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Una cuarta parte de la población en situación de pobreza severa no puede acceder al bono social eléctrico

La reactivación de la actividad tras la pandemia de la covid, la crisis de la vivienda o la guerra de Ucrania son algunas de las causas que explican un incremento importante del precio del gas y la electricidad, que hace que la prevalencia de la pobreza energética se haya incrementado y se convierta en un problema que ha entrado con fuerza en la agenda política de las administraciones, entidades o empresas suministradoras. Así, el gasto de los hogares en suministros de agua, luz y gas se ha incrementado el 7 % desde antes de la pandemia y el 30 % desde antes de la crisis económica de 2008.

En este punto, Cataluña se sitúa entre las comunidades autónomas y los países europeos con un gasto en suministros para el hogar más elevado. Esto comporta que el 20 % de las familias tengan dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y que el 9 % de las personas presenten retrasos en el pago de las facturas. Además, la pobreza energética es más prevalente entre la población de nacionalidad extranjera o en paro, que tiene el doble de probabilidades de sufrir esta privación que la población española u ocupada. Ante esto, diez años después de que se pusieran en marcha las primeras medidas de lucha contra la pobreza energética, la institución hace balance de la situación con un nuevo informe titulado La pobreza energética en Cataluña 2023: retos pendientes en un contexto de crisis energética. 

Coincidiendo con este contexto, entre 2019 y 2022 la institución ha recibido un 125 % más de quejas relacionadas con el consumo de energía (de 717 se ha pasado a 1.614), y un 35 % más relacionadas con el consumo de agua (de 304 a 409). Muchas de estas quejas se refieren a problemas para pagar las facturas, problemas relacionados con el bono social o cortes de suministro por impago.

La síndica reconoce el esfuerzo realizado por el conjunto de las administraciones en los últimos años por adoptar medidas para luchar contra el fenómeno de la pobreza energética. Destaca, por ejemplo, el bono social eléctrico o el bono social térmico, las tarifas sociales en el recibo del agua o la posibilidad de evitar los cortes de los suministros básicos, lo que está más garantizado gracias a la aprobación de la Ley catalana 24/2015. La síndica también reconoce el efecto positivo que han tenido las últimas medidas más coyunturales tomadas a raíz de la guerra de Ucrania, como reducir el IVA de la luz y el gas o establecer un tope en el precio del gas en el mercado mayorista, pero advierte que estas medidas está previsto que finalicen el 31 de diciembre de 2023, cuando los problemas estructurales que encarecen los precios de los suministros posiblemente no habrán desaparecido.

Por eso, en este informe la institución del Síndic de Greuges de Cataluña también quiere recoger una serie de retos pendientes que hay que afrontar para mejorar los indicadores de pobreza energética.

Así, el informe denuncia que el bono social eléctrico no llega a parte de las familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. En concreto, se estima que cerca de dos terceras partes de la población en situación de riesgo de pobreza (65 %) y cerca de una cuarta de la población en situación de privación material severa (23 %) no puede acceder al bono. Estos problemas de cobertura se deben, en parte, a la existencia de déficits de información, dificultades en la tramitación, situaciones de exclusión residencial y también a que una parte de las familias en riesgo de pobreza no cumplen el criterio de renta establecido. El umbral de renta para determinar la situación de exclusión residencial y para asegurar la cobertura de las medidas para combatir la pobreza energética, previsto en la Ley 24/2015, es mayor que el umbral de elegibilidad establecido para el bono social eléctrico. Esto puede comportar la paradoja de que personas o unidades de convivencia a las que se ha evitado un corte de suministro por estar en situación de pobreza energética no tengan derecho de acceso al bono social.

Estimación de la cobertura del bono social en Cataluña (2022)

Además, los descuentos ordinarios establecidos del 25 % para los consumidores vulnerables y del 40% para los vulnerables severos no son suficientes para situar el peso de la factura de la electricidad en los niveles de gasto medio sobre el presupuesto familiar (2,65 %). Sí permiten situar el peso de la factura por debajo de la media los descuentos del 65 % y el 80 % respectivamente, establecidos excepcionalmente hasta finales de año, por lo que la institución ve imprescindible prorrogarlos.

El informe también pone de manifiesto la falta de despliegue reglamentario de la Ley 24/2015, en el sentido de que debe regularse un protocolo de comunicación entre servicios sociales básicos y empresas suministradoras para evitar cortes a personas vulnerables.

En la misma línea, también destaca que la Generalitat solo tiene firmado un convenio con empresas suministradoras –Endesa– para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido o que apliquen descuentos muy notables a personas en situación de riesgo de exclusión residencial.

Por último, el informe también denuncia la falta de regulación adecuada del servicio de agua, ya que algunos reglamentos municipales no abordan las problemáticas relacionadas con los derechos de las personas ni contemplan tarifas sociales para personas vulnerables.

A partir de ahí, el informe quiere trasladar una serie de recomendaciones al conjunto de las administraciones y a las empresas suministradoras:

• A la Administración general del Estado: desburocratizar la tramitación del bono social eléctrico y simplificar la documentación a aportar para solicitarlo, mantener el IVA reducido para los consumidores vulnerables más allá del 31 de diciembre y facilitar unos modelos de las facturas de luz y gas más claros. 

• A la Generalitat: impulsar la firma de convenios con otras empresas suministradoras, como Naturgy o Iberdrola; desarrollar reglamentariamente el procedimiento que deben seguir las empresas para garantizar que no se cortan los suministros a personas que tienen acreditada la vulnerabilidad social, e implantar una red de oficinas o puntos de asesoramiento para personas vulnerables en todo el territorio. 

• A las administraciones locales: regular un precio asequible del agua, aprobar reglamentos del servicio de suministro de agua y hacer facturas más claras y comprensibles.  

• A las empresas suministradoras: facilitar el paso de los consumidores vulnerables a las tarifas reguladas de electricidad y gas, reforzar la comunicación con los servicios sociales y evitar las gestiones de recobro de deudas a los consumidores vulnerables.

• La pobreza energética en Cataluña 2023
• Acceso al resumen ejecutivo
• Infografia Informe pobreza energética (en catalán)

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