Notas de prensa

El Mecanismo Catalán de Prevención contra la Tortura alerta de los retos en los espacios de privación de libertad: salud mental y otros derechos

09/07/2026

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jordi Palou-Loverdos, han presentado en el Parlamento de Cataluña el decimoquinto Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura, correspondiente al año 2025.

Durante 2025, se visitaron 40 centros con personas privadas de libertad o institucionalizadas. La mayoría de las visitas (21) corresponden a comisarías de policía, tanto de Mossos d’Esquadra (15) como de policías locales (6). También se visitaron ocho centros de internamiento de menores, siete centros penitenciarios, dos centros de salud mental, una unidad hospitalaria penitenciaria y una unidad hospitalaria psiquiátrica penitenciaria.

Como cada año, el informe contiene las fichas de todas las visitas, con las principales observaciones y conclusiones del Equipo de Trabajo del MCPT para cada centro visitado, así como las recomendaciones correspondientes.

La salud mental de las personas en situación de privación de libertad

El informe de este año profundiza sobre la salud mental en los espacios de privación de libertad, un gran reto, y lo hace desde una doble perspectiva: el ámbito sanitario y el ámbito penitenciario. 

Destaca, por ejemplo, la importancia de garantizar plenamente los derechos de las personas afectadas por internamientos psiquiátricos involuntarios. En este sentido, señala carencias en el acceso a la información y a la asistencia jurídica, y alerta de situaciones en las que los pacientes no tienen suficientemente claro quién les está atendiendo o cuáles son sus derechos, especialmente cuando se hacen las valoraciones judiciales de forma telemática.

El documento también hace hincapié en que, en el ámbito penitenciario en Cataluña, la prevalencia de trastornos mentales entre las personas internas es siete veces superior a la del conjunto de la población. El encarcelamiento puede agravar o desencadenar problemas de salud mental, y es que el estrés, el aislamiento y otras condiciones de vida en prisión tienen un impacto directo en el bienestar psicológico, con elevada incidencia de trastornos, autolesiones y suicidios. Además, esta realidad afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, y especialmente a las mujeres internas, con una elevada incidencia de problemas de salud mental y de trayectorias marcadas por situaciones de violencia previa.

El informe analiza asimismo el uso de medidas restrictivas, como las contenciones mecánicas y el aislamiento, advirtiendo de sus efectos negativos. En este sentido, reclama avanzar hacia su reducción, que solo se apliquen como último recurso y siempre con las garantías adecuadas.

En cuanto al índice de suicidios, también es mayor en el ámbito penitenciario que en la población en general, y los suicidios constituyen la causa de muerte más común en estos centros. Ante la persistencia de casos, el MCPT insta a las administraciones a sumar esfuerzos y a seguir trabajando para reducirlos a cero.

El informe constata también la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de género en toda la ejecución penitenciaria, pero especialmente en el ámbito de la salud mental.

Ante este escenario, el Mecanismo propone impulsar una reforma legal para que cualquier persona mayor de dieciocho años que pueda ser sometida a un internamiento forzoso disponga obligatoriamente de asistencia letrada. También pide garantizar que las exploraciones de la comisión judicial se hagan siempre de forma presencial. Y en cuanto a los centros penitenciarios, la mejora de la salud mental pasaría por abordarla de forma transversal e interseccional, y reducir al mínimo las contenciones mecánicas y el régimen de aislamiento.

El objetivo final es conseguir un modelo más centrado en la prevención, el cuidado y la dignidad de las personas, con una atención adaptada a sus necesidades y con perspectiva de género.

Otras recomendaciones

El informe también analiza otros aspectos clave, como la aplicación del Protocolo de Estambul, que sirve para detectar posibles malos tratos. A pesar de algunos avances, persisten situaciones que hay que mejorar, como revisiones médicas que no se hacen en privado o informes que no recogen toda la información necesaria.

En cuanto a la violencia machista o LGTBI-fóbica en los centros penitenciarios, existen casos de acoso y agresiones hacia profesionales que a menudo no se denuncian. Por eso, se pide reforzar los protocolos, apoyar a las víctimas y promover una política clara de tolerancia cero.

