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El Síndic detecta falta de intervención social y de coordinación efectiva en el asentamiento del Gorg

El pasado 10 de diciembre, el mismo día en que se tuvo conocimiento del incendio que afectó a una nave en el barrio del Gorg de Badalona, donde residían alrededor de 100 personas, y que tuvo como consecuencia la muerte de al menos cuatro de ellas y un número importante de heridos, el Síndic abrió una actuación de oficio para investigar los hechos ocurridos.

Desgraciadamente, el caso de Badalona no es el único en Cataluña. Varias actuaciones del Síndic en esta materia, así como la observación empírica en numerosas poblaciones de Cataluña, han permitido constatar que miles de personas en Cataluña malviven en asentamientos informales, tanto con vocación de permanencia como con carácter temporal. Sólo en la ciudad de Barcelona, informaciones recientes apuntan a un universo aproximado de 77 asentamientos, que afectarían a 400 personas. Los datos, sin embargo, siempre son aproximadas puesto que no existe un censo fiable a escala de Cataluña sobre estas situaciones.

Algunos de estos asentamientos se han cronificado desde hace años sin que se haya encontrado una solución. En esta línea, el Síndic ya hace tiempo que trabaja esta problemática, por ejemplo, estudiando los diversos asentamientos de familias gitanas en diferentes municipios catalanes, los de familias con niños en la ciudad de Barcelona, o los de las personas temporeras en Lleida.

Hoy, día 23 de diciembre, el síndic, Rafael Ribó, y su adjunto general, Jaume Saura, han presentado a los medios de comunicación la resolución del caso concreto de Badalona, que analiza el incidente ocurrido y las circunstancias de las personas residentes, con la información de qué se dispone, para evitar que se vuelvan a repetir situaciones similares, además de hacer una reflexión más amplia sobre la situación en que se encuentran las personas que viven en estos asentamientos desde la perspectiva de la vulneración de los derechos humanos.

En el marco de la resolución, desde el punto de vista de la vivienda, el Síndic recuerda que es un elemento básico del bienestar psicosocial, cultural y ambiental, así como de la cohesión social, y que esta vivienda digna y asequible no está garantizada en Cataluña en relación con numerosas personas. En este línea, el Síndic pide que se debe garantizar con carácter de urgencia una solución residencial a las personas que, como no tienen regularizada su situación legal en Cataluña, se ven obligadas a vivir en unas condiciones muy precarias, tanto en cuanto a la higiene y a la salubridad como a las medidas de seguridad.

En concreto, en el caso de Badalona, el Síndic ha podido constatar, a raíz de las quejas recibidas a lo largo del tiempo, las dificultades de acceso a una vivienda asequible con las que se encuentran muchas personas residentes en el municipio. A pesar de disponer de Mesa de valoración para situaciones de emergencias económicas y sociales en el ámbito de la vivienda, no siempre se garantiza el acceso de la persona o unidad de convivencia afectada a una vivienda social, por falta de disponibilidad de viviendas suficientes. Además, hay que tener presente que la posibilidad de acceder a una vivienda protegida a través de la Mesa de valoración requiere la presentación, entre otros, del DNI o NIE vigente, por lo que las personas que no tienen regularizada legalmente su situación en el territorio no tienen acceso a una vivienda a través de esta vía. Ante este hecho, el Síndic reclama que se haga efectivo y ágil el derecho de acceder a una vivienda protegida, hecho que en estos momentos en Badalona no funciona adecuadamente.

En cuanto a los servicios sociales básicos, el Síndic recuerda que la Cartera de servicios sociales prevé que uno de los recursos de que dispondrán es el servicio de acogida residencial de urgencia y el servicio de residencia temporal para personas adultas en situación de exclusión social, concebidos como recursos temporales. Pero la realidad es que muchos municipios, incluso en poblaciones del ámbito metropolitano de Barcelona, no disponen de estos servicios de acogida y en los que sí disponen de ellos, a menudo son insuficientes para atender la demanda. Resulta significativo que en el caso de Badalona, la noche en qué se produjo el incendio, las personas afectadas tuvieron que ser derivadas al CUESB de Barcelona, y también la falta de detección de la situación de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales para poder ofrecer orientación y acompañamiento a las personas.

En cuanto al empadronamiento, el Síndic destaca que es un derecho de la persona pero también un deber, y es una obligación del ayuntamiento dar de alta a las personas en el padrón. Y por las informaciones publicadas sólo 19 de las personas que vivían en la nave estaban empadronadas. Toda persona residente en un municipio, con independencia de las circunstancias en que lo haga, debe estar inscrita en el padrón municipal. Negar el empadronamiento a una persona que reside efectivamente en el municipio no sólo no está basado en criterios jurídicos, sino que impide el disfrute efectivo de numerosos derechos de estas personas.

La normativa existente en materia de extranjería también ha dificultado la regularización de las personas residentes en la nave. Son muchos los requisitos que se deben cumplir para poder regularizar la situación, especialmente disponer de un contrato de trabajo para un periodo no inferior a un año. Por ello, el Síndic insta a la reforma de la Ley de extranjería desde una perspectiva de derechos humanos que garantice los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, mientras esto no sea posible, ante una situación de urgencia, también pide respuestas de urgencia, tales como hacer alguna corrección para un tiempo determinado que permitiera la regularización urgente de todas las personas que se encuentran en situación administrativa no resuelta.

En cuanto al conflicto de convivencia que han relatado algunos medios de comunicación, el Síndic, tras analizar las respuestas recibidas por parte de la Dirección General de la Policía, concluye que no se trataba de un lugar especialmente conflictivo, y que las principales quejas de los vecinos estaban motivadas por la sensación de inseguridad ciudadana causada puntualmente por algunas actitudes incívicas y peleas en el entorno cercano a la nave ocupada. Ante ello, el Síndic pone de manifiesto que la respuesta requiere un abordaje con dedicación de esfuerzos y de recursos por parte de todas las administraciones y que, aparte de la presencia y controles policiales para incrementar la sensación de seguridad y detectar posibles infracciones o hechos delictivos, requiere una mediación en el conflicto y hacer intervenciones urbanísticas de mejora de los espacios, lo que facilita el incremento de la seguridad ciudadana. Además, a juicio del Síndic, cualquier propuesta de desalojo debe ir acompañada de una previsión de la Administración respecto a las medidas de protección para las personas en situación de especial vulnerabilidad que viven en el inmueble ocupado, de modo que se ponderen las circunstancias de los casos o la situación de especial vulnerabilidad en que puedan encontrarse otras personas que necesiten una protección por varios motivos.

En cuanto al tratamiento y cobertura que llevan a cabo los medios de comunicación de noticias como la del caso de Badalona, el Síndic recomienda que se informe sobre el tema con un tono neutral, sin conceder espacio para estigmatizar ni criminalizar a las personas implicadas, a fin de no fomentar discursos racistas y xenófobos.

Rueda de prensa (a partir del minuto 8)

• Resolución del Síndic

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