Notas de prensa
La institución renueva sus compromisos de calidad con las personas
24/12/2024
Se publica la nueva carta de servicio del Síndic de Greuges, que recoge los derechos y deberes de los ciudadanos, y los compromisos de calidad de la institución
Hoy se ha publicado la nueva carta de servicio del Síndic de Greuges. Este documento recoge los servicios que presta la institución; los derechos y deberes de las personas que piden ayuda a la institución, y los compromisos de calidad de servicio que se asumen. La primera carta de servicio data de 2008 y, a pesar de que se ha ido haciendo seguimiento de forma periódica, este año se ha querido renovar ampliamente para garantizar los derechos de las personas atendidas.
Los derechos y deberes de las personas que se dirigen al Síndic se recogen en el capítulo III de la carta de servicio. Destacan el derecho a ser escuchado por una persona referente y a recibir un trato personalizado. También se ha querido recoger el derecho a ser atendido sin necesidad de cita previa y el derecho a recibir orientación sobre cómo canalizar los asuntos que no son competencia de la institución. Además, se reconoce una atención específica para las víctimas de violencia machista y para infancia y adolescencia. Como novedad, la carta reconoce el derecho a participar en procesos de mediación y conciliación –u otros métodos adecuados para la solución de conflictos–, y a recibir una disculpa de la institución en caso de incumplimiento de algún compromiso.
También se establece la atención por diferentes canales: presencial y por teléfono, videoconferencia y medios digitales. Además, para que las personas de fuera de Barcelona tengan más fácil el acceso a la sindicatura, la institución se compromete a llevar a cabo un mínimo de ochenta desplazamientos a municipios del territorio catalán.
En cuanto a plazos, la carta recoge que las consultas presenciales se atenderán el mismo día; las telefónicas, cuando se hayan programado conjuntamente con el interesado, y las escritas, en el plazo máximo de cinco días. La resolución de las quejas deberá emitirse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días, una vez se haya recibido toda la documentación solicitada a la Administración. La institución también adquiere el compromiso de hacer un seguimiento de las resoluciones para garantizar su cumplimiento.
Además, la carta de servicio recoge una serie de indicadores que servirán para comprobar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Esta información se publicará de forma periódica y reutilizable en el portal de transparencia de la institución.
Por último, cualquier persona que haga uso de los servicios de la institución del Síndic de Greuges puede presentar una queja sobre el funcionamiento de la institución o sugerir mejoras de la calidad del servicio. Esta información también se publicará, de forma anonimizada, en el portal de transparencia.
El Consejo Comarcal del Vallès Occidental acepta las recomendaciones de la síndica relativas a la tasa de tratamiento de residuos
23/12/2024
La nueva tasa comarcal de tratamiento de residuos ha sido motivo de queja ante el Síndic de Greuges de Cataluña
No se exigirá el pago de la tasa sin haber notificado previamente la liquidación, de acuerdo con la recomendación de la síndica
El pasado mes de junio, la institución del Síndic de Greuges abrió una actuación de oficio para estudiar la regulación y aplicación de la nueva tasa comarcal por la prestación del servicio de tratamiento de residuos en el municipio de Rubí.
A través del Síndic Municipal de Rubí, de los medios de comunicación y de algunas quejas y consultas recibidas, la síndica tuvo conocimiento del malestar de la ciudadanía de este y de otros municipios del Vallès Occidental por tener que pagar este año un importe considerablemente superior al del año pasado por el servicio de gestión y tratamiento de residuos. Este importe se cobra mediante dos recibos: uno por la tasa de recogida y transporte de residuos municipales (a cargo del Ayuntamiento), y el otro por la tasa de tratamiento de residuos (a cargo del Consejo Comarcal).
La síndica ya ha finalizado su actuación y ha resuelto que ambas tasas son compatibles, dado que gravan conceptos diferentes. También constató que se modificó la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales de acuerdo con la normativa y que, según los datos obtenidos, los ingresos recaudados no superarán los costes, de forma que también se cumple la normativa de las haciendas locales.
Sin embargo, la institución también concluye que hay algunos aspectos cuestionables sobre la implementación de estas tasas, por lo que la síndica ha hecho algunas recomendaciones que deben tenerse en cuenta.
En primer lugar, se ha detectado que no se notificó individualmente la liquidación del alta en el registro correspondiente. La fecha en la que se practica esta notificación es relevante para el cálculo del plazo de pago. Hay que tener en cuenta que se trata de una nueva tasa; por tanto, la institución considera que si no se ha hecho esta notificación no deberían aplicarse recargos de la vía ejecutiva. Además, esta notificación también es necesaria para que las personas sepan por qué medios pueden impugnarla y, por tanto, para garantizar su derecho de defensa.