Como novedad, el informe incorpora el análisis de la justicia restaurativa, un modelo que apuesta por el diálogo y la reparación del daño. Aunque cada vez se utiliza más en los juzgados, su presencia en las cárceles es todavía limitada, y se recomienda ampliarla porque puede ayudar a mejorar la convivencia y la reinserción. En este sentido, se propone que los cinco servicios de justicia restaurativa de la Generalitat, junto con las juntas de tratamiento y las direcciones de los centros penitenciarios, analicen de forma proactiva los casos susceptibles de acogerse a procesos restaurativos, especialmente aquellos con posibilidades reales de reparación a las víctimas. Asimismo, se recomienda promover la participación de las personas pendientes de juicio en estos procesos.

Un nuevo informe constata que persiste la infrafinanciación del coste de la plaza escolar, pese al aumento del gasto en educación

08/07/2026

La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy el nuevo informe Estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña, elaborado por la Comisión de Estudio del Coste de la Plaza Escolar. Esta comisión está integrada por expertos profesionales y se creó en el marco del Pacto contra la segregación escolar.

Este documento actualiza el primero de estos informes, publicado en 2020, y analiza el coste real de la escolarización en Cataluña y su financiación. El objetivo es contribuir a garantizar una educación de calidad y realmente gratuita para todo el alumnado, sin que la situación económica de las familias sea un obstáculo.

A pesar de que en los últimos años ha aumentado de manera significativa la financiación pública de la educación (un 35 % a precios corrientes entre 2019 y 2023), el informe constata que los cuatro grandes problemas de financiación de los centros educativos persisten: infrafinanciación de la plaza escolar; elevado gasto privado de las familias; carencia de equivalencia de los proyectos educativos, por la elevada diversidad de costes entre centros, y déficit de distribución equitativa de recursos en función de las necesidades del alumnado y de la complejidad de los centros.

La infrafinanciación de la plaza escolar se mantiene, entre otros motivos, porque, para hacer frente al deterioro demográfico, se han adoptado medidas como las reducciones de ratio y esto ha incrementado el coste de la plaza por alumno; pero también porque cerca de un 50 % del incremento de financiación pública se ha destinado a la dotación básica de plantillas, en lugar de destinarlo a otros conceptos más infrafinanciados, como la atención a la diversidad o los gastos que asumen las familias en actividades y servicios escolares. Por otro lado, la mejora en detección de alumnado con necesidades educativas específicas también ha aumentado las necesidades de recursos.

La infrafinanciación en el coste de la plaza escolar se estima en 944 millones de euros (429,9 millones en el sector público y 514,2 millones en el sector concertado). Si se toma como referencia el coste teórico de la plaza por alumno, la infrafinanciación en el sector público es de 572,8 euros en primaria y de 782,1 en secundaria; y en el sector concertado, de 1.597,9 euros en primaria y de 1.769,7 euros en secundaria. 

El informe también pone sobre la mesa que el incremento del gasto público tampoco se ha traducido en una reducción significativa del gasto de las familias a través de las cuotas que pagan. En primaria, en el sector público, este gasto se sitúa en cerca de 900 euros y, en el sector concertado, en 3.800 euros. Mientras que el gasto privado ha tendido a reducirse en el sector público por efecto de las mochilas escolares, entre otros, en el sector concertado este gasto ha aumentado ligeramente. La síndica alerta, en este sentido, de que faltan mecanismos para garantizar que el incremento de la financiación pública suponga reducir las aportaciones económicas de las familias, especialmente teniendo presente que una parte de las cuotas que las familias pagan en concepto de actividades y servicios complementarios se destinan a corregir la infrafinanciación.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que los proyectos educativos de los centros no son equivalentes en lo que se refiere a las oportunidades educativas que ofrecen y los costes que conllevan. Esta carencia de equivalencia supone un factor de desigualdad en el acceso a las oportunidades que ofrece cada proyecto educativo y, a su vez, también una dificultad para planificar una financiación pública que garantice la gratuidad para el conjunto del alumnado.

