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El Síndic pide estar atentos a la evolución de las restricciones y las limitaciones del estado postalarma
La jornada ha contado con la participación de defensores locales, universitarios y de empresas prestadoras de servicios públicos
Se ha iniciado con una conferencia del secretario general de salud pública, Josep Maria Argimon
Ha servido para poner en común el papel de los ombudmsman en esta crisis y planear soluciones a los retos futuros
A lo largo de esta mañana ha tenido lugar la jornada "La fragilidad del sistema de derechos: el papel de la ombudsman en el marco de la pandemia de la COVID-19", organizada por la Red de Ombudsman de Cataluña.
La jornada ha querido convertirse en un espacio para que las instituciones de ombudsman de Cataluña pudieran reflexionar sobre el papel que desempeñan en esta crisis y en la contribución a la solución de los retos que se plantean en materia de derechos.
Con formato telemático por motivos de salud pública, se ha iniciado con la inauguración por parte del síndic, Rafael Ribó, y síndica de Sabadell, en nom dels síndics i defensors locals, Eva Abellan.
Seguidamente, ha tomado la palabra el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, quien ha hablado sobre el derecho a la salud en el contexto de la crisis de la COVID-19. Durante su intervención, Argimon ha destacado que para controlar la pandemia ha sido imprescindible restringir derechos y libertades; ahora bien, las restricciones y las limitaciones impuestas se deben ir retirando lo antes posible tan pronto como los datos epidemiológicos lo permitan. También ha hablado del frágil equilibrio entre libertad y seguridad y de la importancia del estado de bienestar para salir de esta crisis de una manera cohesionada y con una sociedad más justa.
Después se ha dado paso a una mesa redonda para debatir acerca del papel de los defensores en la actual crisis. En la misma han intervenido Isabel Marqués, síndica municipal de Terrassa, quien se ha centrado en el estudio impulsado desde las defensorías locales sobre las medidas tomadas durante la pandemia, en el marco de la Carta de salvaguarda de los derechos en las ciudades. En el estudio se concluye que es necesario mejorar la dotación de los equipos dedicados a la atención social, así como las redes y los canales de comunicación. Asimismo, resulta imprescindible permitir el acceso al padrón municipal para garantizar los derechos y situar a las corporaciones locales como marco de referencia para las personas en el ámbito local.
Por su parte, Lluís Caballol, síndico de la Universidad de Barcelona, ha explicado que las universidades y sus órganos de gobierno tuvieron que realizar un esfuerzo muy grande para hacer frente a la tarea ordinaria de la docencia, y que el profesorado tuvo que conciliar la actividad docente con la crianza y cuidado de familiares, y a menudo emplear recursos tecnológicos propios.
La ponente por parte de AGBAR, Montserrat Solé, ha manifestado que durante la pandemia se detectaron dificultades en la facturación, ya que se alteraron volúmenes de consumo en los usuarios. Sin embargo, destacó que no se suspendió ningún suministro, y que se ha optado por aplicar soluciones individualizadas para los casos de disconformidad que les llegan.
Durante su intervención, el adjunto general ha destacado que las ambigüedades en las medidas de confinamiento y la interpretación de sus excepciones han comportado cientos de miles de multas. Y que el Síndic, en abril de 2020 ya advirtió que en el contexto de la crisis del coronavirus, la función de los cuerpos y las fuerzas de seguridad debe ser principalmente pedagógica y de advertencia, más que sancionadora. Cuando sea preciso sancionar, debe ser de manera proporcionada, motivada y plenamente justificada. Desde el Síndic también se ha cuestionado que estas multas se hayan basado en la polémica ley de seguridad pública, cuando existía legislación más adecuada para sancionar las vulneraciones en el estado de alarma, como la Ley general de salud pública, tal como se ha hecho posteriormente.
La pandemia también ha tenido afectaciones en el derecho de sufragio, a partir de la celebración de las elecciones al Parlamento, en febrero de 2021. El hecho de que la decisión final de la celebración de las elecciones la adoptara un Tribunal, contra el parecer del Gobierno y todos los partidos con representación parlamentaria, avalado por rigurosos estudios epidemiológicos, ha puesto de manifiesto no solo las carencias de la LOREG, en situaciones de fuerza mayor, sino también para el voto por correo y otras fórmulas de voto anticipado. Y, por encima de todo, la anomalía que supone para Cataluña no disponer de un marco legislativo propio.
Finalmente, se ha querido alertar que las instituciones de ombudsman deberán estar atentos a la evolución del estado post alarma, dado que se siguen existiendo restricciones, por ejemplo, a la reunión, y limitaciones, y aparecen nuevos problemas, como el de la protección de datos en relación con los pasaportes sanitarios y otros medios para controlar a las personas. Además, las fórmulas de los pasaportes de vacunación plantean dilemas éticos importantes en un momento en que la vacuna aún no ha llegado a todo el mundo.