En este sentido, la Administración ha aceptado esta recomendación y nos ha informado de que no se exigirá el pago en vía ejecutiva sin haber notificado previamente la liquidación. Asimismo, a raíz de la revisión del expediente, la Administración ha detectado que algunos contribuyentes han pagado la liquidación con un 5 % de recargo, y ha informado de que en estos casos se les devolverá el importe abonado indebidamente.
En segundo lugar, la resolución destaca también la necesidad de reforzar la información que se facilita a la ciudadanía. La síndica defiende que proporcionar una información correcta antes de implantar una medida puede ayudar a que esta tenga una mejor acogida en la sociedad y a generar una mayor confianza en la Administración. Explicar bien los distintos servicios que se prestan en relación con la gestión de residuos; los motivos del incremento del importe que se paga; las razones y beneficios de delegar el tratamiento de residuos al Consejo Comarcal; el coste de cada servicio, y la forma en que se financian es un ejercicio de transparencia que habría evitado la confusión generada.
En la misma línea, la institución defiende que la Administración debe hacer los esfuerzos necesarios para conseguir la complicidad de la ciudadanía, y lograr así los objetivos ambientales que se persiguen.
Esta institución recogerá y analizará las quejas que puedan llegar de otros municipios para valorar si es necesario hacer otras recomendaciones a la Administración.
¡Buscamos el himno de los derechos de la infancia de Cataluña!
20/12/2024
Convocamos un concurso de himnos dirigido a niños y niñas de entre ocho y doce años de cualquier escuela, esplai o agrupación escolta
Las tres mejores canciones, elegidas por votación popular y por un jurado, participarán en una gala final el 12 de mayo en el CosmoCaixa
La institución del Síndic de Greuges de Cataluña convoca un concurso de himnos sobre los derechos humanos dirigido a todos los alumnos de 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de primaria de cualquier escuela de Cataluña y a niños de entre ocho y doce años de cualquier esplai, casal o agrupación escolta de Cataluña.
Pueden participar grupos de entre ocho y treinta miembros acompañados por un adulto, que debe ser un profesor del centro educativo o un monitor del esplai, el casal o la agrupación escolta, y que será el representante del grupo.
La gala Tenim veu se celebrará en el CosmoCaixa el 12 de mayo de 2025. En ella se presentarán los himnos de los tres grupos finalistas y el jurado escogerá el ganador del concurso. El acto será presentado por Julen.
Encontraréis toda la información ampliada en la web del concurso.
Diez años de la Ley de transparencia: “se ha avanzado mucho, pero todavía hay margen de mejora”
19/12/2024
En ámbitos como la publicidad activa y el acceso a la información pública se ha avanzado, pero en buen gobierno y gobierno abierto, no tanto
Se mantiene una doble velocidad en la implementación de la publicidad activa, en función del número de habitantes
En los canales de participación de la ciudadanía en la actividad pública hay retos pendientes
Buena parte de las denuncias no se traducen en procedimiento sancionador
Hoy se ha publicado el octavo Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que evalúa el cumplimiento de la Ley 19/2014 con cifras de 2022 y 2023. En esta edición, se ha abierto la mirada para analizar todos los aspectos regulados por la Ley: transparencia (publicidad activa y derecho de acceso a la información pública), buen gobierno, gobierno abierto y grupos de interés.
En cuanto a la metodología, se ha seguido el modelo anterior y se ha obtenido la información por medio de un cuestionario enviado a 1.007 sujetos (el cuestionario ha obtenido un 83 % de respuesta).
Diez años después de la aprobación de la Ley 19/2014, el estudio arroja aspectos positivos, pero también algunas carencias. Se ha avanzado en publicidad activa (deber de hacer públicos, de oficio, los contenidos de información pública) y en derecho de acceso a la información pública (derecho a solicitar y obtener la información pública). Sin embargo, queda mucho margen de mejora en lo referente al buen gobierno, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de los servicios; los principios éticos y las buenas prácticas. También es preciso avanzar en temas de gobierno abierto; es decir, en la relación entre la Administración y las personas para definir y aplicar las políticas públicas, y en los instrumentos de participación. Estos son los ámbitos que más peso tienen para reforzar la legitimidad de la acción pública y la confianza de la ciudadanía en la Administración.
Transparencia: publicidad activa y acceso a la información pública
El informe detecta, por un lado, que se han creado pocas unidades de información en relación con la coordinación y el asesoramiento a la ciudadanía (solo un 17,4 %), y, por otro, que muchas administraciones no han destinado a este ámbito suficientes recursos humanos ni económicos. También se ha visto que, al personal que trabaja en las administraciones en esta materia, le falta formación al respecto.
Además, se constata una doble velocidad en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa entre las administraciones grandes y con mayores recursos, y las administraciones con menos recursos. Es necesario, pues, reforzar los instrumentos de cooperación interadministrativa para reducir estas diferencias.
