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El Síndic pide la aprobación del Decreto de admisión de alumnos en cumplimiento del Pacto contra la segregación y la mejora de la financiación de los centros educativos
Salud: se constata un incremento del número de niños en espera de consultas externas y pruebas diagnósticas, y se ha reducido el número de niños que están en espera de intervenciones quirúrgicas.
Vivienda de emergencia: se corrobora la dilación en el tiempo de asignación en casos donde hay niños afectados por los desahucios.
El síndic, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, M. Jesús Larios, han sustanciado el debate del Informe anual de los derechos del niño ante la Comisión de infancia del Parlamento de Cataluña. En el marco de la comparecencia, han exigido que el Decreto de admisión de alumnos se apruebe lo antes posible para aplicarlo en el curso 2020/21 y poder implementar las medidas previstas en el Pacto contra la segregación escolar y en el documento elaborado por las comisiones surgidas del Pacto, en que están representados todos los sectores firmantes. A su vez, el Síndic considera que es preciso garantizar la mejora de la financiación del sistema educativo tal y como se recoge en el mismo Pacto.
El Síndic asimismo ha reclamado más recursos presupuestarios para poder llevar a cabo las inversiones estructurales necesarias en el ámbito de la infancia y ha puesto el acento en temas como la pobreza infantil, el sistema de protección de la infancia o la educación, que presentan carencias estructurales que conllevan vulneraciones de la Convención de los derechos del niño.
Se constata que los niveles de inversión en políticas de infancia en Cataluña por parte de las diversas administraciones con competencias sobre este ámbito aún son insuficientes. A pesar de que entre los años 2014 y 2018 el presupuesto definitivo de la Generalitat destinado a la infancia se ha incrementado un 24,2%, al acabar el año 2018, la inversión final aún se situaba por bajo de la existente en el año 2010. También cuestiona el hecho de que en Cataluña, según el último dato registrado sobre gasto destinado a políticas de protección social de infancia y familia (del año 2014), es de 0,8% del PIB, notablemente inferior al 2,4% de la Unión Europea y al 1,3% al conjunto del Estado español. Según el Informe, la baja inversión pública comparada en políticas de trasferencia económica focalizadas en la infancia es uno de los factores que explica la elevada prevalencia de la pobreza infantil en Cataluña y que muchos niños tengan dificultades para hacer efectivo el derecho a un nivel de vida adecuado.
En los últimos años, el Síndic ha destacado que la mejora de la coyuntura macroeconómica no ha conllevado, como mínimo por ahora, una mejora de los indicadores de riesgo de pobreza en Cataluña. La pobreza infantil continúa siendo un fenómeno con carácter estructural que afecta en el año 2018 a cerca del 25% de los niños, a pesar del ligero descenso en relación con el año anterior, mientras que la privación material severa se sitúa cerca del 9% de los niños, con un ligero incremento (véase la tabla 1-pàg. 203).
Con referencia a los niños afectados por los desahucios, el Síndic ha corroborado que la asignación de vivienda de emergencia se acostumbra a dilatar en el tiempo, a pesar de la resolución favorable de la Mesa de valoración de situaciones de emergencias económicas y sociales de Cataluña, como consecuencia de la disponibilidad insuficiente de viviendas protegidas. Este déficit provoca que familias deshauciadas con niños a cargo se deban alojar en recursos como pensiones, centros de acogida municipales u otros recursos residenciales de estancia limitada, en condiciones inadecuadas para los niños, hasta que les asignan la vivienda. Estas situaciones que prolongan el padecimiento emocional de los niños, junto con las condiciones materiales inadecuadas (habitaciones, generalmente pequeñas y sin servicios básicos, o en habitaciones colectivas, donde hay otras personas socialmente vulnerables sin hogar y sin vínculos con la familia), suponen situaciones de victimización secundaria de los niños.
En el ámbito de la protección de la infancia, el Síndic ha considerado inadmisibles los déficits que aún presenta el sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y también la necesidad de desarrollar una reforma estructural, tanto en cuanto a la promoción del acogimiento familiar, como respecto a la diversificación de los recursos residenciales y a la mejora del acompañamiento de los niños tutelados y extutelados a lo largo de la tutela y durante su transición a la vida adulta.
Sobre la llegada de niños migrantes no acompañados, tras un período de fuerte incremento anual, comprendido entre 2015 y 2018, en que año tras año se duplicaba el número de nuevos casos atendidos con respecto al año anterior, cabe decir que durante el año 2019 esta tendencia se estabiliza, de manera que nos encontramos con un volumen de llegada similar al de 2018 (véase la tabla 1 – pág. 244). Esta estabilización no ha impedido, sin embargo, que el número de niños migrantes sin referentes familiares atendidos durante el año 2019 sea, en el mes de septiembre, de 6.238, un 29,6% más que en diciembre de 2018.
A las vulneraciones de derechos que sufren estos niños, se ha añadido la grave vulneración que supone la estigmatización de este colectivo y el rechazo de una parte de la población a la instalación de los equipamientos. El Síndic ha anunciado que liderará una actuación dirigida a los departamentos de la Generalitat implicados y a los municipios de Cataluña para que se alcancen unos compromisos para la acogida e inclusión de estos jóvenes en Cataluña, incidiendo en la corresponsabilidad en relación a la apertura de recursos residenciales
En cuanto a las listas de espera de salud, conviene poner en relieve que en el último año se ha incrementado el número de niños que están en espera de consultas externas y pruebas diagnósticas, a pesar de que se ha reducido el número de niños que están en espera de intervenciones quirúrgicas. En concreto, entre agosto de 2018 y septiembre de 2019, el número de niños pendientes de consultas externas se ha incrementado un 10,9%, y el de pruebas diagnósticas, un 21,2%, mientras que el número de niños pendientes de intervenciones quirúrgicas se ha reducido un 6%.
El Informe también trata temas relacionados con otros ámbitos de la infancia, como el protocolo de detección de maltos tratos a los recien nacidos, la prestación de los servicios de logopedia, el derecho de huelga del alumnado de secundaria, la regulación de los derechos en el marco de los clubes deportivos y los juguetes sexistas, por poner algunos ejemplos.
El Informe sobre los derechos de niño fue entregado al presidente del Parlamento, Roger Torrent, el 25 de noviembre de 2109, y responde al mandato legal comprendido en la Ley de derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia, en cuanto a informar acerca de la situación de la infancia en Cataluña respecto a los derechos establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y la legislación relativa a infancia y adolescencia. Se trata del noveno informe que el Síndic entrega al Parlamento.