Por sectores de titularidad, el sector concertado presenta una mayor infrafinanciación pública, pero también proyectos educativos globalmente más costosos y con un mayor desajuste entre el coste teórico y el gasto real de la plaza escolar. De hecho, el gasto real está muy condicionado por la capacidad de las familias de los centros: los centros con una composición social más favorecida tienen proyectos educativos con un gasto real significativamente mayor. Al final, el peso de las aportaciones económicas de las familias, junto a que no estén limitadas, favorece que el coste real de los proyectos educativos de algunos centros se sitúe por encima del coste teórico. Por eso, además de mejorar la financiación, el informe defiende que la garantía de gratuidad debe garantizar que los proyectos educativos de estos centros se ajusten al coste teórico y a los estándares marcados.

El documento también manifiesta que el modelo de financiación de los centros es poco equitativo y que no existe suficiente gradación de la dotación de plantillas en función de la complejidad de los centros, especialmente en los centros concertados. Además, la clasificación de la complejidad de los centros no está actualizada y, en el caso de la concertada, no se utiliza para la distribución de los recursos.

De hecho, destaca que la infrafinanciación es especialmente intensa en el concepto de atención a la diversidad y que se necesitan más recursos para atender al alumnado con necesidades educativas específicas, tanto en la escuela pública como en la concertada. Solo así puede garantizarse una educación inclusiva de calidad. En el período 2019-2023, el incremento de financiación pública de la dotación básica de plantillas se ha incrementado más del doble de lo que lo ha hecho la dotación de atención a la diversidad.

Los nuevos acuerdos entre el Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat y los sindicatos y patronales de centros concertados permiten reducir la infrafinanciación de la plaza escolar, especialmente en el sector concertado, pero, de nuevo, existe el riesgo de no aprovechar suficientemente el incremento de la financiación para mejorar la equidad en la distribución de recursos. Más del 80 % de los incrementos de financiación se destinan a gastos lineales, como la mejora de las condiciones salariales del profesorado y el incremento de financiación para hacer frente a los gastos de funcionamiento de los centros, y menos del 20 %, a gastos condicionados a la complejidad de los centros, como la atención a la diversidad. Asimismo, la síndica alerta de que el incremento de financiación de los centros no va acompañado de mecanismos de control del cobro de cuotas para garantizar que el aumento de recursos públicos reduzca las aportaciones económicas de las familias.

Con el objetivo de resolver el problema de financiación y avanzar hacia un sistema más justo, el informe recoge una serie de recomendaciones. Entre otras cosas, se recomienda incrementar la financiación de mecanismos que garanticen una distribución más equitativa de recursos entre centros en función de su complejidad, como las mochilas escolares, para cubrir los gastos de escolarización del alumnado vulnerable.

En este sentido, el informe plantea rediseñar este mecanismo de financiación para:

• Garantizar el acceso gratuito del alumnado vulnerable a actividades y servicios escolares que actualmente no quedan cubiertos, como las colonias escolares o los dispositivos electrónicos en los centros concertados, o las actividades complementarias en los centros públicos.
• Igualar las condiciones de escolarización entre sectores de titularidad para financiar actividades complementarias y, en su defecto, actividades extraescolares, tanto en el sector concertado como en el sector público, a diferencia de lo que ocurre ahora.
• Diferenciar la ayuda en función de la etapa y nivel educativo para aprovechar mejor los recursos.

El informe también recomienda crear un sistema de financiación de centros públicos y concertados con elevada complejidad para garantizar que, como mínimo, en estos centros no haya infrafinanciación de la plaza escolar.

Es fundamental reforzar la equidad en la distribución de recursos, de forma que los centros con más alumnos vulnerables puedan recibir más recursos. Habría que hacer una mejor gradación de las plantillas y la financiación según la clasificación de centros en función del nivel de complejidad. Es necesario asimismo mejorar los recursos de la atención a la diversidad, con más personal de apoyo (docentes especializados, orientadores, etc.), dado que es el ámbito con más déficit actualmente.

En definitiva, hay que seguir avanzando hacia un modelo de escolarización equilibrada que promueva una equiparación de condiciones y recursos de los centros con una composición social similar.

