Notas de prensa
Cinco defensorías del pueblo apuestan por medidas alternativas en la resolución de los conflictos que les plantean los ciudadanos
05/02/2025
Se adquiere el compromiso de incorporar herramientas como la mediación, la justicia restaurativa o la reparación en la gestión de las quejas
Además de la síndica, el acuerdo ha sido firmado por las defensorías de Navarra, País Vasco, Andalucía y Canarias
Más de doscientas quejas presentadas al Síndic se han trabajado desde esta perspectiva
Esta mañana se ha celebrado el acto de firma del Acuerdo de las defensorías sobre la cultura de la justicia restaurativa, el diálogo, la conciliación, el acuerdo y la reparación, que busca impulsar las medidas alternativas de resolución de conflictos en las quejas que llegan a estas instituciones de defensa de derechos.
El Acuerdo, impulsado por la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, también ha sido firmado por Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, defensor del pueblo andaluz; Manuel Lezertua Rodríguez, ararteko (País Vasco); María Dolores Padrón, diputada del Común (Canarias) y Patxi Vera Donazar, arartekoa (Navarra).
De esta manera, las cinco defensorías se comprometen a abrir vías más creativas y menos adversariales para resolver los conflictos entre los ciudadanos y la Administración pública. Así, acuerdan implementar herramientas como la mediación, la justicia restaurativa, el acuerdo o la reparación, que están más en consonancia con la cultura de la paz.
El acto, que ha tenido lugar en el Espacio Francesca Bonnemaison, en Barcelona, también ha contado con la presencia del consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, quien ha querido resaltar la importancia de este Acuerdo: “Deseo que ayude a cambiar algunas prácticas de la justicia y que impulse la cultura de la paz.”
La síndica, durante su intervención, ha destacado que el conflicto puede ser una gran oportunidad para que la cultura restaurativa transforme la realidad, a través de la responsabilidad, la reparación del daño y el respeto: “Con este acuerdo nos comprometemos a impulsarla bajo los principios del buen gobierno y la buena Administración, en un marco de protección y respeto a los derechos humanos.”
La institución del Síndic lleva tiempo implementando esta nueva mirada en la gestión de las quejas y ha aprobado un protocolo interno sobre cómo actuar en aquellos casos en los que alguna de estas medidas alternativas sea adecuada para resolver la cuestión planteada. En caso de que sea viable, se propone a las partes una medida concreta para resolver el caso (mediación, diálogo, conciliación, círculo restaurativo), se realizan sesiones individuales o conjuntas con los interesados y la Administración, y se finaliza el proceso con un acuerdo, que contiene compromisos o la reparación material documentada.
Ya se ha trabajado de esta manera en más de doscientos casos, que afectan al área de educación – climatización en las aulas y abusos sexuales prescritos-, la de seguridad ciudadana y justicia – incidentes en un correfoc-, la de función pública – conflicto sobre la distribución de turnos en una policía local-, o el urbanismo – nuevo planeamiento urbanístico para la ampliación de una zona industrial-, entre otros.
El acto también ha acogido la ponencia de Pascual Ortuño, magistrado emérito y referente internacional en el ámbito de la mediación y la resolución alternativa de conflictos.
El Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura solicita alternativas a la prisión para las personas con discapacidad intelectual
03/02/2025
En 2024 ha visitado 35 equipamientos con personas privadas de libertad
El informe de 2024 incluye un monográfico sobre la atención a los internos con discapacidad intelectual en las prisiones, que constata la falta de recursos especializados para atender sus necesidades
Pide que se revise la Circular 2/2024 porque contiene restricciones en el acceso al trabajo penitenciario que pueden limitar el objetivo de reinserción de las personas privadas de libertad
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, han entregado al presidente del Parlamento, Josep Rull, el Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura correspondiente al año 2024. Este informe, que recoge la actividad llevada a cabo por el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT), es el decimocuarto que se entrega al Parlamento.
Durante 2024, se visitaron 35 centros con personas privadas de libertad o institucionalizadas. La mayor parte de las visitas (19) corresponden a comisarías de policía, tanto de Mossos d'Esquadra (7) como, sobre todo, de policías locales (12). También se visitaron ocho centros penitenciarios, seis centros educativos de justicia juvenil, un centro sociosanitario y un servicio de atención hospitalaria psiquiátrica. Como cada año, el informe contiene las fichas de todas las visitas, donde se recogen las principales observaciones y conclusiones del Equipo de Trabajo del MCPT para cada centro visitado, así como las recomendaciones pertinentes.
