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El estudio de la plaza escolar pone de manifiesto la infrafinanciación del sistema en su conjunto
El estudio calcula el coste teórico de la plaza escolar en un escenario hipotético de plena escolarización equilibrada del alumnado, que actualmente no se da, incorporando la gratuidad de las actividades complementarias, las salidas y campamentos escolares, y los libros y materiales escolares, tanto en centros públicos como concertados
Para garantizar el coste teórico de la plaza escolar de forma gratuita se requiere de una financiación pública adicional de 1.163,8 millones de euros en los centros del Servicio de Educación de Cataluña
La mejora de la financiación de los centros debe ir acompañada necesariamente y de forma simultánea de medidas para combatir los desequilibrios existentes
El síndic ha presentado el informe Estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña, que recoge los resultados de los trabajos desarrollados por la Comisión del coste de la plaza escolar, integrada por profesionales expertos y coordinada por el Síndic de Greuges, cuyo objetivo era cuantificar el gasto público necesario para garantizar la provisión en condiciones de gratuidad de la plaza escolar con estándares de calidad equivalentes entre centros.
La comisión de estudio ha estado coordinada por el Síndic de Greuges e integrada por profesionales expertos en la materia: por orden alfabético, Pedro Alonso Garcia (sustituido por motivos profesionales por Lluís Biosca), Xavier Bonal, Isabel Fons, Eugeni Garcia Alegre y Guillem López Casasnovas. Los trabajos se han llevado a cabo entre los meses de junio de 2019 y marzo de 2020.
Este estudio plantea no solo la necesidad de incrementar progresivamente la financiación de los centros del Servicio de Educación de Cataluña, teniendo presente, mientras existan desigualdades en la composición social de los centros, la equidad en la distribución de los recursos como principio básico sino también, y especialmente, que la mejora de la financiación sea un instrumento para ir corrigiendo progresivamente los desequilibrios existentes entre centros, con el objetivo de garantizar en el futuro una escolarización plenamente equilibrada de acuerdo con unos estándares de calidad equivalentes entre centros.
El coste teórico de la plaza escolar está calculado tomando como referencia un escenario hipotético de escolarización plenamente equilibrado, que actualmente no se produce, en el que centros públicos y centros concertados tuvieran una composición social equivalente entre sí. La mejora de la financiación de los centros debe desarrollarse, pues, siempre que se garantice un equilibrio real en la composición de dichos centros.
El coste teórico de la plaza prevé un incremento de la dotación de personal docente y de apoyo en los centros públicos y concertados, especialmente para la atención a la diversidad, con una disponibilidad de horas lectivas equivalente entre centros, un incremento de la financiación para cubrir los gastos de funcionamiento de los centros a fin de garantizar su suficiencia financiera, y también una mayor cobertura de la prestación gratuita del servicio educativo, particularmente de las actividades complementarias (que se incorporarían con carácter general en el sector público), de las salidas y colonias escolares, así como de los libros y materiales escolares, tanto para centros públicos como concertados.
Para el cálculo del coste de la plaza, la Comisión de estudio ha dispuesto, entre otros, de los datos de financiación pública del conjunto de centros públicos y concertados proporcionados por el Departamento de Educación, de los datos de presupuestos liquidados de una muestra de 100 centros concertados, así como de los datos extraídos de una encuesta dirigida a los centros públicos y concertados sobre cuotas sufragadas por las familias por diferentes conceptos, con 1.574 centros con respuesta en primaria y 758 centros con respuesta en secundaria, el 70% del total.
Este es un estudio pionero en el conjunto del Estado en cuanto al análisis del coste de la plaza escolar, especialmente si se tiene en cuenta la exhaustividad de los datos económicos disponibles del conjunto de los centros, tanto de financiación pública como de financiación privada por parte de las familias.
El impacto presupuestario que supondría cubrir el coste de la plaza con financiación pública sería de 1.163,8 millones de euros adicionales en el gasto público actual, 581,2 millones de euros en el sector público y 582,6 millones de euros en el sector concertado.
Algunas de las evidencias que constata el estudio son:
- La financiación pública de los centros es más elevada en el sector público que en el sector concertado, fundamentalmente debido al coste diferenciado de la dotación de plantillas, en un escenario en que el sector público presenta una mayor corresponsabilidad en la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido. La financiación pública que reciben los centros públicos y concertados para los gastos de funcionamiento o para la atención a la diversidad no presenta diferencias tan significativas.