• Acceso al documento en formato pdf (en breve disponible en castellano)
• Presentación Informe coste de la plaza escolar

La síndica ha iniciado una actuación de oficio a raíz del socavón provocado por las obras de la línea 9 del metro de Barcelona

07/07/2026

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha abierto una actuación de oficio tras el socavón ocurrido durante las obras de construcción de la línea 9 del metro de Barcelona. El incidente, que ha provocado un agujero de unos ocho metros de diámetro, ha ocurrido en la zona donde se prevé construir una estación de metro, en el barrio de Sant Gervasi, y ha conllevado el desalojo preventivo de cinco fincas.

Con el objetivo de supervisar la actuación de las administraciones implicadas y velar por los derechos de las personas afectadas, la institución del Síndic de Greuges ha solicitado información al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica sobre las medidas de seguimiento y control del impacto de las obras. En concreto, le ha solicitado que especifique qué controles y mediciones se han llevado a cabo en las fincas del entorno antes de que se produjera el socavón, en qué fechas se han realizado y en qué edificios.

Paralelamente, la síndica también se ha dirigido al Ayuntamiento de Barcelona para conocer las medidas de atención y apoyo ofrecidas a las personas desalojadas. Asimismo, ha solicitado que se le hagan llegar los informes de evaluación elaborados por los Bomberos de Barcelona sobre el estado de las fincas afectadas y de los edificios del entorno, una vez estén disponibles.

La síndica reclama medidas adecuadas para afrontar el calor en las aulas

30/06/2026

Desde 2022, la institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha recibido quejas recurrentes por las altas temperaturas en las aulas de los centros educativos. En los dos últimos años, la cifra se ha incrementado considerablemente y, en junio del curso 2025/2026, las quejas y consultas han llegado a 150. La institución advierte de que se trata de una problemática creciente que afecta a numerosos centros educativos y que requiere una respuesta urgente y planificada, dado que impacta directamente en el bienestar y las condiciones de aprendizaje del alumnado.

Esta problemática está vinculada al aumento de las temperaturas medias en un contexto de crisis climática y a las condiciones estructurales de unos edificios que no estaban diseñados para mitigarlas. Desde la institución, se ha ido haciendo un seguimiento de la evolución de las actuaciones impulsadas por el Departamento de Educación y Formación Profesional para afrontar esta situación en los últimos años.

A finales de 2025, en respuesta a las quejas tramitadas con el Síndic, el Departamento informaba de las medidas emprendidas y de los principales criterios para priorizar y temporalizar el Plan de actuación por unos edificios más saludables y confortables. Sin embargo, una vez analizados los documentos, la síndica consideró que todavía faltaba un sistema que identificara y objetivara las necesidades de cada centro, así como la priorización y temporalización de las actuaciones, con horizonte 2030. Además, la síndica también reclamó un sistema de auditorías técnicas que evaluaran las condiciones de los centros y la mejora de la comunicación y la coordinación con los entes locales y con los centros educativos.

Por último, en junio, la institución ha recibido un nuevo informe del Departamento en el que explica que ha definido una hoja de ruta con un sistema de recogida de datos de los centros, auditorías y medidas inmediatas como la instalación de ventiladores, entre otras actuaciones. En este sentido, la síndica continuará haciendo seguimiento del desarrollo de estas medidas, que pide que se aceleren para garantizar unas condiciones adecuadas y saludables en todos los centros educativos.

Fallece Jordi Cots, primer adjunto de infancia del Síndic de Greuges de Cataluña

30/06/2026

Ayer, lunes, 29 de junio, murió Jordi Cots i Moner, primer adjunto para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes del Síndic de Greuges de Cataluña, cargo que ocupó entre los años 1997 y 2004. La síndica, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, lo consideran una voz imprescindible en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes en Cataluña, y quieren poner en valor su lucha por la justicia social.

Cots fue abogado, pedagogo, escritor y también uno de los fundadores de la Asociación de Maestros Rosa Sensat.

El personal de la institución traslada su sentido pésame y todo el cariño a su familia.