Consulta el mapa interactivo de los equipamientos visitados por el MCPT durante el año 2024
Personas con discapacidad en los centros penitenciarios
Como cada año, el informe contiene un monográfico, que este año trata sobre la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (DID) en los centros penitenciarios de Cataluña. El documento concluye que la cárcel no es un lugar adecuado para estas personas, y el MCPT pide que puedan cumplir su condena de forma alternativa: "La apuesta por el medio abierto de las personas con DID debe ser una prioridad", ha manifestado la síndica.
En este sentido, las instancias jurisdiccionales deberían derivar a estas personas hacia otros recursos más adecuados a su situación. Sin embargo, como no se hace –a menudo porque en esta fase no se detecta la discapacidad– debe afrontar el problema desde la Administración penitenciaria. Y, aunque se están haciendo esfuerzos para adaptar el entorno penitenciario a las personas con DID, todavía existen carencias que limitan la posibilidad de que reciban una atención adecuada a sus necesidades.
De hecho, el primer problema es que no existen unidades específicas para atender las necesidades de este colectivo, a excepción del Departamento de Atención Especializada de Quatre Camins, que trabaja bajo los principios de comunidad terapéutica. Esta es claramente una buena práctica penitenciaria, que convendría replicar en el resto de centros.
La falta de unidades específicas hace que, en la práctica, la mayoría de las personas con DID convivan mezcladas con otros internos vulnerables, ya sea porque sufren una patología mental, un problema de consumo o una discapacidad. En algunas ocasiones, además, la estancia en estos espacios alternativos está limitada a dos años, lo que no es adecuado para las personas con discapacidad intelectual. Otros centros penitenciarios, como el de Ponent o el de Mujeres, ni siquiera tienen previsto disponer de este espacio para atender a los internos en situación de vulnerabilidad.
Por último, el informe pone de manifiesto que las mujeres con DID sufren una doble discriminación, ya sea porque no existe un espacio específico para ellas o porque el que hay es claramente insuficiente. Además, existe un porcentaje elevado de personas con DID que no tienen el certificado oficial de discapacidad ni están detectadas como personas vulnerables. Por tanto, están ubicadas en módulos ordinarios e, incluso, pueden encontrarse en aislamiento de forma prolongada.
El trabajo penitenciario: la Circular 2/2024
A raíz del asesinato de la cocinera del Centro Penitenciario Mas d'Enric, se implementó la Circular 2/2024, que regula el procedimiento de acceso, suspensión y extinción de la relación laboral especial penitenciaria. Teniendo en cuenta que el trabajo penitenciario cumple una función reinsertadora, la síndica considera que esta nueva circular es una restricción excesiva en el acceso y en la permanencia en talleres y destinos, y pide que se revise en profundidad, por dos motivos: porque amplía notablemente los puestos de trabajo considerados de "especial riesgo para la seguridad", y porque establece nuevos requisitos para acceder a ellos que carecen de base legal, como el de no haber sido condenado por delitos violentos con resultado de muerte o lesiones graves.
El MCPT es consciente de que la seguridad del personal y de los internos de los centros penitenciarios es un elemento fundamental, pero defiende que para garantizarla no debe restringirse el acceso de los internos al trabajo penitenciario, sino ampliar las medidas de control, como la instalación de cámaras de videovigilancia o arcos metálicos, o los registros frecuentes. Además, limitar el acceso al trabajo en función del tipo de delito cometido, sin atender a la individualidad del caso, no respeta el principio de la reserva de ley, e invade competencias de ámbito estatal.
Otras recomendaciones
El informe también recomienda que las comisarías de policía local se abstengan de realizar funciones de custodia de personas detenidas. De hecho, el MCPT recomienda desde 2014 que los cuerpos de policía local que practiquen alguna detención trasladen a la persona detenida directamente al área básica policial de los Mossos d'Esquadra. Con este objetivo, se solicita la elaboración de un protocolo de actuación entre el ayuntamiento correspondiente y el Departamento de Interior que permita a los cuerpos de policía local clausurar sus áreas de custodia.
En cuanto a los centros de justicia juvenil, entre 2023 y 2024 se visitaros los siete centros educativos destinados a la ejecución de medidas judiciales de internamiento. El informe constata que, aunque estos centros cubren gran parte del territorio catalán, algunas zonas carecen de cobertura territorial, particularmente en demarcaciones como la de Tarragona, lo que puede dificultar mantener los vínculos entre los jóvenes y sus familias. El informe también detecta que los jóvenes de origen migrante sin red familiar están más desprotegidos y necesitan acompañamiento en el momento clave de preparar la salida del centro y su vida posterior. Finalmente, el informe subraya la necesidad de garantizar que el personal de seguridad privada de estos centros tenga formación específica sobre los derechos y obligaciones de los menores que residen en ellos y sobre el procedimiento y los límites de la aplicación de los medios de contención.
