Las víctimas de abusos tienen derecho a la reparación
Las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad, independientemente de que los casos hayan prescrito o no según la ley penal
También ha presentado un informe sobre la expansión y el uso de pistolas Taser entre las policías locales y los Mossos d'Esquadra
Se ha remitido el informe a la autoridad jerárquica eclesiástica y también al Vaticano
El síndic ha comparecido en la Comisión del Síndic de Greuges del Parlamento de Cataluña de forma telemática para los debates de los informes La prevención y reparación de los abusos sexuales infantiles por representantes de la Iglesia católica, de octubre de 2020, y el informe Expansión, reglamentación y uso de las pistolas eléctricas entre las policías de Cataluña, de enero de 2021.
La protección frente al abuso sexual infantil ha sido un ámbito de intervención constante en la actuación del Síndic. En febrero de 2019, el Síndic emitió una resolución sobre las actuaciones iniciadas en torno a los abusos sexuales infantiles en instituciones de la Iglesia católica, a raíz de las denuncias hechas públicas por posibles víctimas de estos abusos. En la resolución se ponía de manifiesto la invisibilidad del abuso sexual infantil, la corresponsabilidad de todas las administraciones y la necesidad de la creación de una comisión independiente y externa presidida por el Síndic, con reconocidos expertos en la materia, con el objetivo investigar los abusos sexuales en niños y adolescentes en instituciones católicas en Cataluña.
La Comisión recibió varias quejas relacionadas con hechos cometidos por miembros de diferentes congregaciones religiosas y concluye que en instituciones religiosas en Cataluña en varios momentos se han producido abusos sexuales contra niños y adolescentes que han afectado a varias personas. El estudio también concluye que, en general, la respuesta de las congregaciones religiosas ha sido reactiva a la presentación de las quejas, en mayor o menor grado, y no ha habido una actitud proactiva para conocer ni investigar otros casos que se pueden haber producido en el seno de su institución. Tampoco ha existido una disposición a establecer vías de reparación a favor de las víctimas, con alguna excepción puntual.
Actualmente, los diversos obispados con sede en Cataluña y las congregaciones religiosas con presencia en Cataluña disponen de procedimientos dirigidos a la prevención del abuso sexual infantil, en algunos casos con la elaboración de protocolos y la creación de comisiones específicas y buzones o teléfonos atención ante posibles casos de abuso. Se han detectado diferencias en los procedimientos adoptados por las distintas congregaciones. Algunas han elaborado mecanismos con un adecuado apoyo profesional especializado en la prevención de abusos, pero en otros casos se han detectado deficiencias, como por ejemplo algunos enfoques de los abusos sexuales, en los que la prioridad parece puesta en la prevención de riesgos jurídicos y la defensa jurídica de la institución frente a posibles denuncias.
Ante todo ello, el síndic ha insistido en que las instituciones deben facilitar y promover el descubrimiento de la verdad sobre los hechos, sin que la prescripción, la muerte del presunto abusador o el hecho de que haya dejado de ser miembro de la institución las exima de esa responsabilidad. También ha manifestado que las víctimas tienen derecho a la reparación y, frente a este derecho, las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad, independientemente de que los casos hayan prescrito o no según la ley penal.
Asimismo ha recordado en sede parlamentaria la recomendación dirigida al Parlamento de Cataluña para que se cree una comisión de investigación de los casos de abuso sexual y maltrato en la Iglesia católica.
Expansión, reglamentación y uso de las pistolas eléctricas entre las policías de Cataluña. Enero 2021
El informe Expansión, reglamentación y uso de las pistolas eléctricas entre las policías de Cataluña tenía la finalidad de actualizar y ampliar los datos disponibles en el informe de 2016 Las pistolas eléctricas como dotación policial en Cataluña: elementos para el debate, y de realizar una nueva diagnosis sobre la expansión del uso que han hecho de estos dispositivos las policías locales de Cataluña, las conclusiones que se desprenden de la experiencia de las que los han utilizado, los trabajos y las actuaciones que se han realizado para adaptarse a las nuevas recomendaciones emitidas por el Departamento de Interior, y las nuevas policías locales que han pasado a tenerlas. El informe recogía una serie de recomendaciones a las que el Departamento de Interior de la Generalitat dio respuesta en abril de 2021.
En este sentido, el Departamento de Interior ha aceptado la recomendación de que las policías locales deben disponer del correspondiente protocolo normalizado de trabajo, teniendo en cuenta que éste debe establecer las normas de uso y también las normas, deontológicas con relación a la utilización de estas armas, y se informa que ya se han iniciado los trabajos de redacción.
Respecto a la recomendación de modificar el protocolo de uso para que establezca el número de veces que se pueden pulsar como garantía de seguridad, el Departamento responde que establecer un máximo podría generar indefensión a los funcionarios a la hora de neutralizar el peligro. Y en cuanto a la recomendación de prohibir su utilización en caso de manifestaciones y concentraciones y en menores de 18 años, el Departamento ha respondido que, la primera, ha sido incorporada en la Instrucción 4/2018, y en cuanto a la segunda, se comunica que se prohíbe su uso en niños menores de 12 años, y no menores de 18, como solicitaba el Síndic.
En cuanto a las recomendaciones de mayor formación, el Departamento ha respondido que la Escuela de Policía de Cataluña ha diseñado dos paquetes formativos de tres cursos: uno dirigido a los usuarios finales de los dispositivos y otro dirigido a su personal formador.
Y, respecto a la publicación de las diferentes instrucciones aprobadas que regulan el uso de los DCE, el Departamento ha informado que desde el momento en que se firmaron ambas instrucciones se publicitó su contenido en la web de la PG- ME.