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El Síndic pide una reforma del tributo metropolitano y un sistema de financiación que garantice una fiscalidad justa

20/01/2021

foto (c) Pixabay

Durante el año 2019 el tributo metropolitano se ha ampliado a 36 municipios alegando que todos los ciudadanos de la metrópoli tienen el mismo derecho a la movilidad y, por tanto, también las mismas obligaciones

Los nuevos contribuyentes denuncian deficiencias en el transporte público y diferentes niveles de prestación entre los municipios de la primera y la segunda corona

Este año el Síndic ha recibido 319 quejas de ciudadanos y agrupaciones vecinales de la segunda corona metropolitana en la que manifiestan su disconformidad con el tributo metropolitano.

El tributo metropolitano constituye un recurso con el que se dotó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en la Ley 31/2010 del Parlamento de Cataluña para financiar los servicios prestados en el territorio metropolitano.

Hasta el año 2019 sólo lo pagaban los contribuyentes 18 municipios, que eran los que estaban incluidos en la antigua Entidad Metropolitana del Transporte. Por este motivo pasaron a formar parte de la primera corona del transporte.

En el año 2019, la AMB lo amplió a los contribuyentes de 18 municipios más, los llamados de la segunda corona, que eran Badia del Vallés, Barberá del Vallés, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, San Clemente, San Cugat del Vallés, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló y Torrelles de Llobregat, alegando que todos los ciudadanos de la metrópoli tienen el mismo derecho a la movilidad y, por tanto, también deben tener las mismas obligaciones.

No obstante lo anterior, las quejas recibidas denuncian deficiencias en el transporte público y un nivel de prestación en los municipios de la segunda corona que en ningún caso son equiparables a los de la primera.

El Síndic recuerda que la ciudadanía tiene derecho a una fiscalidad justa y, por ello, pide una reforma del tributo y del sistema de financiación metropolitano que garantice este derecho. En esta línea ha dirigido una serie de consideraciones a la AMB:

  • Que se revise, se reforme o se mejore el sistema de financiación metropolitano para que sea más justo, igualitario, equitativo, eficiente y suficiente.
  • Que se incorporen criterios de capacidad económica en el tributo metropolitano para proteger las economías más desfavorecidas, hacer tributar la riqueza y dotarlo de más progresividad y capacidad redistributiva.
  • Que se amplíen las bases o los sujetos obligados que también son beneficiarios de los servicios que presta la AMB, en cumplimiento de los principios de solidaridad y generalidad.
  • Que se corrijan las diferencias de tributación entre municipios derivadas del año de entrada en valor de la ponencia catastral, para garantizar la igualdad, la equidad y la justicia tributarias.
  • Que se recalcule el impuesto y se devuelva lo pagado en exceso, cuando proceda.
  • Que se revisen los beneficios fiscales para proteger las situaciones más vulnerables.
  • Que se apliquen los títulos de tarificación social en los municipios de la segunda corona metropolitana, en condiciones de igualdad con los municipios de la primera corona.
  • Que se garantice la información, la transparencia y la participación ciudadana, estableciendo un diálogo abierto y proactivo con la ciudadanía.
  • Que se concreten y se calendaricen las mejoras en infraestructuras y servicios para paliar las deficiencias y los desequilibrios entre los municipios y para alcanzar los objetivos de calidad en el transporte público, movilidad sostenible, accesibilidad universal y protección de los colectivos más vulnerables.

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