Por otra parte, las dificultades para publicar la información en formatos reutilizables se hacen evidentes. Las solicitudes de acceso a la información pública se han incrementado en un 34 % (en el 42 % de estos casos, se ha requerido a las administraciones que resolvieran las solicitudes). Para terminar este apartado, se han detectado lagunas a la hora de informar sobre las vías de recurso cuando no se emite resolución o cuando la persona no está de acuerdo con la resolución.
Buen gobierno
Más de la mitad de las administraciones no disponen de un código de conducta para altos cargos, especialmente los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, en positivo, casi la mitad de las administraciones han puesto en marcha durante 2023 un sistema de alerta o denuncia ante acciones susceptibles de ser objeto de infracción penal o administrativa.
El informe confirma asimismo que el porcentaje de administraciones con un instrumento de planificación normativa es bajo (9,7 %); y además, no se incorpora la evaluación de esas normas en las dinámicas de trabajo: solo el 1 % de las administraciones tienen una unidad con funciones de evaluación. En este sentido, el informe también pone de manifiesto que solo el 12 % de las administraciones disponen de carta de servicio, obligatoria por normativa. Además, entre las cartas existentes, solo el 21 % incluye todo el contenido mínimo exigido.
Gobierno abierto
La Ley 19/2014 contempla varios mecanismos de interlocución y diálogo entre la Administración y las personas o entidades. Sin embargo, aunque la mayoría de las administraciones tienen habilitados canales para presentar propuestas y sugerencias (el 70 %), tan solo el 42 % dispone de canales de escucha activa que garanticen una respuesta o un diálogo. También se constata que existen pocos canales para fomentar que la ciudadanía participe en la definición, aplicación y evaluación de la actividad pública (solo los hay en el 10 % de la Administración).
Grupos de interés
El informe de 2023 sobre las actividades del Registro de grupos de interés de Cataluña tiene a 5.614 grupos registrados; en su mayoría, empresas, fundaciones y asociaciones. De estos, solo 85 (el 1,5 %) ha actualizado la información financiera y económica, lo que implica que sería deseable implementar mecanismos de alerta y recordatorios de dicha obligación.
También se constatan diferencias entre administraciones en lo referente al registro de los contactos con los grupos de interés. La Administración local –especialmente los entes con menos habitantes– no siempre registra la información correctamente. Además, solo el 12 % de las administraciones comprueban el Registro de grupos de interés antes de las reuniones, y solo el 11 % publica sus contactos y reuniones en sus portales de transparencia.
Sistema de garantías y régimen sancionador
Las cifras indican que cada año se incrementa tanto el número de denuncias como de procedimientos sancionadores incoados y de sanciones. Sin embargo, en casi la mitad de los casos, estas denuncias no se traducen en expedientes sancionadores y, por tanto, los incumplimientos acaban sin tener consecuencias para el ente que incumple. La institución del Síndic de Greuges defiende que convendría actualizar el régimen sancionador para que devenga una garantía real de cumplimiento de la ley. También deberían incorporarse mecanismos de conciliación y mediación administrativa ante los incumplimientos.
Condonación de los pagos indebidos de la RGC: “Valoramos que se ponga fin al sufrimiento de muchas familias vulnerables”
18/12/2024
Habría que incorporar a la condonación a quienes ya han devuelto dichos pagos indebidos
La síndica recuerda la necesidad de reformar la Ley de la renta garantizada de ciudadanía
La síndica de greuges valora positivamente el decreto que el Gobierno catalán aprobó ayer para condonar la deuda por pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) a familias vulnerables: “Es un paso necesario, que hace justicia y que evitará el sufrimiento a miles de personas en situación de vulnerabilidad que no habían hecho nada malo y que eran víctimas de la actuación poco diligente y burocrática de la Administración”. Esta decisión del Gobierno parece recoger las recomendaciones de la institución del Síndic de Greuges en el marco de una actuación de oficio abierta en julio. La síndica queda a la espera de leer el documento completo para hacer una valoración más exhaustiva.
La aprobación de este decreto ha coincidido con una nueva resolución de la síndica de greuges, que recomienda a la Generalitat que deje sin efectos la solicitud de devolución de pagos indebidos de familias vulnerables en aquellos casos no prescritos y cuando se ha producido una falta de diligencia de la Administración.
Con esta nueva recomendación, la síndica pretende evitar que se rompa el principio de igualdad con respecto a las personas que ya han abonado los importes exigidos o a quienes la Administración ya se los ha descontado. De acuerdo con el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, esta situación solo se da en el 1 % de los casos, por lo que la síndica recomienda al Gobierno que inicie estos procesos de revocación con efectos retroactivos, de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo.
Por último, la síndica recuerda la necesidad de que se proceda de forma urgente a reformar la Ley de la renta garantizada y que se pongan en marcha los mecanismos para integrar y coordinar de forma más diligente y eficiente las diversas prestaciones sociales para combatir la vulnerabilidad social.
