Noticias

A raíz de las incidencias en la Font de la Pólvora, el Síndic recuerda que la electricidad es un servicio básico y esencial para la vida cotidiana

Hoy, 11 de noviembre, asesores del Síndic de Greuges se desplazaron a Girona para recoger quejas y consultas de los vecinos. En concreto, la atención ha tenido lugar en el Centro Cívico Riu Onyar, ubicado en el barrio de la Font de la Pólvora.

Esta visita se enmarca en los desplazamientos del Servicio de Atención a las Personas itinerante, que se puso en marcha en 2013 con el objetivo de garantizar la atención territorial por toda Cataluña, con tres visitas semanales a distintos municipios.

Buena parte de las quejas recibidas han estado en relación con cortes de luz y la falta de calidad del servicio eléctrico que sufren muchas de las viviendas del barrio, que podrían tener su origen en instalaciones ilegales que se conectan de forma fraudulenta a la red de suministro eléctrico, lo que provoca sobrecargas o cortes de luz que afectan a muchas personas.

En 2014, el Síndic ya abrió una actuación de oficio para estudiar el caso, a raíz de las quejas que recogían la impotencia de muchas personas que, después de haber acudido a las administraciones competentes, veían cómo no se les garantizaba la continuidad de un suministro básico como es la electricidad, provocando molestias e incomodidades notables en el día a día.

En el informe El derecho al suministro de electricidad: obstáculos y soluciones en el precio, el acceso al servicio y la garantía de su calidad, de marzo 2019, también se incluía un capítulo sobre la calidad del servicio eléctrico en vecindarios con prevalencia de situaciones eléctricas irregulares, y ya se establecían una serie de recomendaciones que, desgraciadamente, siguen siendo vigentes.

Ante todo esto, el Síndic se ve obligado a recordar que la electricidad es un servicio básico y esencial para la vida cotidiana, cuya calidad y continuidad es necesario garantizar, y pide que todas las administraciones actúen conjunta y coordinada, cada una desde el su ámbito competencial, dado que se trata de un fenómeno con diversas caras.

También insiste en que habría que tomar en consideración las siguientes recomendaciones:

• Es necesario un seguimiento y un control de la calidad del suministro eléctrico en los municipios o barrios en los que es conocida la problemática de la falta de calidad del servicio.

• Es necesario ejercer la potestad inspectora en materia de garantía y calidad del suministro eléctrico e incoar los procedimientos sancionadores que sean pertinentes contra las personas que causan incidencias en la continuidad del suministro eléctrico.

• Es necesario sectorizar para aislar lo máximo posible las redes para poder acotar las incidencias y minimizar sus efectos en la garantía y la continuidad del servicio a las personas consumidoras.

• Es necesario revisar las instalaciones, las redes y los equipamientos de distribución para mantenerlos en buen estado.

• Hay que compensar a las personas consumidoras por la falta de calidad del suministro, sin perjuicio del correspondiente resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

• Es necesario analizar y mejorar la planificación de los dispositivos policiales para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y los bienes jurídicos que haya que proteger en los barrios o áreas que lo requieran.

• Es necesaria colaboración, cooperación y coordinación entre la policía local y los Mossos d'Esquadra y con las empresas distribuidoras de electricidad.

• Es necesario realizar un seguimiento de los inmuebles que han sido ocupados ilegalmente y de aquellos en los que existen indicios racionales, a partir de las denuncias de la comunidad, de comisión delictiva (especialmente, de delitos contra la salud pública).

En resumen, cabe recordar la obligación de las administraciones públicas de actuar contra las conductas delictivas y de las empresas distribuidoras de poner en conocimiento de las administraciones las irregularidades que detecten.

En el mismo informe, el Síndic también denunciaba que quedaba pendiente el despliegue de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que impone a las administraciones públicas y empresas privadas la obligación de establecer los acuerdos o convenios necesarios para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos. Pasados ​​cinco años, esto no se había hecho efectivo. El Síndic se muestra satisfecho con el anuncio que ha hecho recientemente el Govern de aprobar el gasto de 10,8 millones de euros, que sirvió para condonar la deuda de las familias vulnerables en el ámbito de la pobreza energética de los años 2019 y 2020, en despliegue del acuerdo que tenía con Endesa. 

Volver