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El Síndic recomienda a la Administración agilidad para acreditar la falta de antecedentes penales y para articular sistemas internos de cruce de datos
Es necesario promover las buenas prácticas y evitar el requerimiento de documentación que la propia administración ya tiene
A corto plazo sugiere habilitar nuevos centros y proporcionar información actualizada a las personas que deben guardar turno
Las solicitudes cursadas por las empresas que trabajan con niños se deberían resolver en un máximo de tres días
El Síndic de Greuges ha recomendado a la Administración de la Generalitat que agilice los trámites correspondientes con el gobierno estatal para habilitar la plataforma de intermediación de datos del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Ello permitirá obtener de oficio los certificados de antecedentes penales que deben acreditar aquellas personas que trabajen con niños y adolescentes, tal como establece una nueva normativa.
De esta manera, de acuerdo con el código de buenas prácticas corporativas se evitarían trámites innecesarios a la ciudadanía y situaciones de colapso como la que ha aparecido estos días a los medios de comunicación.
El Síndic ha intervenido de oficio después de recibir diversas quejas y a partir de la alerta mediática por las largas colas que se forman frente a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en la ciudad de Barcelona, el único espacio habilitado para solicitar este certificado. Rafael Ribó ha reclamado que el Ministerio de Justicia habilite de forma inmediata nuevos centros en Cataluña para hacer los trámites presenciales correspondientes para la obtención de la certificación de no haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual.
Mientras duren las colas, el Síndic considera que es necesario que se informe ampliamente a las personas afectadas sobre las diferentes modalidades y plazos para solicitar y presentar el certificado a las administraciones o empresas y organismos correspondientes.
Finalmente, ha pedido que las solicitudes cursadas por las empresas que trabajan con niños se resuelvan en un plazo máximo de 3 días, sea cual sea el sistema de presentación empleado.Rafael Ribó, además de dirigirse al Departamento de Gobernación y al Ministerio de Justicia, también ha hecho llegar sus conclusiones al Defensor del Pueblo estatal y a sus homólogos autonómicos.