Acceso al contenido del informe
El Parlamento ratifica a Jordi Palou-Loverdos como nuevo adjunto general de la síndica de greuges
03/02/2025
La Comisión del Síndic ha ratificado la designación del nuevo adjunto general
También se han presentado a los parlamentarios los últimos informes sobre transparencia y acceso a la información pública
En los diez años transcurridos des de la aprobación de la Ley de transparencia, se ha mejorado en muchos aspectos, pero queda mucho margen de mejora en otros
Nombramiento del nuevo adjunto general
La Comisión del Síndic de Greuges ha ratificado esta tarde el nombramiento de Jordi Palou-Loverdos como nuevo adjunto de la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas. Palou-Loverdos sustituirá a Jaume Saura, que ha ocupado el cargo desde junio de 2015.
El nuevo adjunto ha sido hasta ahora asesor y responsable del área de mediación y justicia restaurativa de la institución y, anteriormente, en 2018, también colaboró en la diagnosis del Plan de Derechos Humanos de Cataluña, en los ámbitos del derecho a la justicia y el derecho a la paz.
Palou-Loverdos ha sido abogado y mediador internacional especializado en la resolución de conflictos, derechos humanos y construcción de la paz. Está acreditado ante el Tribunal Penal Internacional y es uno de los juristas pioneros en la aplicación del principio de jurisdicción universal.
También ha sido profesor en derechos humanos, mediación y resolución pacífica de conflictos en distintas universidades nacionales e internacionales.
Informes de transparencia y acceso a la información pública
Durante la sesión de hoy también se han debatido dos informes: El derecho de acceso a la información pública y el Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno correspondiente a los años 2022 y 2023.
El informe destaca que, diez años después de la aprobación de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se ha avanzado en algunos aspectos, pero todavía existen carencias. Los ámbitos en los que más se ha avanzado son la publicidad activa (deber de publicar la información pública de oficio) y el derecho de acceso a la información pública (derecho a solicitarla y obtenerla).
Por el contrario, todavía queda mucho margen de mejora en el ámbito del buen gobierno, sobre todo en lo que se refiere a las cartas de servicio como instrumentos de calidad, los principios éticos y las buenas prácticas. También es necesario avanzar en el ámbito del gobierno abierto, dado que menos de la mitad de las administraciones tienen códigos de conducta; la evaluación normativa es muy limitada, excepto en la Generalitat, y es necesario actualizar la regulación de los grupos de interés para que cumpla su función.
En cuanto al acceso a la información pública, por ejemplo, solo el 5 % de las administraciones cuenta con un procedimiento interno adaptado para tramitar las solicitudes recibidas. Y solo el 17,4 % cuenta con una unidad de información, que es el órgano encargado de tramitar y gestionar estas solicitudes, según la normativa. Esto es importante si tenemos en cuenta que cada año se presentan más solicitudes (en 2023 hubo un incremento del 34 % respecto al año anterior).
El informe también denuncia que, en casi la mitad de los casos en los que se ha presentado una solicitud de acceso a la información pública, la persona solicitante ha tenido que reclamar a la Administración para que le entregue la información solicitada.
En cuanto a la publicidad activa, se ha insistido en que existe una doble velocidad en el cumplimiento de las obligaciones, entre las administraciones grandes y con más recursos y las administraciones con menos recursos. Por tanto, desde la institución se considera necesario reforzar los instrumentos de cooperación interadministrativa para reducir estas diferencias. Por otro lado, el informe destaca que es necesario incrementar los esfuerzos para actualizar y reutilizar la información.
Por último, la institución también defiende que convendría actualizar el régimen sancionador para que realmente actúe como garantía del cumplimiento de la ley. Y es que casi la mitad de las denuncias no conllevan la iniciación de ningún expediente y, por tanto, los incumplimientos no tienen consecuencias para el ente infractor.
"Para hacer efectiva la escuela inclusiva es imprescindible un cambio cultural"
27/01/2025
Se han producido mejoras estructurales y se han incrementado los recursos específicos, pero también se detectan más necesidades educativas especiales
Hay más equilibrio en la escolarización de estos alumnos, pero, a veces, la atención que se les da no es equiparable a la que se da al resto
En el ámbito del ocio no existe una política sólida que garantice su participación
Hoy se ha hecho público el informe La educación inclusiva en Cataluña, elaborado en el marco del Pacto contra la segregación escolar, que hace un seguimiento del despliegue del modelo de educación inclusiva a partir de la aprobación del Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. El informe también hace un seguimiento de la evolución de las recomendaciones que se realizaron en un primer informe sobre este tema, publicado en 2021.
