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El síndic comparece en audiencia en el Consejo de Europa para valorar el grado de cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones de la Resolución 2381 (2021) de la Asamblea Parlamentaria

El 21 de junio de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la Resolución 2381, que llevaba por título ¿Se deberían juzgar a los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo? y que se centraba en dos estados miembros del CoE: España y Turquía. La resolución se basaba en el informe redactado por el diputado Boriss Cilevičs, al que había dedicado más de un año y para el que había realizado una visita a España con el apoyo de autoridades públicas del Estado, entre ellas el síndic de greuges de Cataluña, y contenía una serie de recomendaciones.

Esta mañana, el síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparecido ante el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para realizar una valoración del grado de consecución de las recomendaciones formuladas. En general, el síndic ha destacado que de las recomendaciones contenidas en la Resolución, diez meses después de haber sido adoptada, no se ha cumplido ninguna en su totalidad.

En cuanto a la primera recomendación general de la Resolución, que invita a todos los estados del Consejo de Europa a garantizar que todo el mundo, incluidos los políticos, disfrute de libertad de expresión y reunión, el síndic ha denunciado que en España estos derechos están sufriendo desde hace tiempo graves retrocesos.

Desde este punto de vista, cabe destacar que la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana (“Ley mordaza”), no ha sido todavía derogada, aunque actualmente se está debatiendo su revisión en el Congreso de los Diputados. Esta legislación contiene diversas disposiciones que, en opinión de la comisaria europea de Derechos Humanos y de la Comisión de Venecia (y también del Síndic de Greuges) vulneran la libertad de reunión y expresión, y debe ser revisada en profundidad. Asimismo, una interpretación desproporcionada de la Ley orgánica electoral por parte del órgano administrativo que supervisa las elecciones en España (la Junta Electoral Central) ha llevado a la remoción de su condición de diputados de varios políticos por acciones y expresiones realizadas en el marco de su ideología política, como colgar banderas y lazos en edificios públicos.

La primera recomendación específica para el caso de España señalaba que es necesaria una revisión en profundidad de los delitos de sedición y rebelión para evitar que se puedan utilizar para condenar la organización de referéndums ilegales. Durante la primera mitad de 2021 (antes de la adopción de la Resolución de la Asamblea Parlamentaria) los medios de comunicación anunciaron que el Gobierno del Estado estaba preparando una reforma del Código Penal en relación a los delitos de rebelión y sedición. De acuerdo con los medios de comunicación, el Govern ha retirado esta reforma. Por tanto, la recomendación del Consejo de Europa no se ha cumplido

La Resolución también contenía la recomendación de indultar o liberar a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum de octubre de 2017, además de considerar la posibilidad de dejar sin efecto los procedimientos de extradición interpuestos a los políticos catalanes que están en el exterior. En este apartado, el síndic ha explicado que a pesar de que los nueve condenados a penas de prisión por el STS 459/2019 fueron indultados el 22 de junio, el resto de penas no privativas de libertad no fueron indultadas, por lo que los sigue vigente la inhabilitación para desempeñar todo tipo de cargos públicos. Tampoco se han dejado sin efecto los procedimientos de extradición.

En cuanto a la recomendación de retirar los procesos restantes contra otros altos cargos y cargos inferiores, el síndic ha alertado de que no ha existido una retirada generalizada de estos procesos por parte de la Fiscalía. Por el contrario, ha habido un goteo de causas penales, especialmente contra manifestantes que salieron a la calle en protesta por las actuaciones policiales del 1-O y las subsiguientes actuaciones judiciales. En la actualidad, las causas pendientes vinculadas a estos hechos se cifran en varios cientos.

Sobre la recomendación referida a la malversación, el síndic ha hecho constar que el Tribunal de Cuentas mantiene abiertas diligencias por indicios de responsabilidad contable contra treinta y cuatro altos cargos de la Generalitat, muchos de los cuales han sido juzgados por malversación por varios tribunales, incluido el Tribunal Supremo.

El informe también recomendaba no exigir a los políticos catalanes que cumplen condena a que renieguen de sus profundas convicciones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o de la posibilidad de obtener el indulto. En este punto, el síndic ha destacado que el indulto está condicionado a no volver a cometer un delito grave, lo que puede percibirse como una amenaza que limita la libertad de actuación de las personas indultadas y el pleno ejercicio de sus derechos. A criterio del síndic, también es cuestionable que el Tribunal Supremo utilice el argumento de la falta de arrepentimiento para oponerse a la concesión de los indultos o revocar beneficios penitenciarios que habían sido concedidos a los condenados.

El Consejo de Europa también recomendaba establecer un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña con el fin de fortalecer la calidad de la democracia española. En este sentido, se ha constituido una mesa de diálogo entre los gobiernos del Estado y catalán, aunque todavía no han trascendido resultados tangibles, y actualmente, a raíz de los supuestos espionajes a través del sistema Pegasus, que también son susceptibles de ser investigados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, todavía se ve más amenazada.

Por último, en cuanto a los principios del estado de derecho, tal y como han sido definidos por el Consejo de Europa, el síndic ha subrayado que España todavía no ha cumplido plenamente ninguna de las recomendaciones del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en relación a la independencia del poder judicial y el sistema de elección de su órgano de gobierno.

Encuentro con instituciones del Consejo de Europa

Durante el mismo desplazamiento, el síndic también ha mantenido una reunión con responsables del Comité para la Prevención de la Tortura y les ha entregado el informe Las contenciones mecánicas al sistema penitenciario de Cataluña, análisis de la praxis y del marco regulador, que analiza la nueva circular 1/2022, que entró en vigor el pasado 1 de abril, y hace una valoración sobre los cambios que se han realizado y los que no se han introducido por sugerencia del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT). Durante la reunión, el síndic ha alertado de la regresión de derechos que puede suponer la aplicación del nuevo protocolo de los medios coercitivos en los centros penitenciarios, y ha expuesto que recomendó que la contención mecánica en la cama de tipo médico la lleven a cabo profesionales sanitarios y no de régimen interior, como se regula actualmente; que es necesario que la comunicación en el juzgado de vigilancia penitenciaria se realice en cuanto se produzca la contención, y que el objetivo a perseguir es alcanzar cero contenciones mecánicas.

El síndic también se ha reunido con el equipo de la comisaria europea de Derechos Humanos y con representantes del Comité de Monitorización del Consejo de Europa, a los que ha trasladado el informe del seguimiento de las recomendaciones formuladas en el marco de la Resolución 2381 del CoE, a fin de que pueda ser objeto de sus trabajos, y también les ha expuesto la preocupación por la presunta situación de espionaje a través del sistema Pegasus y otros en Cataluña. 

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