las iniciadas durante el año. Tanto en el ámbito de la educación, fundamentalmente por quejas motivadas por el acceso a centros y preinscripción, como en el ámbito de la salud, por listas de espera y por cuestiones relativas a los derechos y deberes de los pacientes, se ha dado un aumento de quejas respecto del año anterior. El incremento más significativo, sin embargo, ha sido el de las situaciones de emergencia residencial, a menudo con niños afectados.

Por otra parte, las políticas territoriales, que incluyen medio ambiente, urbanismo y movilidad, suponen cerca del 30% de las quejas iniciadas en el Síndic durante el año 2019. A su vez, los derechos de personas consumidoras representan en torno al 10% de las quejas y más del 20% de las consultas recibidas durante este ejercicio.

Amplia aceptación de las resoluciones del Síndic y mejora de la satisfacción con la actuación del Síndic 

De las actuaciones finalizadas, se ha detectado alguna irregularidad en un 49,3% de los casos y, de estos, en un 37,7% se ha solucionado el problema sin que fuera necesaria una resolución del Síndic.

En cuanto a la aceptación de las resoluciones del Síndic, y siguiendo la tendencia de años anteriores, es remarcable que en un 98,7% de los casos en que se ha detectado una actuación irregular de la Administración y el Síndic ha recomendado o sugerido medidas, estas han sido aceptadas total o parcialmente.

Otro hecho relevante que conviene destacar es la eficacia del Síndic, medida en la resolución de los problemas y el cumplimiento de las resoluciones que previamente han sido aceptadas total o parcialmente por la Administración. En este sentido, en un 63,7% se ha resuelto el problema o se han cumplido las resoluciones del Síndic, mientras que en un 36,2% de los casos aún están en vías de ejecución.

En cuanto al grado de satisfacción del servicio recibido, un tercio de las personas que han respondido la encuesta se sienten muy satisfechas o satisfechas. La nota media obtenida, con una escala del 0 a 10, ha sido un 6,76 y mejora sustancialmente la del año anterior, que era un 6,1.

A raíz de la implementación de la sede electrónica, es oportuno señalar que un 65% de las personas usuarias que han respondido la encuesta de satisfacción manifiestan que la han utilizado, y un 85,2% se han mostrado satisfechas o muy satisfechas de su funcionamiento.

Actuaciones del Síndic tramitadas durante el año 2019  por materias 

Vivienda

Un año más el Síndic debe destacar la falta de respuesta suficiente por parte de la Administración a las situaciones de emergencia social y económica en materia de vivienda. Este año se ha podido constatar un incremento del número de situaciones de emergencia en materia de vivienda (102 quejas), así como un incremento del período de tiempo que transcurre entre la valoración favorable de la mesa de emergencias correspondiente y la asignación de una vivienda, que llega en algunos casos hasta los dos años de espera.

La respuesta tardía por parte de la Administración a la hora de proveer de una vivienda las personas en situación de emergencia es causada, principalmente, por la falta de un parque de viviendas suficiente destinado a políticas sociales. A pesar de los esfuerzos realizados por la Generalitat y los ayuntamientos, las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora no han sido suficientes para dar solución a una problemática que, lejos de haberse solucionado, se ha agravado en los últimos años, en cuanto al número de personas afectadas y en cuanto a tiempo de espera para poder acceder a una vivienda social. Es necesaria una actuación inmediata de la Administración que dé respuesta efectiva a las más de 1300 unidades de convivencia que, según datos oficiales, esperan acceder a una vivienda de emergencias.

Salud

Tal y como ha planteado el Síndic reiteradamente, las listas de espera del sistema sanitario público continúan siendo objeto de numerosas quejas (249 quejas nuevas este año), y el Síndic se ha tenido que dirigir al Departamento de Salud para recordarle el compromiso adquirido en el año 2015, cuando cambió el catálogo de las intervenciones quirúrgicas sujetas a un plazo de espera máximo garantizado y fijó unos plazos de referencia para acceder en el resto de intervenciones quirúrgicas, para una primera visita con el especialista, para las pruebas diagnósticas y para la atención primaria.

Entre los temas monográficos tratados en el informe destaca la monitorización continua de glucosa para el control de la diabetes tipo 1. Los dispositivos de monitorización permiten mejorar el control de la patología y la calidad de vida de las personas usuarias, razón por la que el Síndic ha sugerido que se fije un calendario de acceso a la financiación de los dispositivos en todos los casos.