El documento constata que se han hecho avances significativos en materia de educación inclusiva, pero también pone de manifiesto la persistencia de algunas carencias relacionadas con la atención a la diversidad y con las dificultades para aplicar de forma efectiva el modelo previsto en la normativa. Estas carencias hacen que todavía hoy no se garantice suficientemente la plena inclusión escolar del alumnado.
Para implementar este modelo, es necesario un proceso de transformación del sistema educativo que requiere tiempo y que implica no solo dotar a los centros de más recursos, sino también consolidar los cambios culturales entre los profesionales y las familias en cuanto a la concepción y atención de la diversidad en las aulas. Este cambio cultural todavía no ha arraigado, lo que supone un primer obstáculo para la aplicación efectiva de este modelo.
El informe también constata que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales es cada vez más equilibrada y que los centros son más corresponsables de la atención a la diversidad. El índice de disimilitud, que mide los desequilibrios en la escolarización del alumnado, se ha reducido ligeramente, del 0,25 en el curso 2019/2020 al 0,20 en el curso 2023/2024 en primaria, y del 0,26 al 0,22 en secundaria. También se ha reducido la proporción de centros con baja proporción de alumnado con necesidades educativas especiales (inferior al 2,5 %) o sin presencia de este alumnado.
Por todo ello, el informe concluye, por un lado, que los centros educativos tienen mejores condiciones estructurales para atender a las necesidades educativas especiales que en años anteriores: se ha llevado a cabo, por ejemplo, una política activa para reducir ratios de alumnos por aula (el curso 2023/2024 la ratio era de 19,1 alumnos en I3 y de 22,5 en 6.º de primaria), y se ha incrementado la dotación de personal docente, lo que en la práctica ha supuesto oportunidades para promover la codocencia.
Por otro lado, los recursos específicos para la educación inclusiva se han duplicado desde la entrada en vigor del Decreto 150/2017, de 17 de octubre. Desde el curso escolar 2017/2018, ha aumentado un 124,0 % el número de docentes en aulas de apoyo intensivo de escolarización inclusiva (SIEI); un 94,3 %, el número de horas contratadas de monitores de apoyo en los centros públicos, y un 30,3 %, los docentes especialistas de educación especial en el segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. También ha aumentado un 14,4 % el número de maestros especialistas de audición y lenguaje en primaria, y un 42,0 % el profesorado especialista en orientación en secundaria. Asimismo, se ha triplicado el número de aulas integrales de apoyo (AIS).
Sin embargo, todavía quedan necesidades sin cubrir, sobre todo como consecuencia del aumento de su detección. Así, las aulas de SIEI, por ejemplo, no siempre pueden atender al total del alumnado con necesidades, y algunas tienen lista de espera.
Además, el aumento de la dotación de recursos en la escuela ordinaria tampoco ha supuesto una reducción del alumnado escolarizado en centros de educación especial (CEE). De hecho, este alumnado ha aumentado un 20,3 %, y en el curso 2023/2024 había 8.226 alumnos escolarizados en CEE. En este sentido, la síndica pide que se empiece a implementar la hoja de ruta diseñada por el Departamento de Educación junto con expertos y representantes de los CEE, que establece un plan general para reducir la escolarización en estos centros y convertirlos en centros de educación especial proveedores de servicios y recursos (CEEPSIR).
A partir de las quejas recibidas, se han identificado casos que manifiestan déficits de acompañamiento en los centros ordinarios. En concreto, las personas que se han dirigido a la institución se quejan de la falta de información sobre el seguimiento de sus hijos, de los recursos asignados y de la escasa orientación inclusiva en la relación entre la familia y la escuela, que se centra más en los déficits y las dificultades que en los objetivos alcanzados.
Todavía persisten situaciones en los centros en los que la atención que recibe el alumnado con necesidades educativas especiales no es equiparable a la del resto del alumnado. Por ejemplo, a veces los alumnos con necesidades educativas especiales no pueden quedarse en el centro durante el horario de mediodía ni participar en colonias, excursiones, salidas y viajes de fin de curso, debido a la falta del personal de apoyo necesario. Sin embargo, cabe destacar que, para el curso 2023/2024, el Departamento de Educación ha implantado un nuevo modelo de asignación de horas de monitorización de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales, que incorpora también personal en horario de mediodía para cubrir el espacio de comedor escolar.
