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El Síndic analiza de oficio la gestión de la crisis del Coronavirus en los centros penitenciarios y de justicia juvenil
La minimización de riesgos y una actuación ágil por parte de la Administración penitenciaria debe ser compatible con el respeto a los derechos humanos de las personas internas
La suspensión de visitas y actividades de los internos pueden provocar un aumento de las tensiones y una dificultad adicional a la situación de privación de libertad
Se respaldan las medidas que se han puesto en funcionamiento como el aumento de las llamadas semanales y las videollamadas y se secundan las recomendaciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
El Síndic de Greuges de Cataluña ha iniciado una actuación de oficio para analizar la gestión de la crisis provocada por la propagación del virus SARS-CoV2, más conocido como Coronavirus, y su incidencia en el conjunto de los establecimientos penitenciarios, donde ya se ha dado algún caso positivo, y en centros de justicia juvenil dependientes de la Administración de la Generalitat de Cataluña.
La fácil y rápida expansión del virus que se está produciendo en el conjunto de la población ha condicionado, de manera particular, tanto el régimen de vida de las personas internas como el trabajo que de los profesionales penitenciarios desarrollan en el sistema de ejecución penal y de justicia juvenil. En concreto, respecto a los internos, la necesidad de suprimir las comunicaciones presenciales con el exterior, así como otras actividades formativas y de ocio, puede suponer una dificultad adicional a la situación de privación de libertad y comportar un aumento de las tensiones dentro de los centros.
La minimización de los riesgos, junto con una actuación ágil por parte de la Administración penitenciaria, debe ser el activo principal que permita la adopción de medidas óptimas para contener la propagación del virus. Estas medidas deben ser compatibles con el respeto a los derechos fundamentales de las personas internas en todos aquellos aspectos que influyan en la ejecución de la pena o medida de privación de libertad provisional.
Por este motivo, el Síndic de Greuges de Cataluña ha dirigido escritos de petición de información tanto a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, dependiente del Departamento de Justicia, como al Instituto Catalán de la Salud, Programa de Salud Penitenciaria, del Departamento de Salud.
La información solicitada también ha tenido en cuenta las medidas de acceso y modificación de las formas de trabajo del conjunto de los profesionales penitenciarios, así como de las medidas de protección y seguridad que deben mantener en la realización de las tareas diarias encomendadas.
El Síndic considera positivas algunas de las medidas adoptadas y puestas en funcionamiento por parte del Departamento de Justicia, como el aumento del número de llamadas telefónicas semanales de las personas internas, y el inicio del sistema de videollamadas, así como la progresión de personas internas del tercer grado y la flexibilización, con los debidos controles, de los terceros grados de manera que muchas de estas personas internas puedan pernoctar, y seguir el confinamiento, en su domicilio.
Esta medida coincide con lo que ha recomendado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en una Declaración hecha pública ayer, 25 de marzo. Bachelet ha pedido a los Gobiernos de todo el mundo que intenten reducir el número de personas internas, especialmente aquellas más vulnerables al COVID-19 como son las de mayor edad o enfermas, así como las menos peligrosas. En este sentido, ha dicho que “Ahora más que nunca los Gobiernos deberían poner en libertad a todos los internos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre ellos los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
También ha dicho que las autoridades penitenciarias deben seguir atendiendo las necesidades sanitarias específicas de las mujeres privadas de libertad, incluidas las embarazadas, personas con discapacidad y menores de edad.
El Síndic secunda las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y realizará un seguimiento, con los Departamentos de Justicia y Salud, de su aplicación en las prisiones y centros de justicia juvenil catalanes.