Servicios Sociales

La renta garantizada de ciudadanía ha continuado generando quejas significativas, sobre todo en cuanto a la interpretación y la aplicación de los requisitos que la Ley prevé para ser persona beneficiaria de esta prestación generan incidencias e incertidumbres importantes. Por un lado, el Síndic ha considerado que las resoluciones denegatorias en cuanto al nivel de ingresos no están lo suficiente motivadas ni la persona solicitante recibe la información necesaria, y también se ha detectado un incumplimiento de las garantías procedimentales en supuestos de extinción de la prestación (incumplimiento del trámite de audiencia y sin posibilidad de presentar alegaciones). Por otra parte, el Síndic ha considerado incoherente la interpretación que hace el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias sobre las aportaciones o las ayudas económicas provenientes de otras personas, aunque tengan carácter esporádico. El Síndic considera que es necesaria una mejor y más clara información sobre los deberes de las personas beneficiarias de la prestación, que deben cumplir las obligaciones que les corresponden. Asimismo es preciso que el órgano gestor de la prestación incorpore de manera habitual la práctica del trámite de audiencia con carácter previo a la resolución.

Un 25% de niños en situación de pobreza

En los últimos años, el Síndic ha destacado que la mejora de la coyuntura macroeconómica no ha conllevado, como mínimo por ahora, una mejora de los indicadores de riesgo de pobreza en Cataluña. La pobreza infantil continúa siendo un fenómeno con carácter estructural que afectó en el año 2019 a cerca del 25% de los niños, a pesar del ligero descenso en relación al año anterior, mientras que la privación material severa, cerca del 9% de los niños, con un ligero incremento.

La existencia de la pobreza infantil como fenómeno estructural se produce en un contexto de baja inversión pública comparada en políticas de trasferencia económica focalizadas a la infancia.

Estigmatización de los niños migrantes no acompañados y actuaciones positivas en lo acogida pendientes de más despliegue y consolidación

En cuanto a los niños migrantes sin referentes familiares, durante el año 2019, tras un período de fuerte incremento anual de la llegada de niños migrantes solos, esta tendencia se ha estabilizado. Si bien algunas actuaciones respecto a la acogida de niños migrantes sin referentes familiares han sido positivas, cabe desplegar de manera urgente una estrategia de integración de estos adolescentes y jóvenes migrantes en los diferentes municipios de Cataluña, por medio de programas de formación que ayuden a vehicular itinerarios individuales de transición hacia la autonomía.

A las vulneraciones de derechos que sufren estos niños, se ha añadido la grave vulneración que supone la estigmatización de este colectivo y el rechazo de una parte de la población a la instalación de los equipamientos.

Educación

Durante el año 2019 se han puesto en funcionamiento diversas de las actuaciones previstas en el Pacto contra la segregación escolar. Son un ejemplo la aprobación del Decreto 31/2019, de 5 de febrero, que anula los criterios complementarios de enfermedad digestiva crónica y exalumnos; la elaboración del documento para la organización y la gestión de los centros, que limita el acceso a los datos de composición social y resultados académicos de los centros, o la creación de la comisión de estudio sobre regímenes de admisión y de la subcomisión de estudio sobre segregación residencial y la elaboración del documento de propuestas dirigidas al Departamento de Educación. A lo largo de este año se ha celebrado la reunión de constitución de la Comisión de Seguimiento, en el mes de junio, y la segunda reunión prevista, en el mes de noviembre, para analizar los resultados de los trabajos desarrollados. También está en marcha la Comisión del coste de la plaza escolar, que prevé finalizar sus trabajos a principios del año 2020.

Igualdad

En el ámbito de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Síndic ha aprobado su primer Plan de igualdad para el período 2019-2022. En este plan, que tiene una dimensión importante en el funcionamiento interno de la institución, también se prevén actuaciones para que las expresiones públicas del Síndic tengan en cuenta la perspectiva de género. El Plan promueve la transversalización de la perspectiva de género y la perspectiva LGBTI en el conjunto de actuaciones del Síndic, incluyendo la política comunicativa y las actividades de proximidad hacia las mujeres y el colectivo LGBTI, con una referencia especial a todas las manifestaciones de violencia machista y LGTBI-fóbica.

Medio ambiente

Este año, la protección de la biodiversidad de espacios en proyectos urbanísticos, de infraestructuras o extractivos han supuesto un millar de quejas al Síndic (algunas de carácter colectivo). Es necesario tener presente que la imposibilidad de conseguir la reparación de los daños ambientales una vez se han producido, así como el coste que implicaría la reparación en el caso que fuera posible, obliga a los poderes públicos a dar prioridad y eficacia a la intervención previa en el diseño y la aplicación de instrumentos preventivos.

Con referencia a la contaminación acústica, cabe realizar un nuevo planteamiento de carácter global para alcanzar un cambio de hábitos de manera que se acote la duración de las actividades ruidosas que se llevan a cabo por la noche con horarios más racionales. Es preciso revisar a la baja los horarios de cierre de las actividades de restauración y ocio nocturno, así como de las actividades extraordinarias que se desarrollan por la noche al aire libre, puesto que la regulación actual no favorece el equilibrio entre ocio nocturno y el descanso de las personas.