- Los proyectos educativos de los centros concertados son comparativamente más costosos que los de los centros públicos, pero reciben menos financiación pública: si se contabilizan las actividades y los servicios complementarios, el gasto real por alumno de los centros concertados es significativamente más elevado que el de los centros públicos, en primaria 1.461,4 euros más por alumno y en secundaria, 1.386,2 euros por alumno.
- Actualmente, la inversión de las administraciones públicas en la plaza escolar es insuficiente para cubrir el coste sin necesidad de copago, tanto si se mide con el objetivo de garantizar la financiación pública necesaria para cubrir el gasto real de la plaza escolar, como si se realiza para cubrir el coste teórico de la plaza escolar, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de estudio del coste de la plaza escolar. La infrafinanciación es más elevada en el sector concertado que en el sector público, si se calcula este gasto por estudiante (sin ponderar este estudiante en función de la prevalencia de necesidades educativas específicas). Con todo, cabe decir nuevamente que la composición social de los dos sectores de titularidad actualmente también es desigual y que el sector público escolariza una proporción más elevada de alumnado socialmente desfavorecido, que a su vez requiere un gasto por estudiante más elevado.
- Los elevados niveles de gasto privado de las familias, tanto en el sector público como especialmente en el sector concertado, evidencian que el principio de gratuidad de la enseñanza no se cumple en la realidad. El gasto real de los centros previstos, contabilizando las actividades y los servicios complementarios, cerca de 1.867,9 millones de euros no financiados con fondos públicos (580,3 millones de euros en el sector público y 1.286,7 millones de euros en el sector concertado), 1.857,2 euros por alumno/año (855,8 euros en el sector público y 3.931,5 euros en el sector concertado). En los centros públicos y muy especialmente en los centros concertados es relevante la fuerte asociación existente entre las aportaciones de las familias y la composición social del centro, hecho que provoca que los proyectos educativos sean desiguales.
- Los centros con menos complejidad disponen de menos recursos que los centros con más complejidad, particularmente en el sector concertado por efecto del desigual gasto privado. En el sector público, este efecto se corrige debido a la financiación pública condicionada a la complejidad. En los centros concertados, en cambio, la financiación pública es prácticamente lineal, independientemente de la complejidad.
- El gasto real de los centros y el coste de la plaza escolar no son asimilables. La Comisión de estudio del coste de la plaza escolar ha definido un coste teórico de la plaza a partir de criterios objetivos, a pesar de ser consciente de que no se ajusta plenamente a la media del gasto real de los centros. El gasto real no debe ser necesariamente el coste de referencia para la plaza escolar, especialmente cuando se constata que este coste real está fuertemente condicionado por la capacidad económica de las familias que conforman la comunidad escolar de cada centro. Sobre el gasto privado, cabe decir que si bien una parte está dirigida a compensar la infrafinanciación, e incluso a financiar mecanismos de solidaridad, en algunos centros también financia incrementos de la calidad en la prestación del servicio escolar o elementos de diferenciación de la oferta que no deben quedar cubiertos necesariamente por financiación pública.
La Comisión de estudio del coste de la plaza parte de la base que el incremento de financiación pública de la plaza escolar en el marco del Pacto contra la segregación escolar sólo se debe desarrollar si va orientado a corregir esta problemática. No se trata, pues, de mejorar únicamente la financiación de los centros públicos y concertados para garantizar su suficiencia financiera, sino de promover esta mejora con medidas que contribuyan a reducir la segregación escolar del sistema educativo en Cataluña
A partir de estas bases, la Comisión de estudio del coste de la plaza escolar ha emitido las siguientes recomendaciones para orientar a la mejora de la financiación de los centros:
- El sistema de asignación presupuestaria se podrá ya hacer a partir de los contratos programa, tanto con centros públicos como con centros concertados, que deben ir acompañados indefectiblemente de una mejora de los instrumentos de control sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato programa, así como de una mejora de los instrumentos de escolarización equilibrada de alumnado. La aprobación del nuevo decreto de admisión de alumnado, también prevista en el marco del Pacto contra la segregación escolar, va en esta dirección.
- Este sistema de asignación se debería aplicar gradual y progresivamente, comenzando por favorecer las condiciones de gratuidad entre los alumnos, los centros y los entornos con mayor complejidad, y progresivamente extendiéndose al conjunto del sistema educativo, a medida que aumente la corresponsabilidad de los centros con la escolarización de alumnado socialmente desfavorecido.