También es importante señalar que existe margen de mejora en la formación de los profesionales y en el fomento de la cultura de la inclusión escolar. A pesar de ofrecer formación, las plazas actuales no son suficientes para cubrir todas las solicitudes recibidas. Y más allá de mejorar la formación de los equipos docentes, es necesaria una mayor presencia de los servicios educativos en los centros. Aunque se han reforzado los servicios educativos para acompañar y asesorar al profesorado de los centros ordinarios –equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP), CEEPSIR o centros de recursos educativos para alumnos con discapacidad auditiva (CREDA)–, estos deben tener más incidencia dentro del aula y desempeñar un papel más transformador para lograr unas aulas verdaderamente inclusivas.
El documento también reclama estrategias específicas para los centros con elevada complejidad, sobre todo porque en estos centros hay una mayor concentración de alumnado con necesidades educativas especiales –4,8 %, frente al 2,5 % de los centros de baja complejidad– y la atención es más difícil en este contexto.
También se constatan dificultades de inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en las enseñanzas no obligatorias, por lo que la mitad de estos alumnos, con edades comprendidas entre los dieciséis y los veintiún años, no estudian. Y si lo hacen, es en centros de educación especial, dada la falta de oferta en entornos ordinarios.
Por último, el documento denuncia la falta de una política sólida que garantice la participación del alumnado con necesidades educativas especiales en el ocio educativo, especialmente porque muchas de las actividades tienen un diseño poco inclusivo debido a la falta de educadores con la formación adecuada y de personal de apoyo que acompañe a estos niños. Aunque la Generalitat de Cataluña dispone de una línea de ayudas para contratar monitores de apoyo, estas ayudas son insuficientes y no se gestionan con la diligencia necesaria. La falta de desarrollo normativo del derecho al ocio tampoco contribuye a garantizar la accesibilidad y la inclusión de estos niños y adolescentes.
- Acceso al resumen ejecutivo
- Acceso al contenido del informe
- Presentación Informe Educación Inclusiva
- Infografía (en catalán)
La institución renueva sus compromisos de calidad con las personas
24/12/2024
Se publica la nueva carta de servicio del Síndic de Greuges, que recoge los derechos y deberes de los ciudadanos, y los compromisos de calidad de la institución
Hoy se ha publicado la nueva carta de servicio del Síndic de Greuges. Este documento recoge los servicios que presta la institución; los derechos y deberes de las personas que piden ayuda a la institución, y los compromisos de calidad de servicio que se asumen. La primera carta de servicio data de 2008 y, a pesar de que se ha ido haciendo seguimiento de forma periódica, este año se ha querido renovar ampliamente para garantizar los derechos de las personas atendidas.
Los derechos y deberes de las personas que se dirigen al Síndic se recogen en el capítulo III de la carta de servicio. Destacan el derecho a ser escuchado por una persona referente y a recibir un trato personalizado. También se ha querido recoger el derecho a ser atendido sin necesidad de cita previa y el derecho a recibir orientación sobre cómo canalizar los asuntos que no son competencia de la institución. Además, se reconoce una atención específica para las víctimas de violencia machista y para infancia y adolescencia. Como novedad, la carta reconoce el derecho a participar en procesos de mediación y conciliación –u otros métodos adecuados para la solución de conflictos–, y a recibir una disculpa de la institución en caso de incumplimiento de algún compromiso.
También se establece la atención por diferentes canales: presencial y por teléfono, videoconferencia y medios digitales. Además, para que las personas de fuera de Barcelona tengan más fácil el acceso a la sindicatura, la institución se compromete a llevar a cabo un mínimo de ochenta desplazamientos a municipios del territorio catalán.
En cuanto a plazos, la carta recoge que las consultas presenciales se atenderán el mismo día; las telefónicas, cuando se hayan programado conjuntamente con el interesado, y las escritas, en el plazo máximo de cinco días. La resolución de las quejas deberá emitirse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días, una vez se haya recibido toda la documentación solicitada a la Administración. La institución también adquiere el compromiso de hacer un seguimiento de las resoluciones para garantizar su cumplimiento.
Además, la carta de servicio recoge una serie de indicadores que servirán para comprobar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Esta información se publicará de forma periódica y reutilizable en el portal de transparencia de la institución.
Por último, cualquier persona que haga uso de los servicios de la institución del Síndic de Greuges puede presentar una queja sobre el funcionamiento de la institución o sugerir mejoras de la calidad del servicio. Esta información también se publicará, de forma anonimizada, en el portal de transparencia.