Con referencia a la contaminación atmosférica, las políticas adoptadas hasta el momento son insuficientes y poco eficaces. Las administraciones públicas deben adoptar medidas adecuadas para evitar, prevenir y reducir el impacto de las actividades contaminantes y una de las principales medidas que es preciso adoptar y priorizar es la mejora del transporte público.

Derechos civiles

El ámbito de los derechos civiles ha sido marcado por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, que condena a nueve dirigentes políticos y sociales a penas de prisión de entre 9 y 13 años por hechos ocurridos en torno al 1 de octubre de 2017. El Síndic, quien ya había elaborado un informe monográfico en el año 2018 sobre la desproporción de los procedimientos penales contra estas y otras personas, ha reiterado este año que los hechos ocurridos en Cataluña durante el otoño de 2017 constituyeron el ejercicio de los derechos fundamentales de expresión y de manifestación, y que la consideración de estas expresiones dentro del tipo penal de sedición y las penas impuestas por estos hechos resultan manifiestamente desproporcionadas. En este sentido, el Síndic ha elaborado un informe para analizar el posible impacto de la Sentencia 459/2019 en la interpretación del alcance de los derechos y las libertades fundamentales, que se ha presentado en el mes de enero de 2020.

Transparencia

El informe de evaluación de la Ley de transparencia insiste en que es preciso reforzar los mecanismos de apoyo de las administraciones con más capacidad a las que disponen de menos recursos, y que también es necesario fortalecer los espacios de cooperación entre administraciones para poder articular de forma conjunta los instrumentos que prevé la Ley. Ante una ley que requiere esfuerzos organizativos y recursos sostenidos en el tiempo, y en un contexto en que es difícilmente viable generar estructuras adicionales, para una buena parte de las administraciones obligadas tan sólo será posible dar cumplimiento si se articulan estos mecanismos de apoyo y cooperación que lo faciliten.

Tributos

El Síndic destaca la importancia de garantizar un sistema de defensa eficaz, como condición de seguridad y justicia tributaria. La efectividad del derecho de defensa requiere de una buena administración; un sistema de recursos accesibles, capaz de dar respuestas ágiles y adecuadas, motivadas y homogeneizar criterios y actuaciones de información y asistencia con el objetivo de reducir la conflictividad y litigiosidad tributarias. En materia de tributos locales, sugiere que se instaure un órgano para las resoluciones económico-administrativas.

Seguridad

Este año, el Síndic ha elaborado informes sobre la situación de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y sobre los planes de emergencia nuclear. Sobre los primeros, el Síndic apreció que son necesarias actuaciones inmediatas para dotar al Cuerpo de Bomberos de los recursos humanos, materiales y para disponer de las infraestructuras necesarias a fin de alcanzar el cometido encomendado. Se debe fortalecer el papel del cuerpo, tanto de colaboración con las instituciones más próximas, como con la misma ciudadanía y dotarles de un papel más activo y constante en la elaboración de las políticas públicas de prevención.

En cuanto a las nucleares, el Síndic recoge la propuesta de establecer un órgano permanente de coordinación entre estos municipios, las administraciones del Estado y de la Generalitat y la empresa explotadora de las centrales nucleares. Además, también considera que es imprescindible adaptar el PENTA, del año 2009, y el Plan básico de emergencia nuclear (PLABEN), de 2004, a las nuevas directivas europeas EURATOM, que incorporan buenas prácticas derivadas del accidente a la central japonesa de Fukushima en 2011. Asimismo es indispensable mejorar las redes de telecomunicaciones, especialmente a los núcleos de población donde aún se dan carencias de cobertura de telefonía móvil, y la infraestructura ferroviaria (líneas R15 y R16) como vía esencial de evacuación en caso de emergencia.

Plan de derechos humanos de Cataluña

En los informes anuales de 2017 y 2018 se explicaba la creación, por resolución del Síndic y convenio con el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, de la Estructura Catalana de Derechos Humanos, inspirada en los Principios de París de la ONU de 1991, y el encargo recibido por parte del Gobierno de la Generalitat de preparar un proyecto de plan de derechos humanos.

Durante el año 2019, la Estructura ha desarrollado un proceso de debate y participación con decenas de entidades y de colectivos que han organizado en torno a 100 ágoras relativas a los diversos derechos a lo largo y ancho del territorio. Este proceso ha culminado con la aprobación del Plan de derechos humanos de Cataluña, que se entregó al Gobierno y al Parlamento el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

• Nota de prensa íntegra

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